—El dinero me volvió loco, me creí dueño del mundo.

Una vez detenido, Miguel Araneda, uno de los tres gendarmes acusados de ingresar droga a la ex Penitenciaría en coordinación con un interno del penal, atinó a soltar esa frase. La confesión -consignada en la carpeta de investigación del caso- deja al descubierto el principal motivo de por qué funcionarios de Gendarmería caen en redes de corrupción: la seducción de los incentivos monetarios para ingresar estupefacientes y así cooperar con bandas que operan dentro de las cárceles.

Luego de sus detenciones, los tres gendarmes identificados en el video e involucrados en la trama de corrupción, fueron detenidos y formalizados bajo los cargos de tráfico de drogas y cohecho. 

Una vez concluida la investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte, los tribunales de justicia determinaron para Miguel Araneda el cumplimiento de tres años y un día de libertad vigilada intensiva. Michel Leal y Norman Villalobos, los otros dos gendarmes, se encuentran cumpliendo prisión preventiva y actualmente apelando a la medida cautelar. 

La investigación penal no determinó con exactitud la totalidad de los montos recibidos por los gendarmes en cada una de las transacciones, pero se comprobó que en algunas de ellas las cantidades iban desde los $400.000 hasta los $820.000. 

Según fuentes consultadas para esta investigación, Gendarmería es una de las instituciones públicas más expuestas a la corrupción debido a la naturaleza de sus funciones. Esto quedó en evidencia en 2019 cuando se descubrió en varios penales del país la existencia de celdas Vip, cuyos ocupantes eran delincuentes ligados al narcotráfico. A raíz de ese escándalo y a solo días de conocidos los hechos, el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció un plan que se propuso como medida principal tolerancia cero al narcotráfico y a la corrupción. 

Sin embargo, una investigación realizada para este reportaje arrojó que al menos ocho de los 15 puntos que contempló el programa en su inicio, no se han cumplido hasta la fecha o han presentado fallas en su implementación. En paralelo, los grupos delictivos asociados al narcotráfico han expandido su poder al interior de las prisiones, imponiendo su ley a través de amenazas, torturas y un negocio del tráfico cada vez más fructífero: de 2021 a 2022, la cantidad de bandas narco detenidas aumentó en un 31,6% al interior de las prisiones. 

Datos proporcionados por Fiscalía también indican que el número de condenas que se logran por delitos de drogas y corrupción cometidos por funcionarios de Gendarmería es mínimo respecto a las investigaciones que se inician contra ellos. 

Desde 2014 hasta 2021, se han abierto 500 causas en contra de funcionarios de Gendarmería por infracciones a las leyes 20.000 y 21.121 -que regulan los delitos de drogas y corrupción, respectivamente-, y solo en 49 de ellas se ha conseguido alguna condena, es decir en solo el 9,8% de los casos.

Para conocer la magnitud del problema de la corrupción en Gendarmería, en esta investigación se entrevistó a especialistas, fiscales, gendarmes y autoridades actuales y pasadas. Asimismo, se consultaron documentos oficiales y se solicitaron datos vía transparencia que dan cuenta del fenómeno que hoy acecha a los penales del país: “Si no actuamos, el crimen organizado se va a tomar las cárceles”, advierte Christian Alveal, quien ejerció como director de la institución penitenciaria desde 2018 hasta abril de este año.

Miércoles 26 de febrero de 2020. Segundo Sánchez Aguilera, gendarme del Centro de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P.) de Antofagasta se dirigió cerca de las 10:00 a una guardia distinta a la que estaba asignado. El motivo de su visita, comentó a los encargados de la sección colindante, era solicitar un pendrive.

La escena -según consta en el parte N°584-12020 de Gendarmería- llamó la atención del personal a cargo, dado que Segundo Sánchez señaló que ningún recluso perteneciente a su módulo tenía un pendrive para prestarle. Así, tras unos segundos, el gendarme comenzó a vociferar el nombre de “Marvin”, recluso del recinto quien cumplía labores de mozo de aseo en la guardia. Dejando sus labores, al escuchar el llamado, Marvin llegó a su encuentro y luego de una breve conversación, le entregó un pendrive de color negro.

Sánchez Aguilera le indicó a sus colegas, quienes observaban la escena, que le dolía el estómago, por lo que necesitaba utilizar el baño común del personal. Uno de los gendarmes sospechó inmediatamente de la interacción entre Sánchez y el recluso.

