BLOG

Cuando las acciones de una autoridad afectan tus derechos o garantías individuales, tienes oportunidad de defenderte a través de Juicio de Amparo. Este es un medio de defensa que tiene por objeto proteger a las personas contra los abusos de autoridad, así como normas generales que vulneren sus derechos humanos reconocidos en la constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esto significa que es tanto un derecho como una garantía para todos los ciudadanos y no solo para un sector especifico de la sociedad.

Partes en el juicio de amparo

Quejosa(o): Es el titular de un derecho subjetivo o de un interés legitimo, el cual es afectado por un acto u omisión de la autoridad responsable o una norma general en relación a sus derechos humanos.

Autoridad responsable: Es la parte de quien emana el acto reclamado y contra quien se demanda la protección de justicia federal en el amparo.

Tercero interesado: Es la persona con el interés jurídico de que continué el acto reclamado del quejoso.

Ministerio publico federal: Es una institución que forma parte de todos los juicios de amparo, su función es velar por la procuracion de justicia.

Existen dos vías para la promoción de juicio de amparo, directa e indirecta dependiendo del acto reclamado y de la trascendencia que pueda tener una resolución en el juicio de origen. El amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad, así como de los particulares que realicen funciones comparables a las autoridades y normas generales que causen un prejuicio al quejoso. Quienes son competentes para resolver este tipo de asuntos son los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito. El amparo indirecto procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, o que sin resolver en lo principal resulten trascendentales para el fallo final. Quienes tienen competencia para conocer sobre esta via son los tribunales colegiados de circuito.

El juicio de amparo no puede resolver cualquier problema legal, en razón de los casos específicos de procedencia que contemplan ambas vías y a los objetivos que persigue este juicio.

Es importante mencionar que el juicio de amparo no se puede tramitar en cualquier momento, el quejoso tiene la obligación de agotar los recursos existentes en la ley que rige el acto reclamado antes de promover el amparo, a esto se le conoce como principio de definitividad del acto reclamado.

por: Xochitl Cabrera

Asociación Civil: Asociación y Sociedades Civiles son personas morales. La razón o justificación de las personas morales es la imposibilidad de que el individuo aislado pueda realizar empresas de gran envergadura que forzosamente requieren el concurso de varias personas físicas para la consecución de un fin propuesto. El fundamento legal del derecho de asociación es el Artículo 9 de nuestra Ley Fundamental, la cual garantiza tanto el derecho de asociación como el de reunión. El derecho de asociación es connatural de la persona, por ser esta un ser eminentemente social; de ahí que la Constitución Federal le reconozca expresamente ese derecho. La asociación se puede definir como el resultado de un contrato por el cual dos o más personas unen sus esfuerzos y recursos, de manera, que no sea meramente transitoria, para la consecución de un fin común, lícito, posible y que no tenga carácter preponderantemente económico como lo serían las deportivas, artísticas o culturales, lo cual la diferencia de la Sociedad Civil ya que ésta si lo es. Es plurilateral, oneroso y conmutativo y se rige por estatutos. Todos los votos son iguales, no existe quórum legal, no responden los directores en lo personal a las deudas sociales a menos que su actuación haya sido dolosa, no deben repartirse utilidades entre los socios. El derecho de separación es absoluto, pueden carecer de capital social.

Sociedad Civil: Es también una persona moral dotada de personalidad jurídica, también se le califica dentro de los contratos corporativos o de realización de un bien común. Esta Sociedad se puede definir como el resultado de un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a contribuir en recursos o esfuerzos, y de una manera que no sea expresamente transitoria, a la realización de un fin común, lícito y posible, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial, tenemos como ejemplo a aquellas sociedades que fomentan el desenvolvimiento de la industria, de la agricultura y el comercio, así como ciertas organizaciones profesionales. Su Contrato Principal, tiene su propia finalidad jurídica, es bilateral, formal y principal. Tiene Razón Social, requiere de un representante o administrador y se rige por una asamblea general.

La distinción entre una Sociedad Civil y una Sociedad Mercantil no es su finalidad, sino el criterio que adopta el legislador, el cual es puramente formal, pues el artículo 4º. De la Ley General de Sociedades Mercantiles establece literalmente “Se reputarán mercantiles las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo lo. De esta Ley”. Por su parte Sánchez Medal distingue entre Asociación Civil y Asociación en participación, lo cual se aplica también a la Sociedad Civil: “Asimismo, tiene notables diferencias con la asociación en participación, porque en ésta no hay personalidad jurídica distinta de las personas físicas de los socios, de ahí su nombre de “sociedad oculta” y, además, la finalidad es la realización de una o varias operaciones de comercio o de explotación de una negociación mercantil (Arts. 252 y 253 de la Ley General de Sociedades Mercantiles).

En cambio la finalidad respectiva de la Sociedad Civil y de la Asociación Civil es completamente distinta a la que realiza la asociación en participación.

Contrato de Aparcería Agrícola: Se define como aquel por el cual una persona (propietario o dueño) concede a otro (aparcero) un predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma convenida y, a falta de convenio, según las costumbres del lugar, en la inteligencia de que al aparcero no le puede corresponder por su sólo trabajo menos del 40 por ciento de la cosecha concepto basado fundamentalmente en el artículo 2741 del Código Civil para el D:F. En este contrato tiene aplicación la costumbre de cada lugar en donde se lleve a cabo. Otra cuestión que reviste interés en este contrato es que el propietario no goza del derecho de retención sobre los frutos que le correspondan al aparcero para garantizar lo que éste le deba por razón del contrato, este contrato establece un derecho de tanto a favor del aparcero, cuando éste hubiere cumplido fielmente sus compromisos. Es bilateral, oneroso, conmutativo y formal, capacidad, objeto y fin lícito

Contrato de Aparcería Ganadera o Pecuniaria: Pertenece también a los contratos de realización de un fin común; es más, es el último contrato de la mencionada clasificación. Se puede definir como aquel en función del cual una persona, llamada dueño, da a otra, denominada aparcero, cierto número de animales para que los cuide y alimente, a fin de repartirse los frutos en la proporción que ambas partes convengan, este concepto se basa fundamentalmente en los Artículos 2752 y 2754 del Código Civil para el D:F. A falta del convenio, se observará la costumbre general del lugar la que se aplica igual que en la Agrícola, pues los Artículos 2754 y 2760 del Código Civil y sus concordantes del Art. 2637 y 2650 del Código de Nuevo León lo remiten a ella. Tiene capacidad, objeto y motivo o fin lícito es bilateral, oneroso, conmutativo y formal.

por: Xochitl Cabrera

A este rubro pertenecen los contratos de Prestación de Servicios profesionales, Contrato de Obra a Precio Alzado y Contrato de Porteadores y Alquiladores.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Se define como el contrato en función del cual una parte, a la que se designa con el nombre de Profesor o Profesionista, se obliga a realizar un trabajo que requiere, para su realización preparación técnica, artística, y en ocasiones título profesional, a favor de otra persona, llamada cliente, a cambio de una remuneración que recibe el nombre de honorarios, o a título gratuito, si así se convino expresamente. Aparentemente este contrato se considera oneroso, pues seis de los diez artículos que lo regulan, se refieren a los honorarios. Sin embargo, en el artículo 24 de la Ley de Profesiones se contempla la posibilidad de que el servicio pueda ser prestado a título gratuito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5º. Reconoce expresamente la libertad de trabajo y, por ende, la posibilidad de que el individuo ejerza libremente cualquier profesión, también establece que sólo serán gratuitas y obligatorias las funciones electorales y censales.

Contrato de Obra a Precio Alzado: Es aquel por virtud del cual una persona, llamada empresario, se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, denominada dueño o propietario, quien se obliga a pagar por ella un precio cierto. El objeto de este contrato es la obra concluida y ejecutada; el trabajo es importante en él, pero no es más que el medio de llegar hasta la conclusión de la obra. El artículo 2606 dispone que quienes prestan y reciben servicios profesionales pueden fijar de mutuo acuerdo, retribución debida por ellos. Este precepto se refiere a los Servicios Profesionales, ahora bien, si en un caso el actor se obliga a ejecutar una obra en beneficio de otra, quien se obligó a pagar por ella un determinado precio y para esto se le presentó el presupuesto o las especificaciones que sirven de base para la obra construida, y además el actor presentó planos para la ejecución de la obra, éstos elementos constituyen el contrato.

