MUN UPP NEWS

From the very first moments of its opening session, the DunBroch Committee stood out as one of the most dynamic. Despite being composed mostly of first year delegates (new MUNers), many still learning protocol, the committee advanced rapidly, driven by enthusiasm, active participation, and a clear willingness to engage.

By consensus, delegates chose to address Topic A: personal liberty over clan traditions and political duties, immediately setting the tone for a debate centered on freedom and social norms. Discussions quickly turned to the role of tradition particularly marriage and whether long standing customs should continue to dictate personal choices.

Tension arose when several delegates seemed to express support for maintaining traditional marriage expectations, while others openly questioned whether honoring tradition should outweigh individual freedom. These opposing positions remained present throughout the session, pushing delegates to continuously defend and rethink their stances and proposals.

A defining moment came when Princess Merida addressed the committee with an emotional appeal advocating for individual liberty and the right to choose one’s own path. Her speech resonated across delegations, reframing the issue not as a rejection of tradition, but as a call for autonomy and self determination. The debate took a new turn with the intervention of the Witch, who introduced a feminist perspective by questioning whether a woman’s worth is defined by law and marriage. This argument challenged delegates to reconsider assumptions they had taken for granted, opening space for a broader and more inclusive discussion.

I would like to recognize the highlighted participation of Lord Dingwall and Princess Merida, whose interventions stood out for their clarity, consistency, and impact on the overall flow of debate.

Despite facing logistical and time related challenges, the committee exceeded expectations. Conference Officer María José Ramírez reflected on the session, stating: “This would be my second MUN UPP on a committee, and I’ve truly never witnessed a committee organize itself so quickly.” She added, “Tired from some logistical and time related issues, we didn’t expect our delegates to perform as spectacularly as they did in today’s first session,” She further emphasized the purpose behind the committee’s guidance, explaining that “our goal is to guide young people during this experience, which for many may be their first, and above all, to create an unforgettable experience,” and concluded by highlighting that “respect, patience, and trust are essential to achieving this.”

By the end of the session, DunBroch had not only nearly exhausted its first topic, but had also resolved an unexpected crisis. What began with nervousness and corrections quickly transformed into a space of meaningful debate.

Durante una sesión reciente del foro internacional, las delegaciones debatieron una reforma para establecer valores comunes en la educación, la cual finalmente fue retirada tras no lograr consenso entre los países participantes.

Australia señaló que, si los países no están de acuerdo con los valores propuestos, sería muy difícil aplicarlos, por lo que abrió un caucus simple para discutir el tema. Alemania expresó su desacuerdo con que la decisión quedara solo en manos de Estados Unidos, Francia y Alemania, mientras que Australia insistió en que todas las delegaciones debían participar.

Francia afirmó que el respeto debía ser la base para definir los valores y sostuvo que estos ya han sido promovidos por la ONU. Sin embargo, Estados Unidos señaló que imponer valores no es adecuado, ya que cada país tiene su propio contexto. Alemania comentó que ya cuenta con una lista de valores y propuso fomentar el pensamiento crítico.

Uno de los puntos más polémicos fue la idea de establecer castigos para quienes no cumplieran los valores. Francia defendió esta postura, mientras que otras delegaciones advirtieron que más castigos podrían significar menos libertad. Brasil, Chile y Polonia expresaron preocupaciones sobre la pérdida de privilegios, la soberanía nacional y, en el caso de Polonia, propusieron directamente anular la reforma.

Canadá y Argentina cuestionaron cómo se supervisarían los valores y cuál sería su impacto en la moral de la sociedad. Alemania aclaró que la reforma no usaría religión ni historia como base. Francia propuso crear un banco de buenas prácticas supervisado por la ONU, mientras que Australia sugirió que los países con más recursos económicos apoyaran a los más pobres.

Italia, Chile y Brasil preguntaron cómo se haría el cambio sin afectar la religión ni la soberanía de cada país. Alemania propuso crear un comité internacional que incluyera valores como respeto, empatía, humildad y tolerancia. Corea del Sur pidió analizar las consecuencias de la reforma, y Costa Rica solicitó garantías de que realmente funcionaría a futuro.

