En el mapa político argentino, Formosa representa una anomalía: una provincia donde el mismo gobernador ha sido reelecto sin interrupciones desde 1995. Gildo Insfrán, al frente del Ejecutivo provincial desde hace tres décadas, encarna uno de los ejemplos más extremos de caudillos políticos provinciales: ejecutivos que, si bien acceden al poder a través de elecciones relativamente libres, ejercen su autoridad de manera arbitraria y se mantienen en el cargo mediante el uso de prácticas políticas informales. Ahora bien, ¿Cómo explicar esta longevidad en un contexto democrático? ¿Qué mecanismos permiten sostener tanto poder durante mucho tiempo? ¿Qué implicancias tiene esta continuidad en la democracia?

Lejos de ser un misterio, la explicación está en una fórmula precisa y efectiva: una combinación de legitimidad, coerción y cooptación. Aunque estas estrategias fueron desarrolladas para analizar autocracias nacionales, su aplicación al nivel subnacional requiere ciertos ajustes. En contextos federales, los gobernadores no poseen autonomía plena, por lo que su poder está limitado por marcos legales nacionales y por relaciones de dependencia con el gobierno central. La coerción, entonces, adopta formas de baja intensidad, muchas veces informales y legalmente ambiguas; la cooptación se apoya en redes locales y en el control de recursos provinciales; y la legitimidad se construye más por la proximidad territorial, el acceso a bienes públicos y la personalización del vínculo con la ciudadanía. En este sentido, el análisis subnacional exige considerar la especificidad institucional, relacional y escalar del poder local. Esta tríada de estrategias le ha permitido a Insfrán consolidar un dominio político donde la competencia existe solo en los papeles. Un sistema político en donde preponderan las prácticas y las estructuras iliberales y que ha convertido a Formosa en un laboratorio de estabilidad política.

Esta nota se inscribe en el marco de mi investigación doctoral sobre las respuestas de los gobernadores frente a los conflictos sociales. En ese contexto, el análisis del caso de Formosa funciona como un estudio empírico que permite poner a prueba el enfoque teórico propuesto, sobre todo analizando las particularidades del ejercicio del poder de Insfrán. De esta forma, este trabajo destaca la agencia del gobernador, y sus prácticas informales, que le permite la permanencia en el cargo por varios períodos de tiempo.

Legitimidad: El Estado como proveedor omnipresente

El “modelo formoseño” no es solo una etiqueta propagandística. Es un entramado de políticas públicas que asegura presencia estatal en cada rincón de la provincia. Desde escuelas con techos azules hasta hospitales y rutas, la gestión de Insfrán se traduce en infraestructura tangible. Programas como el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) permiten que los pequeños productores puedan vivir de su trabajo sin migrar. Operativos como “Por Nuestra Gente, Todo” llevan al gobernador y su gabinete a atender demandas directamente en el territorio. Este despliegue genera un fuerte sentido de identidad y pertenencia. Muchos formoseños asocian su progreso —y el de su comunidad— directamente con Insfrán. Así, la legitimidad no se basa en la ideología, sino en la gestión: un Estado proveedor que reemplaza al mercado y construye fidelidades mediante la obra pública.  Pero esta legitimidad también tiene un efecto disciplinador. Cuando el empleo estatal es casi la única fuente de ingresos, el vínculo con el poder se vuelve también una cuestión de supervivencia. Este tipo de distribución cumple un rol de control fundamental al crear relaciones de dependencia y reducir las opciones de salida para la ciudadanía. Cuando el acceso a las necesidades básicas depende del Estado y no de actores alternativos, la posibilidad de resistir o movilizarse colectivamente contra el poder se ve considerablemente limitada. “Gildo es un rockstar del interior”, sintetizó un entrevistado. Una mezcla de caudillo, patrón y el único garante de bienestar en la provincia.

Coerción: El poder que no se ve (pero se siente)

El modelo de control político en Formosa se basa en una coerción de baja intensidad. No se trata de represión violenta a la protesta o de asesinatos a opositores, sino de un entramado más sutil y eficaz: redes de vigilancia informal, mecanismos de control en los empleos estatales, limitaciones al ascenso profesional para quienes no adhieren al oficialismo, y una policía que actúa más como guardia partidaria que como fuerza profesional.

Docentes, policías, directores de hospitales y funcionarios estatales cumplen funciones que exceden lo administrativo: también vigilan, reportan y disciplinan. El control sobre el empleo público es clave. Ascensos, titularizaciones y accesos a cargos están condicionados por la afinidad política. El sistema educativo, por ejemplo, se convierte en un brazo del aparato electoral. “La docencia es el aparato electoral”, señaló una docente.

