PRÓLOGO

Miguel Woodward, detenido desaparecido en Chile, fue torturado y asesinado por ser un espíritu libre y compasivo. 

Quienes le torturaron a él y a sus compañeros instauraron una brutal dictadura que dio paso a una tiranía de poder y dinero que aún rige. En Chile todavía no se ha conseguido un sistema de justicia que permita investigar, descubrir y sancionar las violaciones de derechos humanos.

Recordamos algunas reflexiones del padre Aldunate, s.j., en su prefacio al libro “Sangre Sobre la Esmeralda – Sacerdote Miguel Woodward, Vida y Martirio” [1]: 

Hay ciertas coincidencias en nuestras vidas: estudios en Inglaterra, vocación religiosa en Chile, la inspiración de la Teología de la Liberación, inserción en el mundo popular.

Miguel venía de lejos. Aunque nacido en Valparaíso, se crió en una familia más inglesa que chilena, estudió en Inglaterra adquiriendo indudablemente toda la idiosincrasia de ese pueblo. Desde esa distancia optó por Chile, por hacerse sacerdote del pueblo de Chile. Con una voluntad de hierro, emprendió el proceso de adaptación e inserción. 

Con tenacidad e ingenio, logró atravesar más o menos las barreras físicas, psicológicas, sociales y eclesiales que lo separaban de ese pueblo que conoció en sus años de infancia y que idealizó en sus años de formación desde las brumas de las islas británicas. Llevó su consecuencia hasta el extremo de optar por el matrimonio cuando comprendió que se le cerraba la oportunidad de continuar como sacerdote, lo que había sido su primera opción.

Por encima de los eventos de los quereres humanos, entreveo los designios de Dios, quien reservaba para Miguel el destino de subir como sacerdote al altar del sacrificio y derramar su sangre de mártir, dando testimonio de su compromiso hasta las últimas consecuencias, con su pueblo. (...)

Ante la aparición de este libro la táctica de la Armada ha sido el silencio y la negación: En la Esmeralda no se ha torturado. Esta táctica no se ha podido mantener. Tras la publicación a fines de 2004 del Informe sobre Tortura y Prisión Política de la Comisión Valech, el país sabe que la Armada ha torturado y que también se torturó en la Esmeralda. (...)

La Armada debe reconocer y sancionar los atropellos cometidos contra Miguel y a tantas otras víctimas. Deberá devolver a los familiares los restos de Miguel Woodward, tan injustamente secuestrados. El país tiene derecho a recobrar su Armada una vez que ha querido, como el Ejército, limpiarse de su pasado.

La Justicia porteña tiene aquí su tarea: hacer justicia. Poniéndose por encima de indebidas presiones, solo ella podrá señalar a la Armada su verdadera ruta y cómo blanquear su nave estigmatizada.

Y el Padre Aldunate se une a las reflexiones del autor Crouzet sobre:

[...] el abandono eclesial en que quedaron Miguel y otros sacerdotes que habían tomado semejantes opciones de vida y apostolado. Fueron dejados muy solos por las autoridades eclesiales, y a veces marginados y sancionados canónicamente. Sin duda que los tiempos del post-Concilio fueron difíciles para la Iglesia, pero faltó un diálogo comprensivo y fraternal. Después de su muerte faltó en la Iglesia quien defendiera su nombre y exigiera la entrega de sus restos.

La Dama Blanca llevará la mácula de la sangre de Miguel en sus travesías por el mundo mientras la Armada no reconozca su pecado y no efectúe un ritual de pacificación que signifique la abjuración de toda práctica de torturas.

1. RESUMEN

Esta Memoria es fruto de un proceso judicial de once años desde que en 2002 Patricia Woodward interpuso una querella por el asesinato de su hermano Miguel Woodward. 

Esta búsqueda de verdad y justicia comenzó cuando desde España el fiscal Carlos Castresana, el juez Baltasar Garzón y el letrado Joan Garcés, aplicando el principio de justicia universal, dieron el impulso para que en Chile Juan Guzmán y unos pocos jueces más pudieran actuar contra el dictador y sus secuaces. 

Miguel Woodward, cuya muerte había sido denunciada por su hermana, apareció entre las más de tres mil víctimas citadas en el Sumario 19/97 del juez Garzón.

Y desde 1973, organizaciones de derechos humanos y personas anónimas en todo el mundo no dejan de pedir verdad y justicia, y el nombre de Miguel sigue sonando en las manifestaciones frente al buque escuela Esmeralda, donde Miguel murió, asesinado.

La querella de Patricia se dirigía contra Augusto Pinochet, catorce oficiales navales en retiro, un médico, un clérigo de la Iglesia y un alto cargo de la Administración de Justicia. Los cargos imputados eran genocidio por motivos religiosos, terrorismo de Estado, homicidio calificado, secuestro calificado, torturas y tratos crueles y degradantes, inhumación y exhumación ilegal, asociación ilícita y otros delitos conexos.

El proceso, aún inacabado, es una historia de logros modestos y esperanzas frustradas. Predomina la satisfacción de conocer la verdad sobre la muerte de Miguel, si bien aún no sabemos dónde está enterrado.

Está comprobada judicialmente la culpabilidad institucional de la Armada, abarcando a los altos mandos de entonces y de hoy, unidos por un hilo de encubrimiento de los hechos y obstrucción a la justicia. Esto lo reconoció el Almirante José Antonio Gálvez, siendo entonces Auditor General de la Armada (su máximo responsable jurídico), al declarar judicialmente que había recibido órdenes de los Comandantes en Jefe Almirantes Miguel Vergara y Rodolfo Codina para obstruir la justicia.

Pero estas y otras realidades judiciales no se han traducido en resoluciones de los tribunales como exigen los convenios internacionales ratificados por Chile. Solo diez personas de bajo rango que torturaron a Miguel fueron acusadas, y solo dos condenadas, a penas sin cárcel.

Al cerrar el sumario, la justicia sobreseyó tanto a los altos mandos que planificaron e hicieron posibles los crímenes como a los mandos operativos que dieron las órdenes de torturar. Los familiares de Miguel opinan que varios de los altos mandos sobreseídos deben ser imputados de oficio dentro de un nuevo proceso por crímenes de lesa humanidad.

Parte de la culpa de estas aberraciones judiciales la tiene el antiguo sistema de justicia, que sigue aplicándose en los casos de derechos humanos aunque desde 2005 el sistema que rige en los demás ámbitos penales haya sido reformado. Además, el antiguo sistema tiene poquísimos recursos y jueces sobrecargados de causas que hacen caso omiso del Código de Procesamiento.

Sucesivos gobiernos se han comprometido a remediar esta situación, pero medidas tan relevantes como la reforma de la judicatura y la flexibilización de los presupuestos judiciales se encuentran estancadas desde 2006.

Hace pocos años el diputado Tucapel Jiménez hizo una declaración sobre las fuerzas armadas en general que sigue siendo válida hoy: “los gobiernos, al no desafiar la impunidad, arriesgan que, repitiéndose las circunstancias, los militares volverán a asesinar”.

Índice

2. LA VIDA DE MIGUEL

Miguel Woodward nació en Valparaíso el 25 de enero de 1932 de madre chilena y padre inglés. Se formó en Chile con sus cuatro hermanos y más tarde en Inglaterra, en el colegio de Downside, regido por benedictinos. Como su padre deseaba que tuviera una formación profesional, se licenció, a pesar de su vocación sacerdotal, como ingeniero civil en el King’s College de la Universidad de Londres.

Regresó a Chile para estudiar siete años en el seminario de Santiago. Al ordenarse, tras una estancia en Valparaíso, su primer destino parroquial fue el pueblo de Peña Blanca, donde trabajó con los jóvenes, animándolos a mejorar las condiciones de vida en las poblaciones y organizando campamentos de verano. 

Su opción por los pobres ya manifiesta creó tensiones con algunos comerciantes locales, que se quejaron al Obispo de Valparaíso, Emilio Tagle. Asimismo se unió al movimiento nacional de sacerdotes Cristianos por el Socialismo, que se enfrentó con la jerarquía católica al considerarla alejada de los pobres. 

De vuelta a Valparaíso, optó por vivir entre los pobres y con la ayuda de amigos se construyó una casa, una media-agua, en lo alto de Cerro Placeres en Población Progreso. Convencido de que crear un país más justo solo sería posible desde dentro de algún colectivo, se unió al Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), partido escindido de la Democracia Cristiana y parte de la Unidad Popular de Salvador Allende. Fue militante activo pero no sectario, ofreciendo su casa para reuniones de otros colectivos políticos y sociales.

También colaboró en las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) promovidas por el Gobierno para combatir el mercado negro, y llegó a presidir las JAPs de Valparaíso. Tras el terremoto de 1971 organizó tomas de tierra pública para viviendas, y para animar a las autoridades a atender a los damnificados. 

Consecuente con su trabajo por y con los pobres y atraído por la experiencia de “curas obreros” en Chile y otros países, Miguel consiguió un empleo en los Astilleros Las Heras, hoy ASMAR, donde tras ganar la confianza de sus compañeros fue elegido secretario del Sindicato de Trabajadores. Además, coordinaba a los cargadores de fruta en el puerto de Valparaíso.

Sus compromisos sindicales pronto lo llevaron a ser despedido de los astilleros. Así fue cómo se incorporó como profesor al recién creado Centro de Estudios y Capacitación Laboral (CESCLA) en la Universidad Católica de Valparaíso (UCV). 

Allí se formaba a trabajadores con cursos de capacitación, nivelación y formación profesional, algunos de nivel superior. Asimismo preparaban a trabajadores para participar en la gestión de las empresas que se traspasaban a control social. 

El CESCLA formó parte de un desarrollo democrático de las universidades. En palabras del cientista político Carlos Huneeus, “la experiencia reformista de la UCV constituyó la primera en Chile... y puede ser calificada como la que más se aproxima al tipo ideal de Reforma Universitaria y, por ende, la experiencia más interesante”.

Estos compromisos de Miguel no pasaron desapercibidos para la jerarquía de la Iglesia, y en agosto de 1972 el Obispo Tagle lo suspendió del “ejercicio de sus funciones sacerdotales”, alegando su militancia política. Pero Miguel quiso seguir adelante con la vida que había elegido. Asimismo, quiso contraer matrimonio con la novia que tenía, con la que iba a ser casado por un sacerdote amigo el 18 de septiembre de 1973.

Ya en los últimos días de su vida, tras el golpe del 11 de septiembre, Miguel fue acogido en casas de amigos. Pero, protestando que no había hecho nada malo, el día 22 regresó a la suya, donde por la madrugada fue secuestrado por una patrulla naval. Más adelante se describe el calvario posterior.

Pocos días después, un médico de la Armada, Carlos Costa Canessa, certificó su defunción, el 22 de septiembre, por paro cardiaco-respiratorio, y afirmó que su cuerpo había sido encontrado en la vía pública. No se supo la verdad hasta que en 1975 The Observer de Londres desvelara que Miguel murió torturado. Más tarde se supo que murió en el buque insignia de la Armada, la Esmeralda. 

