Inmaculada Fernández

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada

Título de Técnico en Instituciones Financieras (Universidad de Granada-Fondo Social Europeo).

Cursos de Doctorado del Departamento de Derecho Mercantil de la UGR.

Abogada del Ilustre Colegio de Granada desde 1987.

En el campo de la mediación de seguros privados, desde 1997 ha sido responsable jurídico de las entidades «Correduría de Seguros Generales de Granada», «General Vida, Sociedad de Agencia de Seguros», «Segurándalus Mediación, Correduría de Seguros» y «Cajagranada Mediación OBSV», habiendo desempeñado, además, el cargo de «Titular del Departamento de Atención al Cliente e interlocutor para el Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones».

Ha formado parte del área jurídica de la entidad aseguradora «Cajagranada Vida», aseguradora del ramo de vida y gestora de planes y fondos de pensiones, participando, desde la perspectiva legal, en la articulación de acuerdos para el desarrollo y distribución de productos de seguro y pensiones en el marco de la actividad de bancaseguros; en convenios de cesiones de cartera de seguros; en la constitución, gestión y disolución de Fondos de Pensiones del sistema individual y de empleo; en la creación y gestión de Planes de Pensiones, prestando también asistencia jurídica en Comisiones de Control.

Acumula una importante experiencia en la defensa letrada en procedimientos judiciales en materia de seguros y planes de pensiones, asumiendo la defensa jurídica de distintas aseguradoras del ramo vida, tanto en el orden civil como en el orden social (exteriorización de compromisos por pensiones), en todo el territorio andaluz.

Igualmente posee una dilatada trayectoria en el área del Derecho Público, en la que ha prestado servicios de asesoramiento, dirección jurídica y defensa letrada, individual o en colaboración con otros profesionales, a particulares y organizaciones en diferentes materias del Derecho Administrativo y Penal, entre las que cabe destacar la información pública, transparencia y buen gobierno, contratación pública, bienes públicos, responsabilidad patrimonial, delitos contra la Administración Pública, o el régimen electoral general en vertientes tales como los delitos electorales, los recursos contenciosos electorales y procesos y electorales de organizaciones (elecciones primarias).


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