COMISIÓN INVESTIGADORA
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EL HERALDO
La Comisión enfocó su indagación en la denuncia penal formulada por la Contraloría General de la República, por el delito de negociación incompatible, con un pedido del Ministerio Público de cinco años de prisión efectiva para Garro Fernandini y otros tres funcionarios, por su presunta responsabilidad en acciones que implicaron pérdidas de más de 87 millones para el Estado, durante la etapa de proyecto de la línea 1 del Metro de Lima.
El proyecto, que tuvo en un principio el valor referencial de 344 millones de dólares, fue adjudicado finalmente a la constructora brasileña Odebrecht a un costo final de más de 400 millones de dólares.
Como se sabe, Garro Fernandini viajó a Japón, Brasil e Italia, junto al ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, hoy preso e investigado por delitos de corrupción. Garro fue encargado de la “Transferencia de Bienes al concesionario Graña y Montero-Ferrovías" y luego de esa operación, pasó a trabajar a esta misma empresa privada, colisionando el marco legal vigente que prohíbe esta práctica.
La República conversó con la presidenta de dicho grupo de trabajo, Rosa Bartra, quien refirió que el motivo de esta decisión es la “crisis política” que azota al país vecino de Brasil. “El viaje está suspendido en tanto esté la crisis política. Toda la agenda internacional ha sido suspendida. No es un tema nuestro, es un tema de Brasil”, manifestó.
Mientras Bartra daba esta explicación, al lado un sorprendido congresista Gino Costa, integrante de la comisión, escuchaba y se daba recién por enterado de este suceso.
Para el legislador oficialista, este escenario era previsible debido a que las conversaciones sostenidas con los embajadores de Brasil y Estados Unidos en Perú no habían sido satisfactorias para los fines de la comisión. “Luego de la reunión con los embajadores quedó claro que va a ser difícil acceder a la información privilegiada que queríamos porque es de carácter reservado”, explicó el legislador de Peruanos por el Kambio.
En ese sentido se pronunció el congresista aprista Mauricio Mulder, quien además forma parte de este grupo parlamentario. “Hasta ahora no veo que haya algo concreto que vayamos a conseguir en Brasil, no hemos logrado establecer ninguna cita con nadie (...) en este momento no hay las condiciones para viajar”, refirió.
En cuanto la visita a Estados Unidos, Mulder dijo “que está casi descartado”.
Insistirán con viajes
Pese a que la comisión no podrá tener acceso a documentación, testimonios ni ningún otra información fiscal y judicial del caso en Brasil, los congresistas Jorge Castro y Karina Beteta, también miembros del grupo, aseguran que es necesario para la investigación.
EL COMERCIO
“Quiero darle un mensaje claro a las empresas que han integrado consorcios [con Odebrecht] en obras que hoy son cuestionadas. Creo que hasta que se esclarezca el tema de las investigaciones, ellos no deberían participar en el proceso de reconstrucción. Una decisión de esa naturaleza sería muy apreciada por todos”, manifestó.
“Más que prohibir, insto a esas empresas a no participar en los procesos [de licitación] durante la reconstrucción”, agregó en conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros.
Fernando Zavala afirmó que la reconstrucción de las ciudades del norte, afectadas por el fenómeno de El Niño costero, es importante para el gobierno, por lo cual se debe realizar de “forma transparente”.
“Estamos preparando una moción para que el pleno del Congreso exprese su contrariedad contra las Naciones Unidas, pero sustantivamente contra Surinam, que parece que no lee periódicos y no ven allí informaciones de Interpol”, anunció. Además, Mauricio Mulder acusó que el ex jefe del Estado vive en Estados Unidos con el dinero que le dio Odebrecht y consideró que “todos los días nos los enrrostra con esa ostentación que hace”.
el Ministerio Público detalló que el informe fue derivado al sexto despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal José Domingo, para su evaluación.
El contralor Edgar Alarcón presentó el lunes el informe sobre la firma de la adenda del contrato de Chinchero. En este, la contraloría señaló irregularidades y acusó a 10 funcionarios públicos con responsabilidad penal.
