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Derecho a una Educación digna
Derecho a una Educación digna
Que la educación de un hijo, no puede perderse en la burocracia.
Que la educación de un hijo, no puede perderse en la burocracia.
esta web esta diseñada para la divulgación de como funciona sistema educativo y su actuaciones, muestra de ello,es este caso real, para que otras familias conozcan sus derechos y no queden atrapadas en el sistema de la Consejería de educación en Castilla y León.
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Derecho a una Educación digna
Derecho a una Educación digna
Que la educación de un hijo no puede perderse en la burocracia
Que la educación de un hijo no puede perderse en la burocracia
Esta web está diseñada para la divulgación de cómo funciona el sistema educativo y sus actuaciones. Muestra de ello es este caso real, para que otras familias conozcan sus derechos y no queden atrapadas en el sistema de la Consejería de Educación de Castilla y León.
Esta web está diseñada para la divulgación de cómo funciona el sistema educativo y sus actuaciones. Muestra de ello es este caso real, para que otras familias conozcan sus derechos y no queden atrapadas en el sistema de la Consejería de Educación de Castilla y León.
Un expediente, una menor, una familia
Un expediente, una menor, una familia
El caso del Colegio Divino Maestro de Palencia y un conflicto educativo con una familia
El caso del Colegio Divino Maestro de Palencia y un conflicto educativo con una familia
Lo que dicen los documentos, lo que dice la norma y lo que sigue sin respuesta. Contado para que cualquiera pueda entenderlo — no para que nadie tenga que creerlo sin más.
Nota previa sobre esta publicación
Nota previa sobre esta publicación
Este artículo se ampara en el derecho fundamental a la libertad de información (art. 20.1.d CE) y en el interés público de conocer cómo una Administración educativa y un centro sostenido con fondos públicos atienden o dejan de atender los derechos de una menor. Se exponen hechos documentados por las propias administraciones implicadas —Dirección Provincial de Educación de Palencia, Inspección Educativa y Procurador del Común—, así como por documentación oficial aportada por la familia —burofaxes, correos, actas y reclamaciones formales—.
No se atribuye a ninguna persona ningún delito ni una responsabilidad jurídica personal: esa determinación corresponde, en su caso, a la autoridad competente. Las actuaciones administrativas se identifican por el órgano y el cargo que las dictó —Dirección Provincial de Educación, Inspección Central e Inspección de Educación de Palencia—, salvo en el caso concreto del inspector provincial cuya intervención profesional se identifica porque la resolución o informe consta firmado y es objeto directo de análisis en este texto.
Esta identificación se limita estrictamente a la actuación profesional documentada, nunca a la vida privada, al amparo del art. 20.1.d) CE y con los límites que marcan el art. 20.4 CE y la Ley Orgánica 1/1982.
«La identificación, cuando resulta necesaria para comprender una actuación administrativa concreta, se limita estrictamente a la intervención profesional documentada y se realiza ponderando el derecho a la información con el derecho a la protección de datos, el honor y la intimidad.»
Por respeto a la menor protagonista de este caso, este texto no reproduce datos clínicos, diagnósticos, tratamientos ni informes médicos o psicológicos suyos. Se describen únicamente las necesidades educativas reconocidas oficialmente y los apoyos pedagógicos correspondientes, que son precisamente parte de lo que está en disputa.
Fundamento y conciencia
Fundamento y conciencia
Detrás de cada fecha y de cada sello oficial hay una menor que solo quiere aprender, y una familia que lleva años pidiendo ayuda a un colegio concertado. Nadie ha asumido todavía la responsabilidad jurídica que, en su caso, pudiera corresponder.
Este texto documenta el camino, a menudo amargo, de reclamar lo que ya estaba reconocido: apoyos educativos, un protocolo de acoso que, según el propio Procurador del Común, no llegó a abrirse en sentido estricto, cuestiones sobre el seguimiento educativo y el acceso a la documentación, así como las discrepancias existentes entre distintas actuaciones administrativas.