En 1975 su hermana Patricia trató de aclarar las circunstancias de su muerte, ocultando estas indagaciones a sus padres ya mayores. En 1986, con su marido Fred Bennetts, viajó a Chile para indagar sobre el terreno. Informó de los antecedentes encontrados a la Vicaría de Solidaridad, único recurso posible en aquellos años de dictadura. En 1991, ya en democracia, entregó su informe a la Comisión Rettig. 

Índice

3. LA SEDICIÓN DE LA ARMADA

3.1 La Escuela de las Américas

La Armada empezó pronto a preparar el golpe de Estado. Dos procesados en la causa de Miguel declararon a la justicia que recibieron formación sobre “interrogación” y técnicas afines en Estados Unidos. Los instructores pertenecían a la red de la notoria “Escuela de las Américas” de Panamá. Aún hoy forman a marinos chilenos en sus instalaciones en Fort Benning, estado de Georgia.

Fue explícito a este respecto el Almirante (R) Juan Mackay (inculpado en la causa de Miguel por la Ministro Quezada y luego sobreseído por el Ministro Miranda). Declaró que tras el golpe todos los interrogatorios fueron encargados a personas de bajo grado formadas por militares estadounidenses. Querría exculpar así a los oficiales chilenos, pero los marinos en sus testimonios destacaron la presencia en los interrogatorios de oficiales deseosos de aprender técnicas de tortura. 

3.2  La Operación Cochayuyo

Paralelamente se elaboró la “Operación Cochayuyo”, ideada por el Almirante José Toribio Merino (entonces Jefe de la Primera Zona Naval) y encargada al entonces Capitán Guillermo Aldoney (inculpado y sobreseído en la causa de Miguel). Se trató de un plan militar para ocupar puntos clave de Valparaíso y, según cuenta Merino en Bitácora de un Almirante [2],  se logró su autorización por la Unidad Popular alegando la prevención de acciones terroristas. Pero llegado el golpe, permitió a los militares apoderarse de la ciudad precisamente mediante el terror. 

3.3  Espionaje interior

Otro preparativo para el golpe fue la creación del Departamento de Operaciones Psicológicas bajo el mando del Almirante (R) Juan Mackay. Desde abril de 1973 o incluso antes, el Departamento espiaba a “marxistas” como los miembros del MAPU, el partido de la Unidad Popular en que militaba Miguel. 

Su dossier sobre Miguel se centraba en su docencia en el Centro de Estudios y Capacitación Laboral (CESCLA), dedicado a la formación pre-universitaria de obreros. También se refería a su trabajo en las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), creadas por el Gobierno para combatir el mercado negro.

3.4   Los Marinos Constitucionalistas

En los meses anteriores al golpe muchos “marinos constitucionalistas” trataron de advertir a las autoridades políticas de la sedición que se perfilaba entre la oficialidad. El MAPU quiso hacerles caso pero otros integrantes de la Unidad Popular, temiendo un enfrentamiento, cedieron a las presiones de la Armada, y no fueron imputados los sediciosos sino los denunciantes. 

En Los Que Dijeron No [3] el historiador Jorge Magasich relata cómo muchos marinos constitucionalistas fueron detenidos por la Armada entre junio y agosto de 1973, produciéndose lo que califica de “la gran ruptura en la historia de Chile”, al ser los detenidos interrogados y torturados por sus propios compañeros en el Fuerte Vergara de Viña del Mar y la Base Naval de Talcahuano.

Índice

4. LA MUERTE DE MIGUEL

Tal como se relata en Sangre sobre la Esmeralda, el nombre de Miguel figuraba en los primeros bandos militares emitidos tras el golpe, emplazándolo a presentarse ante las nuevas autoridades. Aconsejado por amigos se ocultó unos días, pasando de una casa a otra hasta regresar a la suya el 20 de septiembre. Además por estas fechas tenía previsto casarse. 

Su regreso fue denunciado, al parecer, por un comerciante que le guardaba rencor por su trabajo en contra del mercado negro en las Juntas de Abastecimiento y Precios. Fue detenido por una patrulla naval durante la madrugada. Según uno de los marinos, “no opuso resistencia, estaba muy sereno, cruzado de brazos…”.

4.1 La Universidad Técnica Federico Santa María 

Miguel fue llevado a la Universidad Federico Santa María en Cerro Placeres, ocupada por la Armada y utilizada como cuartel de tránsito para detenidos, hecho no reconocido oficialmente hasta hace poco.

Allí durante doce horas Miguel fue golpeado y asfixiado en el agua de la piscina y tirado al suelo tiritando de frío. Un testigo describió el trato que recibió al llegar: “Estaba con las manos extendidas en la pared del recinto de guardia y con sus piernas abiertas. En ese instante el Tte. M. [fallecido] lo estaba interrogando… le preguntó “cuántas puntas tiene una cruz”, a lo cual el detenido le respondió “cuatro”, momento en el cual el teniente ordenó pegarle “cuatro culatazos”… uno de ellos golpeó al detenido con la culata de un fusil”. Según varios testigos el Teniente M. estaba ebrio. 

Posteriormente, según otro marino, “Se ordenó trasladar al detenido hasta la piscina del recinto, viendo que García le pegó varias veces con un palo en las piernas, luego fue tirado a la piscina que se encontraba con agua… pasó al menos una media hora cuando se le sacó de allí… se le sumergía y sacaba constantemente en la piscina con agua del recinto, con el fin de que hablara, pero todo ello sin resultado”.

Según este marino, el Infante de Marina José Manuel García Reyes, “Fui llamado por el teniente Montenegro al costado sur de la piscina… se encontraba un hombre arrodillado y con su rostro y brazos curvados hacía el suelo, recibiendo la orden del oficial de interrogarle… en un momento dado le obligué a mirarme a los ojos, y al mirarlos me impresionó mucho pues era como ver a Jesucristo y no he podido sacar nunca más ese episodio de mi mente (…) el Tte. Montenegro se encontraba muy molesto y portaba un arma de fuego en su mano, la que se cambiaba constantemente de derecha a izquierda... al acercarnos a la piscina… le ponía la pistola al detenido en la frente… ante los gritos de ‘pégale’ yo tuve que actuar”.

Otro marino que participó en los malos tratos expresó malestar al testificar: “Yo tenía 20 años en esa época y debía obedecer al Oficial a cargo que nos daba las órdenes, ya que en ese tiempo si yo no cumplía habría sido separado de la sección, detenido y procesado por incumplimiento de una orden militar, incluso yo no podría estar vivo, pues ello sucedió pocos días del 11 de septiembre de 1973 y las órdenes que llegaban eran fuertes”.

Otro marino (procesado) declaró: “tuve que golpearle… yo me siento muy apenado por lo sucedido y siempre ha sido una carga en mi conciencia… espero que la familia del Sr. Woodward me perdone por haberle dado un palo a su hermano, pero estaba obligado a hacerlo…”.

Otros mostraron más humanidad: “Me encontré en un pórtico, cerca del Casino de la Universidad a un señor que estaba en cuclillas y abrigado con una frazada… le ofrecí un café y un pedazo de pan, el cual me aceptó… hablamos de Dios, le dije que tuviera confianza que todo iba a salir bien… yo sabía que se buscaba a un cura acaparador de alimentos, y cuando conversé con él me dí cuenta que se trataba de la misma persona”. Pero incluso este marino añadió que: “Este hecho no lo comenté con nadie, para no ser malinterpretado”.

El máximo responsable del recinto, el Capitán Sergio Valverde (inculpado y luego sobreseído), se limitó a declarar, refiriéndose a uno de sus oficiales: “Me informó que el sacerdote Woodward había sido detenido y sometido a ciertos apremios y que había sido entregado a la Academia de Guerra. Consulté al Jefe del Estado Mayor, Capitán Guillermo Aldoney… pero me indicó que no debía preocuparme más del asunto”. Es de destacar que la Academia de Guerra era donde el Capitán Aldoney, Jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval, tenía su despacho. 

4.2 La Academia de Guerra Naval 

Desde la Universidad, llevaron a Miguel a la Academia de Guerra Naval (ACANAV), donde el Alto Mando de la Armada había mandado instalar el Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad (SICAJSI). Tras el golpe fue transformada en recinto de interrogación. En el segundo piso un “Departamento de Análisis” estudiaba la información obtenida en interrogatorios, y en el tercer y cuarto piso se habilitaron salitas con delgados tabiques. Allí, entre gritos de compañeros, se interrogaba a los detenidos con golpes y corriente. 

La ACANAV estaba a cargo del Capitán Guillermo Aldoney, que dependía del Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Almirante Adolfo Walbaum (inculpado y posteriormente fallecido). Su misión era desbaratar grupos opuestos al nuevo régimen. Los capturados eran interrogados y sometidos a tormento por Infantes de Marina, Carabineros y policías. La Academia formaba parte de una red de instalaciones de la Armada habilitadas como centros de detención e interrogación, junto con el buque escuela Esmeralda, todo ello sin orden administrativa ni judicial. Según varios testimonios también participaban civiles, algunos del movimiento Patria y Libertad, y algunos “expertos” extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y Brasil. 

Se supo que Miguel había pasado por la ACANAV más tarde, ya en democracia, gracias a una mujer que lo reconoció por su foto en una manifestación en Viña del Mar. Ella misma estuvo detenida en la ACANAV, y según su declaración judicial: “Al llegar, vi a una persona, alta de estatura, delgada, con los ojos vendados, atada de manos hacía atrás, era mantenida en el patio frontal de dicha unidad de pie descalzo sobre una pequeña baldosa cuadrada de la cual no podía salirse ya que al perder el equilibrio, su custodio lo golpeaba con la culata de su arma en las costillas y espalda”. Preguntó quién era el detenido y el guardia contestó: “este es un maldito, es un cura revolucionario que tiene a todos los estudiantes universitarios adiestrando en técnicas guerrilleras en los cerros”. 

Otro testigo, el Capitán de Carabineros (R) Nelson López Cofré (acusado y después fallecido), declaró ante la policía: “De la detención del sacerdote Miguel Woodward, me enteré por comentarios en el pasillo de la ACANAV, me interesó presenciar su interrogatorio que llevaría a cabo el personal de la Armada.... En el Kardex del sacerdote se indicaba que era instructor de guerrillas. Esto ocurrió como el 20/09/73 en el 4° piso como al mediodía. Al ingresar lo vimos vestido de civil, encapuchado, sentado en una silla, atado de manos y, frente a él, el principal interrogador Jaime Román Figueroa [fallecido], junto a gente de la Armada; estaban Juan Mackay Barriga [inculpado y sobreseído], Sergio Bidart Jiménez [fallecido], Ricardo Riesgo [inculpado y sobreseído], los subalternos de Carabineros Eduardo Vergara Brauer [fallecido] y Jorge Leiva Cordero [acusado]. Varios de los hombres le daban golpes de puño… Estuvimos como una hora presenciando tales hechos”.

