“Sólo podemos mejorar el barrio con vuestra implicación, vuestras ideas y vuestro trabajo. Desde el Ayuntamiento pondremos todo lo que esté en nuestras manos para que, entre todos, construyamos el mejor barrio posible”,

Ana Belén Castejón (Declaración de la Alcaldesa del Excmo. Ayto. de Cartagena en un encuentro con los vecinos del barrio de Lo Campano durante la presentación de un proyecto de rehabilitación de viviendas, 23/02/2020. Fuente: web del ayuntamiento).

Existen, al menos, cinco buenas razones para apoyar esta iniciativa:

1º Las viviendas precarias se concentran en los barrios más vulnerables

En estas áreas se suele concentrar viviendas de mayor antigüedad, precariedad en los materiales y técnicas constructivas, un estado de conservación deficitario y que, de modo general, carecen de unas condiciones de accesibilidad o aislamiento energético adecuado.

2º La ley obliga a disponer del informe de evaluación y el certificado energético

El Decreto 34/2015, de 13 de marzo, crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Región de Murcia y establece las condiciones que afectan a este tipo de informes, en asuntos tales como los plazos de entrega y las edificaciones que tienen obligación de disponer de un informe, que son:

• Los edificios de tipología residencial vivienda colectiva con antigüedad superior a 50 años.

• Los edificios con un deficiente estado de conservación, de acuerdo con el Plan Municipal de Inspección.

• Los edificios para los que se soliciten ayudas públicas al objeto de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética y así lo disponga su normativa reguladora.

3º Los gastos extraordinarios tienen un enrome impacto en el presupuesto de los hogares vulnerables

En España, por si solo, el gasto de acceso a la vivienda tiene un peso excesivo sobre el presupuesto familiar (Defensor del Pueblo en 2018). Las personas en pobreza extrema o muy alta pagan algo más del 40% de sus ingresos en gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (Encuesta de Presupuesto Familiar del INE-Cruz Roja 2018). El peso de los imprevistos se pone en relieve en un contexto social, precrisis Covid, donde: el 8% de los hogares se retrasaban con las facturas, el 11% era incapaz de calentar su casa en invierno y el 15% de los hogares eran pobres energéticos (INE-2018). Los gastos extraordinarios pueden suponer un serio empeoramiento de las condiciones de vida, la salud-física, psicológica y emocional- y la vida social de los hogares que se encentran en peor situación, acumulando nuevas condiciones de exclusión. Además, debemos recordar que son los más frágiles de la sociedad las que se ven afectadas, en mayor medida, por la exclusión socioeconómica y la pobreza energética.

4º Las autoridades públicas deben garantizar la dignidad residencial

Es responsabilidad de los municipios: promover las condiciones de acceso a una vivienda digna; fomentar la conservación, el mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas y mejorar la eficiencia de uso de dicho de las viviendas; controlar la construcción de infravivienda y la formación de núcleos de infravivienda, y favorecer su progresiva eliminación velando por la seguridad de las personas y las condiciones de habitabilidad a través de inspecciones y peritajes; el desarrollo de un modelo urbano ecológicamente sostenible y estructuralmente accesible; y el fomento de la interrelación cultural y el dinamismo social para evitar la segregación espacial y la exclusión residencial.

5º La intervención social y la transición energética reclaman una base de información fiable y adecuada

El éxito de la intervención pública en el desarrollo social descansa en una buena planificación. Y esta, a su vez, depende de un diagnóstico de la situación sustentado en información veraz y actual y accesible. Al facilitar el acceso de lo colectivos y los residentes en áreas vulnerables a la evaluación de los inmuebles, también estaremos contribuyendo a alimentar la base de datos del Registro de Regional de Informes de Evaluación, del cual se puede extraer una imagen confiable sobre las condiciones del parque residencial en todos los niveles que debe ser la base para la intervención en su mejora y la transición hacia un modelo de viviendas energéticamente más eficientes y sostenibles.

Los ODS

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron acordados por los líderes mundiales en 2015 con el propósito de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos. La AGENDA 2030 plasma este propósito en los mencionados 17 objetivos que, a su vez, se concretan en 169 metas con sus correspondientes indicadores de evolución.

