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¿Por qué una Ley de Movilidad y por qué ahora?
¿Por qué una Ley de Movilidad y por qué ahora?
La movilidad es uno de los principales derechos inherentes a la persona humana, igual de importante que el derecho a la salud o a la educación, porque todos, bajo cualquier circunstancia que nos encontremos, necesitamos movernos para la simple subsistencia.
El marco normativo nacional cuenta con dos instrumentos legales que se enfocan en regular el tránsito y la seguridad vial, estos son el Decreto legislativo 132-96, Ley de Tránsito y sus reformas; y, el Decreto legislativo 45-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y sus reformas, respectivamente.
En ambos casos, se busca regular lo relativo al tránsito de vehículos, pero se deja de lado otros factores que son más importantes y necesarios como establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Tampoco se abordan temas tan esenciales como la formulación de políticas nacionales, planes, programas, proyectos, ni los mecanismos específicos para financiamiento de proyectos que requieren inversiones de gran envergadura para satisfacer las necesidades de la población guatemalteca.
Muchos países como México, Colombia, y España ya han implementado leyes de Movilidad que han demostrado ser eficientes para la mejora de la seguridad y las condiciones de movilidad de las personas y mercancías, porque aporta para el desarrollo ordenado e impulsa el fortalecimiento económico y social del país.
La actual legislatura ha promovido, procesos participativos que requieren de la participación activa de la ciudadanía organizada, generando con ello un cambio significativo en la apertura que tiene el Congreso de la República para la formulación de iniciativas de ley que respondan a necesidades reales de los habitantes del país. Ante tal contexto, como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento democrático de las instituciones y responder a necesidades colectivas que Guatemala requiere, se considera oportuno participar en un proceso que responda a una digna representación democrática.
¿Qué se quiere lograr?
Con esta ley de movilidad y seguridad vial se aspira a que Guatemala tenga un marco normativo integral que promueva una movilidad urbana y rural eficiente, equitativa y sostenible, garantizando la seguridad de todas las personas, siendo esta una de las mayores apuestas, considerando que la movilidad debe priorizar la salvaguarda de la integridad y la vida de las personas en todos los aspectos posibles.
Se busca que las instituciones que intervienen en temas de movilidad sean sólidas y coordinadas, que supervisen y regulen la movilidad en el país, así como los sistemas de transporte a todos los niveles, garantizando una gestión eficaz y transparente.
Que las instituciones de gobierno central y local se comprometan a desarrollar planes de movilidad participativos que integren las necesidades y perspectivas de la comunidad, asegurando criterios de equidad y sostenibilidad en la planificación de infraestructuras y servicios.
En términos financieros, se aspira a diversificar las fuentes de financiamiento y promover incentivos para la adopción de soluciones de transporte más eficientes. Para lograrlo, se instará al involucramiento activo de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la evaluación continua de las políticas.
Los cuatro ejes de la ley
Los cuatro ejes de la ley
1. El derecho a la movilidad y la seguridad vial
1. El derecho a la movilidad y la seguridad vial
El concepto de movilidad como una actividad que involucra el desplazamiento de personas, bienes, o cosas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de locomoción o utilizando algún tipo de transporte, es una derecho inherente a la persona, irrenunciable y necesario, y es por ello que es importante situar al ciudadano en el centro de las políticas públicas.
El compromiso es garantizar el derecho universal a la movilidad segura, eficiente y accesible como un pilar fundamental. Este derecho implica asegurar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de desplazarse de manera digna y segura.
Además, la seguridad vial es una prioridad clave para que el Estado garantice la implementación de medidas efectivas para reducir los incidentes de tránsito y proteger la vida de los usuarios de las vías, así como la promoción de comportamientos responsables en las carreteras a través de campañas educativas y de concienciación.
La elaboración y actualización de normativas y estándares de seguridad para vehículos y sistemas de transporte, aseguran que todos los medios de movilidad cumplan con las exigencias de seguridad necesarias para proteger la integridad física de los usuarios. La coordinación entre autoridades de transporte, salud y seguridad será fundamental para implementar estrategias integrales que reduzcan los riesgos asociados al desplazamiento.
