Proyecto HABITA

“Sin vosotros este proyecto no tiene ningún sentido. Sois los principales protagonistas y queremos que así quede de manifiesto. Sólo podemos mejorar el barrio con vuestra implicación, vuestras ideas y vuestro trabajo. Desde el Ayuntamiento pondremos todo lo que esté en nuestras manos para que, entre todos, construyamos el mejor barrio posible”,

Ana Belén Castejón (Declaración de la Alcaldesa del Excmo. Ayto. de Cartagena en un encuentro con los vecinos del barrio de Lo Campano durante la presentación de un proyecto de rehabilitación de viviendas, 23/02/2020. Fuente: web del ayuntamiento).

El objetivo del proyecto es la identificación de la titularidad, la ocupación y/o la construcción de viviendas en los barrios vulnerables de Cartagena. Uno de los fenómenos que se suelen encontrar en algunas áreas vulnerables es la escasa validez de la información disponible en los distintos registros públicos (Catastro, Registro de la Propiedad, Padrón o IBI). Esta circunstancia puede ser provocada por distintas causas, tales como: el arraigo de las transmisiones de contrato verbales, las transmisión de herencias o la donación a título privado sin registrar, edificaciones irregulares, déficits de registro o empadronamiento, ocupación de viviendas, etcétera. Esto es el resultado, por un lado, de la consolidación de prácticas socioculturales y, por el otro, de la desconfianza hacia las instituciones públicas cuando los ocupantes o residentes se sienten inseguros respecto al legitimidad del título que les acredita la ocupación o la propiedad de la vivienda o, también, para evitar el respectivo gravamen tributario.

Es preciso recordar el gran dinamismo demográfico que han experimentado estas áreas en los últimos veinte años, pues han sido en estos barrios los que han acogido un mayor número de la los nuevos residentes urbanos de origen migrante. Y, por el mismo motivo, puede existir una mayor actividad en los flujos de entrada y salida de residentes, según la capacidad para incorporarse a otros sectores mejor dotados de la ciudad. Y también, porque estos sectores de la población fueron especialmente afectados por la crisis del 2007, lo que animó nuevos desplazamientos.

Esta situación puede generar una serie de consecuencias tanto en el ámbito legal como social que agraven el problema de la exclusión en áreas vulnerables. Desde el punto de vista de la convivencia, la inseguridad jurídica puede generar conflictos derivados de la titularidad de la propiedad, su uso privativo o la transmisión patrimonial. Además, la carencia de titularidad sobre la vivienda puede dificultar la contratación de suministros para el hogar o desanimar las inversiones en la rehabilitación y reparación del inmueble. El deterioro de los inmuebles, la falta de aislamientos adecuados, la incapacidad para cubrir los gastos de energía necesarios para mantener una temperatura adecuada, el recurso a equipos térmicos de baja calidad o una ventilación deficiente pueden tener graves consecuencias sobre la salud. Esto sin mencionar otros impactos, suficientemente probados, sobre el absentismo laboral, el bajo rendimiento o abandono escolar, o el aislamiento, espacialmente de los hogares más vulnerables.

Por ese motivo, es primordial para los servicios públicos disponer de información actualizada y fiable para implementar políticas destinadas a la prevención de la vulnerabilidad y la exclusión. Es dentro de este interés que se encuentra nuestro compromiso con el proyecto y nuestra decisión de colaborar con la empresa privada encargada de la provisión del servicio. Con el asesoramiento sobre el uso de herramientas para la obtención de información y al poner a su disposición herramientas digitales para el acceso y la usabilidad de los datos obtenidos, contribuimos, en última instancia, al desarrollo de acciones públicas de intervención social más efectivas y eficientes para combatir la vulnerabilidad y la exclusión territorial y residencial.

Tradicionalmente, el área de servicios sociales suele asumir el peso de la intervención municipal, en el plano del desarrollo social, en las áreas más vulnerables. Si bien se trata de una tendencia cambiante en el actual escenario donde se premian las intervenciones multi-competenciales -u holísticas- y se busca con mayor interés la participación ciudadana en la planificación y la implementación de los proyectos. En cualquier caso, el éxito de la intervención descansa en una buna planificación. Y esta, a su vez, depende de un diagnóstico de la situación sustentado en información veraz y actual y accesible.

Los intereses de la intervención urbana a nivel municipal en las áreas vulnerables pueden abarcar un amplio abanico de acciones, entre otras:

• Garantizar el acceso a los servicios sociales críticos de la población más vulnerable.

• Fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas y mejorar la eficiencia de uso de dicho de las viviendas.

• Favorecer el acceso a una vivienda digna a las personas con menos recursos económicos y los colectivos más vulnerables.

• Controlar la construcción de infravivienda y la formación de núcleos de infravivienda, y favorecer su progresiva eliminación velando por la seguridad de las personas y las condiciones de habitabilidad a través de inspecciones y peritajes.

• Desarrollo de un modelo urbano ecológicamente sostenible y estructuralmente accesible.

• Fomento de la interrelación cultural y el dinamismo social para evitar la segregación espacial y la exclusión residencial.

Mediante Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, se aprueba el Plan Estatal de Vivienda, publicándose en el Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo de 2018, y según la disposición final tercera, el mismo entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Sin embargo la disposición transitoria tercera establece efectos retroactivos, de forma que las ayudas que se otorguen al amparo de dicho real decreto podrán reconocerse con efectos desde el 1 de enero de 2018.

Con carácter general el Plan Estatal 2018-2021 mantiene una línea continuista con el Plan anterior y apuesta por fomentar el alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario. Los objetivos del Plan Estatal 2018-2023, según su exposición de motivos, son entre otros:

· Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la limitación de recursos disponibles, priorizando dos ejes, fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, con especial atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal.

· Contribuir a que los deudores hipotecarios como consecuencia de la adquisición de una vivienda protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios.

· Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.

· Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su eficiencia energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental.

· Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión en uso, tanto público como privado, con determinación de una renta o precio de cesión en uso máximo, durante el plazo mínimo de 25 años.

· Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad, en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados

· Contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario...

El Plan Estatal estructura sus objetivos en una serie de programas:

• Subsidiación de préstamos convenidos

• Ayuda al alquiler de vivienda

• Ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual

• Fomento del parque de vivienda en alquiler

• Fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas

• Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas

• Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural

• Programa de ayuda a los jóvenes

• Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad actúe a través de entidades colaboradoras, previa la suscripción del correspondiente convenio de encomienda de gestión.

En segundo lugar, canalizando la intervención privada en la ejecución de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación, por cualquier título y, en particular, mediante los contratos de cesión, permuta o arrendamiento y los convenios de explotación que a tal efecto se suscriban, atribuyéndose a los sujetos privados que intervengan en estas actuaciones amplias facultades y la condición de entidades colaboradoras. El Plan Estatal 2018-2021 tiene un horizonte temporal de cuatro años, asumiendo, al igual que el Plan Estatal 2013-2016, la cautela de no condicionar ejercicios presupuestarios más allá del ámbito temporal que el mismo abarca, por lo que los programas deberán desarrollarse y gestionarse económicamente en dicho periodo (Fuente: Ayto. de la Rinconad).

Periodo: Mayo 2019 a noviembre de 2020

Área objeto del proyecto: Barrio de Lo Campano

Estado: Finalizado

Periodo: Junio 2020 a noviembre de 2021

Área objeto del proyecto: Barrio de Los Mateos

Estado: En proceso