El derecho de existir con nuestra lengua

20 de junio del 2026

Elvis Marcelo Mendoza Mendoza

emendozame@unsa.edu.pe

Barro Pensativo. Centro de Estudios e Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales

De este modo, quien se comunicaba con los seres de su entorno en su lengua aprendió a callarlas. Porque su voz, en la ciudad, no era oficial; porque en los hospitales nadie le entendería si decía “nanawan”; porque en los juzgados su palabra no tendría validez; porque en la universidad –si lograba llegar– tendría que pensar en castellano, sentir en silencio y traducirse a sí mismo a cada instante, como un extranjero en su propia tierra; porque aprender en lengua originaria era imposible. Asimilar lo que no es tuyo era la única opción públicamente aceptable. 

Este relato no es una historia inventada, es parte de la biografía de miles de personas de los pueblos originarios que han vivido, y que aún hoy en el Perú del siglo XXI (aunque menos que antes), viven la paradoja de tener una lengua viva pero discriminada, rica pero excluida. También es la historia de algunos que, al tomar conciencia y madurez, decidieron volver sobre sus pasos para desandar el camino del olvido; porque hay heridas que no sanan con silencio, sino con memoria, palabra y lucha reivindicativa. No se trata solo de un problema de nostalgia, de resentimiento o folclor (de entretenimiento); sino, más bien, de un problema de justicia lingüística, de ciudadanía y de dignidad.

Y es precisamente desde esa memoria que se invita a reflexionar acerca de un problema que sigue aún vigente: el derecho lingüístico negado, como consecuencia de la exclusión que se disfraza de modernidad y progreso. Abordar este problema desde la interculturalidad crítica, no es solo discurso; es, sobre todo, praxis (Fornet-Betancourt, 2001). Es una propuesta que surge de la toma de conciencia sobre relaciones asimétricas e injustas de poder entre culturas (Estermann, 2014). Tampoco es una receta ya hecha, sino un camino que se construye desde las voces y contextos diversos, así como desde las lenguas y los saberes de los pueblos que resisten al orden hegemónico monocultural.

El Ministerio de Cultura del Perú ha identificado 48 lenguas correspondientes a sus 55 pueblos originarios. Así, la diversidad de nuestras lenguas es una herencia milenaria de nuestros pueblos que convivieron bajo los principios de la cosmovisión andina: la complementariedad, la reciprocidad, la relacionalidad y la correspondencia. Recordar que hemos sido y seguimos siendo un país lingüística y culturalmente diverso, sigue siendo una necesidad urgente, más aún, siendo el cuarto país más discriminador del planeta (IndexMundi, s.f.).

Por eso, tenemos tareas pendientes a partir de la academia. Desde la filosofía, es el de desquiciar nuestros prejuicios eurocéntricos (Fornet-Betancourt, 2001) y visibilizar los saberes de nuestros pueblos, puesto que la violencia epistémica es la base de otras formas de violencia (Tubino, 2015) como las violencias en las relaciones de poder, hacer, ser y sentir (Walsh, 2009); es, además, una violencia que silencia nuestras voces, memorias, identidades y culturas.

Del mismo modo, desde la lingüística se esperan esfuerzos que no se reduzcan a hacer inventarios bajo la panacea de la ciencia pura y dura, o tras una supuesta neutralidad. Lo que hace falta es visibilizar a quienes las hablan, las sienten, las heredan y las reconstruyen desde su contexto. Sin embargo, como advierten Arias y Lovón (2022), existen proyectos académicos que, bajo la presión del Estado y de gobiernos de turno, en base a diversas creencias (o ideologías), buscan la normalización y estandarización alfabética apelando a consensos científicos, pero dejan de lado a quienes realmente usan esas lenguas.

Y aquí el problema se vuelve más complejo, porque no solo depende de lo que se haga o no desde la academia. También hay un gran obstáculo que viene del propio Estado, con profundo arraigo monocultural y eurocéntrico. Aunque en el discurso oficial se hable de inclusión y existan cuantiosas disposiciones e intencionalidades, en la práctica estas políticas interculturales se estancan en lo declarativo, pero son funcionales orden establecido: maquillan la exclusión mostrando una cara bonita de inclusión, pero no cuestionan el poder ni lo reparten de verdad. Aunque no siempre los mantienen ocultados, también logran expresarlo abiertamente, y con cierta claridad, en época electoral. 

En tal sentido, el Estado se limita a promover una interculturalidad superficial, que esquiva lo más profundo: justicia en lengua originaria, educación intercultural desde el empoderamiento, participación democrática, equidad de poder y redistribución económica; porque, como decía Tubino (2015), la exclusión cultural es un problema de redistribución equitativa (o económica), al mismo tiempo. Detrás de esta interculturalidad funcional se esconde una idea sutil pero poderosa: lo indígena sigue siendo visto como atraso, y lo castellano como progreso. Así, el Estado termina reproduciendo, la misma lógica que hizo callar al niño del relato, pero ahora con leyes, talleres y programas que suenan bien y no transforman nada. Porque la interculturalidad no solo se decreta, sino que se construye desde abajo, con diálogo y con el reconocimiento de los pueblos empoderados para contribuir y transformar.

En consecuencia, los derechos lingüísticos no son un adorno cultural, sino es la base de una ciudadanía digna, para el allin kawsay. Desde interculturalidad crítica y decolonial, hablar con voz propia implica cuestionar la jerarquía que silencia nuestros saberes vivos que resisten al poder hegemónico. Porque hablar en nuestra lengua no es nostalgia, sino es un acto de justicia, memoria, resistencia y reexistencia. En contextos (actuales) donde el poder de decisión de lo público lo ejerce el pacto mafioso, involucrarse para resistir y exigir estos derechos es una responsabilidad ética-política.