Según López Cofré, los Carabineros se marcharon, ya que, a pesar de los apremios, “El detenido no aportó mayor información y solo respondió con monosílabos”. Más tarde se pudo comprobar que Miguel no delató a ningún compañero.

4.3 Miguel en la Esmeralda

Desde la ACANAV, Miguel fue llevado al buque escuela Esmeralda. Llegó escoltado por Infantes de Marina en una furgoneta manchada de sangre, lo que hace suponer que su condición empeoró durante el viaje. En todo caso su gravedad era tan evidente que el Segundo Comandante del buque, Eduardo Barison, se negó a recibirlo y ordenó su traslado al Hospital Naval. Pero esta orden fue anulada por el Capitán de la Esmeralda, Jorge Sabugo (fallecido).

¿Por qué no llevaron a Miguel al Hospital Naval (a unas 10 cuadras de la ACANAV) en lugar de al buque (a unas 18 cuadras)? Es posible que a pesar de su estado penoso pensaran seguir torturándolo en el buque, donde estaban destacados al menos dos interrogadores de la ACANAV, el Capitán Mackay y el Teniente Riesco.

Si Miguel no fue torturado de nuevo en la Esmeralda (lo que aún no está claro), sería principalmente porque el Capitán Carlos Fanta, Comandante del crucero Almirante Latorre, que también estaba amarrado en el molo, se dio cuenta de la urgencia y envió a su médico, Kenneth Gleiser, a atender a Miguel. Poco después del golpe Fanta fue obligado a retirarse.

Aquí empieza el tramo más tenebroso de este vía crucis. La bitácora de la Esmeralda fue sustraída de los archivos del Servicio Hidrográfico de la Armada unos años más tarde y ocultada en los Altos Estados Mayores, hasta que en 2006 fue entregada “voluntariamente”, sin explicaciones, a la Ministro instructora de la causa de Miguel por el Almirante Codina.

En su folio 140 dice: “11.25 Tte Bidart trae en calidad de detenido a Michael WOODWARD IRIBERRY, el cual viene en precarias condiciones físicas. Se embarca en camilla en compañía del médico del C.L. Latorre con quien van a la enfermería”.

Por tanto, según la bitácora y la declaración de un testigo, Miguel fue llevado a la enfermería de la Esmeralda acompañado por el Dr. Kenneth Gleiser. Este, sin embargo, declaró que examinó a Miguel en el molo y, tras considerar que por sus heridas le quedaba una hora de vida, ordenó su traslado al Hospital Naval. Luego dejó que Miguel, agonizante, fuera embarcado a la Esmeralda, aunque no había médico a bordo.

El principal testigo de lo ocurrido a bordo fue el Capitán Eduardo Barison Roberts, Segundo Comandante. Según la bitácora, a las 12.30, “Detenido anterior se envía al HN [Hospital Naval] (M. Woodward I.)”. En su primera declaración judicial, Barison afirmó que Miguel, agonizante, fue trasladado al Hospital. Después declaró que: “…me dijeron que estaba en calidad de detenido, presumo que su estado era producto de malos tratos físicos, se encontraba agónico, venía con gran cantidad de hematomas en su rostro e inconsciente, no pronunció palabra. Los enfermeros lo asistieron, trataron de reanimarlo, pero falleció en el mismo recinto...”. Finalmente, ante la Ministro de la causa, afirmó categóricamente que: “...tengo la seguridad de que falleció en el interior del buque”.

Barison llamó a Guillermo Aldoney, Jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval, para informarle de la muerte de Miguel. Más tarde, ante un abogado de la Comisión Rettig, Aldoney afirmó que: “se le habría pasado la mano a un interrogador”. Entonces Aldoney mandó trasladar el cuerpo de Miguel al Hospital Naval. Aquí, presuntamente según instrucciones de Aldoney, empezó la trama de ocultación y encubrimiento que perdura hasta hoy.

4.4 El traslado al Hospital Naval

El cuerpo de Miguel fue trasladado al Hospital Naval en una ambulancia acompañado por tres o cuatro Infantes de Marina además del chofer. La Armada afirma no poder identificar a ningún componente de este grupo sorprendentemente numeroso y no saber qué instrucciones recibieron ni qué ruta siguieron. Sería interesante precisar todo esto por un dato que aporta la declaración judicial de Luis Gaete, el enfermero que recibió el cuerpo: Miguel tenía un tiro en el pecho.

Gaete afirmó que recibió dos muertos fusilados en esos días y que sin lugar a dudas uno era el detenido desaparecido Óscar Farías, con un tiro en el pecho con salida por la espalda, y el otro Miguel, también con un tiro en el pecho. Siguiendo órdenes, llevó el cuerpo de Miguel desde la morgue del Hospital Naval hasta la del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar, donde lo dejó con otros cadáveres de asesinados. “Cuando hice entrega del sacerdote fallecido en el Hospital Gustavo Fricke, pasé directamente a la Morgue de este hospital, dejando yo mismo su cuerpo en el suelo ya que no había camillas suficientes en ese momento para la cantidad de fallecidos que había, eran cerca de quince cuerpos sin vida, lo que me impactó”. 

Una conclusión se impone: el cuerpo de Miguel fue profanado con un disparo, o en la Esmeralda o en el trayecto al Hospital Naval. Así la Armada daría verosimilitud a lo que desde entonces contaría: que el cuerpo se encontró en la vía pública tras un enfrentamiento armado. 

El Alm. (R) Adolfo Walbaum declaró a la justicia que alguien –creía que pudo ser Guillermo Aldoney– le comentó que Miguel “había muerto como consecuencia de un tiroteo”. El médico del Hospital Naval que firmó el certificado de defunción, Carlos Costa Canessa, también afirmó al marido de Patricia en 1991 que le habían dado a entender que Miguel murió en un enfrentamiento. Y en 1986 incluso el ex Obispo Tagle le insinuó a Patricia que Miguel hubiera sido fusilado. 

En todo caso fue entonces que se puso en marcha un plan para encubrir el calvario de Miguel. El certificado de defunción a su nombre fue falsificado, como ha reconocido el Dr. Costa Canessa. 

Antes de firmarlo el Dr. Costa consultó con un Fiscal Naval que le dijo textualmente que no se preocupara por los muertos, que se limitase a obedecer órdenes. Este Fiscal, según declaró a la policía el Dr. Costa Canessa, fue el Teniente (R) Enrique Vicente, hoy Procurador del Consejo de Defensa del Estado en la V Región. Más tarde Costa Canessa se retractó. 

De modo que el Dr. Costa Canessa, sin ver el cuerpo, firmó un certificado en que el nombre de Miguel y otros datos ya constaban, afirmando que el cuerpo fue encontrado “en la vía pública” y que la causa de muerte fue “paro cardio-respiratorio”. En otra declaración a la policía, también retractada, creó recordar que recibió el certificado de manos del Dr. Kenneth Gleiser, que se hubiera trasladado desde el crucero Latorre al Hospital Naval. 

4.5   El entierro

Un cadáver con certificado a nombre de Miguel fue llevado por dos marinos en una furgoneta del Hospital Naval al Cementerio Playa Ancha y enterrado el 25 de septiembre. Sin embargo tuvo que ser un cuerpo sustituido, ya que el enfermero Luis Gaete asegura que él mismo llevó a Miguel del Hospital Naval al Hospital Gustavo Fricke.

Hemos buscado el cuerpo de Miguel hasta hace poco con exhumaciones infructuosas en tres lugares del Cementerio Playa Ancha, elegidos según testimonios de ex funcionarios del lugar. Uno de estos, hoy Diácono de la Iglesia, contestó a un llamamiento a testigos que hizo Patricia desde el mismo cementerio. 

Dio fe de que fue obligado por marinos que le apuntaban con metralletas a enterrar en una sola sepultura a tres cuerpos, todos altos y flacos, como era Miguel. Uno tenía un tiro en el pecho. Al coincidir las fechas con el traslado del cuerpo de Miguel al Hospital Gustavo Fricke, es posible que la Armada lo juntara con otros dos asesinados para un entierro común. 

Por tanto parece probable que el cuerpo de Miguel fuera enterrado sobre los acantilados del Pacífico donde hoy se encuentra el memorial que se le ha dedicado, en un emplazamiento elegido al azar en el inmenso cementerio. Estén donde estén sus restos, removidos o reposando bajo unos nichos que se han construido, podemos estar seguros de que siguen juntos con los de sus compañeros y de los más pobres.

Índice

5. LA MANIPULACIÓN DEL INFORME RETTIG

En los estatutos de la Comisión Rettig de Verdad y Reconciliación, fuente de información para la justicia sobre las violaciones de derechos humanos en Chile, se dispone que los Ministros instructores podrán pedir toda información sobre sus casos de derechos humanos que se encuentre en el Archivo, dirigiéndose al Programa de Derechos Humanos (PDH) adscrito al Ministerio del Interior, que custodia el único ejemplar completo. Sin embargo, cuando el Ministerio, a través del responsable de su Área Jurídica, entregó a la Ministro instructora 13 hojas sobre el caso de Miguel, sabemos ahora que en realidad había 58.

El Archivo antes custodiado por la propia Comisión Rettig pasó primero a su sucesora, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y luego al Área Jurídica del Ministerio del Interior. Esta lo entregó, incompleto, al PDH. 

Más tarde Patricia supo de un proyecto apoyado por el Gobierno británico para digitalizar el Archivo Rettig a petición de la Corporación Justicia y Democracia, que gestiona los papeles presidenciales de Patricio Aylwin. Pidió por medio de la embajada británica que la Corporación enviara a la Ministro instructora toda la información digitalizada sobre el caso de Miguel. Así hizo, y se comprobó que sumaba no las 13 hojas antes facilitadas sino 58.

Algunas de las que habían faltado eran de mucha relevancia. Otras habían sido sustituidas por recortes de revista sin relación con el caso. Y supimos por el ex abogado de la Comisión responsable de la V Región que aún así faltaban documentos, como dos actas de entrevista claves. 

Denunciamos esta manipulación al PDH, y su entonces Secretario Ejecutivo, Luciano Fouilloux, entregó a la Ministro instructora una parte de la documentación que faltaba, alegando que fue “encontrada” en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, en contra de declaraciones anteriores tanto de la Secretaría de la Vicaría como de la Jefe del Área Jurídica del Ministerio.

Más tarde denunciamos los hechos públicamente y pedimos la intervención de la Asesora de la Presidenta Bachelet en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda. Convocó una reunión en la que la entonces Secretaria Ejecutiva del PDH, Rosemarie Bonard, afirmó que las 13 hojas entregadas inicialmente eran todo lo que tenía el PDH. Así se supo que en su día el Ministerio del Interior había ocultado una parte del Archivo al PDH. 