A pesar de intentos por modificar la propuesta, México advirtió que la reforma era injusta, antidemocrática y que podía violar derechos humanos, postura que fue respaldada por Colombia al exigir límites claros. Finalmente, la mayoría de las delegaciones votaron por retirar la reforma.

La sesión concluyó con la decisión de quitar la propuesta de reforma y elaborar una nueva hoja de resolución, dejando claro que cualquier acuerdo futuro deberá respetar la diversidad, la soberanía de los países y los derechos humanos.

Durante la primera sesión del comité, la presidencia dio inicio a los trabajos destacando valores fundamentales como el respeto, el liderazgo y la tolerancia, invitando a las delegaciones a acercarse a la mesa ante cualquier duda. Posteriormente, se realizó el pase de lista, confirmándose la presencia de numerosas delegaciones, entre ellas Estados Unidos, México, Canadá, Alemania, Francia, China, Rusia, Reino Unido, Japón, Australia, Argentina, India, Grecia, Sudáfrica, Etiopía, Qatar y Suiza, entre otras. Una vez establecida la agenda, el comité acordó debatir el tópico referente a la sostenibilidad y reutilización de infraestructuras en los Juegos Olímpicos.

Al abrirse la lista de oradores, varias delegaciones coincidieron en la necesidad de establecer estándares claros y obligatorios de sostenibilidad. Estados Unidos subrayó la importancia del uso de energías renovables, el transporte público eficiente y la reutilización de instalaciones, así como la implementación de certificaciones ambientales para las sedes olímpicas. Austria y Sudáfrica destacaron que la reutilización de infraestructuras debe ser un requisito esencial, señalando que muchas sedes históricas continúan en uso y evitan el abandono posterior a los eventos. En este sentido, México aportó el ejemplo de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 1968, las cuales siguen siendo funcionales en la actualidad.

Diversas delegaciones enfatizaron la importancia de la planificación a largo plazo. Alemania, China y Reino Unido coincidieron en que las infraestructuras deben adaptarse a las necesidades de las ciudades anfitrionas y no al contrario, permitiendo su uso social, cultural y económico con el paso del tiempo. Argentina y Grecia advirtieron que una mala planeación puede generar deudas y afectar negativamente a las comunidades, citando experiencias pasadas como Atenas 2004. Por su parte, Francia resaltó el modelo de París 2024, donde se priorizó el uso de instalaciones temporales y reutilizadas, proponiendo evaluaciones obligatorias de impacto ambiental antes de aprobar cualquier sede.

Otras delegaciones, como Portugal, Etiopía, India, Qatar y Suiza, apoyaron firmemente los principios de la Agenda Olímpica 2020+5, destacando el uso de energías renovables, la reducción de emisiones y la necesidad de mecanismos de evaluación y seguimiento. Asimismo, se llevaron a cabo rondas de preguntas dirigidas a distintas delegaciones sobre costos iniciales, cooperación internacional y viabilidad de las propuestas.

La sesión concluyó con un consenso general en torno a la importancia de fortalecer los estándares de sostenibilidad, la reutilización de infraestructura y la evaluación obligatoria del legado olímpico, reconociendo que la cooperación internacional es indispensable para garantizar unos Juegos Olímpicos responsables, inclusivos y ambientalmente sostenibles.

The Economic and Social Council (ECOSOC) held its first debate with young delegates representing various countries. The committee addressed two main topics: the misuse of economic resources in public management and bioterrorism and its impact on global health.

The session opened with Topic A. The Netherlands received a warning for not following the dress code. Venezuela stood out with strong arguments and an active role in the debate. Canada and the United States performed well, while Germany had limited participation. The dais showed a weak overall performance.

Delegates struggled to reach concrete agreements, spending time discussing the creation of a department to regulate national income and expenses. Corruption was identified as the main issue, with proposals to form a new regulatory organization.

The United States and Venezuela were highly active during the debate, though Venezuela received little support despite its strong efforts. A health crisis emerged due to a monkeypox outbreak in Europe. France developed a vaccine, leading to international cooperation. Venezuela formed an alliance with France to access the vaccine.