Todo lo relatado se apoya en informes y documentos de las propias administraciones y en la documentación aportada al expediente por la familia.
¿Cuántos casos como este ocurren ahora mismo en Palencia sin que nadie se entere? Familias que pueden encontrarse con dificultades para hacer efectivos los apoyos educativos reconocidos y menores que pueden terminar cambiando de centro cuando las medidas adoptadas no responden a sus necesidades.
El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación y establece, entre otras previsiones, que los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. El artículo 39 establece la protección de la familia y de los hijos. Cuando lo que está en juego es si una menor recibió o no los apoyos educativos que constaban en su expediente, existe una dimensión que trasciende la mera discrepancia privada.
La Ley 19/2013 regula el acceso a la información pública en los términos establecidos por la propia ley. En el caso de un centro concertado y de la Administración educativa, las cuestiones relacionadas con el ejercicio de funciones educativas, los fondos públicos y la supervisión administrativa pueden presentar una dimensión de interés público, sin perjuicio de los límites derivados de la protección de datos y demás derechos afectados.
Las preguntas incómodas que quedan sin responder
Las preguntas incómodas que quedan sin responder
¿Qué ocurre con la financiación pública asignada a un perfil que tenía prescritos apoyos de PT y AL cuando el centro concertado reconoce por escrito no disponer de esos especialistas?
¿Por qué se mantuvo la escolarización en un centro sin PT ni AL cuando el expediente previo contemplaba esos apoyos?
¿Qué valoración debía realizarse ante la entrada en un nuevo centro con escolarización calificada de excepcional y repetición de curso, teniendo en cuenta las circunstancias existentes en ese momento?
¿Por qué la evaluación psicopedagógica de final de etapa no se realizó antes del comienzo de Secundaria, pese a que el propio Procurador del Común señaló la necesidad de realizarla?
¿Por qué se plantea que la evaluación de fin de etapa sea realizada por el mismo equipo que intervino anteriormente cuando la familia ha solicitado formalmente que intervenga un equipo diferente?
¿Por qué la familia tuvo que acceder en determinados casos mediante visualización y fotografías, en lugar de recibir copia de los documentos solicitados?
¿Por qué la Consejería comunicó formalmente la aceptación de la resolución del Procurador del Común y, meses después, la familia continúa cuestionando la ejecución material de las medidas requeridas?
Estas preguntas no pretenden anticipar una responsabilidad jurídica. Plantean cuestiones que, a la vista de los documentos y de la normativa citada, corresponde a la Administración documentar y justificar, y que el lector puede valorar por sí mismo.
La historia, contada de forma sencilla
La historia, contada de forma sencilla
La Dirección Provincial de Educación de Palencia autoriza la escolarización de la menor en el Colegio Divino Maestro FE mediante una resolución que la describe, literalmente, como una «escolarización en periodo EXCEPCIONAL».
No es un dato irrelevante: antes de llegar a ese centro, la alumna ya contaba con antecedentes de evaluación psicopedagógica y con apoyos especializados de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) reconocidos en su expediente anterior.
El propio centro concertado reconoció por escrito, ante la Inspección, que no disponía de especialistas de PT ni de AL.
La entrada en el nuevo centro: una circunstancia que exigía valorar si procedía actualizar la evaluación
La entrada en el nuevo centro: una circunstancia que exigía valorar si procedía actualizar la evaluación
La normativa establece que la evaluación psicopedagógica debe revisarse y actualizarse cuando se modifique significativamente la situación personal del alumno y, de forma preceptiva, al final de cada etapa educativa.
La familia sostiene que la entrada en un nuevo centro, unida a la escolarización calificada expresamente de «excepcional», a la repetición de curso y a la circunstancia de que el nuevo centro no disponía de los especialistas que figuraban en el expediente anterior, constituía un conjunto de circunstancias que exigía valorar si la situación había cambiado significativamente y, por tanto, si procedía actualizar la evaluación.
Pese a ello, no consta una nueva valoración psicopedagógica realizada al inicio de esa nueva escolarización que analizara conjuntamente las nuevas circunstancias y los recursos disponibles en el centro.
