Desde hace algún tiempo y hasta la actualidad, en la Ciudad de México la alza en los precios de las rentas de casa habitación han sido considerables principalmente en los barrios que por medio de redes sociales se han vuelto famosos y esto ha provocado que las personas tengan qué desplazarse.
En los últimos 17 años, el aumento promedio de los precios de las viviendas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México —que incluye a Ciudad de México, parte del Estado de México e Hidalgo— ha sido de 235%, esto es 64% por encima de la inflación, según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la disminución del poder adquisitivo de los salarios promedio ha sido de 45%. Es por ello que, en 2018, 10% de la población más pobre de la ciudad pasó de dedicar 42% de sus ingresos al pago del alquiler, a gastar 51% en 2020 en el mismo rubro. La situación se agrava cuando los hogares los encabezan jóvenes y/o mujeres. Ya no solo comprar, sino incluso alquilar una vivienda, parece una misión imposible para el trabajador promedio de Ciudad de México.
The Washington Post.
Por otro lado, la gentrificación hace referencia a un fenomeno que obliga a las personas a desplazarse del lugar donde solían rentar y tener un hogar. Esto con el propósito de remodelar los edificios o casas para rentarlos a personas con mayores recursos económicos, principalmente extranjeros.
"Hay una apuesta clara de las autoridades para reactivar la economía, pero hay que preguntarse a qué costo. Mucha gente ya no puede pagar rentas y tienen que irse a otras colonias alejadas con menos servicios donde gastan más tiempo y dinero en transporte", responde Sergio González, activista de 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez.
-BBC NEWS MUNDO
Sin embargo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa para regular el servicio de plataformas de alquiler de vivienda temporal, como Airbnb y Booking.com, impulsada por el entonces jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama.
Con esta reforma, se establece que la ocupación máxima para las unidades de alojamiento inscritas en las aplicaciones será de 50% al año, es decir, sólo seis meses, con lo que se busca regular el mercado de alquileres vacacionales y equilibrar la competencia con el sector hotelero tradicional.
Los propietarios que excedan dicho límite tendrán que esperar un año para volver a ofrecer el alojamiento.