El Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, envió un oficio a las fiscalías de América Latina -entre ellas la de Perú- para informar que solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) mantener bajo reserva “todas las pruebas” obtenidas como parte de los acuerdos de colaboración premiada firmados por la constructora Odebrecht y que serán enviadas a partir del 1 de junio a las autoridades que hicieron pedidos de cooperación internacional. Sin embargo, la información solo podrá ser enviada a los países que firmaron acuerdos con Odebrecht y sus delatores o se comprometieron ante las autoridades brasileñas no procesar civil o penalmente a la compañía, según confirmó a Convoca el fiscal brasileño Orlando Martello, quien integra el equipo que investiga el caso Lava Jato.

La Primera Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio al contralor Edgar Alarcón por el presunto pago irregular de una liquidación a una ex trabajadora de la institución.

Marcela Emilia Mejía Franco, quien trabajó en tesorería de la Contraloría General de la República, fue cesada en el 2010 y habría recibido una liquidación presuntamente irregular de S/127.000, además de S/100.000 por pago de viáticos.

El salario que Mejía Franco recibía era S/3,350. Al respecto, el contralor Edgar Alarcón dijo que hubo un error de cálculo en la auditoría hecha por este caso.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, a cargo del juez Manuel Chuyo Zavaleta, evaluará este miércoles 31 de mayo el pedido de comparecencia restringida que solicitó la fiscalía para el abogado José Zaragozá, quien se acogió a la colaboración eficaz en el marco del Caso Odebrecht.

La fiscalía solicitó la medida restrictiva para el abogado quien ha reconocido haber ayudado a cobrar la coima que habría solicitado a la constructora brasileña el ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio, a cambio de concesionarle la Vía Evitamiento de la Ciudad Imperial.

Hace unos días el ex gobernador regional del cusco, Jorge Acurio Tito, recibió 18 meses a prisión preventiva por orden del Poder Judicial, por presuntamente recibir 1.2 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht. Y hoy el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que Acurio será trasladado al establecimiento penitenciario Ancón I "Piedras Gordas".

Como se recuerda, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Manuel Chuyo, fue quien dispuso también la misma medida para el empresario Gustavo Salazar Delgado, quien se encuentra fuera del país. En ambas personas, de acuerdo al juez, se acreditó su presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de actos.

La Fiscalía recibirá la transcripción en español de las declaraciones del ex CEO con las que responde a las interrogantes de los fiscales peruanos y de los abogados de Heredia y Humala, quienes viajaron hace más de una semana a tierras brasileñas con ese objetivo. Los audios de la conversación también llegarían en el mismo envío.

Una de las preguntas que la esposa del ex mandatario deberá aclarar, luego de que el ex mandamás de Odebrecht lo confirmara, es si recibió US$3 millones para financiar la campaña nacionalista.

Como se sabe, tanto Humala como Heredia han negado las versiones de Odebrecht y de Barata. Ambos han asegurado que no recibieron dinero de la firma.

Como se sabe, a partir del 1 de junio se levantará la reserva de las delaciones premiadas de 78 ejecutivos de Odebrecht que se acogieron a la colaboración eficaz en su país. Todos están implicados en actos de corrupción y buscan reducir las penas que le impuso la justicia brasileña.

El fiscal de la Nación brasileño Rodrigo Janot, según Folha, envió un oficio a sus homólogos de nueve países de América Latina que tienen en curso investigaciones relacionadas a Odebrecht. En el documento les informa que pidió al Poder Judicial mantener la reserva de las pruebas y declaraciones que constan en los acuerdos firmados por la compañía.

“Esa denuncia llegó dirigida a la ex presidenta de la Comisión de Fiscalización, la congresista Yeni Vilcatoma, en agosto y yo asumo en setiembre. Nunca tuve a la vista ese documento y ¿por qué? Porque no le correspondía a la Comisión de Fiscalización ver el tema”, sostuvo.

Cabe precisar que, en la víspera, Cuarto Poder emitió un informe que daba cuenta de una denuncia contra el titular de la Contraloría General de la República por la compra de 90 autos en un periodo que abarcó su gestión como vicecontralor.

Por el tema de Chinchero, me da la impresión que la percepción general es que ahí también ha habido corrupción, [pero] no ha habido corrupción, ha habido mal manejo, pésimo manejo político, quien sabe el contrato fue mal hecho, pero corrupción, yo no creo que ha habido”, dijo Roque Benavides.

Al mismo tiempo, Roque Benavides invocó a que el caso Odebrecht no induzca a pensar que todo se volvió corrupción. “Lo de Odebrecht evidentemente es corrupción, ellos tendrán que responder por eso, creo que hay que analizarlo bien y los jueces del Poder Judicial tendrán que actuar con toda la fuerza que la ley le permita”, agregó el presidente de la Confiep.

Del mismo modo, recordó que los ministros, durante la administración Humala, estaban prohibidos de reunirse con el secto9r privado.

La legisladora de Fuerza Popular y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Karina Beteta, justificó este lunes el archivamiento de una denuncia contra el actual contralor general de la República, Édgar Alarcón.

Según explicó en RPP Noticias, el funcionario ocupaba el cargo de vicecontralor cuando los hechos ocurrieron y, por ello, no procedía la recomendación de un antejuicio político.

“Votamos por el archivamiento ya que de acuerdo al artículo 99 de la Constitución se señala claramente quiénes están sujetos al antejuicio político. Solamente vimos la parte formal. No ingresamos al fondo porque no era de nuestra competencia referirnos a este caso”.