Es una guía elaborada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que explica cómo formular proyectos de vivienda cuando ocurre una emergencia, desastre o calamidad pública en Colombia.
Está dirigida a alcaldías y gobernaciones, que son las entidades encargadas de ejecutar esos proyectos.
Brindar lineamientos técnicos, jurídicos y financieros para desarrollar proyectos de vivienda nueva, prioritaria o de interés social que atiendan a familias afectadas por desastres.
Busca que las soluciones no solo sean rápidas, sino también seguras, sostenibles y dignas.
Los proyectos deben basarse en:
Planificación integral.
Protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Prevención del riesgo y uso adecuado del suelo.
Enfoque social, económico y cultural.
Calidad de vida y hábitat digno.
Se apoya principalmente en:
Ley 1523 de 2012: establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Constitución Política (Art. 51): derecho a una vivienda digna.
Ley 388 de 1997: ordenamiento territorial.
Ley 3 de 1991: Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.
El Estado tiene la obligación de garantizar vivienda digna, especialmente para personas vulnerables o afectadas por emergencias.
Los alcaldes y gobernadores son los responsables directos de aplicar la gestión del riesgo en su territorio.
Deben coordinar censos, formular proyectos y postularlos para recibir recursos nacionales.
En suelo urbano, lidera el Ministerio de Vivienda, en suelo rural, el Ministerio de Agricultura.
Censo de hogares: identificar las familias afectadas.
Focalización: definir quiénes son los beneficiarios reales.
Información predial: verificar el estado legal y técnico de los terrenos.
Diagnóstico: analizar ubicación, entorno, servicios y normatividad.
Prefactibilidad: evaluar aspectos jurídicos, técnicos y financieros.
Selección del predio: escoger el terreno más viable.
Diseños definitivos: elaborar planos urbanísticos y arquitectónicos según las normas.
Gestión de licencias y recursos: presentar el proyecto al Ministerio correspondiente.
Los proyectos deben:
Garantizar viviendas seguras, confortables y adaptadas al clima.
Aplicar la norma sismo resistente (NSR-10).
Usar principios de diseño sostenible (ventilación natural, orientación, materiales eficientes).
Incluir espacios comunitarios y equipamientos (salud, educación, recreación).
Promover la participación de las familias en el proceso.
Este documento enseña cómo la arquitectura y la planificación urbana pueden ser herramientas clave para reconstruir comunidades después de una tragedia.
Busca que cada vivienda represente un nuevo comienzo para las familias y que los proyectos respeten el entorno y la cultura del lugar.