La nueva normativa de FP deja sin habilitación a docentes con años de experiencia
Madrid, 13 de febrero de 2026.
La reciente modificación de la Ley Orgánica de Formación Profesional y el desarrollo normativo derivado del Real Decreto 659/2023 han provocado una situación profundamente injusta para cientos de docentes de Formación Profesional en centros privados y concertados de la Comunidad de Madrid. Profesionales que llevan 10, 15 o incluso 20 años impartiendo los mismos módulos, con resultados contrastados y un reconocimiento pleno por parte de sus centros y de sus alumnos, están viendo denegada su habilitación docente debido a los nuevos criterios de titulación exigidos.
Mientras que en la enseñanza pública la superación de una oposición garantiza la permanencia en el puesto, en la red privada y concertada estos cambios normativos están generando un impacto devastador. Docentes con una trayectoria impecable están siendo apartados de módulos que han impartido durante años, sin que se valore su experiencia, su competencia profesional ni su contribución al sistema educativo.
La consecuencia inmediata es tan absurda como preocupante: módulos altamente técnicos están siendo asignados a antiguos alumnos recién titulados, con una experiencia profesional mínima o inexistente, simplemente porque cumplen una titulación formal extremadamente específica. Esta situación compromete la calidad de la enseñanza y contradice el espíritu de la propia FP, que exige contacto real con el sector productivo.
Además, la realidad del mercado laboral es clara: en muchas familias profesionales no existen suficientes titulados con el perfil tan concreto que ahora se exige, muchas veces los profesionales cualificados – ingenieros, en muchas ocasiones - optan por empleos mejor remunerados fuera de la docencia. Hasta ahora, la experiencia profesional demostrada era un criterio suficiente y razonable para garantizar la calidad educativa. Hoy, sin embargo, se está deshabilitando a excelentes profesionales que han sostenido la FP madrileña durante décadas.
La Comunidad de Madrid se enfrenta ya a una avalancha de recursos de alzada presentados por centros privados y concertados. La administración no da abasto para resolverlos y, al superarse los tres meses sin respuesta, el silencio administrativo está produciendo resoluciones negativas, agravando aún más el problema.
Desde FEUSO reclamamos justicia, sensatez y respeto por la experiencia profesional. Pedimos a la Administración que:
Habilite de oficio a los docentes que ya llevan años impartiendo los módulos, reconociendo su trayectoria y competencia.
Aplique los nuevos requisitos solo a los contratos de nueva incorporación, evitando así un daño irreparable a profesionales consolidados.
Desarrolle una normativa autonómica que contemple la figura del experto del sector productivo, tal como permite el Real Decreto 659/2023, y que aún no ha sido concretada en Madrid.
Garantice que la transición normativa no perjudique ni a los docentes ni a la calidad educativa de los ciclos formativos.
La Formación Profesional necesita estabilidad, coherencia y reconocimiento del valor de la experiencia. No podemos permitir que una interpretación rígida de la normativa deje fuera a quienes han demostrado durante años su compromiso y su excelencia.