El 29 de noviembre de este año, Quinto Inuma, líder indígena Kichwa y defensor ambiental, fue atacado y asesinado por encapuchados, al regresar a su comunidad en Santa Rosillo de Yanayacu desde la ciudad de Tarapoto en el departamento de San Martín en el norte de Perú. Inuma luchaba contra invasiones, tráfico de tierras, explotación forestal ilegal y narcotráfico en la región. Su trágica muerte se suma a otras 51 defunciones similares de defensores ambientales en Perú entre 2012 y 2021.

Expansión de cultivos de coca y comunidades indígenas en Perú

Este caso trágico se relaciona a la expansión de cultivos ilícitos de coca en áreas de frontera agrícola en la Amazonía peruana, generando un crecimiento abrupto de estas actividades, y alterando significativamente el paisaje cultural y natural de la selva amazónica. En este post, basado en un artículo recientemente publicado en inglés bajo el título “Illicit crops in the frontier margins: Amazonian indigenous livelihoods and the expansion of coca in Peru”, se documenta las diferentes formas en que se da esta expansión y el involucramiento del Estado como problema más que como solución.

Inicialmente, los cultivos ilícitos de coca estaban mayormente concentrados en dos valles amazónicos: el Alto Huallaga en el norte y el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) en el sur del país. No obstante, en la última década, se ha observado una expansión significativa y dispersa de estos cultivos hacia otras partes del país. Según el último reporte de DEVIDA, organismo encargado de diseñar y ejecutar la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, actualmente hay 20 zonas con presencia de cultivos en 13 regiones, 45 provincias y 169 distritos de Perú. 

Esta expansión resulta preocupante, ya que las zonas de cultivo se extienden hacia áreas donde las Comunidades Indígenas Amazónicas han coexistido con el bosque Amazónico y han preservado refugios de una biodiversidad esencial, especialmente en la lucha contra la crisis climática. Entre 2016 y 2022, las hectáreas de cultivos de coca en el interior de estas comunidades se quintuplicaron, aumentando de 2 759 a 13 994 hectáreas (Gráfico 1) y abarcando un total de 295 comunidades a nivel nacional. Asimismo, este crecimiento ha dado lugar también a un alarmante aumento de los asesinatos de líderes indígenas comprometidos con la protección de sus territorios y el medio ambiente.

Invasiones, coca y titulación de tierras en Perú

Las Comunidades Indígenas en la Amazonía han enfrentado durante mucho tiempo la expansión agrícola, colonización e invasión de sus territorios. La persistente presencia de economías ilegales, como el cultivo de coca y su transformación en cocaína debido al narcotráfico, ha exacerbado esta situación. Esto ha generado varias formas de invasión en los territorios indígenas, agravadas por la inacción estatal en la titulación colectiva de estas comunidades.

En Perú, las Comunidades Indígenas fueron legalmente reconocidas en 1974 a través de la Ley N.º 20653. Sin embargo, el proceso de titulación de sus territorios no consideró adecuadamente los patrones de uso de la tierra, limitando la propiedad colectiva a áreas agrícolas y derechos de usufructo forestal. Durante los últimos 50 años, el Estado peruano ha enfrentado dificultades para garantizar la seguridad territorial de estas comunidades. La falta de asignación presupuestaria, la ausencia de una delimitación precisa de los límites territoriales y la preferencia por la titulación individual sobre la colectiva ha dejado a 755 Comunidades Indígenas Amazónicas en Perú sin el reconocimiento formal de sus territorios, siendo esta situación más grave en algunas regiones como en Loreto y San Martín (Tabla 1).

En estas circunstancias de inseguridad territorial, existen tres modalidades de invasión (invasiones de colonos, invasiones de traficantes de tierra, invasiones por alquiler), cada una con un papel significativo del Estado como un actor que contribuye al problema en lugar de resolverlo y contribuye al conflicto o la violencia que se desencadena.

Invasiones de colonos

La primera modalidad involucra una invasión gradual de agricultores, llamados "colonos", en los territorios de comunidades indígenas. Estos colonos buscan tierras productivas para el cultivo de coca y otros productos agrícolas. La importancia de la expansión agrícola en estas áreas indígenas se refleja en la Tabla 2. El Estado peruano ha promovido históricamente la imagen de la Amazonía como un territorio vacío, alentando prácticas que la consideran una frontera agrícola y productiva propensa a la depredación. Desde la década de 1990 en adelante, la emergencia e, incluso, la autonomía de los políticos locales, en conjunto con las políticas del Ministerio de Agricultura y Riego, ha reforzado estas prácticas, priorizando la titulación individual en lugar de la colectiva. Incluso, estos políticos han entregado "certificados" de posesión en áreas reclamadas por comunidades indígenas durante sus campañas electorales. Esta situación se ha dado debido a la falta de una delimitación precisa de los territorios indígenas y la carencia de una titulación formal para estos.

