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Bukele, autoritarismo clásico con camuflaje millennial
Bukele, autoritarismo clásico con camuflaje millennial
Nayib Bukele derrotó la polarización ideológica y el bipartidismo presente en El Salvador por más de veinte años por medio de una imagen de político millennial y outsider, sin embargo, Bukele representa mucho más al populismo clásico que a la nueva generación de políticos que necesita el continente.
Nayib Bukele derrotó la polarización ideológica y el bipartidismo presente en El Salvador por más de veinte años por medio de una imagen de político millennial y outsider, sin embargo, Bukele representa mucho más al populismo clásico que a la nueva generación de políticos que necesita el continente.
Perfil
A los 37 años se convirtió en el presidente más joven de Latinoamérica cuando ganó cómodamente las elecciones generales de El Salvador en el 2019. Su experiencia como empresario especializado en marketing y publicidad le permitieron desarrollar una dominante estrategia de campaña atípica bajo la imagen de un candidato moderno, jovial, millennial que representa el cambio tan ansiado en la política salvadoreña. Su campaña presidencial fue ejecutada completamente en redes sociales en vez de los tradicionales recorridos territoriales donde se interactúa con las diferentes comunidades. Las chaquetas de cuero, gafas, y su excelente habilidad en redes sociales reforzaron esa imagen de joven reformador como receta de cambio.
Su destreza como publicista fue y es tan deslumbrante que logró convertir al joven millonario que conduce un Ferrari por uno de los barrios más pobres de América, que nunca tuvo complicaciones en común con el resto de los seis millones de habitantes en El Salvador, en el millennial y outsider que conquistó a la juventud salvadoreña y con el que la gran mayoría se siente identificada; consiguiendo el 80% de aprobación y con ello la presidencia.
Bukele se autodenomina como “el presidente más cool del mundo” y gobierna al país desde sus cuentas de twitter y Facebook, por donde ha despedido a más de treinta funcionarios públicos de altos cargos. Su frase “se le ordena” en redes sociales se ha convertido en el slogan oficial del gobierno y son las tres palabras más comentadas en las redes de El Salvador.
Ha maniobrado a su beneficio sus afiliaciones políticas; para lograr la alcaldía de San Salvador en el 2015, Bukele se afilió al principal partido de izquierda del país, para alcanzar su ansiada nominación presidencial en cambio optó por la asociación de derecha más predominante. A pesar de haber representado a ambos lados del bipartidismo polarizado, el presidente salvadoreño ha sido capaz de evitar ser identificado con una ideología inflexible.
Fruto de la decadencia
La decadencia política de El Salvador fue uno de los factores que más contribuyeron para que un candidato del estilo de Bukele tenga tanto éxito. Décadas de corrupción, expresidentes en prisión, bipartidismo obsoleto y polarizado que ha compartido el poder más de 20 años con resultados negativos y la negligencia al tratar temas de seguridad que han hecho de El Salvador el país más violento del mundo, son los males que Bukele explotó para publicitarse como la única esperanza de la política salvadoreña.
La drástica política de seguridad de Bukele ha sido bien recibida debido a la insatisfacción masiva con gobiernos pasados, el declive de la violencia de pandillas y tasa de homicidios durante su administración ha sido uno de los logros más valorados por la población, a pesar de que este declive venía desarrollándose antes que él asumiera la presidencia.
En adición al descontento por negligencia, las nuevas características demográficas de El Salvador causan que la mayoría de los habitantes simplemente no se sientan representados por los políticos de antes.
El país centroamericano ha desarrollado un cambio generacional considerable y ahora es un país abrumadoramente joven al cual el perfil de Bukele resulta atractivo. A las tradicionales normas e instituciones las asocian más con los políticos antiguos y por ende muestran poca preocupación cuando Bukele agrede a las entidades democráticas para cumplir su agenda.
Nueva versión del autoritarismo de siempre
Las similitudes que comparte Bukele con el clásico caudillismo autoritario de la región son imposibles de omitirlas. Desde la tierra fértil de decadencia política en la cual consolidó su ilusión mesiánica hasta las agresivas confrontaciones con sus críticos, su modus operandi no es nada nuevo para países como México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil quienes constantemente están bajo el mandato de opresores populistas. A pesar de que se escapa de la guerra ideológica en la cual sus colegas autoritarios suelen ser exponentes, Bukele sigue el resto del manual al pie de la letra.
En épocas de campaña Bukele se negó a participar en debates o entrevistas donde sus propuestas pudieran ser debatidas. Desde sus principios en el sector público utilizó operaciones opacas para denigrar a sus opositores y realzar su imagen, respaldado por su legión de simpatizantes en twitter quienes silencian cualquier comentario en su contra. Sus ataques en contra del periodismo conllevan enfrentamientos con más de cuatro importantes medios de comunicación.
El uso de la religión como arma política también esta dentro de su repertorio; luego de invadir la Asamblea con soldados portando fusiles para forzar la aprobación de uno de sus proyectos, se postró a rezar y luego, en frente de sus seguidores y apuntando al cielo, anunció que Dios le pidió que tenga paciencia y retire a los militares.
Su inflexible posición en contra del aborto y matrimonio homosexual también es parte de su estrategia política.
Durante las elecciones presidenciales denunció sin pruebas un fraude electoral que supuestamente trataba de forzar una segunda vuelta electoral y, por si no era suficiente emular varias facetas de su comportamiento, insistió incesantemente en conocer y amistarse con Donald Trump, a quien expresó su gran admiración.
Al igual que otros exponentes populistas, Bukele aprovecha el fracaso de sus predecesores corruptos y se compara con ellos para justificar su posición de omnipotente al quien las reglas no lo restringen.