El cambio de etapa: una revisión que sí debía realizarse
El cambio de etapa: una revisión que sí debía realizarse
El segundo momento es diferente.
La alumna terminó Primaria y comenzó Secundaria en septiembre de 2026. El artículo 12.5 de la Orden EDU/1152/2010 establece la revisión preceptiva al final de cada etapa educativa.
Además, el propio Procurador del Común señaló en su resolución de febrero de 2026 la necesidad de realizar la revisión psicopedagógica correspondiente al cambio de etapa y de comprobar que los apoyos fueran los necesarios para el nuevo curso.
La cuestión que permanece abierta es por qué esa revisión no estaba realizada antes del comienzo de la nueva etapa y qué profesional o equipo debía llevarla a cabo.
Contradicción administrativa sobre la propia naturaleza de la escolarización
Contradicción administrativa sobre la propia naturaleza de la escolarización
La Dirección Provincial calificó la escolarización de la menor como «periodo EXCEPCIONAL» para después sostener, en comunicaciones posteriores, que se trató de un proceso «ordinario», solicitado libremente por los progenitores.
Dos documentos administrativos describen el mismo hecho de manera diferente.
La relevancia de esta contradicción administrativa no reside únicamente en las palabras utilizadas, sino en determinar cómo fue jurídicamente encuadrada aquella escolarización y qué consecuencias administrativas y educativas se derivaban de esa situación.
Actuaciones frente a episodios de convivencia escolar
Actuaciones frente a episodios de convivencia escolar
Pese a los avisos registrados por los padres sobre distintos episodios de convivencia escolar, existieron actuaciones de seguimiento y recogida de información.
Sin embargo, el propio Procurador del Común concluyó en febrero de 2026 que, «en sentido estricto, no se ha abierto el Protocolo de acoso», al no constar documentadas determinadas actuaciones exigidas por el procedimiento.
La resolución también señala actuaciones realizadas por el centro y la Administración, por lo que la cuestión no puede reducirse a afirmar que no existió ninguna intervención. Lo relevante es que, según el Procurador, no quedaron documentados todos los pasos necesarios para considerar formalmente abierto el protocolo en sentido estricto.
Acceso a la documentación
Acceso a la documentación
La familia sostiene que determinadas gestiones previas quedaron acreditadas mediante burofaxes, correos y actas firmadas, pese a que posteriormente se habría cuestionado la existencia de algunas de esas actuaciones.
El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 reconoce a los interesados el derecho a conocer el estado de la tramitación y a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos.
En este caso, la familia afirma que, en determinadas ocasiones, tuvo que acceder a documentos mediante visualización presencial y fotografías tomadas por los propios padres, en lugar de recibir copia de los documentos solicitados.
La cuestión que queda planteada es si esa forma de acceso permitió satisfacer plenamente los derechos documentales que correspondían a la familia en cada procedimiento concreto.
En resumen
En resumen
Esta es la historia que muestran los documentos: una menor con necesidades educativas documentadas antes de llegar al centro; una escolarización que fue calificada inicialmente como «EXCEPCIONAL»; un centro que reconoció no disponer de PT y AL; una nueva valoración psicopedagógica que no se realizó al inicio de aquella escolarización; una revisión de final de etapa que debía realizarse antes de la nueva etapa educativa; discrepancias posteriores sobre la naturaleza de la escolarización; actuaciones y carencias documentales relacionadas con la convivencia escolar; dificultades denunciadas por la familia en el acceso a documentación; y una resolución del Procurador del Común que estableció medidas concretas de seguimiento, evaluación, apoyos, comunicación y documentación.
Lo que la norma exige, lo que la Administración dice haber cumplido y lo que muestra el expediente
Lo que la norma exige, lo que la Administración dice haber cumplido y lo que muestra el expediente
Este bloque compara tres elementos: qué establece la normativa, qué sostiene la Administración o el centro y qué permite comprobar la documentación.
No se trata de declarar a nadie culpable de nada. Se trata de poner la norma al lado del hecho documentado.