Contrato de porteadores y alquiladores: Se define como un contrato en el cual una persona, llamada porteador, se obliga a trasladar por tierra, agua o aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos, mediante el pago de una remuneración que debe proporcionar otra persona, el “cargador o viajero”, a este rubro pertenece el Contrato de Transporte Civil, que en la actualidad tiene poca aplicación, pues por lo general, queda regulado en el Código de Comercio o por la Ley de Vías Generales de Comunicación, no obstante las disposiciones del Código Civil referentes a él se aplican supletoriamente tanto al que se considera mercantil, como al administrativo. Es calificado como bilateral, oneroso y consensual. Se entiende sin embargo, que dada la exigencia de la carta de porte que establece el Código Civil, la consensualidad no puede ser afirmada, porque el trato no se perfecciona hasta que dicho documento ha sido entregado.

por: Xochitl Cabrera

En los contratos traslativos de uso, no se trasmite la propiedad o dominio de bienes, derechos o cantidades de dinero, sólo se trasmite el uso y usufructo de los bienes en forma temporal, obligándose los que lo usarán y disfrutarán a devolver los mismos bienes prestados y no otros, por lo que en estos contratos los bienes no son fungibles o sustituibles, pues el que los presta para su uso y disfrute conserva la propiedad de los mismos.

Contratos de arrendamiento: Podemos definir este contrato por medio del cual una de las partes llamada arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de una propiedad a otra llamada arrendatario, mediante el pago de un cierto precio. Nuestro Código Civil Federal en su artículo 2398 establece que el arrendamiento no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación, de quince para el comercio y de veinte para la industria. Las formalidades de este contrato en principio son consensuales, que se perfecciona únicamente con el simple consentimiento de las partes, pero la ley establece que deberá ser por escrito. Puede terminar por haberse cumplido el plazo pactado o fijado por la ley, por convenio expreso de los contratantes, por pérdida o destrucción de la cosa arrendada. Tiene las características de ser: bilateral, oneroso, consensual, conmutativo, de tracto sucesivo, nominado y principal.

Comodato: Se define por un contrato por medio del cual una de las partes llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa o bien no fungible a la otra parte llamada comodatario, quien contrae la obligación de restituirla individualmente. Este contrato es muy similar al contrato de arrendamiento, sólo que en éste no se pacta ningún pago o contraprestación por parte del comodatario, ya que es gratuito. Es un traslativo de uso que se le presta temporalmente. Se puede pactar un plazo para su terminación, en caso contrario el comodante podrá exigir el bien o cosa cuando quiera. Es bilateral, gratuito, consensual, conmutativo, nominado y principal.

por: Xochitl Cabrera

Son contratos Traslativos de dominio, porque por medio de ellos se trasmite o traslada la propiedad de un bien, de una persona a otra: y por medio de estos contratos se puede llevar a cabo dicha trasmisión de dominio.

En otras palabras, estos acuerdos buscan transferir a otro individuo la propiedad de un bien junto con los derechos y obligaciones inherentes a este.

Contrato de compraventa: Contrato por medio del cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho a otra llamada comprador, mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Que el precio sea cierto, significa que se encuentre determinada la cantidad de dinero; y el pago por parte del comprador debe ser en dinero, al menor la mayor parte y la menor puede ser en bienes o mercancías, porque si la mayor parte del pago se realiza en bienes y no en dinero entonces sería contrato de permuta.

Las obligaciones fundamentales del vendedor son: entregar al comprador la cosa vendida, estar obligado e la evicción, pagar la mitad de los gastos de escritura y registro de la compraventa, salvo pacto contrario y el pago de los impuestos que le corresponden. Las del comprador son: pagar el precio de la cosa comprada en el tiempo, lugar y forma convenidos y pagar la mitad de los gastos de escritura y registro de la compraventa, salvo pacto contrario.

Algunas modalidades de este contrato son: la compraventa en abonos o con reserva de dominio. Respecto a loa formalidad de estos contratos, la ley no exige para su validez formalidad alguna en especial, sino únicamente cuando se celebra la compraventa de un inmueble, en la que la formalidad debe ser por escrito, en escritura privada, con asistencia de testigos. Algunas características de este contrato son: Bilateral, Oneroso, pudiendo ser Conmutativo o Aleatorio, Consensual o Formal, Instantáneo o de Tracto sucesivo, Nominado o principal.

Permuta: Esta es una forma de transmitir la propiedad o dominio de un bien, y se puede definir diciendo que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2327 del ordenamiento legal. En este contrato cada una de las partes se obliga a dar o trasladar el dominio o propiedad de una cosa por otra que recibe a cambio también en propiedad. Es un intercambio en la propiedad de cosas o bienes. Aquí también cada una de las partes está obligada a responder por la evicción de la cosa que entrega. Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de la compraventa, al igual que en ella, en el contrato de permuta una parte puede ser en dinero y otra en un bien o cosa, pero aquí es a la inversa, la mayor parte debe ser el bien y no el dinero, pues de lo contrario se reputará una compraventa y no una permuta. Algunas características de este contrato son: Bilateral, Oneroso, Conmutativo y Aleatorio, Consensual, Instantáneo o de tracto sucesivo, nominado y principal.

Donación: Se puede definir como el contrato en virtud del cual una parte llamada donante se obliga a transmitir gratuitamente una parte de la totalidad de los bienes presentes, a otra parte llamado donatario, que la acepta, dicha aceptación se lleva a cabo en vida del donante. En el contrato de donación encontramos algunas características que constituyen excepciones a las reglas generales de los contratos; esto es, sobre el consentimiento; transmisión de la parte alícuota del patrimonio presente; el que no puede recaer sobre bienes futuros; lo relativo a la capacidad para recibir donaciones; lo que respecta a la evicción, así como el deber de gratitud que se impone al donatario. También puede suceder, por excepción, que la donación sea onerosa, o sea que ambas partes tengan provechos y cargos recíprocamente, es decir, donde el donatario tiene que cumplir con algunas cargas o gravámenes a favor del donante No menos importante es lo referente a la revocación y reducción de las donaciones, así como las consecuencias que se presentan si se declara la donación inoficiosa, puede ser revocada en un momento dado por ingratitud del donatario, cuando éste cometa delitos contra el donante o en caso de que al momento de la donación el donante no tuviera hijos y dentro de los cinco años siguientes le sobrevinieran.

Mutuo: Se puede definir como el contrato en virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. De esta definición se desprende que es un contrato de préstamo de dinero o cosas fungibles o sustituibles. La restitución o entrega de la cantidad o cosa debida se hará en plazos, formas y lugares convenidos., Puede ser gratuito o con interés (oneroso), el cual puede ser legal o convencional. En ningún caso, las partes pueden pactar, por disposición de la ley, que los intereses se capitalicen y que a su vez produzcan mayores intereses, pues la sanción civil será de nulidad absoluta e incluso hacerlo constituye penalmente un delito. El contrato de mutuo tiene las siguientes características: Bilateral, gratuito u oneroso, conmutativo, consensual, instantáneo o de tracto sucesivo, nominado y principal.

por: Xochitl Cabrera

ALBACEA

El papel de la albacea es tal vez uno de los más importantes, ya que esta persona se encargará de vigilar que la repartición de los bienes se haga de forma ordenada, entre otras tareas necesarias para una sucesión testamentaria.

Una albacea tiene el objetivo de representar a los herederos frente a terceros, así como para cumplir determinados mandatos específicos que la ley establece. Entre sus principales funciones se encuentran las de presentar el testamento ante un juez o notario, el aseguramiento de los bienes de la herencia, la formación de inventarios, la administración de los bienes, la rendición de cuentas, el pago de las deudas correspondientes, la partición de los bienes, la defensa de la herencia y la validez del testamento.

En la mayoría de las ocasiones una albacea es designada por la persona que hace el testamento, pero en otros casos, debe designarse de entre los familiares que desea que se repartan los bienes.

TUTOR

Es la persona designada en un testamento cuando se tienen hijos menores de edad, ya que ella se encargará de representarlos, vigilarlos y hacerse cargo de su educación.

En ningún caso, el tutor puede disponer de los bienes que se les hayan legado a los menores, a menos que tenga autorización de un Juez de lo Familiar.

CURADOR

Persona encargada de vigilar el desempeño de las funciones del tutor respecto del cuidado y administración de los bienes de los menores de edad o personas

SUSTITUTO

Son la o las personas que actuaran en sustitución de los herederos en previsión de que el anterior heredero instituido (o legatario llamado) no llegue efectivamente a serlo por no poder o no querer.

Esta especie de sustitución puede ser conjunta cuando se expresa que los herederos serán sustituidos por un una o varias personas, es sucesiva cuando la ley establece que determinado heredero, al tener hijos y ser parte de la herencia antes de su muerte puede heredar ese derecho como parte de su patrimonio y finalmente la recíproca en donde se designan sucesores, de manera mutua, a dos personas. Así, se establece que hereden A y B; y que sean recíprocamente sustitutos uno de otro.