Ataques a la democracia
Desde sus inicios en cargos públicos, Bukele sabe que las normas democráticas son un obstáculo y las busca eliminar con frecuencia. Cuando era alcalde de San Salvador, amenazó al fiscal general con utilizar a sus seguidores para expulsarlo de su puesto luego de ser llamado a declarar en un caso en su contra. Bukele era investigado por su vínculo con
ciberataques contra el diario La Prensa Gráfica. El día de su cita en la corte llegó con más de mil simpatizantes amedrentando al fiscal general.
Los derechos humanos tampoco le son de interés; para reforzar su imagen de mano dura contra la violencia criminal, frecuentemente publica fotos de individuos en la cárcel amontonados, esposados y prácticamente desnudos. Fomenta el uso de fuerza mortal a discreción policial para combatir la violencia, promueve la pena de muerte y la prohibición total de la luz del día para presos.
En su alianza con el expresidente estadounidense Trump, firmó un acuerdo de inmigración punitivo para los migrantes que fue públicamente reprochado por defensores de derechos humanos.
En época de pandemia, Bukele anunciaba y ejercía sus decretos únicamente por twitter. Sus tuits se hacían ley al momento de su publicación, sin decreto ni socialización. Informaba a la población sus medidas y las mismas eran aplicadas por soldados a su discreción. El cuerpo policial se convirtió en juez y hacían cumplir las reglas arbitrariamente.
El máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, declaró ilegítimas algunas de las normas impuestas por Bukele vía twitter, pidiéndole que las decretara por la vía legal y luego de una discusión responsable con los distintos poderes del Estado. Bukele hizo caso omiso y acusó a la Corte de ser aliada del covid-19.
En su gabinete también ejerce prepotencia total, en junio del año pasado su exministro de finanzas renunció tras supuestos intentos de Bukele de presionarlo para usar los recursos de su ministerio en contra de sus enemigos políticos. Recientemente nombró nuevo ministro de seguridad a Héctor Villatoro, personaje con vínculos fuertes a gobiernos pasados condenados por corrupción, que ahora estará encargado de liderar las fuerzas de seguridad ya plagadas con violaciones a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, torturas y desapariciones.
En febrero del 2020 Bukele protagonizó uno de los episodios más oscuros en la historia del país cuando invadió la Asamblea con militares y armas de alto calibre luego de que sea rechazada su petición de $109 millones para la compra de insumos policiales y militares. Luego de un espectáculo mediático, donde se postró a rezar en medio del cuerpo legislativo, desistió de su intento de desmantelar el primer órgano del Estado advirtiendo que, de no ser aprobado su proyecto, lo volvería a hacer. Nunca militares habían tomado como rehén a la Asamblea, ni en la violenta guerra civil salvadoreña.
Poder absoluto
A finales de febrero el partido de Bukele, Nuevas Ideas, arrasó en las elecciones legislativas y se adjudicaron la mayoría absoluta en la Asamblea. Bukele se convierte en el líder con más autoridad a su disposición de las últimas décadas, ahora facultado con poder cambiar la Constitución, nominar jueces de la Corte Suprema, alterar el sistema judicial, integrar a los funcionarios que desee y aprobar cualquier proyecto de ley que le parezca.
Bukele logró eliminar el único control a su gobierno autoritario, la concentración extrema de poder le facilitará ignorar cualquier regla y crítica durante el resto de su presidencia. El Salvador superó el bipartidismo ideológico enfermizo en el cual estaba atrapado, pero su nueva realidad no es nada mejor. La OEA y Human Rights Watch ya advertían que El Salvador estaba en camino a una dictadura… ahora el único impedimento a ese desenlace acaba de extinguirse.
La complicada relación migratoria entre República Dominicana y Haití toma una nueva forma
La complicada relación migratoria entre República Dominicana y Haití toma una nueva forma
El gobierno de República Dominicana propone la construcción de un muro fronterizo en el perímetro compartido con Haití. La división tangible que quiere lograr el proyecto, años atrás fue lograda mediante masacres
El gobierno de República Dominicana propone la construcción de un muro fronterizo en el perímetro compartido con Haití. La división tangible que quiere lograr el proyecto, años atrás fue lograda mediante masacres
El gobierno de República Dominicana, entres sus planes de mayor dimensión para este impredecible año, tiene la construcción de un muro fronterizo en el perímetro compartido con Haití. El muro cubrirá 380 km de territorio y costará alrededor de $ 240 millones de dólares entre ejecución y garantías. La construcción se predice empezar en la segunda mitad del 2021. El proyecto representa casi en totalidad la política de defensa del estado dominicano para los próximos meses. Su claro objetivo es frenar la migración indocumentada proveniente del país vecino. Actualmente, cerca de 500.000 haitianos habitan en República Dominicana según el último censo.
Por la naturaleza del proyecto, su anuncio ha causado decepción a expertos locales e internacionales en temas de migración, además de denuncias por xenofobia y racismo; alegaciones que el presidente dominicano Luis Abinader rápidamente intentó rechazar.
“En un plazo de dos años queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años” declaró Abinader como justificación a la construcción del muro. Resulta difícil no categorizar al plan como aliento para sentimientos discriminatorios cuando en su declaración, el presidente Abinader insinúa equivocadamente a la migración haitiana como causa total de los problemas de seguridad en Rep. Dominicana.
Las acusaciones hacia el muro fronterizo como propulsor de racismo entre Rep. Dominicana y Haití no sólo se deben por su similitud al intento del expresidente estadounidense Donald Trump de imponer una pared entre Estados Unidos y México, sino porque la división tangible que quiere lograr el proyecto, años atrás fue lograda mediante masacres.
En 1937 la “Masacre del Perejil”, efectuada por el dictador dominicano Rafael Trujillo, asesinó y persiguió a haitianos y propios dominicanos lo suficientemente oscuros como para ser considerados haitianos. Militares de Trujillo exigían a los perseguidos que pronuncien la palabra perejil, acto difícil para los haitianos debido a su lengua materna criolla, ante la imposibilidad de hacerlo, los mataban. Muchas de las víctimas de la masacre eran producto de que generaciones atrás, haitianos eran llevados a Rep. Dominicana en contra de su voluntad para trabajar en plantaciones de caña de azúcar.