Se afirmó en una reunión de la Comisión Aylwin que el Archivo había sido “manipulado”, y el propio ex Presidente al entregar un nuevo ejemplar al Archivo Nacional dijo públicamente que en tiempos de la Comisión Rettig los Archivos habían sido “reclasificados” para “facilitar su consulta”.  

Además, un abogado autor de la Comisión Rettig nos contó que su texto sobre la V Región no fue el que se publicó en el Informe. En consecuencia, se sentía “deslegitimado”, pero por “ética profesional” no quiso decir quién lo revisó y presuntamente lo manipuló.

Accedió a testificar ante la Ministro pero lo hizo sin referirse al tema. Luego no quiso hablar de ello con la prensa ni declarar al respecto a la Ministro instructora.

Más tarde los responsables del Archivo Nacional nos dieron acceso a la parte del Informe Rettig que se refiere a Miguel y la V Región. Comprobamos por las tachaduras y añadidos (que fotocopiamos) que efectivamente había sido manipulada y falsificada por uno de los Comisionados. 

Este había reducido el número de víctimas de la Región a la mitad. Y en la Introducción felicitaba a la Armada por su “cooperación” –lo que según el abogado responsable de la Región no fue tal–.

Sabemos que aquel Comisionado fue el abogado e historiador Gonzalo Vial Correa. Después del golpe, Vial Correa fue autor del “Plan Z”, que “demostró” que el golpe militar se había dado para evitar un golpe comunista, y más tarde fue Ministro de Educación con Pinochet. Sin embargo fue nombrado a la Comisión Rettig con el beneplácito del Presidente Aylwin. En 1999 participaría en la Mesa del Diálogo y luego sería nombrado Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado por el Presidente Lagos. Sin duda hay que complacer a todos en política, pero confiar tales responsabilidades a un conocido falsificador de la historia parece cuestionable. 

Finalmente el ejemplar del Archivo Rettig que quedó en manos del Archivo Nacional aún está incompleto, al faltar sus Anexos. Son documentos clave que fueron entregados a la Comisión por las Agrupaciones de Familiares y otras organizaciones, indicando nombres de represores. Que se sepa, el único ejemplar completo del Archivo Rettig es el que posee el Área Jurídica del Ministerio del Interior.

Tras alertar a las autoridades chilenas de la manipulación del Archivo sin recibir respuesta, el marido de Patricia contactó con la UNESCO, ya que Chile participa en su programa “Memoria del Mundo” para preservar documentos sobre violaciones de derechos humanos. La UNESCO inició una investigación que pareció provocar una revisión del Archivo Rettig por el Ministerio de Educación (Archivo Nacional) y el Ministerio del Interior (PDH). Pero no se ha explicado qué medidas se han tomado para permitir el acceso judicial a toda la documentación. Incluso si el PDH tiene ya acceso directo a todo el Archivo y sus Anexos no está claro. 

Índice

6. EL ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS

6.1 El papel del Estado

La Constitución de Chile obliga al Estado a personarse en cada causa por violaciones de derechos humanos cometidas en su nombre. Por ello se creó la Comisión Rettig, que pudo haber sido el medio idóneo. Pero el Gobierno le quitó sus atribuciones para intervenir jurídicamente. Mantuvo la obligación de “enviar antecedentes a los tribunales mediante denuncia”, pero, salvo en contados casos, estos no se han enviado. 

El trabajo de la Comisión fue continuado por dos Comisiones de Continuidad, y finalmente se creó el Programa de Derechos Humanos (PDH) bajo la tutela del Ministerio del Interior. Le compete presentar denuncias por casos de detenidos desaparecidos, que pueden convertirse en querellas. Suele actuar a petición de familiares de víctimas, asesorándolos jurídicamente, y desde 2010 se ocupa también de casos de ejecutados políticos.

Excepcionalmente el Estado puede ser representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Le compete, con autonomía, “defender y proteger los intereses del Estado”. Puede personarse en una causa de derechos humanos ya iniciada si afecta a dichos intereses.

Por lo demás, las iniciativas judiciales dependen de las víctimas o sus familiares, individualmente o en agrupaciones. Pocos tienen recursos suficientes para llevar una querella a buen puerto.   

En el caso de peticiones de reparación, el plazo para su presentación por víctimas y sus familiares ha sido recortado por una resolución de la Corte Suprema de 2013 que hace del Informe Rettig el punto de inicio para contabilizar el plazo de imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. 

Peor aún, tanto para el PDH como para las víctimas, los gobiernos democráticos han dejado la instrucción de querellas en manos de un sistema judicial anticuado y disfuncional. 

Todo esto supuso que cuando Patricia puso su querella en 2002, las autoridades, al menos en Valparaíso, habían dejado los casos de derechos humanos casi a su suerte. Nos encontramos con familiares de avanzada edad que llevaban años sin noticias de sus querellas. 

Un diputado, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, quedó pasmado al conocer este estado de abandono, pero poco pudo hacer para remediarlo. Pronto Patricia también lo sufriría.

6.2 El Estado y la causa Miguel Woodward

Patricia puso la primera denuncia del caso de Miguel por asesinato en 2002. En 2001 el PDH ya había presentado una denuncia, pero solo por “inhumación ilegal”. 

¿Por qué tuvo que ser Patricia quien se querellara? Pudo haberlo hecho la Iglesia, pero el entonces Cardenal Errázuriz dijo que la Iglesia no pediría justicia por sus siete sacerdotes asesinados. Pudo haberlo hecho el Gobierno británico cuando Pinochet fue detenido en Londres en 1997, ya que Miguel era ciudadano británico, víctima de un crimen imprescriptible. Pero el Ministro del Interior Jack Straw y el Primer Ministro Tony Blair prefirieron devolver a Pinochet a Chile.

Para que el Estado pudiera asumir el papel que le correspondía en la causa ya iniciada, en 2004 le pedimos al Presidente Lagos, de visita en Londres, que se personara en ella el Consejo de Defensa del Estado (CDE), no obstante su autonomía. Poco después se supo que el CDE había encomendado esta tarea a uno de sus Consejeros, pero pasaron meses sin que este actuara, por lo que el Consejo lo sancionó. Se esperaba ya la personación del Consejo, pero en febrero de 2005 la Ministro Corti cerró el sumario por “prescripción”, alegando que se trataba de un asesinato, no de una desaparición, al existir un certificado de defunción -falsificado-.

Patricia y el PDH apelaron, pero el CDE no reaccionó. Pero a los pocos días apareció en El Mercurio un artículo de la Presidenta del CDE, Clara Szczaranski, avalando el cierre precipitado. Y descubrimos, tras levantarse el secreto de sumario, que el Procurador del CDE en Valparaíso, Enrique Vicente (imputado en la causa), había intentado conocer el expediente en su fase secreta. 

Mientras recurría la resolución de la Ministro Corti, y ya para protegerse del CDE y de su Presidenta, Patricia pidió por carta al Presidente Lagos que tratara informalmente de evitar que el CDE se personara. El Jefe de Gabinete del Presidente le contestó que así se haría. 

Esta nefasta experiencia del CDE se vio compensada en 2009 cuando, con Carlos Mackenna de Presidente, el Consejo se personó de nuevo. Esta vez la encargada era una excelente abogada, María Inés Horvitz, y las comunicaciones con la sede del CDE ya no pasaban por el imputado Enrique Vicente. Al final del sumario, sin embargo, al no respetar el Ministro instructor su obligación de dar aviso al CDE (ver más adelante), el Consejo no pudo cumplir con su función de amparo.

En cuanto al PDH, su aportación acabó siendo positiva, destacándose el trabajo de los letrados Karinna Fernández, Boris Paredes (actualmente abogado de Patricia) y, más tarde, Carla Leiva. Al igual que el CDE, sin embargo, siguió tropezando con el aberrante antiguo sistema de justicia. 

6.3 Convenios internacionales

Chile ha firmado y ratificado convenios internacionales que exigen la persecución como crímenes de lesa humanidad de distintos tipos penales invocados en la causa de Miguel: genocidio por motivos religiosos, terrorismo de Estado, homicidio calificado, secuestro calificado, torturas y tratos crueles y degradantes, inhumación y exhumación ilegal, asociación ilícita, etc. 

La Convención Contra la Tortura, ratificada por Chile en 1988, define dicho crimen como sufrimientos graves “infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Así que tortura el verdugo, el inductor, y quien, pudiendo detenerlo, no lo detiene.

Sin embargo, el Estado, por medio del Poder Judicial, se olvida de estos Convenios que al ratificarse se convirtieron en sus leyes supremas, y sigue aplicando leyes nacionales de amnistía o de prescripción. La única excepción a la prescripción ha sido el “secuestro calificado”, ya que se afirma que este “se repite” hasta que se encuentre el cadáver.

En el caso de Miguel, el único cargo presentado contra los acusados ha sido el de secuestro calificado, sin invocar otros delitos aunque hayan sido expresamente reconocidos por los inculpados sobreseídos. 

Índice

7. El SISTEMA DE JUSTICIA

7.1 El antiguo sistema de justicia

La instrucción del caso de Miguel no ha dejado de tropezar con obstáculos judiciales. El antiguo sistema, de origen decimonónico, vulnera principios básicos de justicia como los derechos:

-    a que la causa sea juzgada en un plazo razonable;

-    de querellantes a tener acceso a información durante la causa;

-    de abogados a poder interrogar a los testigos durante la causa; o

-    que la causa sea juzgada públicamente.

Es un sistema arbitrario, sin transparencia. La comunicación entre querellantes y sus abogados por un lado y Ministros instructores por otro depende de la voluntad de estos. 

Y el derecho a la información lo vulnera el secreto de sumario. Los jueces suelen aplicar el secreto durante todo el sumario hasta que se resuelva alguna inculpación. Entonces se aplica de nuevo hasta el cierre. 

Así, nos enteramos solo en la última fase del sumario de Miguel de que había un “cuaderno reservado” para documentos “confidenciales”. Al cierre del sumario contenía 725 fojas (o sea, hojas). 

Solo entonces, ya demasiado tarde para apelar, supimos que había interrogatorios clave que no constaban en el sumario, como uno que la Ministro Corti practicó con el Senador Arancibia tras una denuncia nuestra. 

El Senador nos había contado que al desembarcar del buque Blanco Encalada el 17 de septiembre de 1973 (se acordaba de la fecha por ser su cumpleaños), había visto en el muelle de Valparaíso una hilera de cuerpos de ejecutados (unos 20, según otro testigo), todos marcados con cal. 

Constatamos que estos muertos no aparecían en los informes para esos días ni de las autoridades ni de las Agrupaciones de Familiares. Esperábamos por tanto que la Ministro investigara el asunto y en su caso imputara a Arancibia por no haberlo denunciado a la Fiscalía Naval. 