Es recomendable nombrar herederos, legatarios, albaceas, tutores y curadores sustitutos, es decir, aquellas personas que podrían suplir a los primeros en caso de que ya no estén.

por: Xochitl Cabrera

Herederos

Son las personas que suceden al testador en sus bienes y obligaciones. El heredero es un sucesor a título universal. Es decir, no solo recibe los bienes de la herencia sino también las deudas del testador. Por tanto, la responsabilidad del heredero es ilimitada y responde de las deudas hereditarias con los bienes hereditarios y su patrimonio.

La forma de librarse de las deudas es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Primero se deducen las deudas y, después, se reparte el sobrante.

Heredero a título universal puede ser una sola persona (heredero único) o cada una de las personas que reciben la herencia.

Hay que distinguir entre:

Herederos forzosos o legitimarios: Son aquellos que por ley deben recibir una parte de tu herencia, la legítima. Existen tres tipos de herederos forzosos o legitimarios, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge viudo. Según quién sea el legitimario la ley le reserva una parte concreta de los bienes hereditarios.

Herederos voluntarios: Son aquellos a los que podrás dejar en tu testamento la parte de bienes no reservada a tus herederos forzosos. Podrás disponer de esta parte de bienes a favor de cualquier persona, incluso un extraño.

Para ser heredero se debe cumplir:

*Ser sujeto de derecho, es decir, una persona física o jurídica.

*Sobrevivir al causante. Sin embargo, en algunos casos se acepta como sucesores personas no existentes en el momento del fallecimiento pero que alcanzan la personalidad jurídica después, por ejemplo, descendientes no nacidos o no concebidos como podrían ser los nietos.

*Tener capacidad jurídica y legal.

Legatarios

Son aquellos que reciben un bien o derecho concreto de la herencia. El legatario solo puede ser designado por el testador. El legatario es un sucesor a título particular. Es decir, solo recibe los bienes del legado y no responde de las deudas del testador. Puede ser legatario cualquier persona, siempre que el legado no perjudique la parte reservada a los legitimarios (herederos forzosos).

Para ser legatario se deben cumplir los siguientes requisitos:

*Ser una persona física capaz o una persona jurídica.

*Ser instituido como legatario en el testamento.

*Puede ser un heredero, en este caso se denomina prelegado.

*Si es una persona física, puede existir o no haber nacido al momento de la apertura de la sucesión, pero no puede ser una persona fallecida.

*El legatario también puede ser un animal. En este caso, se debe designar un albacea que se haga cargo de sus cuidados.

Condiciones impuestas a los legatarios:

Según el tipo de legado, varían las condiciones impuestas al legatario para acceder al bien.

*Legado puro y simple: adquiere los derechos desde la muerte del testador.

*Legado de cosa específica: adquiere la propiedad desde el momento del fallecimiento y también de los frutos o rentas pendientes, pero no de las devengadas antes del fallecimiento.

*Legado de cosa genérica o cantidad: debe ser entregada al legatario por los herederos.

*Legado de bien hipotecado: corresponde a los herederos la recuperación del bien para su entrega al legatario. Si el recupero lo realiza el legatario, el heredero queda en la posición de subrogado.

Derechos y deberes del legatario:

Al aceptar un legado, el legatario adquiere una serie de derechos y obligaciones.

*Debe ponerse en contacto cuanto antes con los herederos o albaceas, o la persona encargada del reparto de la herencia.

*No puede ser testigo en testamentos abiertos.

*Según el tipo de legado, deberá aceptarlo o podrá repudiar. Si el legatario no acepta el legado, éste pasa a formar parte de la masa hereditaria. Si hay varios legados, puede aceptar algunos y rechazar otros. Sin embargo, si uno de los legados es a título oneroso, si renuncia a éste debe renunciar a todos los demás.

*Si el testador dispuso el legado sujeto a un término o condición, el legatario debe esperar a su cumplimiento para reclamar el legado.

*No responde con su patrimonio por las deudas de la herencia, salvo excepciones muy determinadas. Sin embargo, la entrega del legado está supeditada al pago de deudas de la herencia y los derechos de los herederos forzosos.

*Debe pagar el impuesto de sucesiones correspondiente a los bienes que reciba.

Por otro lado, poseerá ciertos derechos:

*En un legado puro y simple, adquiere el derecho en forma automática, desde la muerte del testador. Sin embargo, si el legado se refiere a una cosa, tendrá la posesión cuando le sea entregado el bien por parte de los herederos. De la misma manera, tiene derecho a los frutos e intereses producidos por el bien desde el momento del fallecimiento del causante.

*Si es a la vez legatario y heredero, puede aceptar la herencia y renunciar al legado o viceversa. Por otra parte, el heredero que recibe un bien determinado, es considerado un legatario. En cambio, si el legado es una cuota o parte de una herencia, incluyendo activo y pasivo, será considerado un heredero en la parte designada por el testador.

*No tiene funciones de administrador, liquidador ni otras facultades de los herederos.

*El legado es transmisible: si el legatario fallece antes de recibir el legado, éste se transmite a sus herederos. Sin embargo, los herederos pueden aceptar o repudiar.

Diferencia entre heredero y legatario

1. El heredero es sucesor a titulo universal, es decir en todos los derechos y obligaciones del causante; el legatario es sucesor a título particular, es decir en bienes o derecho concretos y determinados.

2. El heredero responde de las deudas del causante, salvo que acepte la herencia a beneficio de inventario. El legatario no responde de las deudas del fallecido.

3. El heredero adquiere la posesión de los bienes de la herencia tras la aceptación y partición de la misma. El legatario adquiere automáticamente desde el fallecimiento del causante, sin perjuicio de la facultad de repudiarlo, pero debe pedir la entrega del legado al heredero.

4. Consiguientemente el heredero tiene derecho a los frutos de los bienes de la herencia, intereses si se trata de dinero, desde que acepta ésta. El legatario tiene derecho a los frutos e intereses de la cosa legada desde el fallecimiento del causante.

5. El legatario solo puede ser establecido en testamento. El heredero existe en la sucesión con o sin testamento.

6. Los herederos siempre van a recibir algo de la herencia del difunto mientras que quien reciba un legado puede que no lo reciba finalmente si afecta al tercio de legítima estricta reservada por ley a los herederos forzosos.

No obstante todo lo señalado es la regla general para los legados puros y simples, pero existen excepciones atendiendo a las distintas clases de legados.

por: Xochitl Cabrera

El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es una parte del derecho privado que se encarga de definir cómo y a quién se transmiten los derechos, obligaciones y bienes de una persona cuando fallece. Es lo que se conoce como sucesión mortis causa o “por causa de muerte” y las normas se encargan de definir el reparto de esos bienes y derechos.

Una sucesión testamentaria se lleva a cabo cuando existe un documento donde se señala la repartición de bienes en una familia según la última voluntad de una persona.

Existen dos tipos de sucesiones:

*Sucesión intestamentaria, es la regulada por la ley porque la persona que falleció no hizo un testamentario. Esto podría ir hasta en contra de la voluntad del difunto.

Se debe acudir con un Notario. Si los posibles herederos son mayores de edad y todos están de acuerdo, el Notario se encargará de llevar el procedimiento. Si los posibles herederos no son mayores de edad o no están de acuerdo, deberán llevar un proceso ante un Juez Familiar competente.

*Sucesión Testamentaria: es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en su testamento.

En este caso deberás ir con un Notario para que se encargue de buscar el testamento y realices los trámites necesarios para la transmisión de los bienes.

¿Cómo encontrar un testamento?

El primer paso antes de llevar a cabo una sucesión, es obviamente tener un testamento. En caso de que el familiar que haya fallecido no informó a sus allegados que existe un documento con su última voluntad, es necesario buscarlo en el Archivo General de Notarias. Una vez encontrado se debe proceder a la apertura en presencia de todas las personas que podrán estar beneficiadas por el documento.

Elementos que debe contener un testamento

Para llevar a cabo una sucesión ordenada es importante que el testamento contenga los siguientes elementos, ya que esto es clave para que los herederos reciban conforme a derecho lo que les corresponde

•Herederos: son aquellos que adquieren los bienes y derechos que tenga el testador una vez ocurrido el deceso.

•Legatarios: son personas a los que el testador hereda ciertos bienes específicos

•Sustitutos: en el caso en que los herederos mueran antes del testador, repudien los bienes o no tengan capacidad para heredar, se podrá designar en el testamento a las personas que actuarán como sustitutos.