Décadas después, el sanguinario acto de Trujillo aún cosecha frutos xenófobos anti-haitianos en el territorio dominicano. En el 2013, la Corte Constitucional dictaminó que haber nacido en territorio dominicano ya no era un requisito suficiente para recibir la nacionalidad. Dominicanos de ascendencia haitiana se vieron obligados a probar su ciudadanía o ser deportados. Ley aplicable incluso a todos aquellos nacidos después de 1929.
El complicado proceso para ratificar la ciudadanía resultó en más de 200.000 individuos nacidos en territorio dominicano, con ascendencia haitiana, sin nacionalidad alguna y deportados después de habitar toda su vida en Rep. Dominicana. En el 2015, los resultados de esta ley fueron descritos como una “limpia” de inmigrantes en el país por el entonces presidente Danilo Medina.
La construcción del muro se entiende como una extensión más de las complicadas relaciones entre los países caribeños a lo largo de la historia. La propuesta fronteriza llega apenas semanas después de firmar un pacto con planes de regularización de indocumentados, iniciativa contrarrestada por deportaciones masivas, impedimentos a alquilar viviendas y persecución constante ocurriendo de manera simultánea. En el pacto efectuado entre gobiernos vecinos, consta también la construcción de hospitales, con ayuda internacional, en Haití para evitar la saturación de los servicios de salud dominicanos. Este tipo de coaliciones y programas proveen una mejoría real para la situación de migrantes en necesidad; confunde, sin embargo, que al mismo tiempo se intente destinar más de $ 200 millones en proyectos ya probados ineficientes en otros países.
Ante el anuncio de la construcción del muro, William Charpentier, coordinador de la independiente Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, opina que, sin planes de desarrollo que busquen mejorar la realidad de ambas poblaciones en la zona fronteriza y así reducir la desigualdad de los países vecinos, el resto de las propuestas terminan siendo gastos innecesarios.
Existen sectores dinámicos en ambos países que requieren el flujo de migrantes en busca de trabajo y el intercambio de bienes, operaciones informales que contribuyen a la economía conjunta de estas naciones y se omiten al generalizar el perjuicio de la migración existente.
Alberto Fernández y su primer año presidiendo Argentina
Alberto Fernández y su primer año presidiendo Argentina
Luego de poco más de un año de su inauguración, la presidencia de Alberto Fernández se mantiene siendo una incógnita que afronta desafíos iguales o más retadores que antes.
Luego de poco más de un año de su inauguración, la presidencia de Alberto Fernández se mantiene siendo una incógnita que afronta desafíos iguales o más retadores que antes.
Alberto Fernández se hizo cargo en diciembre del 2019 de un país al que lo afligían diez años seguidos de estancamiento y recesión económica con niveles de inflación récord.
El abogado, profesor y político nunca buscó activamente la candidatura presidencial, teniendo su rol como Jefe de Ministros durante el mandato de los Kirchner como su cargo político más audaz y representativo. La expresidenta Cristina Fernández vio en él la oportunidad de retornar al poder y lo ungió como candidato presidencial del peronismo, incluyéndose a si misma como compañera de fórmula. La sorpresa de su candidatura y eventual victoria quizás dieron raíz a su perfil público como presidente reactivo más que proactivo.
Durante su discurso de inauguración, fiel al tono populista de su partido, Fernández aseguró rescatar a Argentina de la histórica crisis económica y de superar la polarización política entre peronistas y oposición. Los proyectos de ley que encabezaban su plan de trabajo sin embargo parecían incompatibles con su promesa de serenar el ambiente político y económico. Luego de un año de su posesión, la presidencia de Alberto Fernández se mantiene siendo una incógnita que afronta desafíos iguales o más retadores que antes.
En lo económico:
El primer movimiento de Alberto Fernández para taclear la realidad económica argentina fue repatriar y confiar en Martín Guzmán como Ministro de Economía. Guzmán retornó de su trabajo e investigación en la Universidad de Columbia donde era discípulo del Premio Nobel Joseph Stiglitz. Su perfil ideológico, académico y prominencia en áreas como deuda pública y economía monetaria lo hicieron irresistible para Fernández y el discurso que su presidencia venía al rescate de los más necesitados.
Pronto siguió la aprobación de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que elevó las retenciones sobre las exportaciones; dejó sin efecto la rebaja del IVA sobre los alimentos; creó el Impuesto PAIS para las compras de dólares con fines de ahorro; aumentó los Impuestos Internos sobre los autos de alta gama; y elevó las alícuotas del Impuesto sobre los Bienes Personales, en particular para los radicados fuera del país. El resultado inmediato de estas medidas económicas fue el incremento exponencial de las cargas fiscales que dejaron al mercado de trabajo incapacitado de recibir la nueva oferta laboral, aumentando el desempleo y el declive acelerado del PIB.
Lo recaudado producto de las reformas permitió el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por un año y varios bonos sociales como el subsidio de Ingreso Familiar de Emergencia para las familias más pobres del país.La ley en cuestión también otorgó al presidente las bases para poder cumplir una de sus promesas principales de campaña, la renegociación de la deuda nacional.
En este ámbito, Fernández y Guzmán apostaron por la poco convencional estrategia de renegociar los términos de la deuda primero con los principales acreedores privados y luego con el Fondo Monetario Internacional y sus valores vencidos por 44.000 millones de dólares, que significó el préstamo más grande de parte del FMI hacia una nación. La filosofía adoptada fue el crecer primero para luego poder pagar, lo que en negociaciones fue tomado como una posición desafiante y poco confiable por parte de los acreedores, motivo de que dichas discusiones se alargaron mucho más de lo ideal en base a las expectativas del gobierno y las necesidades de la economía argentina.
