En los agitados e inciertos tiempos políticos por los que atraviesa el Ecuador casi nada es predecible, la estabilidad democrática y política es un vaivén: aguas revueltas.

El alicaído presidente Guillermo Lasso decretó el mecanismo que consta en el artículo 148 de la Constitución, la “muerte cruzada”, y de esta forma disolvió la Asamblea Nacional.

Rodeado del ala política: el ministro de Gobierno, Henry Cucalón; secretario de la Administración, Sebastián Corral; secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz; ministro de Defensa, Luis Lara; canciller Gustavo Manrique; Lasso tomó la decisión de firmar el decreto la madrugada del miércoles 17 de mayo, día en el que la Legislatura había convocado sesión para las 09H30 para continuar el debate en el contexto del juicio político por presunción de peculado contra el jefe de Estado.

Una jugada maestra, celebraron algunos. Un acto de desprendimiento, justifican otros. Un gesto de valentía del mandatario, sostienen otras voces. Pero en realidad la muerte cruza, ciertamente un mecanismo legal y constitucional, significó -en realidad- un gran escape.

El propietario del Banco de Guayaquil, devenido en político, es una especie de Houdini que ha sabido eludir (en todo el sentido de la palabra) situaciones escabrosas a lo largo de su tormentoso y precoz periodo de (des) gobierno.

Lo hizo con el Caso Pandora Papers, con el Caso Danubio; cuando la corrupción desbordaba eliminó de golpe y porrazo los ostentosos cargos ad honorem que -fiel a su estilo- había creado para eludir el control de la gallada a la que llevó al Ejecutivo.

Eludió otros casos de corrupción como la denuncia que él mismo puso contra un grupo de asambleístas, la mayoría del microbloque incondicional suyo de Pachakutik. Denuncia que orondamente, sin beneficio de inventario, retiró y que, por cierto, la Fiscalía continuó, pero de la cual existen escasos (sino nulos) reportes.

Los ecuatorianos, los que sí tenemos memoria, aún esperamos que Lasso traiga “del cogote” a Hernán Luque, el exvicepresidente de su banco, el Banco de Guayaquil. Todavía tenemos expectativa que el mandatario responda por la estructura de corrupción en las empresas públicas, por el Gran Padrino, por el misterioso caso en el que se decidió olímpicamente archivar un informe investigativo sobre la operación de la mafia albanesa.

Esperamos que respondan por las andanzas del mejor amigo de su cuñado, Rubén Cherres Faggioni; que se esclarezca (sí, sí, somos ilusos) el curioso asesinato de este personaje del jet set criollo guayaquileño.

Estos y tantos otros casos de corrupción en el gobierno del Encuentro que han quedado apagados por la complicidad de los grandes medios, cuyos directivos tienen un chat con el presidente Lasso. Corrupción de la que ya no se habla desde la eliminación de la Asamblea Nacional.

Nadie niega que la Asamblea se ganó el repudio de los ecuatorianos por su baja calidad legislativa, desgaste que en parte fue responsabilidad de los propios legisladores, algunos (guardando las distancias y disculpándome por la licencia literaria) actuando como caballos de Troya para debilitar al primer poder del Estado desde adentro.

Al decretar la muerte cruzada Guillermo Lasso decretó su propia muerte política. Puso fin a su aventura de llegar a la presidencia de la República disfrazado de demócrata. Ese disfraz se le cayó a los pocos meses de su gobierno dinamitando todos los puentes de diálogo y quemando las posibilidades de lograr el cacareado encuentro que nunca llegó.

Todo lo contrario, deja un país con la institucionalidad deteriorada, contradiciendo todos los enunciados idealistas que mencionó en sus candidaturas presidenciales. Asumiéndose como un jefe supremo que gobierna sin el contrapeso (checks and balances) principio fundamental de la división de poderes.

Así lo recordará la historia como un presidente cobarde que eludió enfrentar la votación de un juicio político legal y justificado. Lo recordará como un vanidoso que llevó a la cornisa a la democracia en el país. Triste final para un banquero político que llegó al poder ofreciendo respetar y fortalecer la institucionalidad y nos deja un remedo de nación.