OPINIÓN
Cuando Brasil revele a principios de junio los nombres de los funcionarios y políticos en 11 países sobornados por Odebrecht, paralizará aun más a varias de esas naciones. Provocará además nuevas preguntas acerca del funcionamiento y naturaleza de lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llamado “El caso de soborno internacional más grande de la historia”. Estamos por darnos cuenta de que lo que sabemos de Odebrecht es solamente la punta del iceberg.
Mucho de lo que sabemos se debe al acuerdo judicial entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de EE.UU. que se dio a conocer en diciembre. Sin embargo, Leonardo Coutinho, editor de la revista brasileña “Veja” y uno de los principales periodistas que investiga el caso, sugiere que ese acuerdo podría estar “lejos de representar la real dimensión” del asunto.
Y es que para los halcones de Washington era inadmisible aceptar que Sudamérica, a quien consideran su patio trasero, se les fuera de las manos a costa de una pequeña potencia, pero de supremacía regional que vía el Foro de Sao Paulo estaba regando su semilla izquierdista al puro estilo del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner, Ollanta Humala (que extrañamente cambio en el gobierno) eran parte de la cosecha de la siembra de estas semillas.
Para nadie debería ser un secreto que los afanes justicieros en defensa de la democracia y los valores éticos mundiales no son el estandarte a flamear en la Casa Blanca. Las verdaderas razones por la que los servicios de inteligencia norteamericanos (CIA y DEA) se han escandalizado ante la corrupción de las constructoras brasileñas, en complicidad con los gobiernos de la región, desnudando esta ola delictiva, responden al afán de hacer sentir su poder y cambiar el mapa geopolítico
¿Cuánto va a costar el alboroto de Chinchero? Unos US$300 millones en compensaciones y lucro cesante al concesionario por resolverle el contrato unilateralmente. Y esto sin aeropuerto. Con adenda, hubiéramos tenido aeropuerto y un ahorro de aproximadamente US$200 millones en intereses con respecto al contrato original. Todo porque el fujimorismo (la principal fuerza en el Congreso) no quiso entender razones, solo dar puñetazos; y el gobierno no supo esquivarlos y tiró la toalla al ring.
¿Cuál es el costo de derogar el Decreto Legislativo 1333? Esta norma, recientemente suprimida por el Parlamento, permitía agilizar el proceso de identificación, saneamiento y tasación de predios necesarios para los proyectos de inversión priorizados.
Otro observador nada sospechoso de fujimorismo como Fernando Rospigliosi aconsejó ayer aquí al gobierno que indulte a Fujimori para llegar a un tratado de paz. Es que es tan obvio… Y, tal como NO publicó LR ayer de su encuesta mensual de GFK, el 58% de los peruanos está de acuerdo con que se libere a Fujimori por este hábeas corpus.
Recordemos que este caso empezó con una propuesta del Consorcio Kuntur para llevar adelante un gaseoducto cuyo costo ascendería a US$1,800 millones. Este monto sería financiado por el propio consorcio. El contrato de concesión se firmó el 6 de octubre 2008. Conforme avanzaba el tiempo, como suele ocurrir empezaban a surgir intereses colaterales. La iniciativa fue complicándose. Entonces, de manera casi subrepticia, ocurrió que de la noche a la mañana Odebrecht le compró el proyecto al Consorcio Kuntur. Esto ocurrió con Ollanta y Nadine Humala manejando el poder de manera personal y directa. Es decir, ambos participaron en forma sumamente activa en la metamorfosis del Gaseoducto de marras. Con la particularísima diferencia que, con Odebrecht montado en el caballo, el costo del proyecto creció de US$1,800 millones a US$ 7,400 millones.
¿Qué puede hacer, entonces, el Estado? Podría renegociar la adenda para adelantar el pago del financiamiento por avance de obra y reducir el costo financiero, como en el caso de las IIRSA, pero no es claro qué interés tendría el concesionario en regresar al contrato original, pues tiene expedito su derecho a exigir el cumplimiento de la adenda. Paradojas de la vida, la única “palanca” visible de negociación disponible (y ciertamente discutible) para el Estado consiste, precisamente, en argumentar la eventual nulidad de su propia adenda, en línea con la observación de la Contraloría, sosteniendo que la adenda no encaja dentro de los 3 supuestos previstos en la Ley de APPs para renegociar un contrato de concesión dentro de los primeros 3 años. Y aun así, tratándose de hecho propio del concedente, probablemente proceda una indemnización al concesionario.