El maestro Bejarano es sociólogo, egresado de la Universidad Iberoamericana; con una Maestría en Ciencias en el área del desarrollo rural del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillo, Estado de México. Actualmente es doctorante en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se ha especializado en temas relacionados con impacto ambiental y social del uso de plaguicidas, así como en el impacto de otras sustancias químicas tóxicas y su regulación internacional, especialmente las mencionadas en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Es director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) A.C. Además, es coordinador de la oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) para América Latina y el Caribe.
Resumen
La regulación neoliberal de los plaguicidas y los retos para su transformación: el caso del glifosato
Bejarano-González F.
Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) A.C.
Cel.: 5541926483 Correo electrónico: coordinacion@rapam.org / www.rapam.org
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) ha rechazado la importación de miles de toneladas de glifosato desde diciembre de 2019, y se ha prometido que saldrá un decreto presidencial para su prohibición gradual hasta eliminar de manera total su uso para el 2024. Esto ha generado una serie de conflictos y contradicciones al interior de los distintos organismos reguladores, y entre ellos y las organizaciones económicas y sociales interesadas.
Hay un conjunto de actores dentro y fuera de la administración pública que se oponen a la prohibición del glifosato y desean se siga usando la lógica y reglas institucionales heredadas del régimen regulatorio neoliberal. En él se encuentran los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y el vocero del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) que se han beneficiado de la política de apoyo a la agroexportación. Dentro de la CNA participan las organizaciones de las empresas transnacionales como Monsanto, ahora propiedad de Bayer, que busca seguir impulsando cultivos transgénicos tolerantes al glifosato; así como las empresas de plaguicidas genéricos que lo importan desde China.
Por otra parte, a favor de la prohibición del glifosato están la SEMARNAT que invoca el principio precautorio y promueve un plan nacional de agroecología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Secretaría de Bienestar, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, y diversos actores dentro de un grupo intersecretarial que busca la transformación del sistema agroalimentario; además de organizaciones de productores y de la sociedad civil.
La decisión de la prohibición gradual del glifosato está ligada al cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre plaguicidas de alta peligrosidad (PAP). Aún está pendiente por cumplir la recomendación para establecer programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de PAP con metas medibles y cuantificables, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Sin embargo, esto no será posible si no se conoce la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplica el glifosato y otros PAP con el fin de establecer una línea base y las cuotas de importación para su prohibición gradual. Este reconocimiento del derecho público a saber requiere un acuerdo político y cambios regulatorios para contar con un sistema coordinado de vigilancia ambiental, de intoxicaciones y de residuos de plaguicidas en el consumo nacional.
