1. Los Juicios Mercantiles

1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Antes de iniciar propiamente el estudio de los juicios mercantiles, es de suma importancia delimitar cuándo se está ante la presencia de una controversia que deba ser dirimida por la vía mercantil. En concepto del autor, esta determinación es trascendental, ya que la regulación jurídica de los juicios mercantiles con lleva grandes diferencias con el procedimiento civil, entre otras, en el carácter federal de la materia mercantil, la convencionalidad de su procedimiento, su jurisdicción, etcétera.

Según criterio del procesalista Zamora Pierce, la falta de una diferenciación clara entre el derecho civil y el mercantil impide en un momento dado precisar la vía adecuada para demandar y, en su caso, si se pueden ejercitar conjuntamente acciones civiles y mercantiles.

Para concluir si se está frente a una controversia de carácter mercantil, deben analizarse diversos ordenamientos legales, fundamentalmente el Código de Comercio, el cual en su artículo 1049 establece que los juicios mercantiles tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4, 75 y 76 se deriven de los actos comerciales.

De la simple lectura de dicho artículo, pudiera considerarse fácil delimitar los juicios mercantiles, aun cuando en la práctica no resulte así en virtud de que el Código de Comercio no establece con precisión qué es un acto de comercio, tal ordenamiento sólo señala en su artículo 75 qué actos reputa como comerciales y hace una larga lista, para concluir en la frac XXV que son comerciales cualesquiera otros actos de naturaleza análoga.

En razón de lo anterior, se estima correcta la opinión propuesta por el doctor Carlos Arellano García, en el sentido de que cuando un abogado pretenda redactar una demanda, antes de tomar la resolución correspondiente respecto a la vía aplicable, deberá revisar minuciosamente el artículo 75 del Código de Comercio. No obstante, además de revisar el citado artículo, habrá de tener en cuenta también los elementos siguientes:

a) El artículo 4to del Código de Comercio el cual preceptúa que las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aun cuando no sean en derecho comerciantes, están sujetos a las leyes mercantiles.

b) El artículo 76 del mismo ordenamiento, porque especifica que la compra de artículos para uso o consumo de los comerciantes y su familia no se consideran actos de comercio.

La ley especial que se aplique al caso concreto, por ejemplo: el artículo 3ro de la Ley Sobre el Contrato de Seguro preceptúa que el seguro marítimo se rige por las disposiciones del Código de Comercio.

c) Si se trata de actos mixtos, es decir, aquellos en los que intervienen en la celebración de un acto jurídico dos partes, una de las cuales celebra un acto mercantil y la otra un acto civil, la controversia debe dirigirse según las leyes mercantiles, de conformidad con el artículo 1050 del Código de Comercio, reformado recientemente.

Acerca del último inciso, cabe aclarar: algunos abogados señalan que, debido a la reforma del citado precepto, ya no existen los actos mixtos; sin embargo, el autor estima que aquellos continúan existiendo pero con la reforma al multicitado artículo 1050, la controversia por presentarse habrá de resolverse conforme a las leyes mercantiles. Por ello, adquiere más importancia el cabal conocimiento que se tenga de los juicios mercantiles y su tramitación.

Por la trascendencia que adquirió el citado numeral, se transcribe a continuación:

“Artículo 1050.- Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles.”

Finalmente, cabe apuntar: el hecho de que una persona entable una demanda por una vía determinada y el juez a quien se le turne la admita, no significa que dicha autoridad jurisdiccional haya decidido acerca de la idoneidad de la vía, pues hasta la sentencia definitiva el juez decidirá si fue procedente la vía intentada. Una tesis aplicable a este caso es la siguiente:

Vía. Improcedencia de la. Es materia de excepción y además el auto respectivo no causa un gravamen irreparable. Cuando el juez al admitir una demanda establece la vía o forma en que ha de tramitarse la contienda, no prejuzga sobre la procedencia de la acción, ni en definitiva, sobre la idoneidad de la vía, ya que será en la sentencia definitiva que llegue a pronunciar donde, al analizar la litis, se resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la vía y de la acción intentada. Las argumentaciones de la parte demandada relativas a la improcedencia de la vía deben proponerse a través de la excepción respectiva y no mediante el recurso de revocación, ya que sería en el juicio en el que tendría oportunidad de probar los hechos relativos y conseguir que se declarara improcedente la forma del juicio, dejando a salvo los derechos del actor para ejercitarlos en la vía correspondiente.