•Albacea: lo podrá designar el testador al momento de redactar el testamento.

•Tutor: podrá ser designado en el testamento en caso de que los herederos sean menores de edad, de esta forma queda a cargo de administrar los bienes hasta que alcancen la mayoría de edad.

Etapas de una sucesión

Una vez reconocido el testamento y la albacea haya aceptado sus responsabilidades, las cuales puede repudiar, pero sería materia de otro artículo, se prosigue a las siguientes etapas:

Etapa 1: Se determina si el testamento es válido y su existencia. Si existe tal documento, se otorgan los bienes a las personas nombradas ahí. También se nombra a la albacea.

Etapa 2: Se llevan a cabo inventarios y avalúos. En esta etapa la albacea debe presentar el inventario y avalúo de los bienes, los cuales deben ser aprobados por los herederos.

Etapa 3: En esta etapa, la albacea debe presentar un informe de gastos e ingresos que se tuvieron durante el juicio. De igual forma debe ser aprobada por los herederos.

Etapa 4: Se determina el reparto de los bienes, siempre en conjunto con los herederos.

Se puede notar que una sucesión testamentaria puede llevarse a cabo con mucho orden y sin mayor problema que la vigilancia de la albacea y los familiares en la repartición de los bienes. Es posible impugnar un testamento, ese proceso conlleva otros elementos.

por: Xochitl Cabrera

Un contrato es la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con su igual distintos pactos que representen beneficios mutuos.

Es decir, es un acuerdo voluntario entre dos partes, llamadas deudor y acreedor, que pueden ser físicas o jurídicas; además, cada parte puede estar constituida por más de una persona, así, puede haber más de un deudor y/o más de un acreedor vinculados por el contrato.

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. Los contratos se encuentran regulados en el Código Civil Federal de México, artículos 1792 a 1859.

Requisitos para la existencia del contrato

De acuerdo al artículo 1794 del Código Civil Federal tiene dos elementos de existencia:

*El consentimiento: se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes, ya sea de forma expresa o de forma tácita.

*El objeto: se refiere en primer lugar a objetos materiales como pueden ser bienes, como también se refiere al propósito del contrato es decir la obligación que se crea, por ejemplo en un contrato de arrendamiento el objeto sería el bien arrendado pero también sería el derecho a usar el bien y la obligación de pagar la renta.

Para la existencia del contrato se requiere:

1. Consentimiento

2. Objeto que pueda ser materia del contrato.

Elementos de validez del contrato

Los elementos de validez se obtienen de la interpretación en sentido contrario del artículo 1795 del Código Civil Federal y estas son:

*La capacidad de las partes.

*El consentimiento libre de vicios (es decir, circunstancias que no permitan que la persona este de manera libre de acuerdo con la suscripción del contrato).

*Un objeto licito (legal, que no sea contrario a la ley, que no sea un delito, o que no esté prohibido).

*La formalidad o solemnidad requerida por la ley.

El contrato puede ser invalidado. Artículo 1795 del Código Civil

1. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas

2. Por vicios del consentimiento

3. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito

4. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Artículo 1796 del Código Civil

La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Artículo 1797 del Código Civil

La capacidad

El primer elemento para la validez de un contrato es la capacidad de las personas para contratar.

Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Artículo 1798 del Código Civil

El consentimiento

El consentimiento en los contratos podrá ser de dos tipos: expreso o tácito.

Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Artículo 1803 del Código Civil

En cuanto a los vicios del consentimiento, habrá que tener en cuenta lo que se establece en el Código Civil Federal, artículos 1812 a 1823.

El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Artículo 1812 del Código Civil

El objeto

Son objeto de los contratos:

1. La cosa que el obligado debe dar

2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

Artículo 1824 del Código Civil

La cosa objeto del contrato debe:

1. Existir en la naturaleza.

2. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie.

3. Estar en el comercio.

Artículo 1825 del Código Civil

El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser:

1. Posible

2. Lícito.

Artículo 1827 del Código Civil

La forma

En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. Artículo 1832 del código Civil

Las formalidades exigidas por ley para un contrato determinarán su validez.

Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Artículo 1833 del Código Civil

Tipos o división de los contratos

1. Consensual, formal o solemne

Los contratos por la forma en que se perfeccionan se clasifican en consensuales, los que no requieren más que el consentimiento; formales, aquellos que se perfeccionan por escrito; y solemnes, estos últimos requieren una formalidad específica, por lo general el contrato solemne por excelencia es el matrimonio.

2. Unilateral o bilateral

Los contratos no necesariamente obligan a ambas partes, cuando solo una de las partes se obliga se conoce como unilateral, en oposición a los bilaterales donde las obligaciones son para todas las partes.

El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Artículo 1835 del Código Civil

El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Artículo 1836 del Código Civil

3. Onerosos y gratuitos

Cuando en el contrato hay beneficios y obligaciones para todos los intervinientes se le llama oneroso; cuando el provecho es solo para una de las partes el contrato se considera gratuito.

Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos; y gratuito aquel en que él provecho es solamente de una de las partes. Artículo 1837 del Código Civil

Los contratos onerosos pueden ser conmutativos que es cuando los beneficios o pérdidas son apreciables desde que se celebra. Son aleatorios cuando dependen de algún hecho que no ha ocurrido y hasta que no ocurra no se podrá saber los montos o cuantías de los beneficios o perdidas.

El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice. Artículo 1838 del Código Civil

4. Otros tipos

Cuando sea necesario que se entregue la cosa para tener el contrato como perfecto (celebrado con todas sus formalidades), a este contrato se le conoce como contrato real.

Pueden ser los contratos de tracto sucesivo o instantáneo, en los primeros las obligaciones se cumplen a lo largo de un tiempo, mientras que en los segundos se llevan a cabo en un solo acto.

Finalmente, son típicos aquellos que se encuentran literalmente descritos en la Ley como la compraventa y atípicos, aquellos que no como el contrato de claque.

por: Xochitl Cabrera

Es el derecho real por excelencia, pues permite usar, disfrutar (obtener las utilidades), disponer y reivindicar el bien del que se es propietario. La propiedad resulta ser la extensión máxima de titularidad, pero sujeta a los límites legales.

Usar

Permite servirse de la cosa o del bien conforme a sus características funcionales.

Disfrutar

Resulta ser al atributo mas importante, pues permite a su propietario el aprovechamiento económico del bien.

Disponer

Existe una libre disposición del bien, el propietario del mismo puede venderlo, usarlo, destruirlo o transportarlo.

Reivindicar

Implica recuperar lo suyo de un poseedor no propietario. La acción reivindicatoria es perpetua, no es una acción que se extinga. Hay una excepción en el caso de que el poseedor (no propietario) haya obtenido la propiedad mediante la prescripción adquisitiva.

por: Xochitl Cabrera

La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva o prescripción positiva, se da cuando una persona por el hecho de estar en posesión de una cosa (tener control físicamente), ostentándose como si fuera dueño de la misma, pasa a ser propietario de esta.

La usucapión es una forma de adquirir derechos reales tales como la propiedad a través de la posesión del bien durante un tiempo determinado por la ley.

El tiempo que debe tenerse la posesión depende de dos factores, el primero si el bien es mueble (como un coche o una televisión) o inmueble (una casa, un departamento, una bodega, etcétera) y, en segundo lugar, si la posesión se obtuvo de buena fe o de mala fe.

*Los bienes muebles se prescriben en tres años cuando son poseídos con buena fe, pacífica y continuamente.

*Faltando la buena fe, se prescribirán en cinco años.

Los bienes inmuebles se prescriben:

*En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente

*En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión

*En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública

*Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél.

El concepto de buena fe se da cuando:

*La posesión se obtiene por un título justo (puede ser una escritura, un contrato, una factura...).

*El poseedor no sabe que su título tiene anomalías que afectan su validez.

*El poseedor no sabe que su título no es suficiente para justificar su posesión.

*Hay mala fe en la posesión cuando:

*El poseedor obtiene el bien sin título.

*El que cree que tiene derecho a poseer sin tener algún derecho (por ejemplo un heredero que no ha denunciado la herencia).

*El poseedor sabe que su título no es suficiente para estar en posesión.

*Se obtiene la posesión de manera furtiva (secreta, oculta) o que se haya usado la violencia.

Para que esto ocurra, la posesión debe ser como propietario, pacífica, continua y pública.

El primero no requiere mayor explicación, por cuanto hace a que sea pacífica las diversas legislaciones locales de México, la definen como aquella que se adquiere sin violencia; el que sea continua se refiere a que esta no se interrumpa, lo que explicaremos en el párrafo siguiente, y por último el que la posesión sea pública se refiere en primer lugar cuando se detente de forma que quien tuviere interés en interrumpirla pueda saber de ella o bien cuando el título esté debidamente inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente.

