El embarazo en niñas y adolescentes en la República Dominicana sigue siendo una problemática persistente y alarmante. Aunque se ha observado una disminución en las cifras en los últimos años, los números continúan siendo elevados y preocupantes. En 2023, se registraron 23,070 embarazos en adolescentes, representando el 19.03% de los embarazos totales en el país.
En la entrevista al doctor Nelson Herrera, médico ginecólogo-obstetra de la Maternidad de San Lorenzo de Los Mina, revela que diariamente atiende en su consultorio 10 pacientes adolescentes embarazadas.
Esta situación refleja una crisis social y de salud pública que afecta gravemente el desarrollo de las jóvenes dominicanas. El embarazo a temprana edad por adultos interrumpe su educación, limita sus oportunidades laborales y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad. Además, las adolescentes embarazadas enfrentan mayores riesgos de salud, como trastornos hipertensivos, preeclampsia y partos prematuros.
Persisten factores como la falta de sanciones severas en contra de quienes violan niñas y adolescentes, así como la falta educación sexual integral, el escaso uso de métodos anticonceptivos y la violencia de género. Según la encuesta Enhogar-MICS 2019, el 38.7% de las adolescentes entre 15 y 19 años, actualmente casadas o unidas, no utilizan ningún método anticonceptivo, lo que las expone a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
Los perpetradores de niñas y adolescentes dominicanas muchas veces no tienen régimen de consecuencia a pesar de que el Código Penal en su artículo 355 castiga con prisión de uno a cinco años a toda persona mayor que seduce o hace grávida (embarazar) a una joven menor de 18 años. También conlleva multa de cinco mil a 500 mil pesos, (artículo 355 ).
Los violadores de niñas y adolescentes en el país se burlan además de las menores, de las autoridades a pesar de que la Constitución dominicana y leyes ordinarias establecen sanciones a quienes cometen ese delito. La Carta Magna otorga rango constitucional a la protección de los menores de edad. Esta protección es responsabilidad de la familia en primer lugar, luego la sociedad y Estado (artículo 56). La Constitución declara de alto interés nacional el enfrentamiento y erradicación del abuso y violencia sexual contra los menores (artículo 56).
Además, la incidencia de embarazos en menores de edad varía significativamente según la región y el nivel socioeconómico. Provincias como Elías Piña, Dajabón y Monte Cristi presentan porcentajes alarmantes, superando el 22% de embarazos en adolescentes. Esta disparidad evidencia la necesidad de intervenciones focalizadas y adaptadas a las realidades locales.
Casos extremos, como el de una niña de 12 años embarazada fruto de una violación que dio a luz a un varón de seis libras, ponen de manifiesto la gravedad de la situación y la urgencia de implementar medidas más efectivas. Es imperativo fortalecer la educación sexual en las escuelas, garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y promover políticas públicas que protejan a las niñas y adolescentes de abusos y embarazos precoces.
Otro dato revelador de la gran cantidad de niñas y adolescentes que son madres a temprana edad lo ofrece el Doctor Daniel González García, ginecólogo obstetra de la maternidad de San Lorenzo de Los Mina. Afirma que el 25-30% de las pacientes embarazadas son adolescentes.