Pocos delitos tienen tanta carga simbólica como los femi(ni)cidios, en el asesinato macabro y alevoso de niñas, mujeres y adultas, quedan heridas físicas y también morales que terminan afectándonos de manera individual y colectiva.

Hay muchas patologías fúnebres en un sistema patriarcal donde ser violento es un motivo de orgullo. Es en este sistema en el que la muerte de una mujer se reduce a un “caso aislado” o un “crimen pasional”, es aquí donde la violencia se celebra y se disculpa a la vez cuando se evita llamarla por su nombre. Son disculpas que se averiguan en los clisés y justificativos utilizados para contar los hechos, pero también en la precariedad del discurso de autoridades que se esfuerzan más, en buscar en las víctimas y sus familias las razones por las cuales merecieron ser agredidas que, en protegerlas, trasladándoles así la culpa de lo sucedido.

La misoginia, el machismo rampante y una sociedad que hace muy poco por señalar a los verdaderos culpables son el primer motor de la violencia en nuestra contra. En Ecuador esta violencia es un crimen socialmente tolerado, justificado y de larga data, un flagelo estructural con más impunidad que justicia y que cada 28 horas cobra la vida de una mujer, el riesgo es permanente para nosotras.

Es bajo esta cultura patriarcal estereotipada, en que se produce la desaparición forzada y posterior femicidio de María Belén Bernal, la trama la conocemos bien -pese a la confidencialidad con la que estos casos deben ser tratados-, ella muere en manos de su esposo, un teniente de la Policía, que a más de golpearla, la estrangula y asfixia al interior de la Escuela Superior de Policía de la que era instructor. Todo esto bajo la omisión dolosa de cadetes y oficiales en servicio activo, quienes durante 20 minutos la escucharon pedir auxilio y no hicieron nada para evitar su muerte, dejándola a merced de su femicida.

Un espíritu de cuerpo policial malsano que en confabulación con la Fiscalía, favoreció la fuga de Germán C. y con ello la impunidad de un delito execrable poniendo al Estado ecuatoriano como protagonista de un feminicidio. Un crimen que a la vez es una violación flagrante de derechos humanos y donde el Estado, como garante de eso derechos, tiene absoluta responsabilidad.

Hablamos de la omisión, tolerancia, aquiescencia, permisividad y pasividad de un Estado que mira a la distancia toda forma de violencia perpetrada en contra de las mujeres y que cual convidado de piedra, se desconecta de las acciones y omisiones de sus funcionarios, esta vez miembros de las fuerzas del orden.  Nos referimos a anteponer el prestigio institucional, la reputación y buen nombre de una institución -abusadora crónica de derechos- la Policía Nacional, por encima de la protección integral de una víctima y su familia. Hablamos de responsabilidad e impunidad pero también de inhumanidad e indolencia.

La crueldad con la que se actuó en este caso desborda el alma, la muerte de María Belén pudo ser evitada y no precisamente por no permitirle su ingreso a la Escuela de Policía o por que a nadie se le ocurrió llamar al ECU-911, pudo ser evitada si al menos un oficial, en su deber objetivo de cuidado, la auxiliaba o si un o una cadete, vencían el temor reverencial con el que son (de)formados y acudían en su ayuda.

Lo cierto es que la indolencia no tiene género ni distingue clase social, condición económica menos aún jerarquías o cargos públicos, esta aflora cuando sin ninguna piedad, sin otro legítimo, sin condición humana compartida se pretende justificar lo injustificable o cuando frente a un crimen macabro se construye un correlato moral de impunidad. Solo así se puede entender tanto descuido y desacierto en los voceros del gobierno, como cuando en un desliz se habló de “encontrar el cuerpo” y no a María Belén, pese a que todo un país albergaba la esperanza de hallarla con vida o cuando el mismo día en que la indignación nos convocó a protestar, declaraban que “posiblemente” encontrarían su cuerpo en el lugar donde fue hallada sin vida. Desafueros o premoniciones cargados de asentimiento y complicidad.  

Torpezas, estridencias y confusiones, la marca registrada de un gobierno que ha dejado flancos expuestos para que toda vulneración de derechos en nuestra contra se produzca. Sumada a instituciones pútridas donde se coagula el odio y la degradación femenina, junto a una Justicia patriarcal que protege a agresores varones y los deja fugar, pero que se ensaña con las mujeres y las criminaliza, sin tomar en cuenta las peculiaridades que debemos enfrentar, como que en contextos altamente jerarquizados, mediatizados por la autoridad, la diferencia de edad, de género y las relaciones de poder entre docentes y estudiantes, el abuso, el sometimiento al daño y la violencia, nos sitúan en un grado mayor de indefensión y menor de resistencia.

A cada calculado “error irracional” pero “humano” de parte de personeros del gobierno y servidores públicos, había y hay una mujer valiente y valerosa que lo puso contra las cuerdas. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, no aceptó la indiferencia y la negación como respuesta, logrando movilizar a todo un país, sacándonos del letargo y la abulia social que hoy nos caracteriza.

Ella e Isack, hijo de María Belén, hicieron que sostengamos la indignación al punto de causar un sisma al interior del Gobierno y aunque el remesón fue muy fuerte, todavía hay mucho por hacer para evitar que la violencia machista, en todas sus formas y manifestaciones, siga marcándonos y arrebatándonos la vida.

Elizabeth, quien ha demostrado tener un coraje incalculable, seguirá en su búsqueda de verdad, justicia y reparación y nosotres permaneceremos junto a ella, por María Belén, pero también por 245 mujeres que en lo que va del año han perdido sus vidas, por sus hijos huérfanos y sus familias, víctimas indirectas de sus muertes violentas.

Es devastador saber que no habrá intercesión, que nos seguirán matando en cualquier contexto y circunstancia bajo la anuencia, complicidad y encubrimiento de quienes de manera individual o colectiva creen que matar a una mujer (cisgénero o transgénero), tiene que ver más con la pasión que con el odio, el placer o el sentido de pertenencia de nuestras vidas.

El gobierno debe poner en el centro de sus políticas y decisiones a las mujeres, niñas y niños del país, basta de tanta transgresión de nuestros cuerpos y nuestros espacios, basta de tanto desamparo y crueldad. Exigimos que se materialicen las mejores respuestas que nos garantice tener acceso a una vida libre de violencias. Exigimos al Estado humanizar su conducta.

Nos siguen matando, a nosotras que a diario les damos la vida.