La Ministro no comentó la petición de diligencia ni con los querellantes ni sus abogados, pero el propio Arancibia, hablando para el documental El Lado Oscuro de la Dama Blanca, se indignó de que Patricia hubiera transmitido los antecedentes a la Ministro y que, como consecuencia, esta lo hubiera interrogado. De modo que debió de haberse redactado un acta de su testimonio, pero esta no constaba en el sumario.

Las resoluciones de los Ministros instructores también son de difícil acceso. Se comunican en el “estado diario” que se cuelga en las tablas de la Corte, con un plazo de apelación de solo cinco días. La única forma de enterarse de una resolución es ir a mirar el estado todos los días.

Cuando no pueden hacerlo diariamente, los abogados contratan a un procurador, lo que tampoco da garantías. Durante la causa de Miguel un procurador que colaboraba con Juan Matus, letrado de Patricia, inició otra colaboración, sin informar a Matus hasta más tarde, con un abogado de los inculpados, Carlos Portales (que también defendía a Miguel Krasnoff). Lógicamente tenía información privilegiada que ofrecer.  

Las peticiones y apelaciones complejas de abogados a jueces de primera instancia suelen ser contestadas con unas pocas palabras, rechazando o admitiendo lo pedido sin más. Luego las resoluciones de los jueces –inculpando, acusando o sobreseyendo– se refieren a los hechos en términos tan difusos que resulta imposible relacionarlos con acusaciones concretas. Y en las Cortes de Apelaciones los fundamentos de las resoluciones, a menudo redactadas no por un Ministro sino por un “abogado integrante” (figura muy cuestionable), rara vez respetan el Código Penal. 

Además, los números de fojas que constan en estas resoluciones tras cada nombre de inculpado se refieren a declaraciones policiales o judiciales que pueden aclarar los hechos o no, testificando más bien de la arbitrariedad del juez. Estos procedimientos dejan indefensos tanto a querellantes como a inculpados.

Finalmente, si la resolución da lugar a un recurso que se presente en la Corte de Apelaciones, resulta que los jueces ni siquiera leen el sumario. En su lugar oyen el resumen de un relator que lo habrá estudiado lo que buenamente haya podido. 

Aunque no suele haber conflictos de interés, una relatora (juez de primera instancia) en el caso de Miguel había declarado como testigo en calidad de ex ayudante de la Comisión Rettig. En la vista se le preguntó si la familia de Miguel había testificado ante esa Comisión. Contestó que no. Pero en 1991 Patricia entregó un largo escrito, que fue debidamente archivado, a sus propias manos. Patricia se lo recordó. Dijo que podía ser cierto, y que acababa de pedir su inhabilitación, aunque solo por haber trabajado en la Comisión. Como no estaba segura de que la inhabilitasen, el marido de Patricia se lo pidió al Presidente de la Corte, que procedió a hacerlo. 

Otro obstáculo en el antiguo sistema es la gran carga de trabajo de los Ministros instructores. Es en parte por esto que la causa de Miguel, iniciada hace once años, ha sobrepasado lo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos califica de “un plazo razonable”. 

Esta sobrecarga nos la comentó al principio la Ministro Corti, así que, por medio del Jefe de Gabinete del Ministro de Justicia, conseguimos que el Ministerio le propusiera a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el nombramiento de un Ministro en Visita adicional para casos de derechos humanos. La Presidenta contestó que, tras consultarlo, le parecía innecesario. Más tarde desde la Corte nos contaron que la Presidenta no lo consultó con el Pleno, como era su obligación.

7.2 El Código de Procedimiento Penal

El Código de Procedimiento Penal parece no regir para los Ministros en Visita de la Corte de Valparaíso. Ya hemos visto cómo se abusa del secreto de sumario para convertir los casos de derechos humanos en opacos, para querellantes e inculpados. Algunos inculpados soportaron tres años sin saber de qué delito se les acusaba, aparte del genérico “secuestro calificado”.

También ignoran lo que dispone el Código en cuanto al plazo para cada trámite. Así, un sumario como el de Miguel puede extenderse más de diez años, y para un abogado se hace imposible estar al tanto de cada resolución con la absurda obligación de ir a mirar cada día el estado diario de la Corte.

Como ejemplo, el plazo de diez días concedido según el Código tras el cierre precipitado del sumario de Miguel en mayo de 2011, una vez rechazados los recursos, a los abogados de los diez acusados para “adherirse” a las resoluciones, o sea proponer testigos y presentar alegaciones. En caso de demora el Ministro los puede apremiar, considerándolos “en rebeldía” si no se adhieren en 48 horas.

Ningún abogado defensor se adhirió dentro de los diez días, y tras cinco meses, con dos adhesiones aún faltando, la Corte envió sendos apremios. Uno surtió efecto dentro de 48 horas mientras que el otro, para un abogado de Santiago, se envió a un tribunal de la capital para que lo hiciera seguir, y un mes después aún no había noticias ni del tribunal ni del abogado. Finalmente se supo que el abogado había cambiado de dirección sin avisar a la Corte. Así los diez días de plazo dispuestos por el Código se ampliaron a siete meses. 

La causa de Miguel ilustra, además, como un Ministro puede desentenderse del Código. El letrado Boris Paredes, acogiéndose al artículo 278 bis, había alegado que un juez solo puede dejar sin efecto un auto de procesamiento durante el sumario. Pero la alegación fue rechazada por el Ministro, por la Corte de Apelaciones y luego por la Corte Suprema, junto con otras basadas en los artículos 403, 407 y 424. Lo único que tuvo que decir la Suprema al respecto fue: “a lo más se advierten diferencias de interpretación legal”.

Índice

8. EL PROCESO MIGUEL WOODWARD

8.1. La instrucción de la Ministro Gabriela Corti 

La primera Ministro en Visita (o juez instructora) del sumario (o fase de investigación) de la causa de Miguel fue Gabriela Corti. Desde que se eliminó la figura del “juez con dedicación exclusiva” en 2005, todos los casos de derechos humanos son instruidos por estos ministros, que asimismo integran sus Cortes de Apelación. En Santiago, en la práctica, se les suele conceder dedicación exclusiva para casos de derechos humanos. En Valparaíso, no. 

Por tanto, dedican gran parte de su tiempo a “integrar sala” (entender de las apelaciones de la Corte). La carga de trabajo es inmensa: la Ministro Corti instruía unos 30 casos de derechos humanos, y hoy instruyen más aún.

Así, descubrimos que en el expediente había diligencias que no se practicaban. Esta ligereza quedó en evidencia cuando, en un momento clave de la causa, Corti rechazó en bloque 16 peticiones de diligencias que el abogado de Patricia había presentado.

Tampoco hacía caso a nuevas fuentes de información.  Durante meses habíamos recibido llamadas de un ex marino que se apodaba “Hipólito”, que dudaba entre su lealtad a la Armada y su conciencia. Nos dejó una carta en la caja de limosnas de la Catedral de Valparaíso contando que hace poco había fallecido un compañero con quien había vivido una experiencia horrorosa. Estando de guardia en 1973 en el Cuartel Silva Palma, fueron obligados a cargar en una furgoneta a seis cuerpos de víctimas calificadas de “upistas”. El chofer les dijo que suponía que los botarían al mar. “Hipólito” nos dio el nombre del oficial encargado de la operación, que denunciamos a la justicia, y la policía lo localizó. Pero lo encontró ya en su lecho de muerte y no pudo tomarse su testimonio. 

En otros casos investigamos nosotros, lo que nos llevó una vez a visitar todos los kioscos de la Plaza O’Higgins en Valparaíso ya que se sabía que uno era del ex Administrador del Cementerio Playa Ancha. Aportó antecedentes sobre el probable lugar de entierro de Miguel, pero la Ministro Corti se limitó a hablar de “investigaciones paralelas”, irregulares. 

En realidad las “investigaciones paralelas” fueron fundamentales. Al principio no se sabía que la Universidad Federico Santa María había sido ocupada por la Armada y que el calvario de Miguel empezó allí. No se sabía hasta que una exiliada chilena, de visita en su patria, lo supo por su sobrina cuyo novio había sido marino, y lo reveló a un antiguo amigo de Miguel. 

Tampoco se sabía que sus secuestradores habían llevado a Miguel desde la Universidad a la Academia de Guerra Naval (ACANAV) y que fue allí donde sufrió la peor tortura. Se supo cuando unos actores belgas, conocidos del mismo amigo de Miguel, actuaron en la Plaza Bombal de Viña del Mar, donde una ex detenida reconoció a Miguel por su foto como otro maltratado de la ACANAV. Gracias a esos antecedentes la policía pudo identificar a muchos de los que luego serían inculpados.  

También investigaron los policías asignados al caso y su papel fue valiosísimo, pero rara vez contaron con los poderes amplios que solo un Ministro les puede conceder. Además, los equipos policiales sufrieron constantes cambios en su composición.

Las resoluciones de la Ministro Corti se colgaban para todos según el antiguo sistema en las tablas de la Corte durante cinco días, pero la Armada contaba con información privilegiada en forma de filtraciones desde la misma oficina de la Ministro. Así los querellantes ni siquiera fuimos informados de una prevista reconstitución de escena en la Esmeralda, mientras un alto cargo naval visitaba a la Ministro para pedir su aplazamiento. La reconstitución no llegó a realizarse.

Dentro de la Corte de Apelaciones ocurrían graves irregularidades, como la delegación de interrogatorios clave por la Ministro a su actuario. Es una práctica extendida e impropia ya que los actuarios no están capacitados para interrogar y pueden ser susceptibles a influencias. Una denuncia a este respecto por el marido de Patricia ante la Fiscalía Nacional no prosperó al alegar la Ministro que su actuario no escribía las actas de los interrogatorios que él mismo realizaba, sino que solo las archivaba.

En noviembre de 2004 la Ministro Corti cerró la causa de Miguel, aplicando la prescripción (tras comentar en privado que no tenía pistas). La resolución fue colgada en tablas cuando estábamos fuera pero por suerte llegamos dentro del plazo para recurrir. Además, el abogado de Patricia acusó a la Ministro de prevaricación, ya que, según los Convenios ratificados por Chile, los crímenes contra la humanidad no prescriben. 

La Corte Suprema ni siquiera contestó, pero la Corte de Valparaíso acordó la reapertura de la causa. Poco después, contra su voluntad, la Ministro Corti fue inhabilitada por haber “expresado opinión” sobre temas pendientes

8.2 La instrucción de la Ministro Eliana Quezada

La nueva Ministro, Eliana Quezada, juez concienzuda y valiente, se volcó con el caso. Como consecuencia recibió amenazas de muerte, ante las que apenas se pronunciaron muestras públicas de apoyo. La policía sí tomó las amenazas en serio y le puso escolta permanente. 

Igualmente amenazante fue el robo de un ordenador con datos sobre la causa custodiado por una abogado del PDH en su casa de Santiago. Los ladrones despreciaron el dinero y otros objetos de valor que había, dejando clara su motivación. 