2. Institucionalidad articulada
2. Institucionalidad articulada
Luego de un análisis de la institucionalidad existente en el país, se pudo identificar deficiencia en la articulación de las distintas instituciones involucradas en la movilidad, por lo que se hace necesario contar con un marco legal que brinde un andamiaje institucional sólido y eficiente que tenga en sus funciones la coordinación y promoción de políticas integrales de movilidad urbana y rural.
Este marco incluirá la creación de una entidad que coordine los esfuerzos y que sea competente en materia de movilidad, con capacidad para supervisar y regular el sistema de transporte a nivel nacional, regional y local. Dicha autoridad garantizará una coordinación efectiva entre las diferentes jurisdicciones y actores del transporte, facilitando una integración coherente del sistema. Además, se definirán roles claros y responsabilidades tanto para las entidades gubernamentales como para otros agentes involucrados en la movilidad, asegurando así una gestión eficiente y transparente del sistema.
Finalmente, la institucionalidad deberá poder afrontar la articulación de planes, programas y proyectos de gran envergadura, mediante el uso de mecanismos de financiamiento que permitan el desarrollo de éstos a corto, mediano y largo plazo con principios y visión sistémica en atención al crecimiento de las ciudades y la conectividad entre éstas.
3. Planificación y participación
3. Planificación y participación
Los procesos inclusivos de planificación que consideren las necesidades y opiniones de la comunidad en el desarrollo de planes de movilidad sostenibles son una necesidad. Para lograr esto, se llevará a cabo una participación activa de comunidades locales, autoridades, expertos en transporte y usuarios en la formulación de políticas y proyectos.
Esta planificación integrará criterios de equidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, priorizando el bienestar colectivo sobre intereses individuales. Se establecerán mecanismos efectivos de consulta pública y retroalimentación continua para adaptar los planes de movilidad según las demandas y expectativas cambiantes de la sociedad.
Se busca promover un desarrollo participativo y democrático entre todas las instituciones involucradas en el desarrollo de políticas públicas de movilidad que respondan de forma eficiente a los retos del país y que satisfaga las necesidades de las personas que en él se mueven.
4. Financiamiento y transparencia
4. Financiamiento y transparencia
El objetivo principal será garantizar recursos financieros adecuados y sostenibles para la implementación y mantenimiento de infraestructuras y servicios de movilidad. Para lograr esto, se propone diversificar las fuentes de financiamiento, incluyendo fondos públicos, privados y cooperación internacional.
Se establecerán mecanismos transparentes y eficientes para la asignación y uso de fondos destinados a la movilidad, minimizando la corrupción y maximizando el impacto de la inversión. Además, se promoverán incentivos económicos que fomenten la adopción de formas de transporte más sostenibles y eficientes, estimulando la innovación y la mejora continua del sistema de movilidad.
La iniciativa de ley buscará la transparencia y rendición de cuentas en la gestión y operación del sistema de movilidad. Para lograr lo anterior, se considerará dentro del articulado el acceso público a la información relevante sobre políticas, inversiones y desempeño del sistema de movilidad, fomentando así la confianza y la participación ciudadana. Lo anterior mediante sistemas de monitoreo y evaluación efectivos para medir el impacto y la eficiencia de las políticas y programas de movilidad, facilitando la toma de decisiones informadas. Asimismo, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la supervisión de la gestión de la movilidad, promoverá procesos de veeduría en un diálogo abierto entre autoridades y sociedad civil para mejorar continuamente el sistema de transporte.
Proceso de formulación
Proceso de formulación
El borrador inicial ha sido elaborado por profesionales vinculados a procesos de movilidad a nivel nacional e internacional, tomando como referencia normativas y experiencias de otros países. Se llevaron a cabo discusiones constructivas entre todas las instituciones del sector público involucradas, la sociedad civil organizada, camaras empresariales, asociaciónes y organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de enriquecer el texto, el cual finalmente fue presentado como la iniciativa 6551
Descargas
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Descarga la Iniciativa 6551 que se encuentra en proceso legislativo.
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Apoya la causa, firma la petición para la aprobación de la iniciativa 6551
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