El fuego y la normativa legal
El 19 de febrero el gobierno provincial estableció, por decreto, el estado de catástrofe ambiental y ecológica en la provincia de Corrientes. También el mismo día en conferencia de prensa, el gobernador confirmó la ayuda de 17 provincias y dos países. Los que enviaron personal y medios para el combate del fuego.
En ese momento el informe INTA al 21 de febrero, actualizaba el tamaño de la superficie afectada por los incendios a 934.000 ha, alcanzando el 11% de la superficie provincial.
El gobierno confirmó las investigaciones judiciales para determinar posibles autores de iniciar fuego en distintas jurisdicciones.
En el trabajo de investigación “Estado de situación de daños por incendios forestales registrados en Argentina”, antes mencionado señalan que, desde 2012, la magnitud de los incendios creció siendo Corrientes; junto a otras seis provincias, las que marcaban un aumento sin precedentes en los registros.
Las áreas protegidas también fueron afectadas por el fuego en al menos 6 parques nacionales y otros sitios de reserva en distintas zonas del país. En Corrientes, aproximadamente 200.000 hectáreas protegidas de acuerdo al informe.
En cuanto al equipo que desarrolló el trabajo se trata de cuatro investigadores de la UNNE, el INTA y el CONICET, quienes llevaron adelante la investigación para la que desarrollaron una revisión de los antecedentes de incendios forestales de los últimos años; y el marco normativo regulatorio al momento qué se produjeron desde 1948 hasta el 2022.
Se documentaron con base de datos bibliográficos, del área de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar, INTA Corrientes, AEROTERRA; a la vez que se revisaron todas las leyes vinculadas incendios forestales y análisis de publicaciones en medios especializados.
Sobre toda esta documental realizaron una observación directa para seleccionar aquellos más relevantes y actuales sobre incendios en distintas provincias. Y completaron su tarea con lectura y bibliografía referenciada.
El manejo del fuego tiene marco normativo, con políticas públicas apuntadas a la prevención y lucha en áreas rurales y forestales; desde 1948 está vigente la ley defensa de la riqueza forestal. En 1996 se creó el Plan Nacional de Manejo de Fuego, en 2009 la ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema, en 2013 la ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendio forestal y rural. Y en el 2020 el ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, creó la brigada de control ambiental.
Los autores de esta investigación señalan que la ley de Humedales, es una búsqueda que lleva más de 15 años, pero no ha podido avanzar en el ámbito del Congreso de la Nación. También mencionan que desde el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible impulsarán un nuevo proyecto de ley involucrando perspectivas para la conservación, conceptos productivos, ONGs, el ámbito científico y académico.
Sobre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, en este 2022, mencionan la asignación de fondos adicionales al presupuesto para el combate y prevención de los incendios.
Otro aspecto que surge de la investigación, es la necesidad de atender los ecosistemas forestales mirando el cambio climático. Lo que significa diversificar el paisaje por mosaicos que permitan un escenario menos inflamable y más resistente a las altas temperaturas, y a los incendios. El sector privado, el sector forestal, debe enfrentar esta situación revisando los modelos de lucha y prevención de incendios porque el riesgo de incendio está presente en todos los sistemas agrícolas ganaderos.
Los investigadores finalmente concluyen señalando qué el marco normativo enfrenta una mayor dificultad: el abordaje de la cuestión ambiental en general. Para lo que entienden, es necesario una ley integral del ambiente.