En agosto, el gobierno de Fernández cumplió este objetivo importante al anunciar la reestructuración de $65.000 millones en bonos que se encontraban en default, quitando $37.700 millones de la deuda externa. Al anuncio se añadió el avance a paso firme de la negociación del préstamo con el FMI que espera concretarse en marzo de este año y se busca la ampliación del plazo de pago al 2024. Ambas partes involucradas en las discusiones se han mostrado públicamente optimistas de alcanzar un acuerdo beneficioso para Argentina.
Al acercarse al aniversario de su gestión presidencial, Fernández logró la aprobación del Aporte Solidario, impuesto a la riqueza que busca recaudar $300.000 millones y oxigenar las agonizantes finanzas públicas que han empobrecido aceleradamente con la pandemia. El nuevo impuesto no solo generó disgusto en la oposición que reclama ya la alta carga fiscal que ahuyenta inversión, sino que dentro de su propia coalición partidista reveló indicios graves de división.
El ajuste económico necesario para que las cuentas cuadren pondrá a prueba la astucia de Fernández para gestionar las tensiones que se esperan; hasta ahora ha sido beneficiado por la particular paciencia que la gente otorga al peronismo al tomar medidas difíciles que gobiernos de otra ideología no disponen, sin embargo, no es un privilegio indefinido y ya existen evidencias que esa paciencia se esta diluyendo.
Luego de un año, el gobierno no ha podido contar con el tiempo necesario para evaluar la efectividad de sus medidas, más aún cuando la pandemia ha alterado el manejo económico de todos los países. Argentina cerró el 2020 con la peor cifra de pobreza en quince años y su debacle económica estará más o menos a tono con la tendencia mundial.
Covid-19:
En marzo del año pasado, aún en la etapa de luna de miel como presidente electo, Fernández anunciaba cuarentena nacional para prevenir que Argentina caiga en la misma suerte que países de la región. El tomar esta decisión de manera temprana y sabia le ganó el reconocimiento internacional y también del pueblo argentino, el nivel de aprobación alcanzado fue de 80%.
El temprano éxito al lidiar con la pandemia lo llevó al presidente incluso a auto referenciarse como modelo internacional a seguir. Sin embargo, la buena reacción característica de su perfil ya no iba a tener frutos en las siguientes fases de la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo en que Fernández se declaraba ejemplo a seguir, Argentina estaba rápidamente encaminada a tener una de las tasas de mortalidad per cápita más altas por covid-19. El país en los siguientes meses entró en el top diez de países con mayores casos positivos.
Una vez más salió a la luz la falta de proactividad de Alberto Fernández al lidiar con la pandemia; su único instrumento para combatirla fue la cuarentena, de las más largas del mundo, y eso le había dejado de funcionar hace mucho. Como consecuencia, Fernández cerró el 2020 con un porcentaje de popularidad 40 puntos menos desde el inicio de la pandemia. Reconoció públicamente que el manejo de la emergencia y del proceso de vacunación serán los estándares con los que la historia lo medirá al término de su mandato.
No obstante, se enfrenta a repercusiones más inmediatas, 2021 es año de elecciones parlamentarias, las mismas que le pueden dar facilidades para gobernar los próximos años o presentar fuertes trabas. Fernández esta presionado a presentar una de las campañas de vacunación más ambiciosas y efectivas.
Proyectos de ley:
Poco después del aniversario de su posesión presidencial, Fernández consiguió la aprobación del proyecto de ley que posibilita el aborto electivo hasta la 14ava semana de embarazo; convirtiendo a Argentina en el primer país de la región que anula las regulaciones antiaborto. La aprobación de la despenalización del aborto no solo le costó arduo trabajo para convencer a legisladores indecisos de provincias conservadoras de que apoyen la ley, sino también le costó la relativa estabilidad de su coalición política. Dentro de su partido peronista, este proyecto de ley causó insatisfacción en algunos miembros y avivó la intranquilidad de los opositores internos.
En julio, el gobierno impulsó una de las reformas más controversiales y ambiciosas, la reforma a la ley judicial. En un intento por acabar con el “oligopolio” de la justicia federal, encargada de instruir las grandes causas de corrupción política y crimen organizado, Fernández buscaba la creación de decenas de nuevos juzgados con las mismas competencias.
La noticia llegó a los oídos de un pueblo argentino ya irritable debido al interminable confinamiento y una parte de él acusó enérgicamente al mandatario de querer penetrar el sistema judicial para enterrar los procesos pendientes por corrupción en los que esta envuelta su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se puso en duda también la intención oculta de esta reforma, de ser aprobada; ¿Quién establecerá los nuevos juzgados? ¿Es acaso otra forma en la que jueces peronistas tomen las riendas de la justicia?
Luego de medio año desde que fue presentada, la reforma judicial se encuentra estancada debido a las batallas judiciales de Cristina de Kirchner. Su resolución no parece estar cerca y es posible que Fernández se vea obligado a archivar el proyecto.
Cristina de Kirchner no solo ha causado atascos en algunos planes de Fernández, sino que desde su inicio se duda de quién en realidad gobierna al país. Grietas en la relación del binomio presidencial son fáciles de ver, como la decisión unilateral de la vicepresidenta de atacar directamente a la Corte Suprema de Justicia y catalogarla como culpable principal de los pesares de Argentina. Alberto Fernández se mostró cauteloso y tibio al unirse a las críticas de su vicepresidenta a la Corte, acto que mostró falta de coordinación dentro del palacio presidencial. Dentro del peronismo se viene haciendo más clara la división entre miembros que están a favor de Alberto Fernández y quiénes respaldan únicamente a Cristina de Kirchner. Esta ansiedad presente en su coalición de gobierno obliga a Fernández a hacer de equilibrista relajando tensiones de ideologías y presiones sociales, especialmente en un año de elecciones parlamentarias. En un futuro cercano se puede encontrar forzado a desvincularse de la sombra de Cristina Fernández y asumir un rol de protagonista único, dejando atrás dudas sobre su autoridad absoluta al presidir y la pasividad que se le acusa.