Sobre Martín Vizcarra, quien renunció el lunes al Miniserio de Transportes y Comunicaciones, el informe denuncia una responsabilidad acreditada en la firma de la adenda por haber suscrito la resolución que aprobó la modificación del contrato. El informe también incluye a la viceministra de Transportes Fiorella Molinelli por los mismos motivos.
A través de un comunicado, la contraloría recordó que en un informe previo a la firma del contrato en el 2014, recomendó a ProInversión evaluar la pertinencia de fijar un costo de endeudamiento máximo u otro mecanismo que controle el riesgo de que la tasa de endeudamiento sea la más favorable para los intereses del Estado. También recomendó evaluar la pertinencia de considerar un plazo definido para que el concesionario presente el cierre financiero.
Según Salas, la labor de la contraloría se ha llevado a cabo dentro del marco de lo que le faculta la ley. "El informe es eminentemente técnico. No está concluyendo responsabilidades penales. Encuentra datos que generan sospechas y por eso, luego, procede a dar recomendaciones que las autoridades deciden si acatan o no". Sin embargo, consideró que el trabajo de la Contraloría General de la República está siendo utilizada con fines políticos para desestabilizar al Ejecutivo y que el propio contralor trabaja para "asegurar su supervivencia".
RPP
El magistrado evaluará la solicitud hecha por la defensa legal del empresario peruano israelí, Josef Maiman, para que el proceso que afronta junto al ex mandatario por el caso Ecoteva se unifique con el de Odebrecht, esto bajo el argumento de que son de investigaciones que se basan en los mismos hechos.
LA REPÚBLICA
Continúan interrogatorios
La Comisión Lava Jato interrogó ayer al ex gerente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico Jhonny Garro, quien viajó a Japón, Brasil e Italia junto al ex viceministro de Transportes Jorge Cuba, hoy preso por recibir sobornos de Odebrecht. Garro rechazó estar involucrado en actos irregulares, pese a que la fiscalía lo denunció por presunta responsabilidad en la pérdida de S/ 87 millones para el Estado, durante la ejecución de la línea 1 del Metro de Lima. La comisión evalúa pasarlo a calidad de investigado.
El Poder Ejecutivo promulgó el decreto de urgencia 003-2017, con el fin de garantizar el pago de las reparaciones civiles de las empresas que ya han reconocido estar inmersas en actos de corrupción, como Odebrecht. Sin embargo, las distintas tiendas políticas coincidieron ayer en que esta norma requiere algunos ajustes.
Precisamente en ese aspecto, la fujimorista Karina Beteta presentó un proyecto de ley que plantea incluir para la aplicación de estas medidas restrictivas a las personas jurídicas nacionales que estuvieron asociadas con esas empresas constructoras.
El citado proyecto también sirvió para abrir el debate respecto a la prohibición de que empresas corruptas participen en la reconstrucción.
El informe de cumplimiento de la Contraloría sobre la adenda del contrato del Aeropuerto Internacional de Chichero cae en una contradicción en sus recomendaciones. Esto porque sugiere que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones regrese a las condiciones iniciales del contrato suscrito con el consorcio Kuntur Wasi, pese a que dicho documento fue observado por la misma Contraloría desde el 2014 por los riesgos que representaba para el Estado.
El documento hecho público el lunes por el contralor Edgar Alarcón propone que el ministro de Transportes disponga "las acciones para restablecer las condiciones de competencia establecidas en las bases con las que participaron todos los postores y resultó ganador la propuesta del concesionario, así como las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del contrato suscrito".
Los resultados de la auditoría luego fueron derivados a la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, despacho a cargo del fiscal José Domingo Pérez, para su evaluación.
“Al ser irregular la firma de la Adenda N° 1, el Informe de Auditoría recomienda regresar a las ‘condiciones iniciales de competencia’ del Contrato de Concesión. Esto no significa que se tenga que aceptar un financiamiento que sea desfavorable para los intereses del Estado”, anotan.
El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, suspendió la audiencia donde este miércoles se evaluaba el pedido de empresario israelí Josef Maiman para que los casos Odebrecht y Ecoteva se acumulen en uno solo. La sesión tuvo que suspenderse ante la ausencia del abogado de Edwin Luyo Barrientos, exfuncionario aprista que llegó a conectarse con la audiencia desde el penal de Ancón. Él también es investigado en torno al caso de corrupción Odebrecht .