1. La evaluación psicopedagógica
1. La evaluación psicopedagógica
Lo que exige la norma
El artículo 12.5 de la Orden EDU/1152/2010 establece que el informe de evaluación psicopedagógica será revisado y actualizado cuando se modifique significativamente la situación personal del alumno y, preceptivamente, al final de cada etapa educativa.
Lo que sostiene la Administración / el centro
La Administración sostuvo que la evolución de la alumna y las medidas ordinarias aplicadas hacían innecesaria una nueva evaluación durante el periodo anterior.
Lo que muestra el expediente
No consta una nueva evaluación psicopedagógica realizada al inicio de la escolarización en el nuevo centro. El Procurador del Común señaló posteriormente la necesidad de realizar la revisión correspondiente al final de Primaria y comprobar los apoyos necesarios para el nuevo curso.
2. Los apoyos especializados: PT y AL
2. Los apoyos especializados: PT y AL
Lo que exige la norma
Los artículos 71 a 74 de la LOE establecen las obligaciones de las Administraciones educativas respecto del alumnado que requiere una atención educativa diferente de la ordinaria y la necesidad de disponer de los medios necesarios para alcanzar el máximo desarrollo posible es indiferente sea excepcional u ordinaria la obligación es implícita a la administración, sin una valoración hecha no se puede eliminar apoyos del expediente sin un criterio objetivo lo dice la normativa
Lo que sostiene la Administración / el centro
Las medidas aplicadas, entre ellas las metodologías inclusivas y el DUA, eran consideradas adecuadas en función de la evolución académica de la alumna.
Lo que muestra el expediente
El centro había reconocido por escrito ante la Inspección que no disponía de especialistas de PT ni AL. Posteriormente, durante el curso 2025/2026, se produjo una ampliación de los apoyos, llegando a ocho sesiones semanales según el acta aportada por la familia.
La cuestión planteada es cómo se valoró la suficiencia de los apoyos existentes en cada momento y qué relación tenía esa valoración con las necesidades educativas que constaban previamente en el expediente.
3. La convivencia y el posible acoso escolar
3. La convivencia y el posible acoso escolar
Lo que exige la norma
La normativa de Castilla y León establece un procedimiento específico para la actuación ante posibles situaciones de acoso escolar.
Lo que sostiene la Administración / el centro
La Administración sostuvo que se había realizado seguimiento de la situación, recogida de información y actuaciones preventivas y de convivencia.
Lo que muestra el expediente
El Procurador del Común concluyó expresamente:
«En sentido estricto, no se ha abierto el Protocolo de acoso».
La resolución señala que no quedaron documentadas determinadas actuaciones que el protocolo contempla, sin perjuicio de las actuaciones de supervisión que sí se realizaron.
4. El acceso a la documentación
4. El acceso a la documentación
Lo que exige la norma
El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 reconoce a los interesados el derecho a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos. El artículo 27 regula el régimen de las copias auténticas.
Lo que sostiene la Administración / el centro
La Administración sostuvo que la documentación había sido puesta a disposición de la familia.
Lo que muestra el expediente
La familia afirma que en determinados casos tuvo que consultar y fotografiar documentos presencialmente y que determinadas solicitudes de registros concretos de apoyos no fueron atendidas en los términos solicitados.
La cuestión es si el acceso proporcionado fue completo respecto de cada solicitud y procedimiento.
5. La naturaleza de la escolarización
5. La naturaleza de la escolarización
Lo que exige la norma
La correcta identificación del régimen y circunstancias de escolarización resulta relevante para determinar las actuaciones administrativas y educativas que correspondían en cada momento.
Lo que sostiene la Administración
Comunicaciones posteriores describieron la escolarización como ordinaria y derivada de una elección de los progenitores.
Lo que muestra el expediente
La resolución de junio de 2023 describe expresamente la escolarización como «periodo EXCEPCIONAL».
La existencia de ambas descripciones constituye una contradicción documental que merece explicación.