Evaluar su primer año en el poder y lo efectivo que ha sido Fernández para cumplir lo proclamado en su discurso de posesión presidencial es particularmente complicado. Su objetivo de “recomponer la grieta política en Argentina” corre el riesgo de convertirse nada más que en un sueño platónico con las crecientes tensiones en su coalición y un pueblo que empieza de a poco a exigir mejoras concretas y proactividad en un entorno de emergencia mundial. Importantes proyectos de ley como la despenalización del aborto y reforma judicial por naturaleza tuvieron reacciones polarizadas aumentando la división política.
La reestructuración de la deuda fue un gran logro, pero la pandemia impidió ver el desarrollo y resultados de su política económica; es esto por lo que las medidas nacionales que aún se tienen que tomar, en adición a las decretadas un año atrás, se mantienen con pronóstico reservado y el futuro económico del país nublado por un gigante asterisco. El balance final, resultante de los varios bonos sociales dirigidos a los más necesitados a costa de una grandísima carga fiscal que asfixia al mercado laboral y sector privado, será clave para valorar lo adecuado de su estrategia económica.
Alberto Fernández cuenta aún con alrededor del 50% de aprobación, algo favorable que espera explotar para sus próximos desafíos políticos, como las elecciones parlamentarias, campaña de vacunación y espera de resultados económicos, factores que establecerán la realidad de la Argentina post-pandemia.
Referencias: Infobae, La Voz
Brasil aprueba finalmente la independencia de su Banco Central quizás en el único momento inadecuado
Brasil aprueba finalmente la independencia de su Banco Central quizás en el único momento inadecuado
Luego de un año de retraso debido a elecciones, pandemia e incertidumbre de quiénes tomarían a cargo el senado, la propuesta de una libertad más integral para el banco central fue aprobada este mes
Durante treinta años la independencia del banco central de Brasil ha sido un tema de discusión constante y pasivo. La falta de urgencia por ratificar la independencia del banco ha sido fruto de la aparente autonomía práctica que ya tiene la institución.
El director del banco era posesionado por el presidente como un miembro más de su gabinete. Este simple hecho abría la puerta a la posibilidad de que el presidente del ejecutivo ejerza presión política al banco para que se alinee con sus intereses y objetivos a corto y largo plazo – es más, el gobierno de Dilma Rousseff fue el más reciente de la larga lista de gobiernos acusados de presionar al banco para mantener tasas de interés acorde con su agenda.
Si le añadimos que estaba también a discreción del ejecutivo la destitución de la cabeza del banco en cualquier momento, se termina de evaporar cualquier ilusión de independencia.
Luego de un año de retraso debido a elecciones, pandemia e incertidumbre de quiénes tomarían a cargo el senado, la propuesta de una libertad más integral para el banco central fue aprobada este mes.
Aunque en el proyecto de ley aún persiste la facultad del ejecutivo de nominar al jefe del banco, tiene que ser aprobado por el senado y una vez posesionado, él y sus ocho directores no pueden ser despedidos por el presidente; lo que blinda al banco de tener que ajustar su política monetaria con el deseo del presidente.
Desde ahora los miembros del directorio cuentan con términos de cuatro años y máximo dos términos encabezando al organismo. Las condiciones para su destitución son estrictas y en poco influye el ejecutivo en esa decisión.
Siendo un país vulnerable históricamente a altos niveles de inflación, era contradictorio que Brasil no le provea la libertad necesaria al banco, puesto que una interminable cantidad de estudios han probado que la independencia del banco central esta vinculada con menos niveles de inflación y menos volatilidad de estos.
La reforma actual también añade al banco la responsabilidad de buscar el pleno empleo y suavizar las agitaciones cíclicas de la economía en adición a mantener a los niveles de precios estables. Por primera vez en décadas el banco central de la economía más grande de la región tendrá las tareas y facultades necesarias para una buena política monetaria.
Ante los mercados internacionales y potenciales inversionistas esto es una evolución tranquilizadora, el banco central cuenta con las herramientas necesarias para manejar la economía sin una potencial interferencia política.
De las principales preocupaciones de los mercados estaba el historial del país de eternizar bajos niveles de las tasas de interés aún cuando a opinión de ellos era innecesario, sobrecalentando la economía en el corto plazo mientras la inflación subía yéndose de las manos.
Este riesgo es ahora aparentemente evitado, sin embargo, particularmente en este escenario de una pandemia mundial, que junto con la impredecible administración del presidente Jair Bolsonaro conducen a una lenta y decepcionante recuperación económica, puede resultar contraproducente.
Como toda economía, el buen rendimiento de esta depende de una cohesión y coordinación de objetivos entre la política monetaria y el lado fiscal; en este caso Brasil se encuentra en una posición compleja. El desempeño mejor de lo que se esperaba de la economía brasileña el año pasado fue resultado de un enorme estímulo fiscal que consistía en alrededor del 9% del PIB nacional. Aquel estímulo permitió que la economía se contrajera solo un 5%, por debajo del promedio mundial. El costo de este gran esfuerzo fiscal resultó que Brasil se encuentre actualmente con un endeudamiento del 90% de su PIB, el porcentaje más alto de cualquier economía en desarrollo.
Constitucionalmente, el gobierno no puede continuar con este ritmo de gasto y endeudamiento, y debido a su pobre manejo de la pandemia y la campaña de vacunación, la economía aún no esta lista para mejorar por sí sola sin el empuje fiscal de gran magnitud.