La posesión puede interrumpirse cuando el poseedor deje estar en posesión por un año consecutivo, por una demanda judicial (siempre y cuando pierda dicho juicio), porque lo desapodere una autoridad judicial o bien por reconocer al propietario del bien como tal.

Tipos de prescripción adquisitiva

Judicial: Es el medio tradicional por el que se puede demandar al anterior propietario o certificar la posesión para que finalmente, mediante sentencia de un juez, se termine declarando como propietario al poseedor.

Notarial: Un notario tiene la facultad de poder gestionar la prescripción adquisitiva. El trámite suele ser mucho mas rápido vía judicial. Después de una evaluación de los pedidos, el notario declara propietario al poseedor y con ello uno puede acudir a Registros Públicos a inscribirla. Cabe resaltar que la vía notarial se dará siempre y cuando no haya alguna oposición o controversia en torno al bien inmueble, pues de ser así se llevara a la vía judicial.

Administrativa: Esta se da mediante la actividad de Estado para titular propiedades a través de entidades como COFOPRI, que en su momento sirvió para titular propiedades informales. Además también se le suman los gobiernos locales y regionales.

por: Xochitl Cabrera

¿Qué es la sucesión legítima?

La sucesión legítima trata sobre la distribución de los bienes una vez fallece una persona física sin contar con un testamento. Al no contar con un documento que plasme la voluntad de la persona, la ley será la encargada de distribuir los bienes del fallecido, en un orden de sucesión que se ha determinado en la propia ley.

En este concepto sucesorio, también se distribuyen los derechos y obligaciones que se puedan suceder a los familiares una vez haya fallecido la persona. Los conceptos anteriores, pueden ser herencias de pensiones o de deudas crediticias que se deberán cubrir.

¿Cómo funciona la sucesión legítima sin testamento?

Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo excepciones o disposiciones legales; esto quiere decir que una persona ocupa los derechos de otra fallecida, dependiendo de la proximidad del linaje ascendente y descendiente del fallecido.

En todas las constituciones locales del país, los descendientes directos (hijos) son los primeros en orden de sucesión, después vienen los ascendientes directos (padres) y la variante de cada entidad es el estado conyugal o de concubinato de la persona.

Cada bien puede ser distribuido con distinto orden de prioridad dependiendo la entidad. Por ejemplo, una propiedad inmobiliaria puede ser sucedida a los hijos del fallecido, pero en algunos casos, como en la Ciudad de México, la pensión iría a la persona en concubinato por más de 5 años, así exista un divorcio con un cónyuge o no.

¿Es recomendable dejar que mis bienes se hereden en sucesión legítima?

No, la mejor opción siempre será plasmar la voluntad de sucesión en un testamento público abierto, mediante un notario. Al no contar con este documento, los interesados que tengan el derecho a heredar los bienes deberán acudir a juicios para poder lograr adjudicarlos mediante una sucesión legítima.

Lo anterior significan gastos y desgaste para los familiares, que pueden no comprobar la propiedad de los bienes en varios años en lo que se resuelve la sucesión legítima. Todo esto se puede evitar mediante un testamento, que agiliza y facilita el proceso en una significativa cantidad.

La sucesión legítima se abre en los siguientes casos:

*No hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez;

*El testador no dispuso de todos sus bienes;

*No se cumpla la condición impuesta al heredero

*El heredero muere antes que el testador, repudie la herencia o es incapaz de heredar, si no se le ha nombrado sustituto.

¿Quién tiene derecho a heredar por sucesión legitima?

*Descendientes

*Cónyuge

*Ascendientes

*Parientes colaterales hasta el grado

*Concubina o concubinario

por: Xochitl Cabrera

Un testamento es el acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes serán las personas que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte.

Es un acto, lo que significa que es una acción voluntaria que es fuente de obligaciones.

Personalísimo, significa que solo puede ser otorgado de manera directa por el testador, o sea que no podrá enviar apoderados ni representantes de ningún tipo.

Revocable, significa que el testador puede eliminarlo en el momento que quiera.

Libre, significa que las únicas limitaciones en cuanto a su contenido son las que expresamente establece la ley.

Sirve para que una persona determine que pasará con sus bienes y derechos (patrimonio) así como para que reconozca sus deberes jurídicos y señale como habrán de cumplirse.

Quiénes pueden dictar testamento

Por regla general pueden todas las personas, con la expresa excepción del artículo 1306 del Código Civil Federal que considera incapaces para ello a los menores de dieciséis años y a las personas que estén privadas de juicio de manera habitual o por intervalos (dementes). En el último de los casos estos podrán dictar testamento y será tenido por válido si su tutor solicita y obtiene autorización de un juez.

Qué se puede o no poner en un testamento

Por regla general, el testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes (artículo 1344 del Código Civil Federal). Si se establecieran condiciones imposibles para los herederos o legatarios, estas se tendrán por no puestas.

También se prohíbe obligar a una persona a poner disposiciones en su testamento a favor de otra persona.

Tampoco se podrá imponer obligaciones de no dar o no hacer, especialmente no se podrá prohibir la impugnación del testamento.

Tipos de testamento

El Código Civil Federal, distingue dos clase de testamento: los ordinarios y los especiales. A su vez dentro de la primera categoría se encuentran: el público abierto, público cerrado, público simplificado y el ológrafo. Mientras que en la segunda están: el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.

De estos el más común, y por tanto el más importante, es el público abierto que se otorga ante un notario público, donde el testador acompañado de dos testigos dicta su voluntad al notario y este la plasma en una escritura pública.

por: Xochitl Cabrera

Como bienes se denominan las cosas materiales o inmateriales que, desde un punto de vista jurídico, son objetos de derecho, del mismo modo en que, desde una perspectiva económica, son escasos, limitados y, en consecuencia, poseen un valor que puede ser definido en términos monetarios. Como tal, la palabra bienes proviene del latín bene, que significa ‘bien’.

Bienes fungibles

Un bien fungible es un bien mueble que, derivado de darle un uso acorde a su naturaleza, se deteriora hasta consumirse pero puede ser reemplazado.

Un bien fungible, por tanto, es un bien que, debido al uso que le damos, se deteriora, se gasta o se destruye. Este bien fungible se consume, pero puede ser reemplazado por otro de la misma calidad. Un auto, un par de zapatos, una prenda de ropa pueden ser remplazados por otro igual.

Bienes no fungibles

Un bien no fungible es aquel bien mueble o inmueble que no puede ser sustituido por otro, es decir, no existe un equivalente de su misma especie y calidad.

Un bien no fungible es aquel que no puede reemplazarse por otro, siendo único en su tipo. Es lo opuesto a un bien fungible. Un ejemplo clásico de bien no fungible es una obra de arte. Esta puede ser replicada o copiada. Sin embargo, la obra original es irrepetible.

Bienes muebles

Lo que caracteriza a los bienes muebles, en comparación con los bienes inmuebles, es su movilidad, es decir, pueden ser trasladados de un lugar a otro. Un automóvil, una computadora, una cama o un refrigerador pueden ser considerados, en este sentido, bienes muebles.

Bienes inmuebles

Como bienes inmuebles, también denominados bienes raíces, son considerados todos aquellos bienes que no pueden moverse del lugar donde están, como tierras, edificios, casas, caminos, construcciones, minas, etc., juntamente con los adornos o artefactos que tienen incorporados.

por: Xochitl Cabrera

Son medidas preventivas que tienen como objetivo que la persona imputada (quien se encuentra en medio de algún proceso penal o bien una investigación) no evada a la justicia, asista a sus audiencias o juicios orales, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas así como a las pruebas. El juez puede aplicar más de una medida cautelar.

La víctima o el Ministerio Publico pueden solicitarlo cuando:

*El Ministerio Público solicita los plazos establecidos a las que tiene derecho para reunir pruebas y evitar que así el imputado se sustraiga de la justicia.

*Se haya vinculado a proceso.

Se solicitan en la audiencia inicial, las solicitudes de medidas cautelares son resueltas por el juez de control en audiencias y con presencia de las partes.

En el título VI del Código Nacional de Procedimientos Penales; en el artículo 155, se establecen las siguientes medidas cautelares:

*La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe.

*La exhibición de una garantía económica.

*El embargo de bienes.

*La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero.

*La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

*El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada.

*La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares.

*La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las personas víctimas u ofendidas o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.

*La separación inmediata del domicilio.

*La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos.

*La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral.

*La colocación de localizadores electrónicos.

*El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.