Asimismo, las agencias estatales encargadas del desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos han contribuido involuntariamente a la expansión de la frontera agrícola de la coca. Lo hicieron al fomentar entre los agricultores colonos la combinación de la producción de coca con cultivos legales destinados a la exportación. La financiación destinada a la construcción de carreteras locales como parte de estas iniciativas de desarrollo alternativo también ha favorecido el acceso a los bosques primarios y a territorios indígenas.

Invasiones de traficantes de tierras

La segunda modalidad de invasiones implica el tráfico de tierras realizado por individuos especializados que no tienen la intención de establecerse permanentemente en las áreas invadidas. Este tipo de tráfico, frecuentemente asociado con la corrupción de funcionarios en las Direcciones Agrarias Regionales, se vale de la falta de titulación y georreferenciación de las comunidades indígenas para acceder a concesiones forestales y agrícolas mediante prácticas de colusión y falsificación de documentos.

Una vez que obtienen estas concesiones, los traficantes arriendan o venden la tierra a pequeños agricultores. Estos agricultores, entre otras actividades, suelen destinar parte de las tierras para el cultivo de coca destinada a la producción de drogas. Este complejo entramado evidencia la estrecha relación entre la falta de reconocimiento territorial, la corrupción institucional y la expansión de cultivos ilícitos en la Amazonía peruana.

Invasiones por alquiler

Las Comunidades Indígenas Amazónicas se han visto afectadas por la creciente demanda de tierras para el cultivo de coca, crucial para su supervivencia económica frente a la deforestación de sus hábitats. En este contexto se genera una tercera modalidad de invasión. El arrendamiento informal de tierras a colonos, sin títulos individuales, implica acuerdos donde las familias Indígenas se consideran dueñas de tierras dentro de su territorio comunitario, impulsando este proceso para obtener ingresos adicionales.

La falta de documentos legales dificulta la expulsión de colonos al finalizar los arrendamientos en comunidades indígenas, lo que provoca conflictos. Los colonos reclaman propiedad sobre las tierras que ocupan, mientras que las autoridades Indígenas las ven como invasiones. Las denuncias de líderes indígenas ante el gobierno nacional suelen quedar sin respuesta, evidenciando posibles actos de corrupción y falta de apoyo estatal. Algunos líderes se ven obligados a proteger sus territorios solos. La respuesta estatal, particularmente en áreas como el VRAEM, mediante campañas de erradicación de cultivos, ha resultado contraproducente[1]. Tras estas acciones, la retirada o reducción de las fuerzas policiales expone a los líderes a represalias de actores criminales, aumentando el riesgo para los líderes Indígenas.

Conclusiones

La expansión de los cultivos de coca y la violencia consiguiente han penetrado en los territorios indígenas y los bosques primarios en la frontera agrícola amazónica en Perú. Esta expansión se ve agravada por la falta de seguridad territorial, en parte facilitada por una visión extractivista mantenida por el Estado. Los líderes indígenas se encuentran amenazados por esta violencia que genera la expansión de economías ilegales, lo que pone en riesgo a sus comunidades y sus formas de vida tradicionales.

Si bien es esencial fortalecer un mecanismo legal para proteger a los defensores (marco legal, base de datos, acciones de protección), es imperativo atacar también los problemas estructurales subyacentes a esta violencia. Las organizaciones indígenas nacionales enfatizan la necesidad de una titulación colectiva rápida y liderada por las propias comunidades para garantizar la seguridad territorial. Esto requiere un mayor apoyo presupuestario por parte del Estado Nacional y estabilidad institucional de los organismos encargados como el Ministerio de Justicia. Además, la falta de integración entre las políticas de erradicación de cultivos de coca y la protección territorial deja a las comunidades en una posición vulnerable que muchas veces termina en su asesinato de sus líderes.

En resumen, las comunidades indígenas amazónicas se enfrentan a un dilema complejo: defender sus territorios a pesar de la falta de protección estatal o verse obligados a integrar los cultivos ilícitos como medio de subsistencia. Esta difícil decisión pone en peligro su patrimonio cultural y sus esfuerzos por preservar el medio ambiente, lo que subraya la urgencia de acciones gubernamentales más efectivas y comprometidas para garantizar la seguridad territorial y los derechos de estas comunidades.

[1] En Paredes y Pastor (2023), líderes de Federaciones Indígenas, líderes comunales y presidentes de comités de autodefensa (CADs) manifiestan que, en base a su experiencia, el hacer la denuncia significa perder la vida, lo que conlleva a una pérdida aún mayor del territorio.

Maritza Paredes es Profesora Principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Álvaro Pastor es estudiante de Maestría en Desarrollo Sustentable en la Katholieke Universiteit Leuven y Nicole Enrico es Licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.