La custodia del territorio es un instrumento de conservación de la naturaleza recogido en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre). Dicha Ley define la custodia del territorio como el “conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos”. Así mismo, define las entidades de custodia del territorio como las “organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que llevan a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad”. Además, en su Artículo 72, de esta ley se establece que las administraciones públicas deben promocionar de la custodia del territorio y fomentar los acuerdos

Para llevar a la práctica los acuerdos de custodia hace falta la participación de:

• La propiedad privada y determinadas formas de propiedad pública o común (municipal, comunal, de dominio público...)  que es quien negocia, acepta y desarrolla acuerdos de custodia en sus fincas.

• Las entidades de custodia de la sociedad civil (asociaciones, fundaciones...) o públicas (ayuntamientos, consorcios de gestión de territorio, espacios protegidos...), que son las impulsoras de las iniciativas de custodia.

• Las administraciones públicas que impulsan la custodia a través de la legislación, ayudas, ventajas fiscales, apoyo técnico y formativo, alianzas con entidades de custodia...

• La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad (instituciones, empresas...) que apoyan y reconocen la actividad de los propietarios y las entidades de custodia.