*La prisión preventiva.

Cabe destacar que la imposición de estas medidas, no puede ser usada como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como una sanción penal anticipada.

Consecuencias de desobedecer las medidas cautelares

Si existiera incumplimiento de alguna de las medidas que no sean la prisión preventiva y el pago de la garantía, la primera consecuencia será la revisión por parte de la autoridad judicial de las medidas cautelares impuestas.

Ahora que si se trata de las que consisten en la prohibición de salir de una área geográfica determinada, o de la prohibición de acercarse a personas, o lugares, la separación del domicilio, la colocación de un dispositivo electrónico o el resguardo domiciliario, la consecuencia inmediata será el arresto del acusado.

por: Xochitl Cabrera

PERSONA MORAL O JURIDICA

Se considera persona jurídica o moral a la figura jurídica donde se genera la existencia de un individuo con derechos y obligaciones, pero que no es un ciudadano. Trata de una institución, una organización o una empresa que sigue algún fin social, con o sin fines de lucro. Una organización o entidad con personalidad jurídica formada por personas físicas se denomina persona jurídica o moral.

Las personas jurídicas coexisten con las personas físicas. Se les atribuye una personalidad jurídica propia y la capacidad para actuar como sujeto de derecho. Tiene capacidad para adquirir y poseer bienes de todo tipo, ejercer actividades sociales o societarias.

La persona física es un individuo con existencia real, mientras que una persona moral es solamente una entidad, pero también dotada de personalidad jurídica propia e independiente.

ATRIBUTOS. Son su razón social, domicilio, patrimonio y capacidad. En México existen dos tipos de regímenes para las personas morales: el Régimen General y el Régimen con Fines no Lucrativos.

PERSONA FÍSICA O NATURA

Una persona física también conocida como persona natural, es un individuo con existencia real, dotado de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones dentro del marco de la ley.

La persona física se caracteriza, entre otras cosas, por tener personalidad jurídica, es decir, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, y por serle reconocida capacidad jurídica y para obrar.

ATRIBUTOS. La persona física se caracteriza por una serie de atributos que son la nacionalidad, patrimonio, estado civil, domicilio, nombre, capacidad y personalidad jurídica.

por: Xochitl Cabrera

El procedimiento judicial es el conjunto de los requisitos exigidos por la ley procesal de un país para que se pueda llevar a cabo la resolución de un conflicto por un juez o tribunal con todas las garantías para las dos partes.

El procedimiento judicial es el desarrollo que lleva un conflicto que se judicializa, es decir, que se presenta ante un tribunal para que lo resuelva.

Este procedimiento hace referencia a las etapas que recorre un conflicto entre varias partes hasta que se soluciona mediante sentencia. Es decir, mediante solución judicial. Cuando se estudia este procedimiento, se estudia la ley procesal, es decir, los requisitos exigidos por ley que hay que cumplir en las diferentes etapas.

PROCESO Y PROCEDIMIETO JUDICIAL

La diferencia principal entre proceso y procedimiento judicial es que la palabra proceso va asociada habitualmente a la parte judicial (proceso judicial), en cambio, si hablamos de trámites administrativos, se utiliza procedimiento administrativo y no proceso administrativo. La clave que diferencia a estas dos definiciones es que, el proceso hace referencia a las actuaciones particulares llevadas a cabo en un conflicto llevado ante un juez, en cambio, el procedimiento es el esquema que tiene que cumplir ese proceso para que pueda desarrollarse.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

*Se trata de un esquema inamovible regulado por ley.

*Establece los pasos a seguir en un conflicto judicializado.

*Regula los plazos para que cada parte realice su actuación.

*Expone las actuaciones a llevar a cabo por cada parte en el momento procesal oportuno.

*Obliga a seguir este esquema en busca de garantizar un proceso justo.

*Su finalidad es conseguir la igualdad efectiva entre las dos partes que se presentan en el conflicto.

Ejemplo. Un juez no puede dictar sentencia nada más interponer la demanda por una parte, sino que tiene que seguir los plazos establecidos para dar trámite a la otra parte para que conteste, celebrar el juicio, practicar la prueba, oír las conclusiones de las partes y posteriormente dictará sentencia.

Estos pasos son los que confeccionan el procedimiento con sus respectivos plazos para salvaguardar el derecho a la defensa que tienen todas las partes en un Estado de derecho y la igualdad de partes.

por: Xochitl Cabrera

Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias: decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio”.

Decretos

La resolución dictada por un juez o tribunal durante la tramitación del juicio, con exclusión de la sentencia definitiva y de la providencia. El decreto es una resolución de mero trámite dictada por un órgano jurisdiccional, por lo que no resuelve ningún punto específico del proceso y, mucho menos, resuelve el fondo del asunto de que se trate.

El decreto es una resolución de carácter legislativo expedida ya sea por el titular del órgano ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o bien por el órgano legislativo realizando, propiamente, su actividad legislativa. Tiene como características la concreción, la particularidad e, incluso, la personificación.

Autos

Es la resolución judicial motivada, estructurada con la debida separación de hechos, fundamentos y parte dispositiva, que decide los recursos interpuestos contra providencias o decretos, las cuestiones incidentales, los presupuestos procesales, la nulidad del procedimiento, así como los demás casos previstos en la ley

Tenemos que el auto es una resolución judicial que resuelve lo respectivo a cualquier punto del negocio, con una estructura debidamente establecida en la ley, y que resuelve lo respectivo a ciertas situaciones jurídicas.

Sentencia

Es la resolución que pronuncia el Juez o Tribunal, para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminal normal del proceso.

La sentencia es un tipo de resolución judicial que resuelve el asunto sometido a proceso de fondo, tomando en cuenta lo que establecieron las partes durante el proceso, fundamentando así el sentido de su resolución en cada sentencia que emita el tribunal jurisdiccional.

por: Xochitl Cabrera

La reforma constitucional que en materia eléctrica propuso el Ejecutivo Federal busca que el Estado recupere la rectoría energética y la nacionalización de litio, pero también pretende consolidar la transición hacia la generación de energía con fuentes limpias.

El vicepresidente de la Mesa Directiva explicó que, con los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se impulsará una nueva etapa de desarrollo en nuestro país, ya que se podrá garantizar energía eléctrica barata y suficiente, puesto que el Estado generará por lo menos 54 por ciento de la energía que necesita nuestro país.

Durante el foro “Del Fracaso de la Privatización Eléctrica a Nivel Mundial, hacia la soberanía energética de México”, que se llevó a cabo en el Senado el pasado 2 de marzo, el legislador de Morena asentó que también se potencializará el uso y generación de la energía geotérmica, hidroeléctrica y de energías alternativas.

Esta reforma, reiteró, es fundamental para el desarrollo de un México más justo y equitativo, para vivir con decoro y dignidad, puesto que se trata de defender el patrimonio de la industria eléctrica de las y los mexicanos.

Narro Céspedes destacó que en la administración actual se está construyendo la planta de energía solar más grande del mundo en Puerto Peñasco, Sonora, para atender la demanda de electricidad.

Por otra parte, recordó que los gobiernos anteriores apostaron a la privatización de esta industria, no fortalecieron a las empresas del Estado para alcanzar una independencia de energía, por lo que hoy se depende de particulares para cubrir los requerimientos energéticos del país.

Detalló que, al inicio del sexenio, se importaba el 90 por ciento de los combustibles, debido a que las refinerías estaban “arrumbadas” y en estado de chatarrización y no hubo inversión en su mantenimiento, pese a que en los últimos tres años de la anterior administración la deuda de Petróleos Mexicanos alcanzó un monto de 115 mil millones de dólares, supuestamente para modernizar y reconfigurar este sector.

Emilio Téllez Conteras, representante del Frente Nacional en Defensa de la reforma eléctrica, expresó que es fundamental analizar en el contexto internacional las implicaciones de una política energética, y con base en eso construir un proceso de lucha que ponga en el centro la protección de lo público, a las capas sociales más bajas y las comunidades vulnerables.

Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, aseguró que es fundamental que en la discusión de la reforma eléctrica se genere mayor conciencia sobre la importancia de garantizar la soberanía energética en la nación.

La reforma que ahora presenta el Presidente de la República recompone el desastre que dejaron las modificaciones del 2013, sostuvo, las cuales no sólo fallaron en su cometido, sino que lastimaron a México.

Por: Lic Bucio Pérez Jordi Gamaliel.

En algunas legislaciones nacionales, se llaman garantías individuales o garantías constitucionales a los derechos constitucionales o derechos fundamentales. Es decir que son los derechos básicos mínimos consagrados en la Constitución de una nación determinada.