6. El expediente ante el Procurador del Común: resolución y aceptación
6. El expediente ante el Procurador del Común: resolución y aceptación
Lo que exige la norma
El Procurador del Común es el comisionado de las Cortes de Castilla y León para la defensa de los derechos constitucionales y estatutarios de los ciudadanos frente a la Administración autonómica.
Lo que sostiene la Administración
La Consejería comunicó formalmente la aceptación de la resolución del Procurador del Común el 8 de abril de 2026.
Lo que muestra el expediente
La resolución había establecido medidas concretas: comprobar los apoyos actuales, garantizar los necesarios para el curso 2026/2027 conforme a la revisión psicopedagógica, mantener una comunicación adecuada con la familia, facilitar el acceso a la documentación y mantener medidas preventivas en materia de convivencia.
La cuestión que continúa planteando la familia es si esas medidas fueron materialmente ejecutadas en su totalidad después de su aceptación formal.
7. La imparcialidad del equipo llamado a evaluar
7. La imparcialidad del equipo llamado a evaluar
Lo que exige la norma
Los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 regulan las causas de abstención y el procedimiento de recusación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Lo que sostiene la Administración / el centro
La valoración de final de etapa debe desarrollarse dentro de la estructura ordinaria de orientación correspondiente.
Lo que muestra el expediente
La familia ha solicitado formalmente que intervenga un equipo diferente, invocando las circunstancias que considera relevantes para garantizar la imparcialidad de la actuación.
La solicitud no constituye por sí misma una declaración de que exista una causa legal de abstención o recusación: corresponde al órgano competente valorar si concurre alguna de las causas previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.
La familia considera especialmente relevante que el equipo que intervino anteriormente participe también en una nueva valoración cuando precisamente existen discrepancias documentadas sobre el seguimiento realizado.
No se trata de una objeción a la evaluación en sí, sino a que la nueva evaluación sea realizada por quienes ya intervinieron en la gestión previa que ahora es objeto de controversia.
8. El trámite de audiencia y la respuesta de la Inspección Central
8. El trámite de audiencia y la respuesta de la Inspección Central
La familia formuló, en trámite de audiencia, sus alegaciones sobre las necesidades educativas de la menor, los apoyos PT y AL, la evaluación psicopedagógica, las contradicciones entre documentos administrativos, la documentación solicitada, la convivencia escolar y las actuaciones realizadas durante la escolarización.
Meses antes, la actuación inspectora documentada en el expediente había concluido en sentido contrario a algunas de las alegaciones de la familia, afirmando que no había existido negligencia ni por parte del centro ni de la Administración.
Ambas actuaciones están documentadas.
Compararlas permite analizar si la respuesta administrativa posterior tuvo en cuenta todas las circunstancias alegadas y cómo se valoraron las conclusiones del órgano de control externo.
9. El ejercicio de reclamar no convierte a una familia en el problema
9. El ejercicio de reclamar no convierte a una familia en el problema
En un informe de reclamación firmado por el inspector provincial asignado a este centros concertado Colegio divino maestro D. J. M. C. Melero . aparece, para referirse a la reclamación de la familia, la palabra «dislate».
Ese término puede citarse porque aparece literalmente en un documento oficial firmado. Pero la utilización de esa expresión no resuelve por sí misma la cuestión jurídica planteada ni sustituye el análisis de fondo de las reclamaciones.
Reclamar, solicitar documentación o pedir que intervenga un equipo diferente son actuaciones que forman parte de los mecanismos de participación y defensa de los interesados en los procedimientos administrativos.
La cuestión relevante no es el adjetivo utilizado para describir una reclamación, sino si las cuestiones planteadas fueron analizadas y contestadas con una motivación suficiente.
Las preguntas que quedan sin responder
Las preguntas que quedan sin responder
¿Qué ocurre con la financiación pública asignada a un perfil que tenía prescritos apoyos de PT y AL cuando el centro concertado reconoce por escrito no disponer de esos especialistas?
¿Por qué se mantuvo la escolarización en un centro sin PT ni AL cuando el expediente previo contemplaba esos apoyos?
