El riesgo país es una probabilidad de incumplimiento de obligaciones financieras contraídas por una nación. A mayor riesgo, mayor posibilidad de incumplimiento de pagos definida por factores externos al riesgo implícito de contraer una deuda per se.

El cálculo de esta probabilidad es importante en el mercado de inversiones internacional, de ella depende en gran medida el acceso a financiamiento externo, la creación de empleo producto de la Inversión Extranjera Directa, y la producción de bienes y servicios como resultado de la reactivación económica. Además, el riesgo país refleja también el ambiente político interno de los países en la medida en que la estabilidad de sus gobiernos se vea relacionada con la administración del financiamiento público, y su respectivo marco jurídico e institucional.

"El riesgo país es la prima que se le exige a un país por el temor a que no cumpla con sus compromisos financieros." - Ricardo Hausmann, autor de El riesgo país como una medida de la incertidumbre económica (1999). En pocas palabras, el riesgo país calcula la probabilidad de que un gobierno deje de pagar su deuda externa.

Algunos factores que inciden en el cálculo de esta probabilidad son, el nivel de déficit fiscal, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la relación que existe entre los ingresos nacionales y la deuda pública, la consistencia de las políticas macroeconómicas aplicadas, el grado de apertura comercial y financiera, el grado de diversificación de las exportaciones, tasas de interés, calificación crediticia, variabilidad de los indicadores macroeconómicos como la inflación, entre otros.

Factores sociales como las manifestaciones políticas, las presiones de los gremios sobre el manejo del gasto público, las exigencias sociales en la lucha por la inversión dirigida a sectores vulnerables, la solidez y credibilidad de las instituciones, un nivel contundente o débil de estabilidad jurídica y tributaria, la seguridad pública y el discurso político conciliador o radical - polarizante, inciden en el incremento o disminución de este factor de riesgo.

El principal referente de medición de la probabilidad de riesgo de un país (denominado Emerging Markets Bonds Index, por sus siglas en inglés, EMBI) es JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, pero otros referentes a nivel mundial también son Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch.

JP Morgan detectó un incremento representativo en el riesgo país ecuatoriano luego del revés sufrido por el gobierno después de conocer los resultados de la Consulta Popular. Previo al 5 de febrero del 2022, el riesgo país se ubicaba en los 1120 puntos. A la fecha (marzo 2023), ha incrementado 730 puntos, con una velocidad promedio de casi 24 puntos diarios.

Si el factor riesgo de una inversión se califica como “alto”, eso significa que hay mayores probabilidades de que los inversionistas no recuperen su dinero, o de que el país se declare impago o en default. Para ejemplificar: La calificación del riesgo país puede ser útil para que los inversionistas internacionales decidan si invertir o no en un país. De forma tradicional, se ha considerado que los bonos soberanos de Estados Unidos son una de las inversiones más seguras del mercado internacional, con una relativa baja rentabilidad, pero con menor riesgo de condición de impago. Por otro lado, considerando un caso como el de Colombia, sus bonos soberanos deberán ofrecer no solo el rendimiento que ofrecen los bonos estadounidenses, sino, además, una prima adicional que pueda compensar el riesgo que tiene que asumir un inversionista por invertir capitales en una situación sociopolítica como la colombiana.

En el Ecuador, el riesgo país subió notablemente los últimos meses, llegó hasta los 1860 puntos para el 2 de marzo, la cifra más alta desde el 13 de octubre de 2022. Es preocupante pues, aunque se han hecho esfuerzos por reducir el déficit fiscal en las finanzas públicas, la aplicación de medidas macroeconómicas de ajuste severas que han dejado en evidente abandono la inversión social y la ejecución presupuestaria de los principales Ministerios, han fomentado un ambiente de reclamos de parte de la sociedad civil que buscan materializarse a través de protestas, incluso algunos sectores políticos buscan la vía constitucional para la salida del presidente, lo que sigue incrementando el riesgo.

Un dato adicional para poder observar el contexto internacional: A inicios del mes de febrero, Ecuador se encontraba en cuarto lugar en el ranking de países con mayor probabilidad de no pagar deuda externa, hoy se ubica en segundo lugar solo después de Argentina, mientras que el rendimiento de los bonos ecuatorianos 2030 está cada día más cerca del rendimiento del bono 2034 de Ucrania, un país que enfrenta un conflicto bélico.

El efecto más visible de un incremento del riesgo país recae sobre el encarecimiento de las tasas de interés de emisión de deuda externa, o sobre el acceso a crédito (financiamiento) internacional. Con un RP de 1860 puntos, los bonos ecuatorianos cargarían una tasa de interés del 22% anual. Actualmente los bonos ecuatorianos 2030 se cotizan al 49% de su valor, en el mejor momento del gobierno de Guillermo Lasso llegaron a alcanzar el 89% de su valor, pero un alza no se encuentra en la perspectiva de las empresas calificadoras de riesgo. Daniel Heymann, economista argentino, sostiene que el riesgo país no solo afecta a los mercados financieros, sino que también puede tener un impacto significativo en la economía real, incluyendo el crecimiento económico, el empleo y la inflación.

Según un reporte de Moody’s publicado en la revista Bloomberg el 1 de marzo del 2023, el desplome de los bonos ecuatorianos no se detendrá, contaminado también por un mal clima para hacer negocios. De la misma manera, el ambiente de alta inestabilidad política y falta de concertación, ha incidido en el aumento del riesgo, dicho reporte señala que este preocupante incremento se disparó especialmente luego del anuncio del movimiento indígena de suspender los diálogos iniciados tras las protestas de junio 2022 con el gobierno, hecho que abrió la puerta a la posibilidad de nuevas movilizaciones. Esto sin considerar la paralización temporal de las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OPC), que ha provocado una reducción en la producción de crudo y exportación de petróleo.

Finalmente, solo nos queda reflexionar sobre la importancia que representa la entrada de nuevos capitales y financiamiento internacional en una economía dolarizada, a pesar de los avances logrados en términos de cumplimiento del acuerdo con el FMI ($6500M – 5,7% del PIB), nuestro país sigue enfrentándose a importantes riesgos crediticios, debido a diferentes factores como una gobernanza débil, falta de liquidez y acceso limitado a financiamiento externo. Sin embargo, en una perspectiva un poco más alentadora en el sentido del cumplimiento de pagos, los bancos internacionales no pronostican un cambio en el manejo de la economía, por lo que estiman que Ecuador seguirá teniendo ratios de deuda con tendencia a la baja. El problema es que una permanencia dentro de este modelo que prioriza la disminución del déficit fiscal por sobre la inversión social, no cesará el malestar de los gremios y colectivos sociales que exigen pronta y mejor atención del gobierno a los derechos constitucionales prioritarios como educación, salud y seguridad.

Diversos debates se han sostenido en la academia sobre las alternativas para prevenir y reducir el riesgo país y su impacto. Podría sonar bastante trivial decir que la solución para el desorden, es el orden, pero en materia de políticas públicas y ciencias sociales algo tan elemental como precautelar y mitigar el incremento del riesgo puede representar un esfuerzo gigantesco. Sobre ello, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en su obra El malestar en la globalización (2002) propone que, "Para reducir el riesgo país, los gobiernos deben tomar medidas para garantizar un estado de derecho efectivo, un sistema judicial independiente, una política económica coherente y previsible, y un ambiente de inversión estable y transparente.” ¿Qué tan capaz es la gobernabilidad ecuatoriana? Insistir en el error de dar la espalda a la inversión social puede convertirse en el mayor obstáculo que no nos permita apagar este incendio.