Estos derechos se consideran esenciales para el sistema político y se vinculan con la dignidad humana, es decir, le son naturales a cualquier ciudadano sin importar su condición, identidad o cultura. Por esta razón, gozan de un estatus especial entre las leyes que constituyen el ordenamiento jurídico.

La protección de estas garantías varía dependiendo del marco jurídico que examinemos. En tanto derechos de primera generación, siempre gozan de un estatus privilegiado por encima del resto de los derechos políticos, sociales, comerciales o de otra índole.

Los procedimientos y mecanismos para ello se encuentran, ordinariamente, descritos en la Constitución de cada país, y son materia exclusiva de atención del Estado. Y solamente él está facultado, en condiciones de consideración muy especial, para suspenderlas temporalmente.

Características de las garantías individuales

Las garantías individuales son materia del derecho público y subjetivo, de cuyo cumplimiento es encargado el Estado, a través de sus diversas instituciones. Comúnmente estos derechos son:

Unilaterales. El Estado los ejerce sin distinción y por cuenta propia.

Irrenunciables. En ningún caso un ciudadano puede despojarse de ellos o ser despojado de ellos.

Intransferibles. Las garantías atañen a cada individuo específico y a él únicamente.

Perdurables. Jamás caducan, ni prescriben, salvo en casos que contemple la propia Constitución.

Soberanos. Obedecen a la Constitución política de una nación determinada y se ajustan a las normas que rigen su territorio.

Clasificación de las garantías individuales

Garantías de igualdad. Aquellas que aseguran la igualdad ante la ley, o sea, que todos los ciudadanos tengan el mismo exacto trato conforme a las mismas circunstancias.

Garantías de libertad. Aquellas que le permiten al individuo ejercer libremente un oficio lícito, expresar sus ideas del modo que prefiera, transitar a su antojo, practicar la religión, y en líneas generales ejercer cualquier otro derecho sin necesidad de aprobación o fiscalización de nadie, siempre y cuando no dañe a nadie en el proceso.

Garantías de propiedad. Aquellas garantías de tipo económico que le permiten al individuo llevar a cabo transacciones lícitas, poseer propiedades muebles o inmuebles, y ejercer decisión sobre sus propios bienes.

Garantías de seguridad jurídica. Aquellas que le aseguran a los individuos el bienestar físico y/o psicológico ante las fuerzas del Estado, así como el derecho a un debido proceso en caso de que incumpla alguna ley.

Garantías individuales en México

Las garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran en su parte dogmática, donde se hallan los principios innegables y fundamentales del Estado de derecho.

Este apartado comprende los primeros 29 artículos de la Constitución. No pueden suspenderse excepto en los casos contemplados en los artículos 1° al 29° de la misma.

por: Xochitl Cabrera

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).

El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los principios en que se funda la Organización.

El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta.

De conformidad con ese instrumento, "el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia.

La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo:

• el Sistema de Petición Individual;

• el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y

• la atención a líneas temáticas prioritarias.

A través de este andamiaje, la Comisión considera que, en el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. En forma complementaria, otros conceptos informan su trabajo: el principio pro persona e – según el cual la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser humano - , la necesidad de acceso a la justicia, y la incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades.

Por: Lic Bucio Pérez Jordi Gamaliel

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / Santiago de Chile / Tegucigalpa / La Paz / Washington, D.C., 22 de julio de 2021– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos), hacen un llamado a los Estados de la región a proteger a las mujeres en el contexto de las protestas pacíficas y su participación en los movimientos feministas, acción esencial para la plena vigencia de la democracia y el Estado de derecho; ello en el marco del mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en América.

La CIDH, su RELE y ONU Derechos Humanos han observado en varios países de la región el incremento de protestas sociales lideradas, o en las que han participado grupos de mujeres, jóvenes y niñas, incluyendo manifestaciones exigiendo igualdad de género, y contra la discriminación y la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, advierten con preocupación que, en el ejercicio del derecho a la protesta y reunión pacífica, frecuentemente son reprimidas de manera violenta por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, así como por actores privados.

Según la información recibida, en el marco de las protestas lideradas por mujeres o que involucran movimientos feministas en la región, se habría registrado en varias situaciones, hechos que van desde un uso excesivo de la fuerza, criminalización, estigmatización, intimidación y amenazas, detenciones arbitrarias, uso indebido del derecho penal, hasta violencias de género y violencia sexual, así como ataques contra la vida e integridad de mujeres defensoras de derechos humanos.

Asimismo, en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, las restricciones a la libertad de circulación y de reunión pacífica plantean dificultades adicionales respecto de las formas tradicionales de organización y acción colectiva y, en ocasiones, trasladan las actividades de defensa y promoción a plataformas en línea u otras redes de apoyo. En este contexto, la CIDH, RELE y ONU Derechos Humanos observan con preocupación un aumento en el uso de tecnologías de la información para desacreditar a las mujeres defensoras y su labor, así como para incitar a ejercer abusos contra sus derechos.

En tal sentido, la CIDH, su RELE y ONU Derechos Humanos exhortan a los Estados de la región garantizar que toda restricción a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, incluyendo en el contexto de la pandemia, se ajuste a los estándares y normas internacionales y regionales de derechos humanos.

Las mujeres defensoras juegan un papel fundamental en el desarrollo democrático de la sociedad, en el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, así como en la vigencia y el avance de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Por ello, instan a los Estados, a cumplir con su deber de crear y proteger, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para el disfrute de estos derechos con un enfoque diferenciado para la protección de las mujeres, niñas y adolescentes que les permita participar activamente y significativamente y en condiciones de igualdad en la promoción y la protección de los derechos humanos.

Adicionalmente, ambos organismos tienen importantes preocupaciones por la seguridad de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad que se organizan y movilizan en contextos rurales, de las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, refugiadas y migrantes, de las mujeres que defienden los derechos de la población LGBTI+, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos o el medio ambiente.

Es importante destacar el impacto diferenciado y desproporcionado que los ataques, las campañas de estigmatización, las restricciones y las prácticas represivas tienen sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes por cuanto muchos de los hechos de violencia ejercidos en su contra lesionan y violentan su condición de género. Estos actos generan un contexto de miedo y un efecto disuasivo en actividades de defensa de los derechos humanos o en los asuntos políticos, lo cual contribuye a perpetrar patrones de exclusión.

Finalmente, la CIDH, su Relatoría Especial y ONU Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados para que garanticen el derecho a la protesta de las mujeres defensoras. A su vez, deben adoptar medidas especializadas para erradicar los patrones estructurales de discriminación por razones de género. Asimismo, los Estados deben velar para que, en las investigaciones de actos de violencia en contra de las mujeres defensoras, las autoridades judiciales refuercen la debida diligencia, así como la incorporación de un enfoque diferenciado de género a lo largo de la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los delitos en contra de las mujeres defensoras.

Por: Lic Jordi Bucio

Por determinación de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de nuestro País; es procedente el pago de la prima de antigüedad, aunque el Trabajador expresamente no lo demande, siempre que se determinen los años de servicio y se demuestre la existencia de un despido o rescisión del vinculo laboral.

Décima Época. Núm. de Registro: 2022837. Instancia: Segunda Sala. CONTRADICCIÓN DE TESIS. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Materia(s): Jurisprudencia (Constitucional, Laboral). Tesis: 2a/J. 66/2020 (10a).

Por: Lic Cristian Rivera

Entrados ya en el verano, llega el periodo en el que los trabajadores suelen disfrutar de sus vacaciones. Disponer de este periodo de descanso es uno de los derechos fundamentales que tienen todos los trabajadores.

Las vacaciones están reguladas en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. Este texto legal remite para su configuración a las disposiciones incluidas en el Convenio Colectivo de aplicación al trabajador y en el contrato de trabajo.

Las vacaciones son un periodo de descanso retribuido del trabajador, es decir, el empresario debe seguir abonando el salario en ese periodo.

Todos los trabajadores tienen derecho a poder disfrutar del periodo de vacaciones, independientemente del tipo de contrato que tenga suscrito con la empresa, es decir, incluye tanto a los trabajadores con contrato de duración indefinida como temporal, así como a los que tengan jornada laboral a tiempo completo como parcial.

A continuación, analizaremos algunas cuestiones más relevantes de este derecho.

¿Cuál debe ser la duración de este periodo de vacaciones?

El Estatuto de los Trabajadores establece que la duración mínima de las vacaciones de cualquier trabajador es de 30 días naturales. Sin embargo, esta cifra puede ser ampliada por el convenio colectivo aplicable o por el contrato del trabajador.