Another crisis arose with the disappearance of funds from the World Bank in the United States, causing tension. However, Venezuela and the United States resolved the issue quickly and restored diplomatic peace.

La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública presentó diversas irregularidades desde su inicio. El arranque del comité se retrasó debido a que varios delegados tuvieron dificultades para ubicarse dentro del campus, lo que provocó que el inicio formal se diera hasta las 18:11 horas. 

Durante los primeros momentos, el delegado de María Eugenia realizó correcciones públicas a la presidenta del comité. Asimismo, se registró la inasistencia de los delegados correspondientes a Mario Villanueva Madrid y Genaro García Luna en la primera sesión. 

A lo largo del desarrollo del comité, se evidenció que varios delegados desconocían las mociones parlamentarias, lo que complicó el orden del debate. Posteriormente, el comité decidió rechazar el Tópico B, optando por discutir el Tópico A. 

La secretaria académica intervino durante la sesión para realizar una revisión del desarrollo del comité y llamó la atención a María Eugenia por su desempeño. Por su parte, el delegado de Samuel García mostró falta de experiencia en dinámicas tipo MUN, según la percepción general del comité. 

En el bloque de intervenciones, Felipe Calderón abrió con un discurso enfocado en la problemática de la violencia derivada del narcotráfico, abordando temas clave relacionados con la seguridad nacional. Posteriormente, el representante de Samuel García centró su participación en la innovación, realizando críticas hacia otros delegados y cuestionando su derecho a voz y voto. 

Una de las delegadas expuso mecanismos de coordinación como solución al problema; sin embargo, fue cuestionada por María Eugenia respecto a la viabilidad humanista de sus propuestas. La delegada respondió proponiendo investigaciones basadas en antecedentes penales, sin detallar un plan concreto, lo que generó cuestionamientos sobre la posible violación de derechos humanos. 

El delegado de Samuel García planteó la necesidad de una estrategia que no vulnerara la jurisdicción ni los derechos de las personas; no obstante, la delegada interpelada no logró responder de manera clara y se desvió del tema. 

El representante de Andrés Manuel López Obrador atribuyó la problemática a la falta de oportunidades económicas y sociales, destacando programas como las becas para el bienestar. Cuando María Eugenia intentó intervenir nuevamente, otros delegados impidieron que se le concediera la palabra. 

Por su parte, Claudia Sheinbaum propuso como prioridad combatir directamente a los cárteles y atender la desvinculación juvenil mediante la educación y el ataque a las causas estructurales del problema. Ante cuestionamientos sobre la implementación de sus estrategias, reiteró el enfoque preventivo. 

Felipe Calderón llegó nuevamente a intervenir con retraso aproximado de 20 minutos y explicó que su estrategia de investigación se basaría en la apertura de carpetas de investigación. Más adelante, Esteban Alejandro invitó a los delegados a visitar Durango para conocer de primera mano la situación de inseguridad, mientras que Eugenio Hernándezresaltó el peligro de transitar después de las 18:00 horas. 

Otras intervenciones incluyeron la del representante de Fausto, quien expresó preocupación general por la situación sin presentar propuestas concretas, y la del representante de Genaro García Luna, quien enfatizó la urgencia de proteger la vida de los mexicanos. 

La masacre de la secundaria Columbine dejó una herida abierta en el sistema de justicia porque, al privarse de la vida, los dos tiradores evitaron enfrentar un juicio legal. En el ámbito del derecho, cuando un agresor muere, el proceso penal se detiene de forma automática. Esto genera una gran frustración social porque, aunque no son declarados "inocentes" técnicamente, la falta de una sentencia condenatoria hace que parezca que no hubo consecuencias. Es un vacío legal donde la muerte del culpable impide que se dicte una responsabilidad oficial en una corte.

John Douglas ha analizado que los atacantes estaban en un estado mental muy deteriorado, combinando la psicopatía con una depresión profunda y odio acumulado. Hay una gran controversia cuando este análisis se utiliza para intentar explicar sus actos, ya que se corre el riesgo de que parezca una justificación.