Tras pasar un breve lapso, Sánchez salió del baño y se encaminó hacia su sección, desapareciendo por el pasillo que conecta la guardia interna del recinto. Al tiempo que se alejaba, sus colegas ingresaron inmediatamente al baño de gendarmes, encontrando oculto en un basurero una serie de elementos prohibidos: dos teléfonos celulares marca Samsung con sus respectivos cargadores, audífonos y un cable USB. Se encontró también un paquete forrado en una cajetilla de cigarrillos, envuelta en cinta adhesiva transparente con la palabra Iluminatis escrita en ella. La identificación evidenciaba a la banda a la que iba dirigido el encargo. 

Así opera una de las 516 bandas narcos –de un total de 754– que engrosan la lista de agrupaciones criminales recluidas dentro de las cárceles, quienes en algunos casos utilizan al personal de la institución para ingresar elementos prohibidos y drogas al interior de los recintos penitenciarios.

Una de las principales preocupaciones de la gestión del ex director de Gendarmería Christian Alveal, quien estuvo cinco años a la cabeza de la institución, fue precisamente la corrupción interna. “La nueva delincuencia posee un poder adquisitivo distinto y con ese poder cualquier agente público está en una lógica de riesgo de corrupción. A mayor poder adquisitivo mayor probabilidad de corrupción”, señala Alveal.

Las faltas a la probidad por parte de funcionarios de Gendarmería se entremezclan con otro fenómeno: el cada vez mayor poder de las bandas criminales que operan al interior de los recintos penitenciarios. De hecho, a solo días de dejar su cargo, el exdirector concedió una entrevista a La Tercera en la que alertó de la situación que se vive actualmente en las cárceles nacionales:

Las estadísticas indican que la presencia de bandas criminales dentro de las cárceles es un fenómeno en expansión. Así, si se contrastan los datos expuestos en el informe del Observatorio del Narcotráfico 2021 (elaborado por Fiscalía) con el documento que confeccionó la última administración de Gendarmería entre los años 2018-2022, se puede dar cuenta de que en solo nueve meses entre un informe y el otro, se detectaron 184 nuevas bandas. En ambos informes se utilizó la misma metodología de conteo. 

De esta forma, al 21 de enero 2022 se contabilizó un total de 754 organizaciones, compuestas por 2.514  integrantes. Estos datos -a los que este reportaje tuvo acceso- serán utilizados para preparar el informe del narcotráfico 2022 que elabora Fiscalía todos los años. 

Para las bandas, principalmente ligadas a la producción y distribución de drogas, estar dentro de un recinto penitenciario dista de ser un impedimento para seguir operando. Así, los grupos narcos y el crimen organizado consideran su estadía en la cárcel como una “segunda casa”, dado las garantías que poseen al interior de estas. 

“Para ellos la cárcel tiene que ser una expresión del Estado de derecho, no debe ser una segunda casa (...) deben estar recluidos en celdas solitarias, ya que de esta manera la reclusión como un castigo se vuelve efectiva y no es solo una estadía en un segundo hogar, en donde se encuentran con amigos y compañeros de crímenes, que les permiten seguir delinquiendo desde el interior de la misma”, señala el informe de Gendarmería 2018-2022, documento que realiza un balance de la última administración de Gendarmería. 

En libertad los líderes de las bandas se ven expuestos a ataques y amedrentamientos de bandas rivales, por lo que cada día podría ser el último. Pero en la cárcel se encuentran protegidos dentro de un entorno donde no se exponen a sus principales rivales del exterior y frente a un creciente mercado para explotar.

“Tenemos a importantes líderes presos, por lo tanto evidentemente ahí mantienen una organización y estos sujetos son protegidos dentro de la cárcel y van dominando de manera de replicar su vida que tenían afuera”, explica el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. 

A estas bandas que ostentan un alto poder adquisitivo obtenido mediante su negocio, les resulta más fácil corromper a funcionarios y controlar a la población penal de alguno de los módulos penitenciarios, actuando generalmente desde las sombras. 

Los líderes de las agrupaciones criminales son poco visibles, según destacan las autoridades, dado que por lo general poseen dentro de sus fichas “buena conducta” y manifiestan un buen trato hacia personal de Gendarmería, lo que podría ayudarlos a optar a ciertos beneficios intrapenitenciarios o incluso a libertad condicional. Para ello, usan principalmente a quienes en jerga delictual se conocen como “perros” o “pérkines” para realizar ilícitos al interior de la cárcel, según explicó el exdirector Alveal. 