En el lado monetario, el banco central ha estado haciendo su parte para complementar el impulso económico; desde agosto del año pasado ha mantenido el nivel de interés más bajo de la historia del país en un 2%. La preocupación nace que debido al prolongado período de bajos niveles de interés y el estímulo fiscal por parte del gobierno, la inflación muestra serias señales de aceleración. La deteriorada situación fiscal a causa del gasto en programas sociales, menor recolección tributaria propia de un país en confinamiento y niveles elevados de deuda crea incertidumbre en los compradores de bonos del gobierno, los consideran más riesgosos y demandan una mayor tasa de interés que esta asociada con la tasa que maneja el banco central.
El banco central no puede seguir manteniendo la tasa demasiado baja viendo como la inflación sube y los bonos del estado empiezan a ser más riesgosos. Al mismo tiempo no se puede cesar completamente el estímulo fiscal que ha aliviado la crisis sin tener como consecuencia una gran debacle económica.
La nueva independencia del banco impediría a Bolsonaro mantener la tasa de interés del banco baja, a pesar de esto, se espera que apruebe el proyecto de ley cumpliendo la promesa que hizo durante su campaña electoral al sector empresarial. La presión de las elecciones presidenciales del próximo año evita que el líder de la extrema derecha ignore las promesas ofrecidas, más aún cuando su popularidad va en caída debido a su incompetente manejo del Covid-19.
Bolsonaro no tiene los niveles de aprobación necesarios para tomar medidas económicas impopulares y drásticas sin repercusiones en las elecciones venideras; la incapacidad de poder mantener los programas sociales -que comprendían regalar dinero- como parte del estímulo fiscal sin antes recurrir a una reforma constitucional que es muy improbable, lo han puesto en estado de casi desesperación.
Desesperación que lo llevó a admitir hace un mes: “Brasil esta quebrado. No hay nada que pueda hacer”. La recuperación económica brasileña dependerá de un proyecto de sostenibilidad fiscal y de si el gobierno es capaz de frenar la segunda ola del coronavirus y la efectividad de su campaña de vacunación. La demorada independencia del banco central llega quizás en un momento inadecuado y el futuro económico a corto plazo no da ninguna razón de optimismo a la población.
Escrito por Luis Urbina Barros
Claver-Carone al BID, reflejo de la política en América Latina
Claver-Carone al BID, reflejo de la política en América Latina
Mauricio Claver-Carone fue posesionado como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por los próximos cinco años. La nominación y eventual elección del doctor en jurisprudencia avivó discusiones sobre temas sustanciales propicios para el entorno político de la región y otros anticuadamente inanes.
Claver-Carone en la presidencia del BID significa el fin de la tradición de que el cargo sea ocupado por un latinoamericano, hecho que países opositores a su nominación calificaron como una “agresión a la dignidad del continente”. Este argumento es totalmente carente de sustancia y diluyó el impacto de aquellos que de verdad necesitaban ser expresados con más énfasis. Si bien es cierto que la nacionalidad del presidente del banco siempre ha sido latinoamericana hasta ahora, muchos han tenido ascendencia directa anglosajona y caucásica o lazos muy fuertes con potencias extranjeras al continente. Como región, defender esta tradición netamente simbólica en vez de buscar reformas sustanciales es un lujo que no nos podemos dar. La nacionalidad del candidato nunca debió ser un requisito ni siquiera tácito, su presencia en la discusión quitó espacio para evaluar las posiciones ideológicas y conexiones políticas del candidato.
En este aspecto Claver-Carone tiene un asterisco, es conocido por promover sanciones severas hacia Cuba y Venezuela desde su cargo en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense y por su rol como uno de los asesores económicos principales a Donald Trump en asuntos de América del Sur. Su perfil trae fuertes matices ideológicos, grave preocupación para cualquier ente multilateral. Ante esta intranquilidad, el nuevo presidente del banco declaró que no tomará posturas partidistas al presidir la entidad. Esta ‘promesa’ es nuestra única garantía para que el BID no caiga en la extrema polarización política que ha sido la causa primordial de la situación económica deplorable que afecta al continente.
La forma en la que llegó al cargo Claver-Carone también realzó preocupaciones que no se discutieron lo suficiente. Ante la presión de Trump, lo único remotamente parecido a oposición vino de Argentina, una administración izquierdista que utilizó la nacionalidad del candidato como argumento principal para impedir su nominación, ocultando su verdadera intención de rechazar al candidato debido a sus posiciones antisocialistas y afinidad con Trump. Argentina postuló a su candidato alterno en una manera desesperada y trató de impedir el quórum necesario para la votación general. Ambos intentos fútiles que se extinguieron por falta de apoyo y preparación.
Del lado de apoyo hacia la nominación de Claver-Carone, fue muy predecible qué países darían respaldo: Brasil, Paraguay, Colombia y Ecuador no demoraron en apoyar públicamente al candidato. Los gobiernos de estos países mantienen una ideología más inclinada hacia la derecha, por más mínima que sea dicha inclinación y una buena relación bilateral con el presidente de EE. UU como común denominador.
Todo este proceso encapsuló una vez más la situación política del continente, especialmente durante los últimos cuatro años: gobiernos anticuadamente arraigados en ideologías polarizadas inflexibles, incapaces de unir esfuerzos para evitar ceder ante la presión de Estados Unidos.
Hubo puntos fuertes que, aunque opacados entre enemistades ideológicas y tradiciones simbólicas, alumbraron quizás un camino hacia el mejoramiento del multilateralismo financiero del continente. Uno de ellos fue que ante la imposibilidad de coordinar apoyo hacia un candidato regional que se oponga al inducido por Trump, se discute nuevamente la influencia de EE. UU. en el BID, que cuenta con el 30% poder de voto frente al 50% del resto de Latinoamérica. Si uno de los planes principales de la presidencia de Claver-Carone es diluir la influencia económica de China en el continente, el plan del continente debería ser aumentar su poder de voto en el BID y fomentar la cooperación y las vías de financiamiento internacional extremadamente escasas.