Sin embargo, el análisis científico sostiene que el mal estado mental no debe ser unaherramienta para quitarles la culpa ni las consecuencias, sino un método para que los maestros y padres detecten señales de alerta en otros jóvenes antes de que ocurra una tragedia.

Por otro lado, la facilidad para adquirir armas fue un factor clave que permitió la masacre. En ese momento, los atacantes pudieron conseguir armamento de forma sencilla debido a la falta de parámetros y controles estrictos en las leyes, aprovechando lagunas en las ferias de armas. Esto demuestra que, sin filtros rigurosos, revisiones de antecedentes y parámetros claros para la compra, el riesgo de un ataque es mucho mayor. Figuras como Bill Clinton señalaron que la seguridad falló en todos los niveles, desde la educación hasta el control de las herramientas de agresión

Al momento que la policía abate a personas inocentes y el caso se cierra sin investigación, se comete una ejecución extrajudicial que el Estado intenta encubrir bajo la impunidad. Legalmente, el asesinato de civiles a manos de la autoridad sin un juicio previo rompe el principio de justicia y debido proceso, convirtiendo a los agentes en homicidas y a la institución en cómplice por omisión. Esta falta de investigación suele justificarse falsamente etiquetando a las víctimas como "sospechosos" para limpiar la imagen policial, lo que impide que las familias accedan a la verdad y a la reparación del daño. Al no existir parámetros de control ni consecuencias legales para los policías, se genera un vacío de justicia donde el Estado viola los derechos humanos, obligando a los ciudadanos a buscar ayuda en organismos internacionales para evitar que el crimen quede en el olvido.

La solución definitiva ante la ejecución de inocentes y la destrucción de evidencia por mandos corruptos es la intervención de una fiscalía externa e independiente, ya que la institución no puede investigarse a sí misma cuando su cadena de mando está contaminada. Esta intervención debe incluir la suspensión inmediata de los implicados, la recuperación de pruebas mediante tecnología forense que no pueda ser manipulada manualmente y la aplicación de la responsabilidad por mando, castigando a los jefes como cómplices directos del homicidio por obstruir la justicia. Finalmente, para garantizar que no se repita, es necesario implementar sistemas de vigilancia en tiempo real con cámaras corporales cuyos datos se almacenen en servidores ajenos a la policía, asegurando que cualquier alteración de la verdad resulte en la cárcel y la inhabilitación de por vida de los oficiales.

During the debate, delegates discussed the growing role of emerging technologies, particularly artificial intelligence (AI), as tools to enhance efficiency and effectiveness within the NATO organization. Contributions varied according to each country’s technological development and experience, but there was broad agreement that AI, drones, and advanced data systems can significantly support cybersecurity, logistics, strategic planning, and data analysis, strengthening NATO as both a military and political alliance.

As discussions progressed, delegations examined the safety, reliability, and ethical implications of these technologies. While recognizing their strategic value, countries emphasized that AI must remain a supportive tool rather than a substitute for human judgment. Delegates stressed that critical thinking, moral responsibility, and political accountability must continue to guide decision-making processes to ensure that NATO’s collective security is not compromised by overreliance on automated systems. Consensus emerged around the need for proper regulation, preparation, and capacity-building so that AI can be used professionally, responsibly, and precisely in both present and future operations.

In the seventh session, held on January 17, 2026, delegates reviewed the resolution presented the previous day. Following a speaker list and several unmoderated caucuses, the committee finalized the resolution paper, which was later presented and approved unanimously. The resolution reinforced NATO’s commitment to adapting existing frameworks to modern technological challenges while maintaining alignment with international law.

The committee agreed to strengthen already established frameworks by revising them to ensure transparency, accountability, reporting obligations, and effective governance of AI systems, including the incorporation of the Reykjavik Human-in-the-Loop (HITL) protocol. Additionally, member states were encouraged to invest in the ethical development and innovation of AI and drone technologies, promoting strategic transparency and long-term stability through increased funding and research.