También sus pares en la Corte le pusieron trabas. Molestos por unas manifestaciones del grupo Amigos de Miguel en la escalinata de la Corte, trataron de imponer un límite arbitrario de unos meses a su instrucción. Hizo falta apelar a la Corte Suprema para revertir este sinsentido. Pero según la normativa de la misma Corte Suprema, el “rendimiento” de la Ministro se medía por parámetros que no tenían en cuenta el fuerte peso de la Armada en Valparaíso y las amenazas de muerte que recibía. 

Aún así, en diciembre de 2007 pudo realizar una “inspección ocular” a bordo de la Esmeralda, con nosotros, otros querellantes torturados en el buque y testigos, de los que algunos luego serían inculpados. Durante cinco horas se ratificaron declaraciones y recorrimos el buque, viendo los lugares de detención y tortura, como las escaleras empinadas por las que algunos fueron tirados o los baños, que poco habían cambiado. Vimos la enfermería, donde supuestamente llevaron a Miguel, con dos catres y una silla de dentista.

Realizó tres intentos de exhumación en el Cementerio Playa Ancha, según indicaciones de ex funcionarios del lugar, concluyéndose que los restos de Miguel pudieron haber sido removidos a finales de los 80 para ocultar pruebas.

Además, recibió del Servicio Médico Legal (SML) un estudio encargado por la Fiscalía sobre unas osamentas encontradas en la parte del cementerio donde se creía que estaba el cuerpo de Miguel, junto con una vaina del calibre utilizado por la Armada. El estudio resultó inconcluso por falta de coordinación entre la Fiscalía, el laboratorio de la policía y el SML.

En 2008 y 2009 la Ministro Quezada inculpó a 29 personas, marinos en su mayoría, con algunos Carabineros, todos en retiro, y cuatro ex almirantes y varios altos cargos del grupo empresarial gestionado por la Armada. Fueron detenidos durante varias semanas. Más tarde dos inculpados fallecieron y tres fueron sobreseídos (dos por senilidad). 

Se les aplicó el cargo de “secuestro calificado”, lo que, como crimen de lesa humanidad, “se repite” hasta que se encuentre un cadáver. Ni prescribe ni puede ser amnistiado.

Los inculpados abarcaban toda la línea jerárquica de la Armada. Muchos de los oficiales involucrados en estos crímenes no solo no fueron sancionados después del golpe sino que tuvieron carreras prósperas en la Armada, en la política o en empresas. En todo caso, su inculpación demostró que el calvario de Miguel no fue obra, como se ha dicho, de unos individuos de rango menor actuando por su cuenta, sino de una institución entera.

8.3 La instrucción del Ministro Julio Miranda

El minucioso trabajo de la Ministro Quezada sufrió un golpe en marzo de 2011 cuando la Ministro iba a cerrar la fase de investigación y acusar formalmente a los inculpados. Fue nombrada Presidente de la Corte de Apelaciones, y por tanto obligada por falta de tiempo a traspasar la investigación. Al mismo tiempo la Corte Suprema nombró a un solo juez para instruir todos los casos de derechos humanos de la V Región: Julio Miranda. 

La Suprema al parecer estaba preocupada por la “lentitud” de la Ministro Quezada. Pues el Ministro Miranda fue más rápido. Dedicó unas semanas a leer el expediente de más de 6.000 fojas, al tiempo que tendría que integrar sala e instruir alguno más de los 80 casos que tendría entre manos. Y en mayo de 2011, sin realizar interrogatorio alguno –lo que le habría permitido valorar las inculpaciones– cerró la investigación, dando a conocer 19 sobreseimientos y 10 acusaciones. 

Los abogados de Patricia y del PDH no se enteraron de las resoluciones hasta pasado el plazo de cinco días para recurrir, y así fuimos privados de nuestro derecho de presentar una apelación particular. 

Desde el PDH llamaron a la oficina del Ministro durante el plazo para recurrir para saber si había novedades, sin que les avisaran. Cuando la abogada del PDH quiso saber el porqué de tanta premura, el Ministro contestó que quería “evitar la exhibición de pancartas y las manifestaciones fuera de la Corte”. 

El CDE ni siquiera se informaba, ya que hasta entonces la normativa obligaba a los jueces a informarlo de sus resoluciones “por cédula”.

Índice

9. UNA “FARSA JUDICIAL”

9.1 El cierre del sumario

Con las resoluciones del Ministro Miranda de mayo de 2011 terminó el Sumario y empezó lo que Amnistía Internacional desde su sede en Londres llamó “la farsa judicial” del caso Woodward.

El Ministro decretó el sobreseimiento temporal de once oficiales (con dos ex almirantes) y ocho suboficiales de la Armada y Carabineros. Acusó formalmente a dos oficiales y a varios suboficiales: un sargento, un cabo de 2º y dos marinos de 2º. 

Boris Paredes, abogado de Patricia, pidió la anulación de las actuaciones del Ministro por falta de antecedentes nuevos para exculpar a los sobreseídos. Además, alegó que, según el artículo 278 bis del Código de Procedimiento, un juez solo puede dejar sin efecto un auto de procesamiento durante el sumario. Estos recursos fueron rechazados.

También apeló el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que no fue avisado de la resolución “por cédula” según dispone el artículo 58 de la Ley Orgánica del CDE. El Ministro contestó que ese artículo había sido derogado por el artículo 3 de la Ley 19.806 de reforma procesal penal, y que la derogación era retroactiva.

Entonces Paredes pidió la nulidad de las resoluciones ante la Corte de Apelaciones, proponiendo que el Ministro se inhabilitase, pero esto también fue rechazado, tras una larga demora mientras varios jueces sí se inhabilitaron, algunos citando vínculos con la Armada.

El único recurso que quedaba era una queja a la Corte Suprema, ya con pocas posibilidades puesto que a los jueces les cuesta censurar a los suyos. Efectivamente, resolvieron por unanimidad que la Corte de Apelaciones no había “incurrido en errores u omisiones manifiestos … a lo más se han producido diferencias de interpretación”. No explicaron en qué consistían esas diferencias. Así, ante decisiones arbitrarias de Ministros de las dos instancias, el sistema antiguo de justicia deja a los querellantes indefensos. 

9.2 Los acusados

Dos de los inculpados fueron acusados por torturar a Miguel en la Universidad Federico Santa María, tres por torturarlo en la ACANAV, uno (un oficial de Carabineros) por ordenar las torturas en la ACANAV y cuatro (de los que uno era oficial naval) por formar parte de la patrulla que lo detuvo. 

Ni un solo oficial naval fue acusado por torturas a pesar de abundantes testimonios en contra de al menos dos de ellos. Esta benevolencia hacia los oficiales contrasta con la dureza ejercida hacia los miembros jóvenes de la patrulla (dos marinos de 2º y un cabo de 2º), que detuvieron a Miguel sin violencia. 

El Ministro Miranda ni siquiera se refirió en su acta de acusaciones a los autores intelectuales de los crímenes: los altos mandos de la Armada que los planificaron, coordinaron y encubrieron. Tampoco, salvo en el caso del oficial de Carabineros, acusó a los mandos operativos que dieron las órdenes a los verdugos. Sin embargo hay antecedentes en el expediente que vinculan tanto a los altos mandos como a los mandos operativos con la muerte de Miguel.

El propio Ministro nos dejó claro que consideraba que había cumplido al acusar a los autores materiales. En “ausencia de evidencia”, nos dijo, más no podía hacer. Cuando una abogada le preguntó por qué había sobreseído a varios oficiales cuya inculpación se basaba en contundentes declaraciones judiciales, le contestó: “no puedo creer que personas de esa índole fuesen capaces de tales crímenes”.

9.3 Los sobreseídos

9.3.1 Altos mandos

El Ministro nos dio un ejemplo de cómo le influyó este criterio selectivo. Habló de un oficial que había ordenado el traslado de Miguel al Hospital Naval, alegando que fue su única participación en la muerte de Miguel. Se refería claramente al Almirante (R) Guillermo Aldoney (inculpado y luego sobreseído).

Ahora, en 1973 el Almirante (entonces Capitán de Navío) Aldoney era Jefe del Estado Mayor. Era, en ausencia del Comandante en Jefe Merino (miembro de la Junta de Gobierno) y del Almirante Walbaum (nombrado Intendente de la Región), el más alto oficial de la Armada en Valparaíso. Se encontraba en su despacho de la ACANAV mientras Miguel sufría tormentos allí. 

Unas horas antes había sido informado por el Capitán Valverde (inculpado y luego sobreseído), responsable de la Universidad Federico Santa María, ocupada por la Armada, que Miguel había sufrido allí “ciertos apremios” antes de ser entregado a la ACANAV. Aldoney le dijo a Valverde que no se preocupara por el asunto.

En realidad, todos los mandos dependían de Aldoney. Franklin González, Jefe de Inteligencia Naval (Ancla 2) en Valparaíso, declaró que: “Identificábamos a los subversivos e informábamos a Aldoney, que luego ordenaba actuar a los grupos operativos”. O sea, a partir de esa llamada del Capitán Valverde desde la Universidad hasta la llamada desde la Esmeralda avisándole de la muerte de Miguel, Aldoney sabía que lo estaban torturando, según sus órdenes. 

Ante la Comisión Rettig, Aldoney dijo suponer que al interrogador de Miguel “se le habría pasado la mano”. Luego ante la Ministro Quezada reconoció que “no se ordenó instruir un sumario administrativo por el fallecimiento del Sacerdote Miguel Woodward”. Tampoco informó al Fiscal Naval, como era su obligación. Al contrario, su orden de trasladar el cuerpo de Miguel al hospital lo hace directamente responsable de la trama de encubrimiento consiguiente.

Asimismo, antes del golpe fue Aldoney el responsable de la “Operación Cochayuyo” para detener a sospechosos previamente identificados en el día del golpe e interrogarlos con marinos formados en técnicas de tortura. Muchos interrogatorios tuvieron lugar en la ACANAV, donde presidía el mismo Aldoney.  

9.3.2 Mandos operativos

El calvario de Miguel fue obra no solo de los altos mandos como Aldoney sino también de los mandos operativos, con el agravante de estar presentes en los lugares de tortura, dando las órdenes concretas. 

Como dijimos al Ministro Miranda, abundan testimonios que implican a los superiores de los acusados por ordenar y supervisar las torturas. Pedimos que se hiciera valer estos testimonios por medio de interrogatorios durante el Término Probatorio. El Ministro accedió y dijo que si le parecía oportuno, tras conocer los resultados de los interrogatorios, incorporaría a estos oficiales a un cuaderno reservado para luego, de oficio, abrir un nuevo sumario. 

Los principales oficiales investigados eran el Almirante (R) (antes Capitán de Corbeta) Juan Mackay y el Capitán de Navío (R) (antes Teniente) Ricardo Riesco. Ambos presenciaron la tortura de Miguel. 