El que la impopular administración de Estados Unidos, a solo un par de meses del término de su período, deje posicionado al nuevo presidente del banco para los siguientes años, dio un impulso más para que se revalúe las posibilidades de financiamiento alternas al FMI y al BID en América Latina.
De este impulso surgió un actor prometedor: Costa Rica y su presidente Carlos Alvarado. Costa Rica no solo se opuso a la asignación de Claver-Carone al BID al lanzar su propio candidato en busca de una alternativa, sino que desde allí ha realizado propuestas concretas de financiamiento global para América Latina. Alvarado, sin caer en trampas ideológicas, evidenciado por su variado e inclusivo gabinete y por sus iniciativas para mantener buenas relaciones pragmáticas con EE.UU. y China al mismo tiempo, propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación de un Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE), que consiste en un apoyo extraordinario de medio trillón de dólares, financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto de las economías más grandes para la protección de las economías medias y emergentes. La intervención de Alvarado en la ONU fue unificadora, acertada y persuasiva, y sirvió como un paso en la dirección correcta que una región sin liderazgo no había sido capaz de dar hasta ahora. La reciente posesión de Alvarado como presidente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) da esperanza que no será el último paso que se tomará en esta dirección.
Escrito por Luis Urbina Barros
¿Qué les espera a los países centroamericanos en la nueva realidad económica?
¿Qué les espera a los países centroamericanos en la nueva realidad económica?
Después de cuatro largos meses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en la región centroamericana, nuestras economías comienzan a re-engranar y a ejecutar sus planes de reactivación económica de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta organización, creada después de la segunda guerra mundial y actualmente conformada por 184 países, promueve una cooperación monetaria mundial para asegurar estabilidad financiera, crecimiento económico sustentable y reducir los niveles de pobreza. Pero ¿que están haciendo, en conjunto con los gobiernos y bancos centrales, para ayudar a los miembros durante esta nueva crisis? Con Europa y Estados Unidos afectados gravemente, ¿cuánta ayuda logrará ser direccionada a países subdesarrollados como El Salvador, Guatemala y Honduras?
El plan del FMI...
El FMI respondió con un plan centrado en financiamiento de emergencia que ‘prevé ser de USD 100.000 millones para más de 100 países’, de lo cuales solo $389M fueron destinados para El Salvador, $594M para Guatemala y $223M para Honduras. Estos fondos servirán para suplir rápidamente a los sectores más afectados por la pandemia y mejorar los sistemas precarios de salud. Pese a la ayuda brindada por estos préstamos, el poder de respuesta de cada nación no puede depender ni subsistir de los mismos. Inevitablemente, tendremos un aumento importante en las deudas públicas de nuestras frágiles economías, llevando a países como El Salvador a una inflación, alza en impuestos, intereses generales altos y probabilidades de una eventual caída en ‘impago’.
El arco del tiempo...lo importante de pensar a mediano y largo plazo.
Se espera que la magnitud de estos problemas se percibirá dentro de unos cuantos meses, ya que se estima que alrededor de 8.5 millones de personas perderán su empleo y muchos otros verán reducciones en sus salarios. Por ejemplo, el Banco Internacional de Desarrollo (BID) pronostica que el turismo se reducirá al menos en un 25 por ciento, debido a la caída en la demanda por viajes. Un impacto parecido se verá cuando los equipos de fútbol no logren llenar sus estadios ni resumir sus torneos, o incluso cuando los consumidores decidan desfasar la compra del nuevo auto que tenían planeada para este año, al ser forzados a ahorrar.
Todas estas especulaciones negativas e incertidumbres se reflejarán en el comportamiento económico de la población y conducirán a peores condiciones, ya que reducen el consumo y por ende el flujo de dinero al cual estamos acostumbrados. Con niveles de casi el noventa por ciento de deuda pública será imposible que los gobiernos, a través de políticas fiscales, logren resolver todos los problemas expuestos, justificando la importancia de pensar al largo plazo.
La importancia de un sector financiero estable…
Guiados por el FMI y sus designados bancos centrales los países centroamericanos deben pensar en las limitantes que tendrán por las calificadoras de riesgo como ‘Fitch Ratings SA’, ‘Moody’s’ o ‘Standards and Poor’s’(S&P) al momento de buscar fondos de financiamiento. Ya que esto definirá la cantidad de préstamos y la tasa de interés que será fijada para la recuperación y posible supervivencia de las empresas nacionales.
Se estima que en Latinoamérica más de 2.7 millones de empresas del sector formal cerrarán debido a la crisis, de las cuales 2.6 millones serán PYMES (pequeñas y medianas empresas). Este dato se intensifica más tomando en cuenta que el 50 por ciento de la población latinoamericana trabaja en el sector informal, en el cual es más difícil pronosticar el impacto negativo de la pandemia. Esto nos indica que los grandes empresarios y el sector financiero tienen un rol importante en la recuperación de la economía.
Los sistemas financieros sólidos son capaces de reactivar el crecimiento económico ya que permiten el flujo eficaz de fondos hacia usos más productivos y así brindar liquidez para las millones de empresas que permanecieron cerradas durante meses. Por lo tanto, los gobiernos se ven forzados en trabajar para estabilizar a los bancos y facilitar préstamos con intereses deseables por las PYMES. Esto, debido a que el FMI se encuentra saturado y cada país centroamericano cuenta con un límite de fondo de emergencia, obligará a los países a acudir a buscar inversiones extranjeras para poder subir la demanda local de la moneda y lograr pagar la deuda externa. Estas inversiones también serán difíciles de encontrar por el alto riesgo que conlleva la situación económica mundial.
