El Decreto Ejecutivo n.º 741 con el que el Presidente de la República, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional ha marcado un antes y un después en la reciente historia política del Ecuador, pues, por primera vez desde el retorno a la democracia y desde que la Constitución de 2008 se encuentra vigente, un presidente ha activado el mecanismo de la disolución parlamentaria.

Consumado el hecho, hemos podido observar cómo las distintas organizaciones políticas fueron aceptando la decisión presidencial y de inmediato empezaron a buscar sus cuadros presidenciales y legislativos. En este pequeño texto, nos centraremos únicamente en los segundos cuadros: los legislativos.

Una cosa ha quedado clara con el período legislativo 2021-2023: el real poder de una Asamblea que se posiciona como un contrapeso del Ejecutivo de turno. Sin entrar a valoraciones subjetivas, quedó demostrado que las distintas fuerzas ‒a veces antagónicas‒ del Parlamento son capaces de unirse para bloquear iniciativas del Ejecutivo que consideren inconvenientes sea por la razón que sea y, de igual manera, fiscalizar a las autoridades nombradas por el Presidente de la República a fin de intentar conseguir alguna rectificación en las acciones gubernamentales. Es decir, pudimos observar cómo de alguna forma iba rompiéndose el mito del hiperpresidencialismo ‒discutible‒ de la Constitución de 2008 y nos aproximábamos a una parlamentarización del Poder.

Cierto es que esta parlamentarización, en el desarrollo de un juicio político al Presidente de la República, se ve limitada por la prerrogativa constitucional de la disolución parlamentaria sin límites, no obstante, eso no impide que no podamos afirmar que en el acortado período presidencial de Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional fue muchas veces la protagonista y es por esa razón que debemos enfocar nuestra atención a los cuadros legislativos que escojamos en las elecciones extraordinarias y anticipadas del 20 de agosto.

Seguramente veremos cuadros repetidos, pero también veremos cuadros nuevos que buscarán llegar al parlamento por lo que resta del período hasta el 14 de mayo de 2025. En ambos casos, lleguen repetidos o nuevos cuadros, es de vital importancia que estos puedan entender que su principal tarea es armar una agenda legislativa técnica de transición, en la que deben «poner la casa en orden» y evacuar los pendientes que dejó la asamblea cesada escogiendo con mucha precisión y técnica las prioridades, para que así tanto el presidenciable de transición, como el que sea electo en 2025, tenga un Estado con las suficientes herramientas legislativas en materia institucional, de seguridad y de derechos.

Y no, con esto no quiero decir ni dar a entender que el problema del Ecuador es la falta de leyes. En lo absoluto. Leyes hay en demasía y más si hablamos de reformas penales o de seguridad, pero sí es necesario un legislativo que diseñe su agenda con parámetros medibles y realizables a tono con la realidad y problemática nacional. Así su producción legislativa podrá ser ejecutable por los distintos órganos y autoridades del Estado, pero especialmente por la Presidenta o el Presidente de la República de turno.

Ecuador actualmente es un país que se encuentra sumido en distintos tipos de crisis, siendo la política ‒o de las clases políticas‒ una más de ellas y en circunstancias como las actuales, es un Parlamento de transición el que puede ser un resorte institucional para apaciguar las tensiones y riñas que al ciudadano común no le sirven y muchas veces ni las conocen ni les interesan, pero de las que resultan los principales afectados.

En suma, cuando me refiero a una Asamblea de transición, no es solamente por las circunstancias y el tiempo en que funcionará, sino por su papel fundamental de coadyuvar a la reinstitucionalización del país y eso pasa también por la calidad de legisladores que escojamos a través de nuestro voto.