La presencia de drogas y el mercado que se ha abierto para el negocio del crimen organizado en las cárceles nacionales resulta una preocupación creciente: el Informe del Narcotráfico 2020 consignó que el segundo foco donde se generaron mayores incautaciones de pasta base, cocaína y marihuana entre 2015-2019 en Santiago es precisamente en el sector que comprende a los penales de Santiago 1 y la ex Penitenciaría. 

Un televisor de 40 pulgadas con acceso a internet, una máquina de ejercicios, espejos revestidos de madera y un conservador de alimentos con carnes de primer corte. Podrían ser los lujos de cualquier habitación de hotel, pero todos esos artículos fueron hallados la mañana del 17 de mayo de 2019 en una de las denominadas celdas Vip de la calle seis de la ex Penitenciaría, en la que habitaba un poderoso narco de Arica junto a sus secuaces. Además de esos elementos, se confiscaron armas blancas, celulares y más de 70 gramos de clorhidrato de cocaína. 

La celda fue descubierta en el marco de un allanamiento generalizado en los centros penitenciarios del país, que recibió el nombre de Operación Bisagra y que fue impulsado por Gendarmería a raíz del escándalo que provocó el hallazgo de los módulos de lujo en Colina 2. Esto dejó al descubierto el creciente poder del crimen organizado en las prisiones y la corrupción dentro de la institución penitenciaria, según aseguraron las autoridades de la época. 

Como respuesta al destape de las celdas Vip, Gendarmería y el Ministerio de Justicia —cercados por las críticas— decidieron implementar medidas para frenar el narcotráfico al interior de los penales, y al mismo tiempo contrarrestar la permisividad y complicidad con la que actuaban algunos gendarmes frente a estos hechos. 

El 17 de mayo, luego del allanamiento al módulo de lujo de la Ex Penitenciaría, el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, acompañado del entonces director de Gendarmería, Christian Alveal, anunciaron la creación del Plan Antidrogas y Anticorrupción, una política que buscaba modernizar el combate contra estos ilícitos dentro de la institución a través de la adquisición de tecnología, allanamientos programados y una coordinación más directa con el Ministerio Público.  

La implementación del Plan Antidrogas y Anticorrupción —denominación oficial del programa— contempló 15 medidas para la persecución de estos delitos dentro de las prisiones. Sin embargo, a tres años de su puesta en marcha, para este reportaje se constató que al menos ocho de esas medidas aún están inconclusas o derechamente no se han cumplido, pese al incremento del narcotráfico y a la amenaza de la corrupción dentro de las prisiones.

Así, se verificó el nivel de cumpliento de cada una de las medidas. De esta forma, en el siguiente recuadro se presentan agrupadas bajo las categorías de "Cumplida", si es que efectivamente fue implementada; "Cumplida, pero", en el caso de que haya sido realizada pero presentando fallas en su implementación o ejecución; "No cumplida", para las medidas que no se llevaron a cabo; e "Indeterminado" para aquellas que no pudieron ser comprobadas.

Así, uno de los ejes centrales de la iniciativa fue instaurar una coordinación interinstitucional más fluida con Fiscalía en aquellas causas que involucren a funcionarios de Gendarmería en hechos de corrupción o drogas, para así mejorar la persecución penal de estos delitos. 

Consultado por el avance de este eje en particular, el subdirector de la Unidad Especializada de Anticorrupción del Ministerio Público, Hernán Fernández, aseguró que su unidad no participó ni fue requerida para la elaboración del plan y que, incluso, ni siquiera tenían conocimiento de su existencia:

“Los casos de corrupción ligados al narcotráfico han ido aumentando, y en la medida que el tráfico va creciendo en el país, va generando redes para infiltrar el aparato del Estado, para los efectos de beneficiar a estas mafias y lo mismo ocurre en instituciones como Gendarmería”, sostiene el subdirector de Anticorrupción de la Fiscalía, Hernán Fernández. 

Según datos entregados vía transparencia por las unidades especializadas de Drogas y Anticorrupción del Ministerio Público, desde la implementación del plan en 2019 las condenas por corrupción representan un 5,6% respecto al total de causas que se abren por ese ilícito. Mientras que respecto a delitos de droga que involucran a funcionarios de Gendarmería, se han logrado sólo dos condenas en tres años: todas ellas corresponden al 2020, en 2019 y 2021 no se registró ninguna. 