Estos días corresponden al año natural en que se ha generado este derecho, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Por tanto, si el periodo de trabajo es inferior al año, las vacaciones serán proporcionales al tiempo trabajado.

¿Quién decide el periodo concreto en el que el trabajador disfrutara sus vacaciones?

El periodo o periodos de disfrute de las vacaciones se deben fijar de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, debiéndose tener en cuenta lo establecido en el convenio colectivo en relación sobre planificación anual de las vacaciones.

Cuando se acuerde el calendario de vacaciones por la empresa, el trabajador deberá conocer las fechas que le corresponden con una antelación de, al menos, dos meses.

¿Qué ocurre si hay discrepancias entre el trabajador y la empresa sobre el periodo de las vacaciones?

En caso de desacuerdo entre empresa y trabajador, existe un procedimiento judicial específico para resolver estas controversias.

Es un proceso sumario y preferente, es decir, especialmente rápido. Esto es debido a que, si no fuese así, podría dar lugar a que el procedimiento se resolviese en un momento posterior al periodo donde el trabajador quiere disfrutar sus vacaciones.

La sentencia fijará la fecha en la que se disfrutaran las vacaciones, siendo esta decisión irrecurrible.

¿Se puede elegir no disfrutar las vacaciones a cambio de compensación económica?

La ley prohíbe esta sustitución de vacaciones por una compensación económica. No es posible en ningún caso, ni, aunque el empresario y trabajador estén de acuerdo en ello.

¿Tengo derecho a vacaciones si he estado en ERTE?

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo, más conocido como ERTE, es una medida que permite a la empresa reducir o suspender los contratos de trabajo

En el caso de que el contrato de un trabajador se encuentra suspendido, durante el tiempo que dure esta suspensión el trabajador no sigue generando derechos como las vacaciones.

Podrá disfrutar los días de vacaciones que le correspondan por el periodo de tiempo que estuvo trabajando antes o después del ERTE.

¿Qué ocurre si coinciden mis vacaciones con una baja médica?

Si el periodo de las vacaciones coincide con una incapacidad temporal el trabajador podrá disfrutar sus vacaciones cuando sea dado de alta, siempre y cuando no hayan pasado 18 meses desde el final del año natural al que corresponden esas vacaciones.

Si esta incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, la maternidad, o paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones al acabar el periodo de suspensión, aunque se haya acabado el año natural al que correspondan las vacaciones.

Por: Lic Jordi Bucio

El pasado 11 de febrero de 2021, un integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano propuso una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Insolvencia Económica y Reestructuración Financiera de las Personas Físicas. Existen varios puntos que valen la pena comentar al respecto de esta propuesta, pues es conocido por los practicantes que el concurso de personas físicas en general se encuentra completamente olvidado por el legislador, siendo ésta una oportunidad para hablar de un procedimiento no enfocado a la gran empresa como el contenido en la Ley de Concursos Mercantiles. Sin embargo, únicamente nos enfocaremos en dos puntos: (i) a quién va dirigida dicha propuesta de Ley; y (ii) cuáles son las notas generales del procedimiento que propone el legislador.

A fin de empezar con el primer punto, es necesario destacar que el objetivo de esta Ley es llegar a la aplicación de un plan de pagos que sea obligatorio tanto al insolvente como a sus acreedores. A este plan de pagos, se llega ya sea a través de un convenio entre el insolvente y sus acreedores o a través de su imposición por parte del Juez que conozca del procedimiento de insolvencia. Sin embargo, la Ley prevé que para ser sujeto a dicha legislación resulta necesario que la persona física, además de no ser comerciante, se encuentre en una “dificultad extraordinaria para el cumplimiento de sus obligaciones de pago”, calificando como “dificultades extraordinarias” supuestos que van desde la pérdida del empleo; el fallecimiento de la persona que brinda el sustento económico; enfermedad grave, crónica o degenerativa del deudor; hasta ser víctima de una afectación ocasionada por desastres naturales o emergencias sanitarias. Sin embargo, la mayoría de los supuestos que contempla el legislador hacen inviable el propio cumplimiento del plan de pagos al que se pretende llegar, pues es claro que son supuestos de personas que muy probablemente no logren acceder a un ingreso regular económico ya sea en un periodo largo de tiempo o incluso nunca, siendo necesario este ingreso regular incluso para la proyección de los mínimos que puede llegar a pagar una persona física para que resulte viable un plan de pagos, por lo que este mecanismo no resulta idóneo para los sujetos a los cuales va dirigida la presente legislación. Por el contrario, el fin de dicha legislación puede ser aplicable de manera exitosa a dos sectores en específico: (i) aquellas personas físicas ya sean comerciantes o no, que cuenten con un ingreso económico regular que por cualquier motivo se encuentren en incumplimiento de sus obligaciones, sin importar el motivo que dio origen a su falencia; y (ii) las personas morales, ya sea de carácter civil o mercantil, que se encuentren en incumplimiento generalizado de sus obligaciones pero que aún así perciban un ingreso regular, en el caso de las sociedades mercantiles, el llamado “pequeño comerciante” para el cual resulta altamente costoso el procedimiento concursal contemplado en la Ley de Concursos Mercantiles.

Por otro lado, respecto al procedimiento propuesto, el legislador contempló dos etapas, una conciliatoria y otra judicial. En la primera de ellas la autoridad conciliatoria propuesta por el legislador resulta ser la CONDUSEF, sin embargo, consideramos que se tendría que dotar a dicha institución de medios para lograr lo anterior, lo cual redundaría en un alto costo, pues ciertamente la presencia de dicha instancia administrativa no es tan amplia para que ésta conozca de dicho procedimiento en todos y cada uno de los Estados de la República, así como en sus diversos partidos judiciales. En su lugar consideramos que las autoridades administrativas que resultan idóneas para el tratamiento de dicha etapa son los centros de mediación de cada uno de los Estados de la República, pues es bien sabido que la mayoría de los Estados de la República se cuenta con dichas instituciones, lo que no representaría un gasto mayor, pues la infraestructura ya se tiene y asimismo en términos de los Códigos de Procedimientos Civiles de cada uno de los Estados, la celebración de convenios ante dichas autoridades tiene efectos de cosa juzgada.

Ahora bien, respecto a la etapa judicial, resulta ser bastante fecundo que el legislador haya contemplado la oportunidad de que el Juez del conocimiento pueda dictar un plan de pagos obligatorio a falta de convenio entre las partes. Sin embargo, resulta necesario que además existan incentivos tanto para el deudor como para los acreedores en el procedimiento a fin de que éste sea instaurado en beneficio de ambas partes. En cuanto al deudor insolvente, sería idóneo que se planteara (i) la posibilidad de analizar y sancionar aquellos contratos leoninos que con base a la explorada jurisprudencia en nuestro país sean considerados usurarios, en pro de lograr una efectiva posibilidad de que el deudor recobre su solvencia económica de una manera justa; (ii) la oportunidad de que el pago del plan establecido por el Juez, tenga como efectos la descarga de todas y cada una de las obligaciones del deudor que fueron contraídas de manera previa al plan de pagos en comento, por lo que garantizaría un nuevo comienzo al deudor y sobre todo un incentivo para la debida ejecución del mismo por parte del deudor. En cuanto a los acreedores, algunos de los beneficios podrían incluirse podrían ser: (i) la reducción o eliminación de reservas bancarias obligatorias para aquellas instituciones financieras que otorguen créditos al deudor insolvente para el pago de sus deudas vencidas; (ii) beneficios fiscales; y/o (iii) la preferencia en el pago de sus obligaciones de aquellos sujetos que absorban la deuda del insolvente frente a los demás créditos.

Acorde con lo anterior, consideramos que si bien la propuesta de Ley resulta ser una oportunidad para que el legislador comience de nueva cuenta a revisar y modernizar el derecho concursal no enfocado a la gran empresa, también consideramos que una mala ejecución de dicha legislación producto de una falta de reflexión de la situación actual de nuestro país, así como del estado que guardan las personas a la cual se encuentra dirigida la misma, puede llegar a condenar esta propuesta de Ley a una muerte anticipada que no encuentre un uso práctico en nuestro sistema jurídico. Un ejemplo de lo anterior, lo podemos encontrar en el poco uso y utilidad del Concurso Civil contemplado en las legislaciones locales, por lo que a fin de no repetir dicho fracaso, es necesario que sea revisada de manera minuciosa dicha propuesta de Ley a fin de que la misma se instaure tanto en beneficio de la economía de los individuos, como en lograr que los acreedores encuentren realizados sus créditos que de otra forma resultarían incobrables como en muchas ocasiones resulta actualmente.

Por: Lic. Jordi Bucio Perez