Recognizing the growing threat of cyber attacks, the resolution emphasized the importance of advancing cybersecurity capabilities. It proposed allocating 5% of NATO’s military and specialized research budget to cybersecurity efforts, ensuring collective defensive involvement from all member states. Furthermore, delegates approved the implementation of encrypted serial numbers on military drones to improve traceability, prevent external interference, and enhance accountability, with a proposed implementation period of six months to one year.

Finally, addressing concerns over airspace violations, the committee approved an airspace control system coordinated through the NATO Communications and Information Agency. This system would require prior confirmation or treaties before entering another member state’s airspace, reducing the risk of accidents or confrontations without requiring additional funding.

In conclusion, the integrated debate and resolution highlighted NATO’s shared commitment to responsibly leveraging emerging technologies while safeguarding ethical standards, international law, and collective security.

Durante la primera sesión de la simulación de la Organización Mundial del Comercio, las delegaciones analizaron el papel del comercio internacional y la cooperación económica como ejes para la reconstrucción global en un contexto de posconflicto. Las intervenciones mostraron coincidencias relevantes, así como diferencias en torno al modelo económico más adecuado para alcanzar la estabilidad internacional.

El Reino Unido, Canadá y el Reino de los Países Bajos coincidieron en la importancia de la cooperación internacional y el multilateralismo como mecanismos centrales para la reconstrucción económica. Estas delegaciones destacaron que la recuperación no debía limitarse a esfuerzos nacionales, sino basarse en el intercambio de recursos, financiamiento y propuestas conjuntas que permitieran restablecer el comercio y diversificar los mercados. Canadá y el Reino Unido resaltaron la utilidad de los préstamos y la apertura de mercados, mientras que los Países Bajos subrayaron la necesidad de definir con claridad las aportaciones y beneficios de cada nación.

Estados Unidos compartió la visión del comercio multilateral como una herramienta para reducir la vulnerabilidad económica y evitar la concentración excesiva de poder en una sola nación. Su postura se alineó parcialmente con la del Reino Unido y Canadá en cuanto a la cooperación económica, aunque enfatizó que el apoyo a las iniciativas internacionales debía apegarse a esquemas que garantizaran estabilidad y equilibrio entre las naciones participantes.

Por otro lado, la República Popular de China y Japón coincidieron en que la reactivación económica es esencial para la estabilidad global, poniendo énfasis en la reconstrucción interna como base para integrarse de manera efectiva al comercio internacional. Ambos países resaltaron la necesidad de acuerdos económicos, transferencia de tecnología y apoyo en sectores estratégicos como infraestructura, salud y alimentos, destacando que estos elementos permitirían una recuperación más sostenible.

La URSS presentó una postura contrastante frente a las economías de mercado, al señalar que el libre comercio y el capitalismo generan desigualdad entre las naciones. Propuso que la reconstrucción económica se lleve a cabo mediante una planificación estatal, diferenciándose de las propuestas centradas en el mercado multilateral, aunque compartiendo el objetivo general de una recuperación económica global.

Finalmente, Francia expresó preocupaciones sobre la concentración del control económico en manos de una sola potencia y defendió la necesidad de un sistema regulado que proteja la soberanía de las naciones afectadas. Su postura se relacionó con la de otros países al priorizar la reconstrucción económica local antes de una apertura total del mercado, resaltando la importancia de reglas claras dentro del comercio internacional.

En conclusión, la sesión inicial reflejó amplios puntos de coincidencia en torno a la cooperación internacional y la reconstrucción económica, aunque con diferencias claras respecto al nivel de intervención estatal y la forma en que el comercio internacional debe estructurarse.

The second, third, fourth, fifth and sixth sessions of the Security Council committee at MUN UP 2026 focused on the development of international laws and mechanisms to prevent crimes against humanity and violations of national sovereignty. Delegations from the United States, Israel, Egypt, Albania, Canada, France, Italy, China, Netherlands, and the Soviet Union presented proposals including new legal frameworks, international programs, and cooperative alliances aimed at strengthening justice and protecting individual freedoms.

Debate intensified when Albania emphasized the enforcement of existing international laws rather than the containment of criminal damage, prompting discussions about potential alliances to ensure compliance. Tensions escalated following a crisis involving testimony from a Jewish witness identifying Adolf Eichmann, which led delegates to call for an unmoderated caucus to address the legal and ethical consequences of the revelation.