Además, las fuerzas de seguridad cumplen un rol político directo. Participan en actos partidarios, patrullan con vehículos sin patentes y controlan incluso la entrada y salida de personas en la frontera provincial con Chaco. En época electoral, sus votos pueden ser identificados. Todo esto se apoya en un “Código de Faltas [1]” heredado de la dictadura, que permite sancionar conductas mínimas y operar legalmente como herramienta de control. Este tipo de coerción de baja intensidad es menos costoso políticamente. Al operar desde lo informal y lo cotidiano, evita el escándalo público pero logra el mismo efecto: inhibir la protesta y desalentar la disidencia.

Cooptación: Pluralismo sin oposición real

Si la coerción disuade, la cooptación desactiva. La cooptación actúa como un instrumento de control político que permite a un régimen, partido o élite gobernante integrar a posibles opositores o actores clave, otorgándoles incentivos materiales, cargos de poder o reconocimiento, a cambio de su apoyo o pasividad. Su objetivo principal es disminuir la oposición y preservar la estabilidad del régimen evitando el uso de métodos más costosos políticamente, como la coerción de alta intensidad. En Formosa, casi no hay espacio institucional que no haya sido absorbido por el gobernador. Desde intendencias y legislaturas hasta cooperadoras escolares y sindicatos, la estrategia es clara: ofrecer recursos, cargos o reconocimiento a cambio de alineamiento político. La oposición, fragmentada y debilitada, ha sufrido este fenómeno en carne propia. Intendentes y dirigentes que nacieron en partidos rivales hoy forman parte del oficialismo. Ex miembros y políticos de la Unión Cívica Radical [2] se convirtieron en funcionarios, jueces con vínculos familiares con el poder, gremios que actúan como correas de transmisión, de acuerdo con las entrevistas realizadas. La cooptación asegura que cualquier actor potencialmente disidente sea desactivado antes de convertirse en amenaza. Incluso el Poder Judicial y el sistema educativo han sido permeados por esta lógica. El ingreso al Estado depende casi exclusivamente de la adhesión al gobierno. Y donde antes podía haber competencia, hoy hay subordinación.

Como se muestra en el Cuadro 1, el poder de Gildo Insfrán se sostiene sobre una tríada de estrategias interdependientes: la legitimidad, construida a partir de la provisión estatal de bienes públicos; la coerción, ejercida a través de mecanismos sutiles pero persistentes de control social; y la cooptación, mediante la incorporación de actores clave del sistema político e institucional. Esta arquitectura de poder no se basa únicamente en recursos estructurales, sino en una agencia política que ha sabido combinar estas dimensiones para garantizar continuidad sin alternancia durante tres décadas.

¿Qué nos dice Formosa sobre la política (subnacional) en Argentina?

Estudiar Formosa no es solo hablar de una provincia argentina. Es reflexionar sobre los límites de la democracia, la autonomía de los gobernadores y los peligros de la concentración de poder. En Argentina, donde cada provincia tiene reglas propias y amplios márgenes de acción, los liderazgos locales pueden consolidarse más allá de los controles nacionales.

La estabilidad de Insfrán no se explica solo por factores estructurales, como la dependencia económica o el aislamiento geográfico, en donde el Estado no llega. Tampoco alcanza con señalar las reglas electorales, como la habilitación de la reelección indefinida, o el clientelismo. Lo que muestra este caso es que la continuidad política también es fruto de decisiones estratégicas, de una construcción minuciosa de poder territorial que combina legitimidad, coerción y cooptación y en donde los actores nacionales (especialmente presidentes) prefieren no involucrarse.

A tres décadas de su llegada al poder, Insfrán sigue siendo el “gran elector” de la política formoseña. Su figura sintetiza las fortalezas y limitaciones de las democracias provinciales en América Latina: sistemas donde la legalidad convive con el disciplinamiento social, y donde el pluralismo formal oculta una concentración de poder que parece inquebrantable.

[1] El Código de Faltas es un cuerpo normativo que tipifica conductas consideradas menos graves que los delitos, pero que se juzgan como potencialmente dañinas o peligrosas para la convivencia social.

[2] Partido históricamente opositor a Insfrán.

Ivan Jacobsohn es Doctorando en Ciencia Política por el Instituto de Investigaciones Políticas (IIP), Universidad Nacional de San Martín/CONICET.