Por las mismas razones, la circunstancia de que se haya tramitado la demanda en determinada vía no tiene una ejecución de imposible reparación, siendo por todo ello correcto desechar la demanda de garantías que se intente por notoriamente improcedente.

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en revisión 826/82.

Textiles HaFor, S A. 26 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.

1.2 EFECTOS

1.2.1 CARÁCTER DE LA MATERIA MERCANTIL

Uno de los principales efectos de determinar que una contienda es de carácter mercantil y, en consecuencia, debe dirimirse por esa vía, es la aplicación de leyes de carácter federal. Esto deviene del artículo 73, frac X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

De las facultades del Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

X. Para legislar, en toda la República lo relacionado con hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones de crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer el banco de emisión único en los términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Dicho artículo debe analizarse en concordancia con el 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual preceptúa que corresponde a los tribunales de la Federación conocer respecto de las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales.

De esas breves ideas cabe concluir que la materia mercantil es de carácter federal; por tanto, los tribunales federales deben conocer de las controversias que deriven de ella. No obstante, en la práctica, los Juzgados de Distrito no quieren conocer de juicios mercantiles y argumentan que están muy ocupados en resolver amparos, incluso ha habido casos en que jueces de distrito solicitan a los litigantes retiren sus demandas de sus juzgados para tramitarlas en juzgados de fuero común, y más grave aún es que en algunos de los Estados se ha seguido también tal criterio. Francamente, esto no debería permitirse y sería importante que los ministros inspectores adscritos a los juzgados de distrito tomaran cartas en el asunto.

1.2.2 LA JURISDICCIÓN CONCURRENTE

Otro aspecto importante surgido de determinar que una controversia debe resolverse en la vía mercantil es el relativo a la jurisdicción. En efecto, como se expuso en la sección anterior, la materia mercantil es de carácter federal, por lo que los tribunales federales deben conocer de sus controversias; no obstante, en la práctica se observa que la gran mayoría de los asuntos mercantiles son presentados para su tramitación ante jueces del fuero común. Esto es posible en virtud de la llamada jurisdicción concurrente, definida como aquella que permite conocer de una misma materia a órganos jurisdiccionales de esferas jurídicas distintas. Tiene su regulación en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

I De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aprobación de leyes federales o de los tratados internacionales, celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal.

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

De la lectura de este precepto constitucional cabe concluir que cuando un particular tenga una controversia mercantil, podrá elegir entre demandar ante un Juez Federal o ante uno local. Como ya se ha establecido, en la práctica, el litigante suele acudir a los jueces del orden común, aunque tengan expedita la vía para acudir a los juzgados de Distrito. Un ejemplo práctico ayudará a comprender mejor lo señalado: una sociedad mercantil tiene un conflicto con una empresa de vías generales de comunicación que no ha podido resolver amistosamente.

En términos del artículo 5to de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a los Tribunales Federales corresponde conocer de las controversias del orden civil en que es parte una empresa de vías generales de comunicación; no obstante, en virtud de que sólo se afectan intereses particulares, el actor podrá elegir entre acudir a un tribunal federal o a uno del fuero común, en términos de la jurisdicción concurrente que determina el artículo 104 constitucional. La jurisprudencia siguiente, es aplicable a tal ejemplo.

Vías generales de comunicación. Competencia. Jurisdicción concurrente..- El artículo 5to de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que corresponderá a los tribunales federales conocer de todas las controversias del orden civil en que fuere parte actora, demandada o tercera opositora, una empresa de vías generales de comunicación. Sin embargo, este precepto no es aplicable para dilucidar el conflicto competencial suscitado cuando en el juicio sólo se afectan intereses particulares, sino la frac. I del artículo 104 de la Constitución Federal, que dispone en lo conducente:

"Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal", que por su carácter de ley suprema prevalece frente al invocado artículo 5to y, por tanto, la competencia radicará en el juez elegido por el actor al promover el juicio.”