En una nueva Cumbre sobre los ODS, celebrada en 2019, los líderes mundiales se comprometieron a impulsar y financiar el desarrollo sostenible mejorando la aplicación de los objetivos a nivel nacional y fortaleciendo las instituciones. Todos los sectores de la sociedad, recordó el Secretario General de la ONU, están llamados a movilizarse en tres niveles:

· Acción a nivel mundial: para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

· Acción a nivel local: que incluya las transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales.

· Acción por parte de las personas: incluidos la juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas, para generar un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias.

Desde la sociedad civil se ha instado a los líderes mundiales a intensificar las iniciativas para llegar a las personas más rezagadas, apoyar la acción y la innovación a nivel local, fortalecer las instituciones y los sistemas de datos, reequilibrar la relación entre las personas y la naturaleza, y obtener más financiación en favor del desarrollo sostenible

LA AGENDA 2030

La Agenda 2030 implementa los ODS para avanzar hacia avanzar hacia sociedades con un crecimiento económico inclusivo y mayor cohesión y justicia social, en paz y con un horizonte medioambiental sostenible. LO hace aterrizando los siguientes aspectos:

· Explica cómo ha de procederse en 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que cubren todas las políticas públicas domésticas, la acción exterior y la cooperación para el desarrollo.

· Los ODS son universales, se aplican por igual a países desarrollados y en vías de desarrollo, abordan las raíces de la pobreza, la desigualdad y la degradación del planeta, y pretenden ser profundamente transformadores.

· Implica la acción de la sociedad civil, el sector privado, los sindicatos, las universidades...

· Genera responsabilidades del gobierno central, los autonómicos y los municipales.

· Induce nuevas formas de trabajar en el interior de cada país y un modelo innovador de relaciones internacionales, consciente de la creciente interdependencia.

Cada uno de los países signatarios tiene el compromiso de someterse a un Examen Nacional Voluntario, en el que presenta un Plan de Acción, con las líneas de acción y los instrumentos con que cuenta para alcanzar los ODS en 2030.

ESPAÑA presentó en 2018 su PLAN DE ACCIÓN ante las Naciones Unidas, que lo sometió a examen ese mismo año. El Plan recoge un primer conjunto de áreas prioritarias de políticas denominadas palanca, con capacidad de acelerar el progreso transversalmente y a mayor escala en el conjunto de los 17 ODS:

• Prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social;

• Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades;

• Agenda Urbana; economía circular;

• Ley de Cambio Climático y Transición Energética;

• Investigación científica y técnica para los ODS;

• Estrategia de la Economía Social;

• Plan de Gobierno Abierto;

• y la Cooperación Española.

El Plan incorpora un conjunto de medidas transformadoras, de carácter transversal, para sentar las bases necesarias para impulsar los ODS. Asimismo, destaca la contribución de los actores públicos y privados en el desarrollo de estrategias consensuadas que reflejen la labor y el esfuerzo de la sociedad en su conjunto (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).

LA AGENDA URBANA

La Nueva Agenda Urbana (NAU) es una guía para orientar los esfuerzos de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, instituciones académicas y el sector privado en materia de desarrollo urbano. Con el propósito de promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. Para ello procura el refuerzo del vínculo recíproco entre urbanización y desarrollo.

LA NAU fue aprobada en Quito, Ecuador, dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).ONU- Habitat promueve la transformación de las ciudades y los asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración. Lo que se resume en 4 enfoques estratégicos:

• Reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales.

• Aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones.

• Actuar por la acción climática y mejora del entorno urbano.

• Promover la prevención y respuesta efectiva ante las crisis urbanas.

Los rasgos definitorios que imbuyen el espíritu de la AUE serían los siguientes:

· Es un documento estratégico de propósito inspirador y transversal, sin carácter normativo, en el que domina un enfoque pragmático con vocación de utilidad.

· Propone un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades para lograr el desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.

· Persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.

· Supone una apuesta por un modelo urbano deseable hacia el futuro y trata de abanderar una nueva visión del urbanismo.