De acuerdo con el ex director de Gendarmería, Christian Alveal, la creación del plan estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, pues formaba parte de una serie de reformas que la segunda administración de Sebastián Piñera quería implementar en la institución penitenciaria. “No es que Gendarmería haya trabajado con las autoridades de Justicia, sino que venían dentro del paquete de nuevos lineamientos estratégicos para Gendarmería desde Justicia. Nosotros en esa lógica comenzamos a implementar el Plan Anticorrupción”, se desmarca Alveal. 

De hecho, en el programa de gobierno de Piñera II en la sección de política penitenciaria se listan algunas de las medidas que se buscaba aplicar a Gendarmería. Dentro de ellas se hace mención a un plan para modernizar la institución “haciéndola parte de la seguridad pública, con un foco especial en reinserción, avanzando hacia una mayor segmentación de los reclusos”, dice el texto. 

Ahora, sentado en el living de su casa y ya retirado de la institución, el ex coronel Alveal sostiene que el Plan Antidrogas y Anticorrupción fue una medida tardía y que un programa de estas características está condenado al fracaso si no existe una política penitenciaria “que sea coherente con la política criminal que enfrente con claridad la corrupción, porque si no lo hacemos el crimen organizado se va a tomar las cárceles”, asegura.

Uno de los objetivos trazados por el plan fue implementar en las cárceles nuevas tecnologías e infraestructura que permitieran mejorar el combate contra las drogas y la corrupción. En sus principales ejes, la cartera de Justicia comprometió la adquisición de varios elementos que se instalarían en los establecimientos penitenciarios: mallas anti lanzamientos (para evitar que lancen proyectiles o pelotas con droga desde el exterior), dispositivos para desactivar drones que ingresen estupefacientes, bloqueo de señal de celulares y body scanners para instalar en los ingresos, tanto para internos como para funcionarios. 

Luego de tres años, ninguno de esos elementos están plenamente instalados en los principales centros penales del país. Ni en Santiago 1, Colina 1 o el CP de Rancagua existe al día de hoy una malla anti lanzamiento para evitar el ingreso de droga, pese a ser las cárceles donde se concentraron las incautaciones de estupefacientes durante 2021, según datos entregados por Gendarmería. 

"Cuando dicen ‘la cancha está pagada’ se refieren a que cuando un funcionario está "mojado", éste les advierte que entre cierta hora va a hacer una ronda por el módulo B, para que quienes estén afuera hagan los lanzamientos en el módulo A porque saben que allí no habrá funcionarios. Ahí no recibe droga ni la está pasando, pero está participando del negocio”, explica el ex director Alveal. 

La cantidad de estupefacientes que ingresa a través de drones es cada vez más creciente y sofisticada, coinciden quienes conocen del tema. Sin embargo, no se sabe con certeza el volumen de droga que entra por cada canal de ingreso. Así, es imposible determinar si la mayor cantidad de sustancias entran por pelotazos, contrabando, drones o por corrupción: 

Algo parecido a las mallas anti lanzamiento ocurre con los dispositivos para inhibir señal de celulares. Debido a los problemas que traía consigo su instalación —bloqueaba también la señal de vecinos—, al día de hoy no existe en ninguno de los 83 centros penitenciarios del país, pese a que fue uno de los ejes y metas trazados por el Plan Antidrogas y Anticorrupción, según confirmó la administración pasada de Gendarmería. 

Otra de las metas establecidas por el plan era la instalación de un software de faltas y sanciones de Gendarmería para sistematizar los sumarios de la institución, cuyo registro arrastraba un desorden desde hace varias direcciones atrás respecto a esos procesos administrativos. 

El año 2019, el exdiputado por el distrito 10 Sebastián Torrealba ofició a Gendarmería sobre la cantidad de sumarios instruidos desde el 2014 hasta el 2019 por corrupción: cohecho, falta a la probidad funcionaria y consumo y/o tráfico de drogas. En su respuesta, la institución señaló que por esos motivos la cantidad de procesos administrativos ascendía a 4.056. 

