La presente investigación, busca promover la conservación sostenible de la arquitectura de tierra sin salvaguarda; especialmente de aquellas edificaciones de características modestas, de tipo vernácula o de origen popular, de valor patrimonial inminente y que se encuentren con algún grado de deterioro importante; lo que estaría poniendo en riesgo su permanencia en el tiempo.     

Para este propósito se ha seleccionado un caso de estudio del proyecto de investigación “Patrimonio vernáculo de tierra en deterioro en el Valle del Elqui: catastro, diagnóstico y lineamientos para su rehabilitación” -proyecto aún ejecución del cual se es autora y co-investigadora, financiado por DICYT de la USACH- correspondiente a una edificación de tipo religiosa, la capilla Nuestra Señora de Lourdes de la localidad de Dos Pinos; edificación seleccionada debido a: su valor histórico, cultural y constructivo; su singularidad tipológica y por el compromiso manifiesto de los habitantes de la localidad con su conservación.

El objetivo general consistió en diseñar un plan de conservación sostenible para la arquitectura vernácula de tierra en el valle del Elqui que permitiera la recuperación de la capilla. Para la elaboración del plan, se estudió el estado de conservación de la edificación y se analizaron los planes o procesos de conservación más significativos llevados a cabo durante los últimos 12 años, bajo criterios de conservación sostenible. Con esta información se elaboró un plan de conservación adecuado a las condiciones y posibilidades actuales, de modo de otorgar viabilidad a un proceso que debiera ser mantenido en el tiempo de forma autónoma por parte de la propia comunidad, bajo los parámetros de sostenibilidad establecidos en el marco de la investigación.

    Para lograr este último objetivo, fue fundamental establecer un concepto de conservación sostenible junto con las variables o sinergias necesarias para ser aplicado en la realidad de Dos Pinos. 

    De esta forma, se logró generar un instrumento de medición denominado: "Matriz de análisis para planes y procesos comunitarios de conservación sostenible en arquitectura vernácula", el cual ha arrojado una puntuación en el nivel de desarrollo de cada sinergia en la comunidad de Dos Pinos, de modo que el plan a aplicar, esté en consonancia con su realidad; y que tanto el proceso de desarrollo del proyecto de intervención, como el de ejecución y de control de la edificación (una vez finalizados los trabajos de conservación formales), puedan también servir como instancias de fortalecimiento, generando así un escenario favorable que les permita llevar a cabo la conservación y/o mantención futura del bien en cuestión de manera sostenible.

La promulgación de la Ley de Colonización de 1845 es un hito fundamental para comenzar el acercamiento al proceso de privatización de la Araucanía, ya que ésta autorizó al presidente de la República a establecer colonias, de naturales y extranjeros, en las 6.000 cuadras que se catalogaban como baldías dentro de los límites del país. El gobierno decretó que la zona más propicia para la radicación de los colonos sería en el territorio de colonización de Angol, denominación que se le dio entre los años 1875 y 1887, a la que antes se identificaba como provincia de Arauco, territorio que finalmente pasó a llamarse Provincia de Malleco (1887). Cambiarle el nombre a la Provincia de Aruco no solo implicó que desapareciera la figura del protector de indígenas, autoridad que velaba porque las transacciones de terrenos se hicieran de manera correcta, sino que además al llamarla “terreno de colonización” significó decretarla como terreno baldío, invisibilizando a la población ahí radicada.

Objetivo general: exponer y visibilizar el actuar de los particulares dentro del proceso de colonización de la Araucanía; cómo se adecúan a la circunstancia para obtener y re obtener la categoría de colono, falseando en reiteradas ocasiones los datos que entregan a los agentes encargados de la colonización, mientras evaden las responsabilidades que los contratos de colonización incluían. 

Objetivos específicos:

-Observar y estudiar casos de personas que obtuvieron reiteradamente la categoría de colono. 

-Reconocer y diferenciar a los actores del proceso de colonización: Estado-privados-beneficiarios y los roles que desempañaron cada uno.

-Indagar en el campo legal relativo a la colonización: ¿Qué implica ser declarado colono?, restricciones, beneficios y vacíos de esta materia. ¿Hay alguna normativa que especificase si se podía o no, recibir más de una vez la categoría de colono? ¿Existen juicios por entregar información fraudulenta al inscribirse en las listas para ser declarados colonos? ¿Existieron fiscalizadores acerca de la información entregada al Fisco y que verificaran en terreno el uso que se le daba a las tierras entregadas?

Metodología: A: Se revisaron todas las tasaciones de terreno que se efectuaron entre 1850 y 1890, haciendo tablas y gráficos con las variables de extensión y valor del terreno. B: Se buscaron las transacciones de terrenos efectuadas por los primeros 398 colonos de la Araucanía, las cuales suman más de 1.200.

Se observa que hubo un porcentaje de cumplimiento de la norma de colonización inferior al 10%, por lo tanto, el 90% restante son transacciones fraudulentas.

Si pudiéramos trazar una línea temporal que muestra qué etapas debe cumplir un emprendimiento económico para poder iniciar una actividad acuícola en general, y salmonera en particular, diríamos que existen tres hitos relevantes: ingreso, evaluación y ejecución. Todo ello se sigue en cumplimiento de la normativa específicamente establecida para esta materia, ante organismos del Estado que supervigilan que los estándares y requisitos legales sean debidamente cumplidos. La presente investigación busca detenerse en la primera de las etapas mencionadas, a propósito de la actividad salmonera en la Isla Grande de Chiloé. 