During negotiations, the Soviet Union highlighted the similarities among several proposals and encouraged the merging of ideas to achieve a unified solution. While some delegates expressed concern over the dominance of certain voices in the debate, France played a key role in consolidating shared positions and presenting them for collective approval.

Consensus was partially reached on strengthening the role of UN peacekeeping forces, commonly known as the Blue Helmets, to assist nations in preventing forced extractions and mass persecution. However, disagreement remained over how such measures would be enforced without infringing on state sovereignty.

The session took a dramatic turn when protests calling for Eichmann’s release interrupted the debate. The United States, the Soviet Union, and other delegations strongly opposed these demands, arguing that his actions warranted prosecution for crimes against humanity. Some delegations attributed the protests to South American countries, particularly Argentina, while others defended Eichmann’s rights as a citizen entitled to legal protection. The divide underscored the ongoing tension between the pursuit of international justice and the protection of human rights.

In the possible resolution for the crisis about Eichmann’s freedom, the committee proposes to implement educational help for the compliance of the new laws. They also want to make people aware of war repercussions among all nations. The crisis then hit again: an Argentine citizen’s legal document was falsified by Eichmann, going by the name of Ricardo Clement, to prevent his detention when he exiled to South America.

During the second, third, fourth, fifth, and sixth sessions of the committee at the Model United Nations of Universidad Panamericana Preparatoria (MUN UP), delegates continued the debate on organized crime and drug trafficking, focusing on technology, artificial intelligence, international cooperation, and anti-corruption measures. The sessions showed a lot of participation and initiative from many countries, leading to the approval of a final resolution.

Mexico opened Session Two, where most delegations agreed on the need to find solutions. Countries such as Mexico, the United Kingdom, the United States, China, Colombia, France, the Netherlands, Luxembourg, Sudan, Cambodia, Syria, Ecuador, Monaco, and Russia actively participated. Mexico stood out for its constant participation, asking questions and encouraging cooperation since Session One.

During the debate, the United Kingdom highlighted vulnerabilities in political systems and proposed working through INTERPOL. China proposed officer training and the use of technology, while the United States supported the use of artificial intelligence and mentioned education and social factors related to drug consumption. Colombia described drug consumers as victims and mentioned the need for sustainable solutions. France and Luxembourg supported international cooperation and training. Some delegations raised concerns about equality and access to technology between developed and undeveloped countries. Syria questioned how less developed countries could access AI tools, while Ecuador expressed doubts about discrimination related to artificial intelligence. In response, Mexico proposed the creation of a shared database accessible to all countries. The Netherlands addressed corruption within law enforcement, leading Mexico to state that corruption exists globally and that solutions must be applied internationally.

In Session Three, a crisis occurred, and Mexico emerged as a key leader, forming alliances and coordinating discussions. Many delegations actively proposed new solutions, while others remained silent and showed limited engagement. Sessions Four and Five focused on refining proposals, where most countries agreed on the use of technology, AI, and cooperation.

During Session Five and Six, Italy, Bolivia, and Peru were absent. The United States presented a completed working paper, while Sudan, Russia, and Cambodia expressed strong support for the proposed ideas. The committee proceeded to vote on the resolution, which was approved unanimously, with all present delegations voting in favor. The debate concluded by mentioning the importance of shared responsibility, technological tools, and international cooperation in addressing organized crime. These sessions were significant, as they demonstrated how dialogue and collaboration can lead to concrete and widely supported solutions.

El comité dedicado al caso de Ted Bundy, contextualizado en las décadas de los setenta y ochenta y centrado en su primera fuga, expuso un intenso debate entre la fiscalía y la defensa, abordando tanto la responsabilidad penal del acusado como la influencia de los medios de comunicación en su imagen pública.

El juicio inició con las posiciones iniciales de las partes, comenzando por la fiscalía, la cual sostuvo que Bundy representaba un riesgo significativo para la sociedad y que su liberación podría derivar en mayores daños. Desde esta postura, se enfatizó que el Estado tenía la obligación de proteger a la población frente a un acusado con antecedentes alarmantes.