¿Qué valoración debía realizarse ante la entrada en el nuevo centro, teniendo en cuenta la escolarización calificada de excepcional, la repetición y las circunstancias educativas existentes?
¿Por qué la evaluación psicopedagógica de final de etapa no estaba realizada antes del comienzo de Secundaria?
¿Por qué se plantea que la evaluación sea realizada por el mismo equipo cuando la familia ha solicitado formalmente la intervención de un equipo diferente?
¿Por qué la familia tuvo que acceder en determinados casos mediante visualización y fotografías en lugar de recibir copia de los documentos solicitados?
¿Qué actuaciones concretas se realizaron después de la aceptación formal de la resolución del Procurador del Común y cuáles quedaron pendientes?
Estas preguntas no pretenden anticipar una responsabilidad jurídica. Plantean cuestiones que pueden ser contrastadas con los documentos y con la normativa aplicable.
Análisis de protección de datos, línea a línea
Análisis de protección de datos, línea a línea
Este bloque analiza específicamente las cuestiones de tratamiento de información personal que plantea el expediente, conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
1. Base jurídica para el tratamiento de datos relativos a necesidades educativas
1. Base jurídica para el tratamiento de datos relativos a necesidades educativas
El artículo 9 RGPD establece un régimen especialmente protegido para determinadas categorías de datos personales, entre ellas los datos relativos a la salud, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el propio artículo 9.2.
Según la documentación aportada por la familia, una evaluación con contenido relativo a las necesidades educativas de la menor fue elaborada antes de que se solicitara formalmente a la familia la autorización para una valoración de esas mismas características.
En septiembre de 2025, el centro elabora un documento interno que incluye referencias a un diagnóstico clinico y recomendaciones asociadas a él. El propio centro y la Inspección insisten después en que no se trata de una "valoración clínica" ni de una evaluación psicopedagógica formal, sino de un informe escolar de pautas. Un mes más tarde, en octubre, el centro remite a la familia una autorización para realizar, precisamente, una actualización de la evaluación psicopedagógica.
La normativa de protección de datos (art. 9 RGPD y LOPDGDD) exige que el consentimiento para tratar datos de salud sea previo y específico. Pedir autorización un mes después de haber producido un documento con ese tipo de contenido no corrige lo ya hecho: como mucho, confirma que esa autorización era necesaria y que, en el momento en que se redactó el primer documento, todavía no se había obtenido.
La autorización que volvió sin firmar — y que el propio centro lo dejó por escrito
La autorización de octubre fue devuelta ese mismo día, sin firmar, con una nota de la madre pidiendo que se entregara a la dirección. Ese hecho no depende del testimonio de la familia: queda recogido en un informe del propio tutor, fechado el 9 de octubre. Jurídicamente esto tiene un valor concreto: cuando un hecho favorable a una de las partes está documentado por la otra parte, deja de ser una afirmación discutible y pasa a ser un dato corroborado dentro del propio expediente administrativo.
Ese orden temporal plantea una cuestión sobre la base jurídica utilizada, la información proporcionada a la familia y las condiciones en las que se produjo el tratamiento, cuya valoración corresponde, en su caso, a la autoridad de protección de datos.
No puede afirmarse únicamente por ese hecho que el tratamiento fuera ilícito, puesto que el consentimiento no constituye la única posible base jurídica para todos los tratamientos de datos en el ámbito educativo.
Ha este hecho junto al de la resolución del propio procurador del comun de cyl son la motivación suficiente para que la familia tenga una falta de objetividad creada por la dirección del centro y grupo de orientación del que pretende la administracion que haga la valoracion spicopedagogica cambio de etapa
2. Minimización y datos de terceros
2. Minimización y datos de terceros
Cuando el centro permitió el acceso a documentación mediante fotografías tomadas por los propios padres, la familia afirma que determinados documentos podían contener datos personales de terceros.
El principio de minimización exige que los datos tratados sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la finalidad correspondiente.
La cuestión que se plantea es cómo se garantizó la protección de los datos de terceros durante ese acceso documental.