Séptima época. Vols 139-144, pág 139 C 9/80. Entre el juez de distrito del Estado de Durango y en segundo del ramo civil de la ciudad de Durango de dicha entidad federativa. Cinco votos.

Por otra parte, es importante aclarar que una vez elegido, en uso de la facultad contenida en el artículo 104 constitucional el órgano jurisdiccional ante el cual se presentará la demanda, ya no es posible revocar la opinión. En vía de ejemplo, cabe mencionar el caso siguiente: un comerciante que ejercerá una acción mercantil en la que sólo se afectan intereses particulares, escoge presentar su demanda ante un juez del fuero común. Dicho comerciante no podrá después revocar su opinión ni pedir al Juez del conocimiento que mejor envíe su demanda ante un juez de carácter federal. Resulta aplicable a este ejemplo la tesis siguiente:

Competencia concurrente.- La opción ejercida por el actor es irrevocable. Como las normas que determinan la competencia son de orden público, su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de los particulares y, según esas leyes, la competencia territorial es la única que puede prorrogarse, no es esa la que deriva de la materia, federal o local; entonces, debe entenderse que el artículo 104 de la Constitución (que en su frac 1 dispone que las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales, en las que sólo se afecten intereses particulares, pueden ser conocidas por jueces del orden común a elección del actor) es norma de, excepción, y como tal, de aplicación restrictiva. Por lo tanto, si el actor se sometió al juez común al presentar la demanda, ya ejerció la facultad que le otorga la ley, fincando la competencia en ese juez, sin que pueda privarlo de ella por posterior acto de voluntad porque no existe norma que lo faculte a ello. Competencia 102/84 Jueces Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco y Segundo de Primera Instancia de lo civil de Villahermosa, Tabasco. 8 de julio de 1985.5 votos. Ponente Jorge Olivera Toro; Secretaria Gil Rincón Orta.

1.2.2 EL PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL

El artículo 1051 del Código de Comercio establece que el procedimiento mercantil es preferentemente convencional, es decir, las partes tienen la facultad de establecer la forma como ha de tramitarse un procedimiento mercantil y, a falta de convenio expreso de las partes, deberán observarse las disposiciones del mismo código. Por supuesto, tal facultad no es absoluta, sino limitada a que las partes se sujeten a los preceptos siguientes:

Artículo 1052.- Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en escritura pública, póliza ante corredor o ante el juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

Artículo 1053.- Para su validez, la escritura pública, póliza o convenio judicial a que se refiere el artículo anterior, deberá contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, así como:

I.- El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido;

II.- La sustanciación que debe observarse, pudiendo las partes convenir en excluir algún medio de prueba, siempre que no afecten las formalidades esenciales del procedimiento;

III.- Los términos que deberán seguirse durante el juicio, cuando se modifiquen los que la ley establece;

IV.- Los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimiento;

V.- El juez que debe conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento en los casos en que conforme a este Código pueda prorrogarse la competencia;

VI.- El convenio también deberá expresar los nombres de los otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con que contraten, sus domicilios y cualquiera otros datos que definan la especialidad del procedimiento.

En las demás materias, a falta de acuerdo especial u omisión de las partes en la regulación procesal convenida, se observarán las disposiciones de este libro.

En las demás materias, a falta de acuerdo especial u omisión de las partes en la regulación procesal convenida, se observarán las disposiciones de este libro. En relación con este procedimiento, por considerarlo de poca aplicación práctica, no se profundizará más, sino sólo se transcribe el pensamiento de los maestros Rafael de Pina y J Castillo Larrañaga, quienes, al referirse el procedimiento convencional, señalan:

“Estas disposiciones traducen con toda claridad el pensamiento del legislador en materia procesal, característico de su época, según el cual el proceso es una institución de carácter privado, en la que el poder de disposición de las partes impera de manera rigurosa, criterio hoy superado por la doctrina en forma absoluta Y por la legislación, aunque principalmente, en forma que permite esperar mayores avances en el sentido de considerar el proceso como una institución de carácter público.”

1.2.4. La Supletoriedad.

Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local.