Uno de los puntos centrales planteados por la fiscalía fue el papel de los medios de comunicación, señalando que estos transformaron al acusado en una figura pública, resaltando sus cualidades físicas y desviando la atención de la gravedad de los hechos, lo que podría influir indebidamente en la percepción social del caso.

En respuesta, la defensa argumentó que dicha imagen mediática se debía a que Bundy era visto como un esposo, vecino y miembro apreciado de su comunidad, insistiendo en que su entorno lo percibía como una persona integrada socialmente. Además, subrayó la necesidad de separar la opinión pública del análisis jurídico para garantizar un juicio imparcial.

Durante la sesión, la fiscalía llamó al estrado a un experto en criminología psicológica, quien declaró que el acusado llevaba una doble vida, mostrando una imagen socialmente aceptable mientras cometía actos de manera consciente. El especialista afirmó que no era posible alegar locura o demencia, ya que el acusado comprendía plenamente sus acciones en el momento de realizarlas.

Por su parte, la defensa solicitó que el proceso se desarrollara sin tomar en cuenta la presión mediática, argumentando que esta podía constituir una forma de evidencia sin fundamentos jurídicos. Asimismo, tanto la defensa como el propio Bundy (quien se autorrepresentó durante la sesión) exigieron que se le otorgaran condiciones más justas, alegando que el confinamiento le generaba afectaciones psicológicas.

La sesión no solo analizó el caso desde una perspectiva legal, sino que también abrió la discusión sobre el impacto de los medios, la responsabilidad penal consciente y los límites entre la percepción pública y la justicia.

In the United States Presidential Cabinet Committee, the session began with a crisis following the killing of Charlie Kirk. Chief Mónica Crowley stated that the main problem lay with the individual who committed the crime and emphasized the importance of finding that person in order to bring justice for what had happened. President Donald J. Trump expressed his desire to promote freedom in the country, which is why he also stressed the need to identify and capture the person responsible for the murder. Additionally, he proposed reforms to mental health institutions and measures to ensure the proper and responsible use of firearms in the United States of America.

The delegates continued to search for solutions both to identify the assassin and to improve gun control in the United States.

Throughout the session, delegates actively discussed strategies to both apprehend the suspect and address broader systemic issues related to gun control. Director John proposed the implementation of mandatory psychological evaluations for all individuals seeking to purchase firearms in the United States. This proposal received significant support from multiple delegations, who viewed it as a preventive measure to reduce firearm-related violence. Chief Crowley expanded on this proposal by recommending that such psychological evaluations be repeated every five years to ensure ongoing mental stability among firearm owners.

In addition, the representative of SIG, Sauer, strongly supported the introduction of psychological testing and highlighted the importance of safeguarding students, especially in light of reports indicating that several students had been injured during the crisis. Sauer stressed that preventive policies should prioritize the protection of young people and educational environments. On the other hand, Doug Collins argued that beyond psychological evaluations, specialized training and certification programs should be required to ensure that firearm owners are properly educated in safe handling, responsible usage, and legal obligations associated with gun ownership.

Overall, the committee demonstrated a collective effort to balance individual freedoms with public safety, aiming to develop effective policies that address mental health, firearm regulation, and justice for the tragic events that had occurred.

In addition to these proposals, several delegates advocated for the implementation of emergency alert buttons in schools across the United States as a preventive measure against school shootings. These panic buttons would allow schools to immediately notify authorities and initiate emergency protocols in the event of a threat, thereby reducing response time and potentially saving lives.

Furthermore, the representative of SIG emphasized the critical role of educators in prevention efforts. She argued that teachers should be more attentive to their students’ well-being, particularly by being aware of their emotional state and mental health. She stressed the importance of early detection of behavioral changes that could indicate distress or potential risk. The SIG representative also proposed conducting backpack checks in schools, clarifying that such measures should be carried out carefully and respectfully, without violating students’ privacy or rights. According to her position, these actions would contribute to creating a safer educational environment while maintaining a balance between security and individual freedoms.