3. Derecho de acceso del interesado
3. Derecho de acceso del interesado
El artículo 15 RGPD reconoce el derecho de acceso a los datos personales tratados y, en determinadas condiciones, a obtener una copia.
Por otro lado, el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 reconoce al interesado en un procedimiento administrativo el derecho a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en dicho procedimiento.
Son derechos distintos que pueden confluir en un mismo expediente.
Por ello, cuando el acceso se produce mediante visualización y fotografías en lugar de mediante la entrega de copias, la cuestión es determinar, atendiendo al procedimiento concreto y a la documentación solicitada, si se atendió plenamente el derecho correspondiente.
4. Exactitud y responsabilidad proactiva
4. Exactitud y responsabilidad proactiva
La existencia de versiones sucesivas y aparentemente contradictorias sobre determinados hechos administrativos —como la naturaleza «EXCEPCIONAL» u «ORDINARIA» de la escolarización o la existencia de determinadas gestiones previas de la familia— plantea también cuestiones relacionadas con la exactitud y trazabilidad de la información
Sin que haya un acto administrativo de revocación firme del mismo la matriculación sigue siendo excepcinal , junto la propia resolucion del procurador del común previa a su matricula, que da fe, que la adminsitración conocia plenamente el expediente de sus apoyos PT y AL, permitiendo la matricula en un centro que los carecia
La determinación de si existió o no una infracción en materia de protección de datos corresponde a la autoridad competente.
En este caso, la familia afirma haber presentado la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Este análisis no prejuzga el resultado de dicha reclamación.
Una reflexión final — para que la saque quien lea, no quien escribe
Una reflexión final — para que la saque quien lea, no quien escribe
Resulta bastante Contradictorio que el propia administracion que presume —el mismo que proclama los derechos— obligue a las familias a judicializarlos y a financiarlos de su bolsillo para que se cumplan sus propias normativas. ¿Dónde queda el protector del menor cuando los guardianes del sistema están ocupados en blindarse a sí mismos? ¿Quién paga el agravio? ¿El ciudadano o la Administración…? Ah, no: que somos los mismos...
Resulta bastante Contradictorio que el propia administracion que presume —el mismo que proclama los derechos— obligue a las familias a judicializarlos y a financiarlos de su bolsillo para que se cumplan sus propias normativas. ¿Dónde queda el protector del menor cuando los guardianes del sistema están ocupados en blindarse a sí mismos? ¿Quién paga el agravio? ¿El ciudadano o la Administración…? Ah, no: que somos los mismos...
El sistema esta evidenciamdo que no se ampara al vulnerable; se ampara del vulnerable, empujando a las familias a una guerra de desgaste que consume salud, tiempo y recursos. La cuestión ya no es qué falló en un colegio de Palencia, sino cuántas familias más deberán dejarse la cordura en los pasillos de Inspección provincial y en la Consejería de Educación de Castilla y León para recordarle al Estado que los derechos a aprender e integración de un niño no son letra pequeña, sino obligaciones imperativas no sólo en foto y números de calificaciones. Aquí no se afirma delitos. Se exponen hechos documentados para que el lector decida si lo ocurrido es solo responsabilidad administrativa… o si toca heridas más profundas que las estrictamente jurídicas. Porque en el centro de todo está el derecho de los niños —divergentes y neurotípicos— a una educación real, no de postureo burocrático.
El sistema esta evidenciamdo que no se ampara al vulnerable; se ampara del vulnerable, empujando a las familias a una guerra de desgaste que consume salud, tiempo y recursos. La cuestión ya no es qué falló en un colegio de Palencia, sino cuántas familias más deberán dejarse la cordura en los pasillos de Inspección provincial y en la Consejería de Educación de Castilla y León para recordarle al Estado que los derechos a aprender e integración de un niño no son letra pequeña, sino obligaciones imperativas no sólo en foto y números de calificaciones. Aquí no se afirma delitos. Se exponen hechos documentados para que el lector decida si lo ocurrido es solo responsabilidad administrativa… o si toca heridas más profundas que las estrictamente jurídicas. Porque en el centro de todo está el derecho de los niños —divergentes y neurotípicos— a una educación real, no de postureo burocrático.
