OPINIÓN
el gobierno finalmente anunció su decisión de dar por terminado el contrato de concesión del nuevo aeropuerto de Chinchero. A pesar de que a la fecha aún no se conoce el sustento legal específico para la terminación del contrato de concesión (o si esta ya fue notificada), de las declaraciones brindadas por el renunciante ministro Martín Vizcarra se desprenden dos conclusiones. La primera es que la terminación respondería a una decisión política y, por ende, unilateral. La segunda es que, en consecuencia, el concesionario no habría incurrido en causal de incumplimiento que dé lugar a la terminación anticipada del contrato por culpa de este.
Mientras algunas voces del gobierno han cuestionado duramente el pronunciamiento de la contraloría calificándolo de “netamente político” y “nada técnico”, en la oposición han hecho eco de sus conclusiones para atribuir culpas a ministros, viceministros y al Ejecutivo en general. La idoneidad del documento de la contraloría y sus repercusiones, seguramente, continuarán siendo materia de debate. Pero la coyuntura hace importante el análisis sobre el rol que viene desempeñando el contralor Alarcón y las consecuencias que las intervenciones de dicha institución generan.