En lo que refiere a su contenido, la AUE está organizada en 5 bloques:

1. DIAGNÓSTICO

Este documento aporta un análisis objetivo de la realidad identificando desde las más variadas temáticas (que van desde los cambios demográficos y la despoblación de las zonas rurales a la movilidad, pasando por el metabolismo urbano y cuestiones de gobernanza, entre otras), los principales problemas que ponen en peligro la sostenibilidad del modelo urbanístico español.

2. MARCO ESTRATÉGICO

El marco estratégico (ME) de la AUE se compone de un Decálogo de objetivos, amplios y ambiciosos, así como una lista de posibles líneas de actuación para los actores que deseen comprometerse con la Agenda.

La legislación estatal sobre suelo y rehabilitación urbana (artículo 3 del TRLSRU) y las leyes urbanísticas autonómicas ya han desarrollado el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible que se ve renovado y ampliado en la Agenda. Un principio que ha inspirar la transición económica, social y cultural de las ciudades.

Tanto el marco teórico como los objetivos y los principios que dan forma al modelo apuntan a su aplicabilidad sobre cualquier realidad territorial y urbana, considerando la necesaria adaptación contextual de las herramientas de intervención.

El marco estratégico de la AUE se estructura en:

· 10 objetivos primarios

· 30 objetivos específicos

· Alternativas de actuación para cada objetivo

3. SISTEMA DE INDICADORES

Son indicadores de seguimiento y evaluación asociados a los objetivos específicos del ME que, si bien son adaptados a la situación de partida y al contexto urbano particular sobre el que se aplican, están ideados buscando la comparabilidad y agregabilidad de los resultados. Su finalidad, de un lado, es facilitar la evaluación del impacto de las medidas y los programas implementados en términos de mejora de la calidad de vida, sostenibilidad urbana y preparación de las ciudades para el futuro.

4. FICHAS DE PLANIFICACIÓN

Estas ilustran cómo podrán elaborarse los planes de acción para la implementación de la AUE.

5. PLAN DE ACCIÓN DEL ESTADO

Con propuestas concretas desde el ámbito de las competencias estatales.

El Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, aprobó el Plan Estatal de Vivienda, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo de 2018, y según la disposición final tercera, el mismo entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Sin embargo la disposición transitoria tercera establece efectos retroactivos, de forma que las ayudas que se otorguen al amparo de dicho real decreto podrán reconocerse con efectos desde el 1 de enero de 2018.

Con carácter general el Plan Estatal 2018-2021 mantiene una línea continuista con el Plan anterior y apuesta por fomentar el alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario. Los objetivos del Plan Estatal 2018-2023, según su exposición de motivos, son entre otros:

· Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la limitación de recursos disponibles, priorizando dos ejes, fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, con especial atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal.

· Contribuir a que los deudores hipotecarios como consecuencia de la adquisición de una vivienda protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios.

· Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.

· Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su eficiencia energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental.

· Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión en uso, tanto público como privado, con determinación de una renta o precio de cesión en uso máximo, durante el plazo mínimo de 25 años.

· Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad, en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados

· Contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario...

El Plan Estatal estructura sus objetivos en una serie de programas:

• Subsidiación de préstamos convenidos

• Ayuda al alquiler de vivienda

• Ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual

• Fomento del parque de vivienda en alquiler

• Fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas

• Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas

• Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural

• Programa de ayuda a los jóvenes

• Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad actúe a través de entidades colaboradoras, previa la suscripción del correspondiente convenio de encomienda de gestión.

En segundo lugar, canalizando la intervención privada en la ejecución de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación, por cualquier título y, en particular, mediante los contratos de cesión, permuta o arrendamiento y los convenios de explotación que a tal efecto se suscriban, atribuyéndose a los sujetos privados que intervengan en estas actuaciones amplias facultades y la condición de entidades colaboradoras. El Plan Estatal 2018-2021 tiene un horizonte temporal de cuatro años, asumiendo, al igual que el Plan Estatal 2013-2016, la cautela de no condicionar ejercicios presupuestarios más allá del ámbito temporal que el mismo abarca, por lo que los programas deberán desarrollarse y gestionarse económicamente en dicho periodo (Fuente: Ayto. de la Rinconada).