Traducción, en palabras sencillas, de lo que dice la resolución del Procurador del Común
Traducción, en palabras sencillas, de lo que dice la resolución del Procurador del Común
La Administración sostuvo que existía un seguimiento de la alumna. El Procurador del Común señaló que debía prestarse especial cuidado al seguimiento para que los apoyos se adaptaran a las necesidades reales y a la evolución de la alumna, y estableció que debía revisarse la evaluación psicopedagógica y comprobarse los apoyos necesarios al finalizar Primaria.
Eso significa que no basta con afirmar que existe seguimiento.
El seguimiento debe permitir comprobar cómo evoluciona el alumno y si los apoyos continúan siendo adecuados.
El Procurador del Común estableció expresamente que debía realizarse la revisión psicopedagógica correspondiente al final de Primaria y que debían comprobarse los apoyos necesarios para el curso 2026/2027.
La propia resolución también estableció que debía mantenerse la comunicación con la familia y facilitarse el acceso a la documentación correspondiente.
Por ello, una de las cuestiones centrales de este artículo es comprobar qué parte de esas medidas se ejecutó materialmente después de que la Consejería comunicara su aceptación de la resolución.
Enlace a la resolución del Procurador del Común
Enlace a la resolución del Procurador del Común
Resolución del Procurador del Común — Expediente 2043/2025
Enlace al canal de quejas de familias
Enlace al canal de quejas de familias
Petición para solicitar una inspección imparcial
Petición para solicitar una inspección imparcial
Fuentes normativas citadas
Fuentes normativas citadas
Constitución Española (arts. 14, 18, 20, 27 y 39) · Ley Orgánica 2/2006, de Educación, tras la LOMLOE (arts. 71–74 y 124) · Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 21, 27, 28, 35, 53 y 76) · Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 23–24) · Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (arts. 13–15) · Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen · Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), arts. 5, 9, 15 y 24 · Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) · Orden EDU/1152/2010, de Castilla y León (arts. 3 y 12) · Orden EDU/1071/2017, de Castilla y León · Ley reguladora del Procurador del Común de Castilla y León · Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 28 y 29).
Sobre la identificación de las personas que intervienen profesionalmente
Sobre la identificación de las personas que intervienen profesionalmente
La identificación nominal en este texto se limita a aquellas personas cuya actuación profesional documentada —un acto o informe firmado, con autoría y fecha— resulta directamente relevante para comprender y contrastar los hechos expuestos.
La identificación se realiza exclusivamente en relación con la actuación profesional documentada y no incorpora datos relativos a la vida privada de las personas mencionadas.
Cuando no resulta necesario identificar nominalmente a una persona para comprender los hechos, se utiliza el órgano, cargo o función correspondiente.
En consecuencia, la mención de una persona concreta responde exclusivamente a su intervención profesional documentada en una actuación pública que es objeto directo de análisis en este artículo.
No se atribuye a ninguna persona un delito, una infracción administrativa ni una responsabilidad jurídica personal. La determinación de cualquier responsabilidad corresponde, en su caso, a los órganos competentes.
La identificación debe entenderse siempre limitada a los hechos, documentos y actuaciones profesionales expresamente tratados en este texto.
Nota final sobre la menor
Nota final sobre la menor
Todas las actuaciones de la Inspección, de la dirección del centro concertado, del grupo de orientación y de la Dirección Provincial se identifican, con carácter general, por el órgano y el cargo correspondiente.
El nombre propio que aparece en relación con una actuación inspectora se utiliza exclusivamente para identificar una intervención profesional documentada que es objeto de análisis en este artículo.
Nunca se incluyen datos de la vida privada de las personas mencionadas.
Por respeto a la menor, este artículo tampoco reproduce datos clínicos, diagnósticos, tratamientos médicos ni informes psicológicos o psiquiátricos.
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