COMUNIDEC Fundación de Desarrollo es una ONG con más de 30 años en el Ecuador, especializada en el diseño, ejecución y evaluación de varios proyectos de desarrollo local, sobre temáticas relacionadas a los derechos humanos, ambiente e interculturalidad. 

El proyecto regional “Alianza de oro: experiencia andina de defensa de los derechos frente a la actividad minera” es ejecutado por la ONG italiana We World – GVC (Grupo de Voluntariado Civil) con el apoyo de la Comisión Europea a escala regional en tres países: Bolivia, Perú y Ecuador. COMUNIDEC Fundación de Desarrollo, es co - ejecutante para el caso de Ecuador y su rol es la aplicación del mismo en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe en los cantones de: Zamora, Yantzaza y El Pangui. 

El objetivo general del proyecto es: “Contribuir a la reducción de los efectos adversos de las actividades de empresas mineras frente a los derechos humanos (DDHH) individuales y colectivos de las comunidades rurales de Bolivia, Ecuador y Perú”. Se determinó la provincia de Zamora Chinchipe por sus características relacionadas a el desarrollo local impulsado por la extracción minera y porque actualmente es la única provincia en la cual se ejecuta los dos primeros proyectos a gran escala a nivel nacional. 

A partir del mes de febrero se iniciaron las actividades en los cantones mencionados y se está determinando las comunidades y barrios en los que se realizarán una serie de actividades como la realización de una serie de estudios sobre diferentes aspectos relacionados a los Derechos Humanos y minería, los cuales están dirigidos a generar aprendizajes compartidos a nivel regional. Los mismos permitirán el fortalecimiento de las organizaciones locales para que sus poblaciones puedan negociar en mejores condiciones con el Estado, las empresas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, de acuerdo a su competencia.

Una de sus aspiraciones se enmarca en uno de los principios de las Naciones Unidas para superar la lógica de la Responsabilidad Social Empresarial y de las obras de compensación simbólica, para pasar a otra en que la empresa desarrolla sus acciones en el marco de los derechos humanos, es decir identificando, previniendo, mitigando y rindiendo cuentas sobre los impactos de su accionar sobre los derechos humanos. El proyecto además se inscribe dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS en su numeral 16, sobre lo relacionado a paz, justicia e instituciones sólidas.

El proyecto busca el fortalecimiento de la gestión comunitaria en zonas mineras, sobre todo en aquellas que puedan sentirse afectadas. El uso y aplicación de un sistema de monitoreo con Enfoque de Protección Comunitaria será la herramienta que se pretende aplicar y socializar en las comunidades y sectores con actividades mineras. 

El papel de los GAD parroquiales es una de los más importantes ya que es quien está en permanente contacto con la realidad local, de la misma manera el papel del GAD cantonal y provincial de Zamora Chinchipe tiene un protagonismo representativo acorde a sus competencias y su legitimidad social, sobre todo en aquellas zonas con explotación minera en alta escala. La insistencia del proyecto será la generación de modelos de desarrollo sostenible, que debe ser inscrita en buena parte de la agenda local de desarrollo más conocido como Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, así como en la exigencia por la aplicación de sistemas de protección local. 

El proyecto considera relevante el papel que juegan los ministerios desconcentrados de lo social y los GAD locales ya sean cantonales o parroquiales como garantes de derechos o titulares de responsabilidades. De manera que el aporte del proyecto será dirigido a generar apoyos y respuestas sobre los problemas territoriales relacionados a los Derechos Humanos y minería, los cuales podrán ser resueltos en función de fortalecer la gobernanza local, ya sea mejorando el enfoque de Derechos Humanos en sus PDOT, así como la incidencia en sus programas, proyectos y presupuestos acorde a la normativa para la protección de derechos hacia la ciudadanía.

Además, el proyecto busca generar espacios de diálogo y la colaboración entre comunidades y empresas para el sinceramiento sobre los asuntos económicos y ambientales, a esto se suma el papel activo de las entidades públicas garantes de derechos como son GAD, Consejos Cantonales de Protección de Derechos, Defensorías, Observatorios, etc, como actores legítimos y responsables de controlar, observar y regular las relaciones entre empresas y comunidades.

Otro de los aspectos a debatirse tiene que ver con los efectos adversos en sectores mineros y la generación de problemas sociales derivados de la minería como la corrupción y el papel que juegan las autoridades y líderes locales, así como el incremento de los precios de alimentos, vivienda e insumos básicos, entre otros. 

El rol de la comunidad debe superar miradas ajenas, como aquellas que consideran que “no pueden hacer casi nada” frente a la actividad minera. A esto se suma la ausencia del Estado en ámbitos sociales y económico – productivos y la visión de la empresa “que tiene o da casi todo” en ocasiones con el apoyo del mismo Estado. Los mecanismos de participación y control social como la rendición de cuentas por parte de las empresas mineras permitirán la generación de diálogos y encuentros por parte de las empresas mineras con las poblaciones locales y serán de mucha relevancia para la participación de hombres y mujeres de las localidades involucras, sobre todo la voz de grupos de mujeres y jóvenes será de vital importancia. 

