El principal objetivo de la educación es favorecer el desarrollo integral de la persona, atendiendo de manera equilibrada sus dimensiones intelectual, emocional, social, ética y física. Educar implica mucho más que transmitir conocimientos; significa formar seres humanos capaces de pensar de manera crítica, actuar con responsabilidad y convivir respetuosamente con los demás.

Además de contribuir al bienestar y a la realización personal, la educación representa una herramienta fundamental para la transformación social. A través de ella, se promueven valores como la justicia, la solidaridad, la empatía y el respeto a la dignidad humana, formando ciudadanos conscientes de sus derechos y comprometidos con el cumplimiento de sus deberes.

Por ello, la educación constituye la base para construir una sociedad más participativa, democrática y pacífica, en la que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades y aportar positivamente al bien común.

El Sistema Educativo Nacional tiene la responsabilidad de formar ciudadanos íntegros, comprometidos con los valores de la libertad, la justicia, el respeto, el diálogo y la democracia. Asimismo, debe brindar a las niñas, niños y adolescentes las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para participar de manera responsable en la sociedad e integrarse exitosamente a la vida productiva.

La educación constituye uno de los pilares fundamentales del tejido social, ya que promueve la igualdad de oportunidades, favorece la inclusión y contribuye a reducir las desigualdades. Es, además, el medio más eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas, al impulsar el desarrollo de sus capacidades y fortalecer su proyecto de vida.

De igual manera, la educación forma el talento humano que el país requiere para afrontar los desafíos del presente y del futuro, favoreciendo la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible. Por ello, invertir en educación significa apostar por una sociedad más justa, participativa, solidaria y con mayores oportunidades para todas y todos.

La implementación de las escuelas de tiempo completo o de jornada ampliada es una política educativa que se ha generalizado en las última década en el contexto iberoamericano. Países como Uruguay, Brasil, Colombia, Argentina y Chile lo han implementado con la idea de lograr que la escuela pública sea el principal agente de integración y movilidad social.

 El rasgo distintivo de estas escuelas es que los alumnos pasan más tiempo en la escuela, realizando actividades relacionadas con alimentación, salud, arte, recreación, civismo, uso de tecnología o aprendizaje de una segunda lengua (Méndez, 2012). Se espera, que este tipo de escuelas atiendan la desigualdad social a partir de una educación más equitativa e integral, creando ambientes de aprendizaje en las que se mitiguen las vivencias negativas del entorno familiar y territorial en el que viven los niños, acrecentando sus oportunidades para aprender y desarrollar competencias.

 La idea en la que se sustenta la ampliación de la jornada escolar es que si el niño pasa más tiempo en un ambiente educativo de calidad, en el que se aproveche el tiempo con eficacia, tendrá un mejor desarrollo y mayor aprovechamiento, ya que establece comunicación con sus maestros y sus compañeros, realiza actividades formativas, recreativas y de descanso en un ambiente seguro. Además, al permanecer más tiempo en la escuela, bajo la supervision de los maestros se crea un clima de confianza que repercute en el aprovechamiento escolar (Zorrilla, Lengford, Ramírez y García, 2008). En el ámbito internacional, la ampliación de la jornada escolar ha tenido resultados positivos en aspectos como aprendizaje, repetición, asistencia y abandono escolar (Zorrilla, Lengford, Ramírez y García, 2008). 

En México, tanto en el Distrito Federal, como Chihuahua y Nuevo León la propuesta tiene aceptación, más en las áreas urbanas en las que ambos padres trabajan (Méndez, 2012). Aunque se recomienda que la propuesta pedagógica sea revisada para que los resultados puedan ser mejores (Zorrilla, Lengford, Ramírez y García, 2008). En relación al modelo pedagógico, se considera la aplicación del currículo nacional (centrado en el cumplimiento de los 12 principios pedagógicos establecidos en el Acuerdo 592 para la articulación de la Educación Básica) en un mayor espacio de tiempo. Los documentos indican que el principio rector de la escuela de jornada ampliada es el empleo del tiempo con mayores oportunidades de aprendizaje, para lo que los profesores comentan, acuerdan y aplican prácticas efectivas, mediante el uso de estrategias didácticas contextualizadas que dan respuesta a las necesidades de sus alumnos. 

En las escuelas de jornada ampliada, los docentes disponen de tiempo suficiente para la planeación, discusión y trabajo colaborativo y cuentan con suficiente autonomía para la toma de decisiones de la gestión pedagógica (Gracia, 2012). La propuesta pedagógica del modelo de escuelas de tiempo completo considera el trabajo colaborativo y participativo de estudiantes y profesores e integra seis líneas de intervención educativa: (1) Fortalecimiento de los aprendizajes sobre contenidos curriculares; (2) Uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación; (3) Arte y cultura; (4) Recreación y desarrollo físico; (5) Aprendizaje de lenguas adicionales y (6) Vida saludable (SEP, 2009). Los ocho principios que regulan esta propuesta pedagógica son: (1) aprendizaje compartido y articulador; (2) contextualización y relevancia; (3) flexibilidad; (4) trabajo colaborativo y participación; (5) aprovechamiento de recursos materiales; (6) articulación entre líneas; (7) inclusión y atención a la diversidad; (8) dinamismo y aprendizaje lúdico (SEP, 2013). 

En lo que se refiere a la gestión escolar, las escuelas de tiempo completo o de jornada ampliada se organizan considerando los elementos de planeación estratégica del Programa Escuelas de Calidad, considerando la realización de un diagnóstico, un proyecto escolar y una planeación del ciclo escolar, además de permanecer en un proceso continuo de seguimiento y evaluación, centrado en los logros académicos escolares y la reflexión sistemática del trabajo de los actores educativos (SEP, 2009), en un marco de liderazgo pedagógico y cultura de mejora. Queda en manos de los directores gestionar apoyos, favorecer el desempeño de los Consejos Técnicos Escolares, promover la participación de los padres de familia, rendir cuentas sobre los logros obtenidos y sobre el ejercicio de recursos. 

Los maestros se encargarán de desarrollar las actividades pedagógicas propiamente establecidas en el programa (Lerma, 2014). Méndez (2012) explica que no es posible considerar que la implementación de las escuelas de jornada ampliada por sí sola mejorará las condiciones de desigualdad presenten en las comunidades, es necesario que las políticas públicas y las acciones del estado se encaminen a la construcción de un sistema educativo coherente y estructurado, lo que requiere propuestas integrales que consideren: infraestructura, formación inicial y continua de profesores, situación laboral del personal y la adopción de una perspectiva administrativa centrada en la escuela, con mayor autonomía y posibilidades de participación social.