Hay testimonios contundentes referidos a Riesco y Mackay: “Los que torturaban con apremios físicos eran los más antiguos… Todos recibíamos instrucciones del Teniente Riesco…”; “los interrogadores eran siempre los mismos: los dos Mackays… de Woodward nada sé, solo recuerdo que Mackay lo quería detener”; “Es dable señalar que las órdenes eran impartidas directamente por el Comandante Mackay...”.

Ante la Ministro Quezada, Juan Mackay aún justificaba aquellas torturas como una forma de “resaltar los valores de nuestra cultura cristiana occidental que habían sido trastocados por el marxismo”. Riesco reconoció haber torturado, afirmando que “a lo máximo dábamos golpes físicos”. 

Dijo no haber torturado con electricidad, aunque todo indica que sí. Relató otro testigo: “Recuerdo haber visto al Infante de Marina Ricardo Riesco... torturando a una persona en la ‘parrilla’”, o sea con corriente. Esta provenía de magnetos de teléfonos militares que, según otro testigo, también se utilizaban así: “se les aplicaba corriente de la siguiente forma: desnudo, sentados en una silla sobre una manta mojada, se les aplicaba a través de cables, con llaves en la punta...” 

9.4 El Plenario

Ya cerrado el Sumario y rechazados los recursos, en septiembre de 2011 se inició la fase de Plenario con el trámite de adhesiones, en el que los acusados presentan alegaciones y proponen testigos de descargo. Como hemos visto, los diez días que prevé el Código Penal se convirtieron en siete meses, ya que el Ministro no tuvo a bien apercibir a los abogados dilatadores.

En la próxima fase, el Probatorio, se escucharon declaraciones de testigos y se examinaron los antecedentes durante unos 20 días (según el Código Penal). Los interrogatorios de los acusados terminaron en noviembre de 2012. El Código de Proceso Penal establece un plazo corto entre esta etapa y el momento en que el Ministro debe dictar veredictos, pero no hay forma de garantizar su cumplimiento. Así, el Ministro Miranda tardó siete meses antes de dictar sentencia el 8 de mayo 2013, con los siguientes veredictos:

- José Manuel García Reyes, Suboficial Naval en retiro, condenado a tres años de cárcel en grado menor, por ser autor material de tortura a Miguel en la Universidad Técnica Federico Santa María, con una pena de “liberado bajo vigilancia”. 

- Héctor Fernando Palomino López: condenado por haber pegado a Miguel al lado de la piscina en la Universidad Federico Santa María, sin haber recibido órdenes para hacerlo, con una pena de “tres años de detención menor bajo vigilancia”.

- El ex Capitán de Carabineros Nelson López Cofre murió antes de dictarse sentencia.

- Jorge Leiva Cordero, ex Cabo de 1º, acusado de ser uno de los autores de la tortura de Miguel en la Academia de Guerra Naval: muerto antes de dictarse sentencia.

- Manuel Atilio Leiva Valdivieso, acusado de torturas en la Academia de Guerra Naval bajo órdenes del Tte. Riesco (inculpado por la Ministro Quezada y sobreseído por el Ministro Miranda): declarado senil.

- Bertalino Castillo Soto: acusado de ser uno de los autores  materiales de la tortura en la Academia de Guerra;  habitualmente torturaba con supervisión del Teniente Riesco (inculpado por la Ministro Quezada y sobreseído por el Ministro Miranda) y de Luis Cabezón (inculpado por la Ministró Quezada y sobreseído por el Ministro Miranda): absuelto por falta de pruebas.

- Marcos Cristian Silva Bravo, Teniente de la Armada en retiro, jefe de la patrulla naval que, según confesó, detuvo a Miguel de madrugada en su casa: absuelto por falta de pruebas.

- Carlos Alberto Miño Muñoz, Suboficial de la Armada en Retiro, miembro de la patrulla naval que, según confesó, detuvo a Miguel de madrugada en su casa: absuelto por falta de pruebas.

- Luis Francisco Pinda Figueroa, ex suboficial naval: miembro de la patrulla que, según confesó, detuvo a Miguel de madrugada en su casa: absuelto por falta de pruebas.

El 12 de mayo los querellantes interpusimos sendas apelaciones ante la Corte de Valparaíso, que en su caso podrán ser elevadas, de casación, a la Corte Suprema. 

En el caso concreto de Manuel Leiva, sobreseído por senilidad, existen serias dudas de si esta valoración médica tiene fundamento.

Los condenados quedaron libres de cárcel al ser sus condenas de menos de cinco años. Además, al llegar las apelaciones a la Corte Suprema se podrá aplicar la “media prescripción”, concepto de dudosa legalidad. Finalmente queda la posibilidad de que el Gobierno los indulte.

Estas prácticas están prohibidas por las jurisdicciones internacionales al vulnerar el principio fundamental de que la justicia debe ir más allá de la simple condena. Debe prever el cumplimiento de las penas que se dictan. Solo así se consigue que los condenados no reincidan y que otros duden antes de seguir su ejemplo. La única excepción sería el indulto por razones de salud o de edad.

Índice

10. LA ARMADA ENCUBRIDORA

10.1 Responsabilidades institucionales 

La Armada ha sido más reticente que las otras fuerzas armadas a reconocer su responsabilidad institucional por los crímenes de la dictadura. Esto supone que, según convenios internacionales ratificados por Chile, son culpables no solo los altos mandos de entonces sino también los que han encubierto esos crímenes hasta hoy. El sumario de Miguel documenta los crímenes cometidos por la Armada a cada nivel y también su encubrimiento de atrocidades y obstrucción a la justicia, que se mantiene hoy.

El Almirante Rodolfo Codina, siendo Comandante en Jefe de la Armada, declaró que los responsables de crímenes durante la dictadura fueron sus autores materiales, junto con, “posiblemente”, algunos mandos operativos, pero “en ningún caso los altos mandos”. 

Esta declaración no verificable muestra el temor de la Armada: si los altos mandos de entonces, máximos responsables de la institución, fueron culpables, entonces la institución fue culpable, y, por su encubrimiento de los crímenes y obstrucción a la justicia, también lo son los altos mandos de hoy.

10.2 Difamación y encubrimiento 

La difamación de Miguel empezó incluso antes del golpe con una campaña del Departamento de Operaciones Psicológicas de la Armada. Un responsable, el Almirante (R) Juan Mackay Barriga, declaró a la policía que “…yo fui asignado a un grupo de operaciones psicológicas, junto con un grupo reclutado de la Universidad Católica de Chile. Mi gran interés era ganar la guerra en las mentes de las personas”. 

Mackay, conocido miembro de un movimiento ultracatólico, declaró luego a la justicia que “en el Departamento de Operaciones Sicológicas yo trabajaba con dos personas a mi cargo que eran marinos (...) un sovietólogo, dos filósofos, varios periodistas y un grupo de alumnos del último año de Sociología...”.

Se inventaron historias según las que Miguel hubiera ejercido la violencia política o sido mujeriego. Difundidas extensamente, lo perjudicaron antes y después de su detención en las mentes crédulas. Los marinos que trataron a Miguel tan ferozmente actuarían influidos por estas falsedades, muy citadas en sus declaraciones judiciales. 

En todo caso ¿qué información esperaba la Inteligencia Naval que Miguel les diera bajo tortura? Por un lado, sin duda, nombres de colaboradores. Sin embargo, sus ex compañeros de partido y otros afirman, con reconocimiento, que de su detención no sufrieron consecuencia alguna. 

Preguntarían asimismo por los “escondites de armas” para estudiantes que, según contaron, Miguel hubiera adiestrado. En este sentido es revelador lo reconocido a Patricia en 2003 por Jorge Arancibia, entonces Senador (por designación de Pinochet) y ex Comandante en Jefe de la Armada. 

El día del golpe, siendo Comandante del buque Blanca Encalada, tenía el encargo de buscar armas en las fábricas de Quinteros. Pero, según reconoció, “no había armas allí o en cualquier otra parte”. Aquel encargo inútil también fue fruto de las mentiras de la Armada.

Tras la detención de Miguel no cesaron los engaños. Según un marino de la patrulla naval en Placeres: “registramos el lugar pero no encontramos nada irregular”. Pero unas horas después los vecinos vieron como otros marinos introdujeron en su casa unas cajas. Más tarde, otros marinos entraron y sacaron las cajas a la calle, para mostrar a los vecinos unas granadas que habían “encontrado”. 

Asimismo robaron unos libros, como una Vida de Santa Teresa que más tarde fue vendida, sin duda por un marino, a la biblioteca de la Universidad Católica. Lleva la inscripción: “Vendido por Miguel Woodward, 1975”. También en los primeros días tras su detención se quiso manchar a Miguel con patrañas sobre supuestas prácticas sexuales desde el diario La Estrella.

Hubo un encubrimiento más sofisticado al darse cuenta el Alto Mando de la mala publicidad que podría suponer la tortura y asesinato de un sacerdote de nacionalidad anglo-chilena. Empezó con la falsificación del certificado de defunción, ya descrita. Prosiguió, ya como estrategia institucional, con el Proceso de la Justicia Naval A-637 de 1975, promovido por la Armada con la DINA ante la justicia militar a base de datos ficticios. Entre las 109 “inculpados en rebeldía” de la sentencia de 1976, tres nombres se reciclarían meses más tarde en la “Operación Colombo”.

Esta Operación era otro montaje para hacer creer que unos desaparecidos chilenos, luchando entre sí (“como ratas” según La Segunda), hubiesen muerto en Argentina. Figuraban los nombres de Miguel y de otro sacerdote asesinado, Antoni Llidó. El objeto de este teatro era camuflar casos de detenidos desaparecidos. 

Este ensañamiento póstumo sería motivado en parte por el afán de limpiar la imagen de la Esmeralda, bello velero escuela al que se ha otorgado el papel de “embajadora” en sus cruceros por el mundo. Más ampliamente, la Armada querría ser considerada de nuevo como una institución “honorable”. 

Pero la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) en 2004 obligó al Comandante en Jefe de la época, Almirante Miguel Vergara, a reconocer tras años de negación que se torturó en la Esmeralda. Poco después, la Armada propuso la celebración de un “Acto de Desagravio” en el buque con víctimas y familiares.

Estos no han querido prestarse a ello hasta que la Armada diga la verdad sobre los crímenes cometidos y reconozca que no fueron actos aislados de individuos aberrantes, como suele afirmar. Formaron parte de estrategias institucionales coordinadas y sistemáticas, planificadas por el Alto Mando en la Esmeralda y en otros buques e instalaciones navales. 

Nosotros pedimos, además, que primero sea reformado el Código Militar de Justicia para que todo marino tenga el derecho a ejercer la “desobediencia legítima” ante una orden para cometer un crimen. También pedimos que la Armada prive de honores y prebendas a marinos con condenas penales. 

