Proyecto MEAMPRIS
Menores amenazados: Necesidades y efectos de la prisión en los hijos de encarcelados en España
Menores amenazados: Necesidades y efectos de la prisión en los hijos de encarcelados en España
MEAMPRIS es un proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación (referencia del proyecto: PID2019-110006RB-I00)
Su objetivo es comprender la situación de los adolescentes entre 10 y 19 años que tienen a un progenitor/a en prisión y de sus familias.
El análisis de la situación y el estudio de los factores que predicen un mejor ajuste a esta experiencia dirigen nuestra acción y las propuestas de intervención que realizamos.
La intervención que ofrecemos desde el Servicio HIPRIFAM se basa en la evidencia encontrada gracias a este proyecto de investigación.
Resumen de los resultados
En España, alrededor de 71.000 menores de 18 años tienen alguno de sus progenitores encarcelados. Los efectos de ese encarcelamiento sobre sus vidas pasan inadvertidos para la escuela, los servicios sociales, la propia institución penitenciaria e incluso el sistema judicial. Conocer en profundidad la situación es esencial para poder protegerlos. El proyecto MEAMPRIS fue planteado para investigar las situaciones de vulnerabilidad, sus necesidades, los efectos de su relación con la cárcel, las dificultades que se producen en la organización familiar o en sus relaciones sociales, y el estudio del marco legal de amparo. La información científica previa ya indicaba que el empeoramiento de su situación económica, personal, social y psicológica era muy previsible. La ausencia de un marco legal específico, preocupante.
Los resultados de la investigación han puesto de manifiesto su invisibilidad social frente a las instituciones responsables de su protección o su desarrollo educativo. Especialmente delicado es el momento de la detención de los padres y la actuación de la policía. El riesgo de generar traumas en los niños es máximo y evitar su presencia en la detención clave. Así mismo, la reubicación familiar inicial tras la detención debería ser vigilada intensamente por los servicios sociales. La falta o el retraso en la comunicación entre instituciones cuando se producen traslados de reubicación familiar entre CCAA es crítica también para ellos. Hay que crear un marco legal específico que los proteja.
En el mismo orden, el retraso de la escuela en detectar la situación es importante. El ocultamiento de la familia debido al estigma social que provoca el ingreso en prisión lo agrava. Los sistemas escolares deben reaccionar rápido frente a cambios repentinos que derivan en el aislamiento social del niño, las conductas antisociales, las dificultades académicas, los problemas físicos sospechosos de una mala alimentación, los problemas emocionales como la tristeza, la ira o el desamparo. El ingreso en prisión es posible que sea una explicación más común de lo que parece.
La institución penitenciaria debe mejorar los espacios físicos de las comunicaciones y la preparación del personal en las visitas si quiere evitar la prisionización de estos niños. También facilitar la comunicación.
Entre los resultados destaca la influencia del género del progenitor que ingresa en prisión como un factor determinante al evaluar los efectos del encarcelamiento: los resultados evidencian que los problemas de salud mental, salud física y la calidad de vida de los adolescentes aumentan cuando el ingreso en prisión es de la madre. La asunción de la custodia del padre cuando ingresa la madre suele ser derivada a otros familiares y la implicación de los cuidadores se reduce. La situación de vulnerabilidad aumenta.
Los resultados permiten predecir que la mejor relación con el progenitor y el cuidador, la mayor satisfacción con las comunicaciones y la estabilidad vital mejoran los indicadores de salud mental.
Equipo de investigación
Rodrigo J. Carcedo González (IP). Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca
Antonio Viedma Rojas (IP). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UNED
Noelia Fernández-Rouco. Facultad de Educación. Universidad de Cantabria
Consuelo del Val Cid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UNED
Vitoria Ramos Barbero. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Burgos
Mª Pilar Gomiz Pascual. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UNED
Esther Souto Galán. Facultad de Derecho. UNED