Ante el ingreso de un proyecto de esta naturaleza, por vía de Declaración de Impacto Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la ley exige actualmente que las empresas radiodifundan un mensaje en emisoras locales, y se publique un extracto en el Diario Oficial; en ambos casos, dando cuenta de los aspectos centrales de la actividad que se desea ejecutar, sus características, emplazamiento, plazos y las potenciales consecuencias negativas que pueda ocasionar sobre el medio ambiente; información relevante pues, desde que se acredita la radiodifusión y publicación del extracto, comienza a correr el plazo para que los posibles afectados soliciten al SEA que se dé inicio a un proceso de participación ciudadana.

El estudio se soporta teóricamente en cuatro elementos: la noción de conflicto socioambiental, el apego al lugar, la participación ciudadana y los dispositivos de comunicación. Todos ellos se vinculan entre sí: en virtud de la existencia de un conflicto derivado de las consecuencias ambientales indeseadas de la actividad económica extractivista, las comunidades reaccionan de manera preventiva o reactiva en defensa de su territorio (justificado en su vínculo histórico, cultural y económico con él, es decir, desde su apego al lugar), dependiendo del alcance e influencia de los dispositivos de comunicación en torno a los procesos de participación ciudadana que se regulan institucionalmente.

Desde esos elementos, y en virtud de un análisis metodológico cualitativo, se realizaron entrevistas a habitantes y comunicadores de distintas comunas de Chiloé, con el objetivo de rescatar sus percepciones, motivaciones e intereses en torno al tema de investigación. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de contenido de avisos radiales difundidos en medios locales en cumplimiento de los requisitos legales antes indicados, y, finalmente, un estudio comparado de sistemas jurídicos de otros países, que regulan con especial intensidad la actividad salmonera, de tal manera de dar cuenta de las carencias de los cuerpos normativos nacionales.

Limitar el consumo de energía no renovable por el daño que genera y considerando el bajo grado de implementación de estas energías limpias, obliga a las autoridades reguladoras a buscar incentivos económicos para lograr una transición tecnología, y al mismo tiempo garantizar la participación de las empresas en la política ambiental. La relevancia de esta investigación es ampliar el rol de protección de estas regulaciones estudiando el bienestar social y la aceptabilidad por parte de las empresas cuando el regulador incentiva la adopción de tecnologías limpias. Nos concentramos en regulaciones ambientales del tipo permisos comerciables y la implementación de mercados de permisos a contaminar en empresas de sectores oligopolisticos de la Unión Europea que pueden acceder a tecnologías de reducción, y que además reciben asignaciones de permisos gratuitos para incentivar su participación en la política. Entre las principales hipótesis que sustentan este trabajado de investigación son:

El bienestar social aumenta cuando las empresas realizan una transición tecnológica a energías renovables considerando el contexto energético. 

Existe una mayor aceptabilidad de las políticas ambientales cuando el regulador incentiva a las empresas a realizar una transición tecnológica.

Para probar estas hipótesis se utilizará la siguiente metodología, la cual consiste en tres etapas. En la primera etapa se realizará una revisión de la literatura actual, considerando la transición tecnológica, regulación ambiental, y eficiencia energética los cuales son los conceptos claves que se abordaran en esta investigación. La segunda etapa consiste en delimitar el problema en base a lo estudiado en la revisión de la literatura. Finalmente se procede a modelar matemáticamente la problemática considerando los métodos de resolución estudiados previamente.

Entre los resultados preliminares se encuentra que tal como muchos autores han señalado, una política más estricta no promueve necesariamente la adopción de nuevas tecnologías. Este estudio implica una relevante ayuda en términos de regulaciones públicas, donde la finalidad es poder entregar herramientas al regulador para poder definir cuál son los niveles de restricción más adecuados para fomentar la transición hacia la adopción de tecnologías más limpias.

Bajo el contexto de la problemática planteada, se puede concluir que, si el objetivo del regulador es incentivar la adopción de nuevas tecnologías y la aceptabilidad de política ambiental, el regulador debe ser capaz de aplicar una restricción que ofrezca incentivos relacionados con la adopción de nuevas tecnologías, con la finalidad de que se garantice que las empresas sean capaces de realizar una inversión para sustituir las tecnologías convencionales por tecnologías limpias. Se trata de pasar del modelo clásico donde las empresas controlan la generación y distribución eléctrica mediante la utilización de energías que no permiten abatir de forma eficiente la cantidad de emisiones que se producen en grandes centrales de producción y generan un gran daño al planeta, a un modelo descentralizado, eficiente y sostenible, a través de la promoción de las ventajas de las condiciones físicas.

Finalmente, se presenta una ilustración de una fase del EU-ETS para sustentar nuestros resultados.

Referencias

Amir, R., Germain, M., Van Steenberghe, V. (2008). On the impact of innovation on the marginal abatement cost curve. Journal of Public Economic Theory, 10(6), 985-1010.

Baker, E., Clarke, L., Shittu, E. (2008). Technical change and the marginal cost of abatement. Energy Economics, 30(6), 2799-2816. 

 Gama, A. (2018). Adopción de nuevas tecnologías de abatimiento y regulación ambiental en oligopolios. El trimestre económico, 85(339), 583-600. 

 Nicola¨ı, J. P. (2019). Emission reduction and profit-neutral permit allocations. Journal of Environmental Economics and Management, 93, 239-253.