OPINIÓN
Al escándalo del chantaje de Thorne al Contralor a pedido de PPK por el informe de Chinchero, esta semana se sumará otro grave enfrentamiento con el Congreso y las FF.AA.
El 31 de mayo se aprobó en el Parlamento un proyecto de ley reparatorio de los excesos en los que incurrió Humala con los decretos legislativos 1132 y 1133 al introducir discriminación inaceptable para los retirados militares y policiales antes del 10 de diciembre de 2010, a quienes se les paga hasta 50% menos que aquellos jubilados a partir del 11 de diciembre del mismo año.
Como se sabe, el último domingo, el nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, informó que se había llegado a un acuerdo con el concesionario Kuntur Wasi (KW) para resolver el contrato “por mutuo disenso”. Anticipándose a lo que podría venir, sin embargo, Giuffra dejó en claro que esta decisión traería consigo inevitables consecuencias, pues –afirmó– “gratis nadie se divorcia”.
Ciertamente, dada la maraña de implicancias políticas y legales que se habían tejido alrededor de un proyecto que había costado ya la salida de Martín Vizcarra del MTC, y un choque de altas proporciones con la contraloría y el Congreso, que el Ejecutivo haya llegado a un acuerdo con el concesionario para resolver el contrato de construcción del aeropuerto cusqueño no parece ser una mala noticia.
Durante los últimos meses, la discusión económica nacional se ha congregado en un vocablo: Chinchero. Esa ciudad andina donde se tiene proyectado hacer un nuevo aeropuerto internacional. La aludida discusión no solo se basa en que este sea un proyecto largamente anhelado por la población cusqueña, sino por los sucesivos accidentes asociados a su evaluación y por la firma de una adenda a un contrato que finalmente el Ejecutivo acaba de defenestrar. Esto, mientras asumía políticamente la súbita renuncia del ministro de Transportes.
Per se, la escala económica del proyecto no sugiere que estuviera en juego la suerte económica del país. Su importancia radicaría en su valor como señal. Como una muestra concreta de que la actual administración es capaz de hacer algo bien. Una operación transparente y económicamente eficiente.
Se sabe de sobra que los reflejos no fueron lo suficientemente diestros para advertir lo que se venía. Que, pese a lo evidente, se insistió una y muchas veces más. Ahora queda hacer el punto de quiebre y avanzar, sin dejar de mirar lo que al paso de las balas salió a la luz.
El contralor de la República debe renunciar a su cargo. Ojalá, algún día, las investigaciones que se han iniciado nos aclaren si detrás de sus inversiones familiares hubo o no delito. En medio de tantas denuncias con decibeles altos se puede perder objetividad, de lo que no cabe duda, sin embargo, es que esas operaciones eran incompatibles con el puesto que ostentaba y su puesto exige ser intachable.
Las ‘delações premiadas’ están reguladas en el derecho brasileño en las leyes 9807/99 y 12850/13. Se trata de un procedimiento especial en el marco de un proceso penal que busca otorgar lenidad de condena (una menor pena o exonerar la pena), a cambio de colaboración con la fiscalía. Es, en buena cuenta, el correlativo brasileño al proceso de colaboración eficaz regulado en los artículos 472-481 del Código Procesal Penal Peruano y el Decreto Supremo 007-2017-JUS. En estos casos, el sigilo o reserva es indispensable para el éxito del proceso, pues es una pieza clave para incentivar a los acusados a colaborar con el proceso y proveer información relevante