El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, volvió a tener una discrepancia con su agrupación política.
Su posición coincide con la insistente exhortación que hacen las principales voces del fujimorismo, como Luis Galarreta (portavoz) y Daniel Salaverry (vocero alterno). Ambos consideran que el exministro debe apartarse de ese cargo en el Ejecutivo.
En las últimas horas la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Parlamento, la congresista de Fuerza Popular Rosa María Bartra, también planteó que el exministro de Transportes dé un paso al costado del despacho presidencial.
El concejo de regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima otorgó a la compañía brasileña OAS la concesión de la rehabilitación y de la instalación del sistema de peaje de la Vía de Evitamiento, con la condición de que la empresa avanzara el 70 por ciento de las obras antes de iniciar el cobro a los vehículos. La compañía brasileña ni siquiera había alcanzado el 40 por ciento de los trabajos, cuando en octubre de 2013 comenzó a recaudar el peaje.
El cronograma de inversión prevé que la empresa (OAS) aporta recursos propios hasta aproximadamente 70 por ciento de la inversión prevista, vale decir 331,2 millones de dólares antes que capten los ingresos de peaje que se destinan actualmente a un fideicomiso de flujos de peaje.
Extrañamente, el contrato entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y OAS, firmado el 12 de noviembre de 2009, pasó por alto lo dispuesto por el acuerdo de concejo que se había adoptado cinco meses antes, el 15 de junio.
PERÚ 21
Nuevamente marca distancia de la bancada naranja. El congresista Kenji Fujimori respaldó la continuidad de Martín Vizcarra en la primera vicepresidencia de la República, a diferencia de sus colegas Daniel Salaverry y Rosa Bartra, quienes demandaron la salida del funcionario.
“Martín Vizcarra renunció al MTC pero no tiene por qué dejar la VicepPresidencia. No hay ningún cuestionamiento en ese cargo. Debe seguir”, escribió en su cuenta de Twitter.
El martes, mientras Salaverry y Bartra apuntaron directamente a Vizcarra, el vocero de la bancada, Luis Galarreta, puso paños tibios a esas declaraciones y señaló que el presidente Pedro Pablo Kucyznski es el que debe “evaluar” la salida de su vicepresidente.
ANDINA
En un comunicado, señaló que no existe contradicción entre el informe que realizó en 2014 sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero y el presentado el pasado lunes respecto a la adenda para la ejecución de dicha iniciativa.
“No existe contradicción entre lo señalado en el Informe Previo de la Contraloría realizado en el año 2014 a la versión final del proyecto del Contrato de Concesión y lo concluido en elInforme de Auditoría a la Adenda N° 1 del Aeropuerto de Chinchero”, precisó.
En ese sentido, refirió que la recomendación brindada en el último documento para regresar a las “condiciones iniciales de competencia” del contrato significa que, a pesar de no tener un tope a la tasa de endeudamiento (aspecto observado en informe previo de 2014), se utilice este documento “para exigir al concesionario que presente nuevas opciones de financiamiento para elegir la más favorable para los intereses del Estado”.
“Como siempre he dicho, estaré dispuesto a ir y acudir al Congreso para explicar los temas de Chinchero o cualquier otro tema que se presente, siempre con el debido respeto que merecen estas presentaciones”, manifestó en conferencia de prensa.
EXITOSA
Heriberto Benítez, abogado del expresidente Alejandro Toledo, presentó un nuevo pedido de habeas corpus contra la orden de 18 meses prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, esto en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.
La defensa de Toledo Manrique basa su pedido argumentando que el magistrado Concepción Carhuancho no tiene competencia para ver un caso de presunto tráfico de influencias, uno de los delitos imputados por el Ministerio Público, y por lo tanto no tendría “competencia jurídica ni constitucional” para dictar prisión preventiva”.
Asimismo, insisten en cuestionar el fallo y califican la medida de “arbitraria”, ya que representa, según Benítez, “grave y latente amenaza contra la libertad individual por la flagrante violación al debido proceso, garantías judiciales y tutela procesal efectiva”.