Lo que todo político debe tener en cuenta: Los "ismos" que dividen el territorio

10 de julio del 2026

Hilder Alberca Velasco

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

havrufino123@gmail.com 

https://orcid.org/0009-0007-0571-1695 

Sin embargo, existen también otros "ismos" menos visibles, poco estudiados y rara vez nombrados, pero que poseen una influencia significativa en la vida cotidiana de los pueblos y de quienes los habitan. En este sentido, no se trata ya de hacer mención a grandes doctrinas filosóficas ni a teorías políticas universales, sino de prácticas, comportamientos y formas de entender el poder que terminan moldeando las relaciones sociales y las decisiones públicas.

Como ya se viene anunciando, precisamente, el propósito de esta reflexión es trasladar la discusión de los "ismos" al ámbito de los territorios y las territorialidades.  Es decir, analizar cómo determinadas formas de apego, preferencia o identificación con espacios concretos comunidades, caseríos, barrios, centros poblados o regiones pueden influir en la manera de hacer política, de distribuir recursos y de ejercer el gobierno.

A partir de esta premisa surge la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto el vínculo legítimo con un territorio puede transformarse en una práctica excluyente de un político que límite la visión de conjunto y debilite el principio de igualdad entre los ciudadanos?

Entonces, amar la comunidad donde uno nació es natural; sentirse orgulloso de su caserío, de su barrio, su centro poblado o de su provincia, distrito, región o departamento es perfectamente válido. Después de todo, la identidad territorial forma parte de la historia personal y colectiva de cada pueblo. No obstante, el problema surge cuando ese afecto se transforma en el criterio principal para decidir quién merece atención, inversión o apoyo. Es allí donde nacen los llamados "ismos" territoriales.

En muchas campañas electorales, especialmente en los espacios locales, puede observarse esta tendencia. Algunos candidatos terminan mirando el territorio a través de un lente demasiado estrecho. Piensan primero en su comunidad, luego en sus allegados y, finalmente, si queda espacio, en el resto de la población. Así, poco a poco, el interés general comienza a ser desplazado por intereses particulares.

Cuando ello ocurre, aparecen diversos "ismos" territoriales. En su expresión más cercana encontramos el barrialismo, que se manifiesta cuando ciertos barrios reciben obras y servicios de manera recurrente mientras otros permanecen relegados. A una escala mayor surge el caserismo o caseriyismo, cuando determinados caseríos concentran la atención de las autoridades mientras otros permanecen invisibles para la gestión pública.

Del mismo modo, aparece el comunalismo político, entendido como la tendencia a privilegiar una comunidad por encima de las demás. Más adelante pueden presentarse el distritalismo o distritismo y el provincialismo, se refiere cuando las preferencias de un gobierno político se orientan hacia determinados distritos o provincias, y así creando perjuicios y resentimientos de la población de otros espacios del territorio. Por ello, que, cuando esta lógica alcanza una dimensión más amplia, hablamos de regionalismo excluyente, es decir, la inclinación a favorecer una región o zona geográfica específica en detrimento del conjunto.

Aunque los nombres puedan variar, el fenómeno es esencialmente el mismo, aquí nace la fragmentación del territorio según preferencias personales, electorales o afectivas. Lo que debería ser una gestión orientada al bien común termina muchas veces convirtiéndose en una administración de cercanías, afinidades y recompensas.

Ahora bien, ¿cómo llamar a esta práctica desde una perspectiva ética y política?

Una primera respuesta podría ser la discriminación territorial. Es decir, una situación en la que las personas no son tratadas de manera equitativa debido al lugar donde viven. De esas acciones, la exclusión ya no se produce por razones económicas, religiosas o culturales, sino por pertenecer a una determinada comunidad, barrio o caserío.

Por otro lado, también podemos hablar de sesgo territorial. Este concepto resulta especialmente útil porque no siempre existe una intención deliberada de excluir. En ocasiones, la autoridad edil o política desarrolla una visión parcial del territorio y termina favoreciendo sistemáticamente ciertos espacios mientras ignora otros. Aunque no exista mala fe, el resultado sigue siendo desigual.

Incluso podría emplearse una expresión más provocadora, y es hablar de racismo territorial. No porque exista una discriminación racial en sentido estricto, sino porque se establece una jerarquía simbólica entre territorios. Algunas zonas son percibidas como más importantes, más cercanas o más merecedoras de atención que otras. De esta manera, terminan construyéndose ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según el lugar donde residen.

En este sentido, lo preocupante es que estas prácticas suelen hacerse visibles después de toda elección política. Espacio perfecto para medir y visualizar estos conceptos que aquí estamos describiendo.  De seguro que la población, con frecuencia se escucha decir que determinada comunidad apoyó masivamente a un candidato y, por lo tanto, "merece" ser más recompensada. Del mismo modo, se afirma que aquellas zonas que votaron por un adversario político deben esperar su turno. Esta lógica puede parecer comprensible desde la pasión electoral, pero resulta profundamente equivocada desde la perspectiva democrática. 

Las autoridades no son elegidas para gobernar únicamente para quienes votaron por ellas. Son elegidas para representar a toda la población. La legitimidad de una gestión pública no proviene de premiar a los amigos ni de castigar a los opositores. Proviene de garantizar que cada ciudadano tenga acceso a oportunidades, servicios e inversiones de acuerdo con sus necesidades y derechos.

Por ello, una autoridad con visión y doctrina debe evitar cuidadosamente los "ismos" territoriales. Debe comprender que el presupuesto público no pertenece a una comunidad específica, a un barrio determinado ni a un grupo de simpatizantes. Pertenece a toda la población.

Asimismo, debe entender que la planificación del desarrollo no puede construirse sobre emociones electorales. Debe sustentarse en diagnósticos técnicos, indicadores sociales y criterios de justicia territorial. Allí donde exista mayor necesidad, debe existir también una mayor atención del Estado, independientemente del resultado de las urnas.

La verdadera grandeza de un líder se manifiesta precisamente cuando es capaz de superar sus propias preferencias territoriales. Cualquiera puede gobernar para los suyos; lo verdaderamente difícil es gobernar para todos.

En una provincia como Huancabamba y sus distritos, caracterizadas por una enorme diversidad geográfica, cultural y social, esta reflexión adquiere una relevancia particular. Ninguna comunidad debe sentirse dueña exclusiva de la gestión pública. Ningún caserío debe ser olvidado. Ningún barrio debe ser invisible. Y ningún territorio es mejor que otro, solo porque su alcalde o autoridad es de tal lugar o vecino de algún territorio.

Por ello, entendamos que la democracia puede alcanzar su máxima expresión cuando cada ciudadano puede sentir que las instituciones también le pertenecen, sin importar dónde viva ni por quién haya votado. Porque, al final, mientras los "ismos" dividen el territorio, la buena política tiene la obligación histórica y moral de unirlo. 

Por último, estimado lector, si estos conceptos le resultaban familiares, esta columna habrá cumplido el propósito de reforzar una reflexión necesaria. Si no los conocía, quizá sea un buen momento para incorporarlos al debate público. Al fin y al cabo, una ciudadanía informada y una clase política educada son condiciones indispensables para construir territorios más justos, integrados y democráticos.