Como parte de las acciones permanente se toma en cuenta que el escenario del COVID no ha terminado por lo que nos pone alertas por posibles problemas que se presenten en el diario convivir, a más del impacto social y económico que estamos atravesando. Actualmente, las inequidades se han agravado, sin embargo, en contextos donde está presente la minería, el desarrollo económico no se ha detenido y como tal la demanda de acciones que permitan mejorar los indicadores sociales de la localidad, más cuando los recursos estatales y las acciones sociales son limitados en recursos económicos para iniciativas de protección de los Derechos Humanos, sobre todo en zonas rurales. 

El enfoque del proyecto pretende trabajar sobre todo con grupos de mujeres y jóvenes que son los principales grupos afectados en sus derechos, pero a la vez quienes poseen una elevada capacidad de convocatoria. A más de eso se mantendrá permanente relación con otros actores locales como dirigentes locales, integrantes técnicos u operativos de GAD, entidades locales que trabajan en tema ambiental, organizaciones internacionales, centros de educación de superior sobre todo universidades que están ubicadas en la provincia, entre otros actores institucionales y personas representativas. 

La metodología de Enfoque de Protección Comunitaria (CPA, – siglas en inglés –), será desarrollada por el proyecto a partir de varios elementos. Primero la aplicación de un enfoque participativo con alta incidencia política y social; la generación de conocimiento a través de la reflexión y la formación a través del intercambio, como la narración, la reelaboración de situaciones locales, episodios y contextos; el trabajo con los titulares de responsabilidades o garantes de derechos sobre todo los GAD parroquiales quienes están en la cotidianidad de las comunidades cercanas a las empresas mineras. La promoción de equidad y género a través de las metodologías de Género e Inclusión Social (GESI) y desde el Enfoque Transformador de Género (GTA). La replicabilidad y extensión de las experiencias, si bien en cada país son contextos diferentes, las realidades y repercusiones en cada uno permitirán ampliar el entendimiento sobre los efectos adversos y las buenas prácticas que se desarrollen en zonas mineras. También se motivará la generación de opinión pública eficaz sobre la buena convivencia pacífica y democrática, frente a otras estrategias como el debate compartido con representantes del Estado que regulan, controlan y sancionan la actividad minera que amenaza los Derechos Humanos.

Finalmente, la prevención de contagio frente al COVID en las actividades a realizarse tanto en las comunidades más vulnerables como en el trabajo diario a realizarse en los territorios será parte de las acciones del proyecto, evitando las aglomeraciones y motivando el uso de plataformas virtuales para la realización de encuentros y reuniones, webinar para reuniones, tutoriales, entre otras herramientas que permitan el acercamiento social al proyecto y el distanciamiento físico. 

Aspectos relevantes del proyecto

El proyecto tendrá una duración de 3 años, hasta enero del 2024, el monto de inversión a realizarse es de 378 mil euros o 454 mil dólares.

Las actividades responden al cumplimiento del objetivo general para lo cual el equipo local generará las estrategias metodológicas más adecuadas con el propósito de llegar a los actores locales, sobre todo a las comunidades influenciadas por la actividad minera y que serán los principales participes del proyecto.

Varias de estas actividades están enfocadas en crear y fortalecer la capacidad de las organizaciones locales de las comunidades para que se conformen Comités Locales de Control y Monitoreo Ambiental. 

El apoyo de entidades académicas es clave para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en acciones como talleres de fortalecimiento sobre las capacidades de jóvenes y mujeres en especial donde habitan pueblos y nacionalidades. Además, la socialización de investigaciones realizadas dirigida a miembros de GAD quienes son garantes de los derechos en sus territorios y del estado desconcentrado en especial de los ministerios responsables de garantizar los derechos humanos y de la naturaleza como con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Agencia de Regulación y Control Minero, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, entre otros actores clave.

Para el desarrollo de talleres, reuniones, seminarios y demás encuentros las universidades son un apoyo clave, no solo por su rol como formadores, sino como agentes de cambio y vinculación con las comunidades que permitirá fortalecer la relación de la academia con la sociedad. 

Algunas de estas actividades serán:

- Talleres con comunidades sobre manejo y control ambiental.

- Talleres y seminarios relacionados a competencias, normativas ambientales, minería y DDHH con funcionarios o representantes de GAD

- Talleres y seminarios relacionados a normativas ambientales, minería y Derechos Humanos con representantes de ministerios desconcentrados.

- Coordinación para el apoyo en el desarrollo de tesis de investigación relacionadas directa e indirectamente a minería y Derechos Humanos.

- Generación de indicadores en base a investigaciones propias que sirvan como insumo para la actualización de políticas públicas locales como ordenanzas, resoluciones, etc.

-         Talleres de fortalecimiento de capacidades de juventudes organizadas.

-         Talleres de fortalecimiento de lideresas.