El 1 de octubre de 2021, se aprobó bajo la resolución exenta Nº4982, un plan para cerrar sumarios administrativos y así ordenar la cantidad de procesos internos abiertos por la institución en contra de sus funcionarios. Asimismo, el documento señala que se ordenó la creación de una comisión de trabajo “y seguimiento de plan de cierre de sumarios”, el trabajo de esta instancia explicaría la reducción de sumarios 

La respuesta enviada por Gendarmería para este reportaje indica que la cantidad de sumarios iniciados por corrupción que llegan efectivamente a alguna sanción es mínima. Desde 2019 hasta este año, se han abierto 108 procesos administrativos, de los cuales sólo cuatro registran algún tipo de sanción, todas ellas en 2019.

El año 2019 se registró un total de 33 sumarios en contra de funcionarios de Gendarmería por faltas relacionadas a corrupción, de los cuales cada proceso administrativo puede comprometer a más de un gendarme. De esa cantidad, 21 fueron por consumo y/o tráfico de drogas, 11 por falta a la probidad funcionaria y uno por cohecho. Solo en cuatro de los 33 sumarios existieron sanciones para los funcionarios involucrados:

Sin embargo, más allá de la diferencia en las cifras, el exsubsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela señala que “un sumario administrativo es muy difícil que llegue a detectar un caso de corrupción o llegue a determinar responsabilidades. Se tiene que recurrir a investigaciones penales con técnicas especializadas, y no quedarse meramente en el ámbito administrativo”. Pero en la práctica, las condenas por delitos de faltas a la probidad relacionadas con Gendarmería son escasas en la justicia:

A ocho meses de la llegada de las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia, nuevamente un caso que involucra a bandas que operan al interior de los recintos penitenciarios se tomó parte de la atención pública.

El 26 de junio se decretó el traslado de 42 reos de la cárcel Santiago 1 a otros recintos penitenciarios, luego de que los sujetos fueran sorprendidos por el magistrado del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, extorsionando a imputados primerizos tras una visita sorpresiva al Centro de Detención Preventiva. 

Tras esto, el actual subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, señaló en una entrevista realizada por La Tercera que "tenemos que ver si hay algún tipo de colaboración u otro tipo de anuencia por parte de los propios gendarmes".

Consultado para este reportaje frente a cómo se combatirá al actual contexto en que se encuentran los recintos penitenciarios, el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo, sentado en su despacho, señala que desde su cartera se encuentran alerta, considerando que se están presenciando nuevos fenómenos delictivos y que cada vez son más graves.

A su vez destaca, entre otros puntos que incluyen la realización de allanamientos masivos con mayor frecuencia, que para hacer frente a este problema, en primer lugar se realizó un convenio de colaboración con el Ministerio Público para hacer más fluida la información que se posee sobre lo que ocurre al interior de Gendarmería, con el fin de prevenir delitos intrapenitenciarios, lo que involucra tanto a la población penal, como a sus custodios. 

“Lo que nosotros más necesitamos hoy por hoy para enfrentar la crisis de seguridad pública que se vive en nuestro país es que los funcionarios de Gendarmería cumplan estrictamente con la ley y aquel que no lo cumple nosotros vamos a hacer muy rigurosos en que asuma la responsabilidades del caso”, aclara.

La actual administración de la Subsecretaría de Justicia ha implementado sus propias medidas en contra del crimen organizado en las prisiones, que incluyen allanamientos a nivel nacional y el nombramiento de fiscales especializados en delitos penitenciarios en seis regiones. 

"Formamos parte del Consejo Asesor en Contra del Crimen Organizado que lidera el Ministerio Interior, hemos tenido reuniones periódicas para analizar esto y ver cómo podemos dotar de mayores capacidades a las instituciones que persiguen este tipo de delitos, de hecho se están haciendo reasignaciones presupuestarias precisamente para disminuir las brechas tecnológicas en la forma de perseguir esto, lamentablemente nuestro Estado no se ha preparado lo suficiente para enfrentar esto", señala el actual subsecretario.

Para efectos de este proyecto, se solicitó una entrevista con el actual director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra Palma, quien fue nombrado el 30 de abril del presente año por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Si bien con 30 días anticipación a la publicación de este reportaje se hizo llegar un cuestionario sobre los diferentes puntos expuestos y sobre cómo se hará frente al narco y a la corrupción durante su periodo, la institución mediante su Unidad de Comunicaciones respondió que "nuestra capacidad de respuesta excede la fecha de publicación".