Debido a la escasez de préstamos extranjeros, es importante promover y preparar un fondo de financiamiento nacional donde las grandes empresas ‘multi-centroamericanas’ con responsabilidad social, aporten para el flujo de dinero. Los grandes supermercados, farmacias, industrias textiles o empresas que suplieron la inigualable alta demanda de insumos médicos no se verán tan afectadas y algunas hasta beneficiadas de esta crisis. Por lo tanto, serán ellos, con capacidad financiera y fondos, los que podrán prestar a la banca nacional para recuperar el flujo.
Conclusión
En los próximos meses, donde adaptarse será la clave, quebrarán una cantidad incomparable de empresas, sobrevivirán otras y surgirán nuevas. La ayuda financiera se deberá plantear y ajustar a las necesidades de dichos sobrevivientes, sin sacrificar el futuro por el presente.
Los gobiernos de los países centroamericanos deberán trabajar en conjunto con el FMI y las grandes empresas privadas para asegurar inversión y lograr fortalecer el sistema financiero local, el cual siempre ha sido crucial para sobrepasar las crisis actuales y del pasado. De igual forma ser conscientes que los problemas económicos reales causados por la pandemia vendrán a mediano plazo y que sus soluciones no serán inmediatas, ya que dependen del flujo monetario nacional e internacional.
Referencias: IMF, El Economista, Banco Mundial, CEPAL, elsalvador.com, BBC, Forbes Centroamérica (Imagen)
¿Último capítulo para la reestructuración de la deuda en Argentina y Ecuador?
¿Último capítulo para la reestructuración de la deuda en Argentina y Ecuador?
Simultáneamente, los gobiernos de Argentina y Ecuador anunciaron sus más recientes gestiones para resolver la reestructuración de deuda con grupos acreedores de bonos. Ambos países se enfrentan a recesiones económicas, por lo que la importancia de reevaluar su carga de deuda calificada como insostenible por el Fondo Monetario Internacional, organismo que recientemente otorgó préstamos rescate a ambas naciones, era urgente inclusive en la era pre-pandemia.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, informó que se alcanzó un acuerdo con un importante segmento de los tenedores de bonos consistente en reducir en $ 1500 millones el volumen de la deuda en bonos, actualmente valorada en $ 17 300 millones, y de extender por 10 años más el plazo para pagar (hasta 2040). Todo esto sumado a una reducción en la tasa de interés de 9,3% a 5,2% con cinco años de gracia. Como consecuencia del anuncio de un convenio tentativo, el Riesgo País de Ecuador (índice que mide el grado de confianza de los mercados frente a la capacidad o no del país de honrar sus deudas) tuvo una reducción de 496 puntos.
La noticia fue recibida con cumplidos por analistas, reacción que contrasta con la constante crítica hacia la administración de Moreno en estrategia económica, calificada masivamente como insuficiente y rezagada. Grupos de presión hacen correctamente hincapié de que, a pesar del acuerdo positivo, falta mucho por hacer para afrontar la situación económica ecuatoriana, exacerbada por la pandemia. Este reclamo acierta no solo al referirse a distintas facetas económicas que carecen de mejoras sino también hacia el propio acuerdo, que requiere reunir mínimo el 66 % de aprobación de acreedores para ser finalizado; actualmente el convenio alcanzado con el primer grupo de tenedores de bono cuenta con el 50% de votos. No obstante, se pronostica alta probabilidad de que se logre finalizar la negociación hasta el 31 de julio, con ciertos cambios circunstanciales acordes a los heterogéneos intereses y obligaciones contractuales hacia los grupos acreedores con los que falta pactar.
El caso argentino tiene expectativas de éxito mucho más conservadoras en la renegociación de la deuda, el camino para llegar a un acuerdo ha sido más conflictivo y longevo, la falta de un avance relevante entre las partes ha causado que Argentina sufra el noveno default de su historia el pasado mayo. La oferta más reciente del gobierno, y aparentemente la última que extenderán, aumentaría los pagos de intereses y reduciría las pérdidas en las inversiones iniciales, así como acortaría los vencimientos de los nuevos bonos.
Los términos mejorados sugieren una recuperación de aproximadamente 53 centavos por dólar, en comparación a los 40 centavos por dólar de la propuesta anterior. Los pagos de intereses sobre los nuevos bonos que se cambiarán por deuda antigua comenzarán un año antes, y sus vencimientos se extenderán hasta 2046.
El presidente argentino, Alberto Fernández, declaró también que a este punto cualquier otra oferta sería insostenible, surrealista y preferirían no tener un convenio. Ciertamente es riesgosa esta posición, especialmente cuando no cuentan con acuerdo previo con grupos importantes de acreedores al momento que oficializaron esta oferta, a diferencia del caso ecuatoriano. Sin embargo, la economía argentina precisa de este tipo de negociaciones para lograr un avance importante o de ser necesario, dirigir acciones prácticas buscando soluciones alternativas. El impasse actual perpetúa y agrava el estancamiento económico.
La propuesta actual es significativamente mejor a la que la precedió, por lo que la presión para aceptarla esta justificadamente sobre los grupos de acreedores que deben preguntarse si quieren pasar a la historia como un obstáculo a la recuperación argentina en tiempos de emergencia por un par de puntos porcentuales. Se espera una respuesta a principios de agosto.
En las siguientes semanas se puede concretar la reestructuración de la deuda o su fracaso total en estas dos naciones. De igual manera, ciertas incógnitas económicas seguirán latentes: para Ecuador persiste la necesidad de cambios estructurales en materia de gasto, endeudamiento y la capacidad para atraer inversión social; para Argentina, si las negociaciones colapsan, ¿cómo se avanza sin un acuerdo sobre la deuda existente?
Referencias: El Cronista (Imágen)
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