Así como todos los servicios públicos deficientes que brinda el Estado, el sistema de justicia no es la excepción. Y si bien nunca ha gozado de la confianza ciudadana, hoy pasa por momentos de bajísima aceptación, entre otras, por la impunidad atribuida al sistema en la lucha contra la delincuencia, y por el festival de acciones constitucionales amañadas utilizadas por los políticos de todas las vertientes.

Esto sumado a la crisis de institucionalidad en la que todos los poderes del Estado están deslegitimados y que el gobierno y la nueva mayoría legislativa (correísmo-psc) se disputan el control político de la Justicia, del Consejo de Participación Ciudadana y de los órganos de control. No somos ajenos a esos apetitos e intereses políticos. A nuestra clase política no le preocupa la independencia judicial, le interesa no ser ellos quien la controle.  

En este escenario la mayoría legislativa plantea un juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, bajo la causal de incumplimiento de funciones por la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. Aquella, la “última metida de mano a la justicia”, fue sometida a juicio en la Corte Constitucional, la que más allá del relato que ha intentado posicionar el gobierno, es una sentencia que declara la inconstitucionalidad de dicho proceso de evaluación que devino en la remoción del 70% de Jueces Nacionales, y que dispone la indemnización a los jueces destituidos, que como siempre, terminaremos pagando los contribuyentes.

Sin duda que la causal está probada, más allá que hagan gimnasia lingüística y articulen ejércitos de trolls en redes sociales, para desdecir la sentencia de la Corte Constitucional.

Y si bien aquella es la causal del juicio político, la Asamblea Nacional no puede ser ajena a los audios que han circulado en los que uno de los vocales de la Judicatura interfiere ante jueces para obtener sentencias favorables al gobierno; o que el Presidente de la Judicatura se haya mantenido en el cargo a través de una acción constitucional de cambalache; o que hace un par de meses esos mismos vocales, de un plumazo, hayan suspendido de sus funciones a la máxima autoridad de Justicia del país, al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y que luego hayan tenido que pedir disculpas públicas. Ni hablar de lo que sí tenían que hacer y no lo hicieron, que es administrar los recursos de la justicia al servicio de la ciudadanía. No hay ni hojas de papel bond para imprimir las providencias judiciales.

Al parecer muchos están dispuestos a suspender la vigencia del Estado de Derecho por la amenaza del retorno del correísmo, actitudes que más bien los alimenta. Habemos algunos que no estamos dispuestos a vivir al margen de la democracia ni a tolerar tanta inmundicia en la justicia.  

Y si realmente les preocupa la independencia del poder judicial, porque no hay complejo judicial que compense el secuestro de la justicia, cuyo clímax se vivió en el correísmo, pues saquemos las manos de los políticos en la justicia y que a través de consulta popular se reforme la Constitución de la República, de tal forma que cambie la forma de designación del Consejo de la Judicatura, y que el poder judicial vuelva a los jueces del máximo tribunal de justicia, así como en la mayoría de los países civilizados del mundo.

La consulta popular es la oportunidad, ya veremos.