¿Qué es el Informe de Evaluación de Edificios?

Es el informe que se realiza con el objeto de acreditar tres aspectos en relación con los inmuebles comunitarios:

• la situación de un edificio en cuanto a su estado de conservación

• el cumplimiento de la normativa de accesibilidad

• y el grado de eficiencia energética del mismo.

¿Es obligatorio el IEE?

Los es para los inmuebles que cumplan con alguna de estas características:

• Los edificios de tipología residencial vivienda colectiva y tipologías asimiladas, tales como hoteles y residencias, con antigüedad superior a 50 años.

• Los edificios cuyas circunstancias hagan aconsejable su realización debido al deficiente estado de conservación y así lo disponga un Plan Municipal de Inspección.

• Los edificios para los que se soliciten ayudas públicas al objeto de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética y así lo disponga su normativa reguladora.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 6.1 de la Ley 8/2013, los técnicos facultativos competentes para suscribir el Informe de Evaluación de Edificios serán los arquitectos y arquitectos técnicos. El Informe de Evaluación de Edificio debe ir firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente o, en su defecto, acompañado de certificado colegial de acreditación del técnico.

¿Cuáles son los plazos de los IEE?

Por lo que respecta a la obligatoriedad de entregarlo, los edificios construidos a partir de 1964, 5 años a contar desde el 31 de diciembre del año en que cumplan 50 años de antigüedad. Esto es, todos los edificios anteriores a 1965 tienen que haber entregado el IEE en 2020.

El IEE tendrá una validez de 10 años a contar desde su realización. Transcurrido dicho plazo se deberá renovar.

¿Qué evalúan los técnicos?

• ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO

La primera parte del IEE, Informe de Evaluación del Edificio, consiste en una rigurosa inspección del edificio para la posterior e valuación del estado de conservación de los distintos elementos objeto del informe: Cimentación, Estructura, Fachadas y Medianeras, Cubiertas y Azoteas, Instalaciones, Zonas Comunes y Ornato.

El Informe de Evaluación del Edificio, y los puntos inspeccionados se ajustarán al modelo y relación que cada Comunidad Autónoma determine. En la evaluación del estado de conservación de cada punto se hará constar:

· Las lesiones y deficiencias observadas en el edificio.

· Una valoración del estado de conservación de los distintos elementos.

· Una valoración final del edificio en su conjunto.

Solo como nota aclarativa, recordar, que el IEE, Informe de Evaluación de Edificios, anteriormente se conocía como ITE, Inspección Técnica de Edificios.

• CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO

Evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y la no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio. De acuerdo con la normativa vigente, descrita en el DB-SUA del Código Técnico de la Edificación y en la normativa autonómica correspondiente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

Uso residencial vivienda:

1. Condiciones funcionales del edificio.

2. Dotación de elementos accesibles.

3. Dotación y características de la información y la señalización de elementos accesibles.

Otros usos (aparcamiento, comercial, piscina, etc.):

1. Condiciones funcionales del edificio.

2. Dotación de elementos accesibles.

3. Dotación y características de la información y la señalización de elementos accesibles.

• CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

El IEE, informe de evaluación del edificio, en el apartado CEE Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, recoge información sobre las características energéticas del edificio y clasifica su eficiencia energética con una letra (de la A a la G).

Por otra parte contiene información sobre las medidas de mejora de la eficiencia energética del edificio y un estudio económico de las mismas, proponiendo distintas acciones enfocadas a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, reducir los consumos energéticos y mejorar el confort térmico del edificio.

Estas medidas no son de obligado cumplimiento pero por lo general son las que habrá que acometer para acogerse a las distintas subvenciones existentes para la rehabilitación energética.

El CEE está regulado por su propia normativa y al igual que el IEE Informe e Evaluación del Edificio, tiene validez durante 10 años, periodo durante el cual los distintos propietarios no necesitarán realizarlo en caso de venta o alquiler de su inmueble.

Este certificado, será VALIDO PARA LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS, por los mismos 10 años de vigencia del informe, SIEMPRE QUE NO SE HAGAN OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA (o del edificio, en su caso).