Hay que tener en cuenta que la carrera naval de un alto mando es corta (unos 30 años como mucho) y que muchos esperan ser nombrados luego en algún puesto civil. Así el Almirante (R) Aldoney fue encargado al retirarse de privatizar lo que hoy es la Compañía de Acero del Pacífico. Se vendió por apenas 40 millones de dólares mientras que estudios posteriores la han valorado, según el método del valor presente de flujos futuros, en al menos 200 millones. 

Aldoney fue nombrado consejero de la empresa privatizada y también de la aseguradora de la Armada, la Mutual de Seguros de Chile. Y en 1986, con el beneplácito de la Iglesia, fue nombrado jefe de la seguridad del Papa durante su visita a Chile. Fue entonces que el pontífice dio la comunión públicamente a Pinochet, aunque ya en 1983 la Conferencia Episcopal hubiera declarado que los torturadores y sus cómplices no podían comulgar.  

En cuanto al Dr. Kenneth Gleiser, fue ascendido a Almirante y nombrado Director de Salud de la Armada. Tras retirarse fue nombrado Director del Hospital Naval en Talcahuano.  

Esta capacidad de la Armada para premiar a sus fieles deriva de unos recursos que maneja con autonomía. Recibe una parte del importe de ventas del cobre de Codelco (del 10% de la facturación que se reparten las fuerzas armadas), además de amplios ingresos por la venta a inmobiliarias de terrenos en zonas como Viña del Mar. Por tanto tiene toda una cartera de empresas con la que repartir prebendas. Con estos caudales sus fundaciones también pagan ilícitamente los honorarios de abogados que defienden a marinos en retiro inculpados por violaciones de derechos humanos.

La Armada ha alegado asimismo que cometió pocos crímenes y durante poco tiempo, y que no formaba parte de los órganos de represión del pinochetismo (la DINA y la CNI). Esto lo desmiente el hecho de que un imputado en la querella de Miguel, el Almirante (R) Sergio Barra von Kretschmann (inculpado antes de fallecer), fuera nombrado en 1975 segundo jefe de la DINA.

La apología de actuaciones pasadas por algunos oficiales actuales de la Armada deja entrever cierta incomodidad. Les cuesta reconocer que sus antecesores –muchos de ellos parientes suyos–, por muy “salvadores de la patria” que se considerasen, no dudaban en desnudar, humillar y maltratar a detenidos y violar a detenidas. Esto no cuadra con la pulcra imagen que difunden o con la cristiandad que profesan en sus misas navales, algunas celebradas en sus antiguos centros de tortura como la Esmeralda.

En cuanto a la formación que se imparte en la Academia Naval a jóvenes oficiales, citemos como muestra la Realidad Nacional en Torno al Pronunciamiento Militar de 1973 y Obra del Gobierno Militar, publicada por la Dirección de Educación tras la vuelta a la democracia. Afirma al parecer sin ironía que los militares desarrollaron “...un auténtico Estado de Derecho...” y que “el concepto mismo de Estado de Derecho supondría, además, la existencia de un orden jurídico objetivo e impersonal”.

Mientras a algunos les cuesta creer lo que se dice de aquellas atrocidades, otros se preparan para repetirlas, ya que incluso en democracia centenares de militares chilenos han participado en los cursos impartidos por fuerzas armadas norteamericanas en la Escuela de las Américas en Fort Benning, estado de Georgia. Allí entre otras asignaturas aprenden a “interrogar en tiempos de guerra”.

10.3 Obstrucción a la justicia

Ocultar la información, impedir los procesos, fue un ensañamiento de los culpables. Vivir los juicios ahora y no antes, es su propia responsabilidad y no de las víctimas.

H.D. Patricio Hales (¿El Perdón sin Memoria?) 

Distinguimos entre el encubrimiento, desde el mismo asesinato de Miguel, y la obstrucción a la justicia, entendida como el afán de la Armada por obstaculizar la causa judicial desde el año 2000 hasta hoy.

El trato que recibió Patricia de la Armada durante años se resume en que tres Comandantes en Jefe –Jorge Martínez Busch, Jorge Arancibia y Miguel Vergara– ni siquiera contestaron sus cartas pidiendo información sobre la muerte de su hermano. Más tarde cuando sí nos reunimos con el Almirante (R) Arancibia en el Senado, tras un encuentro fortuito en un monasterio benedictino, nos dijo que deploraba las desapariciones forzadas realizadas por la Armada pero que entendía todo lo demás, “incluso, perdóneme que le diga, señora, la muerte de su hermano”. 

El actual Comandante en Jefe, el Almirante Eduardo González, siendo Capitán de la Esmeralda, dijo de Patricia en el puerto de Halifax (Canadá), en una rueda de prensa en que preguntaron sobre el oscuro pasado del buque: “la dama miente”. Otro almirante ya en retiro que representó a la Armada en la Mesa del Diálogo se dignó a visitar a Patricia, pero no quiso reconocer el ocultamiento de información. Más tarde, cuando la bitácora de la Esmeralda fue entregada a la Ministro instructora, se supo que en tiempos de la Mesa del Diálogo se había ocultado en una bóveda del Estado Mayor de la Armada porque “contenía antecedentes que comprometerían a la Armada” (en palabras del oficial que lo custodió). 

El Almirante Codina fue el primer Comandante en Jefe en dar el pésame a Patricia por la muerte de su hermano. Y creemos que intentó conseguir un verdadero diálogo entre las partes. Pero la mayoría de los oficiales que lo rodeaban y los altos mandos en retiro no mostraron remordimiento alguno por los crímenes cometidos ni respeto por la justicia o los derechos humanos.

El Almirante Codina llegó a oponerse abiertamente a las presiones de sus colegas en retiro. La Ministro Quezada había realizado una inspección ocular en la Esmeralda con testigos, a raíz de que el Almirante (R) Kenneth Gleiser, ex médico del crucero Latorre que “atendió” a Miguel en la Esmeralda (y que llegaría a ser Director de Salud de la Armada), hizo una insólita queja. Afirmó haber recibido un trato poco respetuoso: “la Armada se avergonzó de sus oficiales y los escondió”, dijo en un correo que se hizo público. Entonces Codina reunió a los más de ochenta almirantes en retiro para recordarles el principio constitucional de separación de poderes, y destituyó al Almirante Gleiser de su puesto civil como Director del Hospital Naval de Talcahuano. 

Incluso en la Corte de Apelaciones, la “familia naval” buscó enfrentamientos con ocasión de los alegatos. Trataron de agredir a Patricia e insultaron a sus amigos, llamándolos “rotos” y “pagados” sin que intervinieran los Gendarmes allí presentes. Sucedió que en esos momentos se daba entrada ceremonial en el puerto de Valparaíso, con unas maneras muy distintas, a la fragata Condell (ex H.M.S. Marlborough), comprada de la Royal Navy, con representantes del Foreign Office y de la Royal Navy a bordo. 

Más tarde, al zarpar la Esmeralda desde Valparaíso, el marido de Patricia, llevando un cartel alusivo al buque en la entrada al muelle, recibió una patada de karate, otra vez sin que intervinieran los Carabineros allí presentes. Su denuncia ante la Fiscalía no dio resultado y los agresores, captados por Televisión Nacional, no fueron identificados.

Otras formas de obstrucción han sido más sutiles. En 2004 la Ministro Corti citó a varios miembros de la antigua dotación de la Esmeralda, cuyos nombres consiguió del Secretario General de la Armada, el Almirante Cristián Millar. Se supo más tarde por un testimonio judicial que antes de declarar todos fueron convocados por las autoridades navales para acordar sus declaraciones (la frase “el trato era estricto pero sin apremios” era una constante en los testimonios). 

También en 2004 el entonces Auditor General de la Armada, el Almirante José Antonio Galván Bernabéu (máxima autoridad jurídica de la Armada y Catedrático de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), recibió órdenes, según él mismo declaró, del entonces Comandante en Jefe, Almirante Miguel Vergara, para obstruir la justicia. Vergara le mandó visitar a la Ministro Corti para convencerla de que retrasara una reconstitución de escena prevista en la Esmeralda hasta después de su crucero anual, para preservar su imagen. Se retrasó la reconstitución, y no finalmente llegó a realizarse. 

Más tarde denunciamos estas presiones en una reunión con el Comandante en Jefe Rodolfo Codina, sucesor de Vergara, que delante de nosotros encargó al Almirante Millar investigarlas. Unos meses más tarde, hablando para La Nación del 15 de marzo de 2006, el Almirante Millar aseveró que “no tenemos antecedentes de que, institucionalmente, haya existido alguna gestión para impedir o retrasar esa diligencia”.

El Almirante (R) Galván también testificó que, cuando entregó la bitácora de la Esmeralda a la Ministro Quezada, el Almirante Codina, siendo Comandante en Jefe, le mandó informar de la entrega a algunos de los marinos citados en la misma antes de su interrogatorio. 

Así hizo, y así pudieron coordinar sus declaraciones de antemano, como muestran las de los hermanos Bidart. Sergio Bidart, días antes de morir, declaró a la Ministro: “Yo creo que la Armada se confabuló en mi contra al indicar que yo participé en los hechos relatados en la constancia y pienso que probablemente trasladé al sacerdote en buenas condiciones físicas al Buque Escuela Esmeralda y a fin de limpiar la imagen del mismo, realizaron la anotación aludida con posterioridad y probablemente dicho detenido fue agredido a bordo y luego trasladado al Hospital”. 

Su hermano Carlos declaró: “Finalmente debo señalar que la anotación efectuada en el bitácora de la Esmeralda se hizo con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, ello para desviar la atención acerca de la entidad o grupo que detuvo, interrogó y maltrató en su caso al sacerdote Woodward, motivo por el cual se consignó que un tal Teniente Bidart había trasladado a dicho detenido, sin especificar a cuál de los hermanos se refería.” Así, la directriz del Almirante Codina impidió saber quién dio la orden para que Miguel fuera trasladado desde la ACANAV a la Esmeralda, lo que aseguró su muerte.

A raíz del testimonio del Almirante Galván, inculpando al Almirante Vergara y al Almirante Codina por obstrucción a la justicia, el abogado de Patricia pidió que fuesen interrogados ambos ex Comandantes en Jefe. La Ministro Quezada contestó que “todavía no”, y este delito no ha sido investigado. 

10.4  La Esmeralda

La Armada sigue calificando al buque escuela Esmeralda de “embajadora de Chile” cuando zarpa para sus cruceros por el mundo, y sucesivos gobiernos han apoyado esta política de olvido de sus antecedentes poco compatibles con tal misión. 

Pero cuando arriba la Esmeralda en puertos extranjeros es recibida con repudio e incluso con diligencias judiciales. Así, en 2003 la Armada anuló sus escalas en El Ferrol y Las Palmas (España) ante una posible reconstitución de escena en el buque que podía haber ordenado el Juez Baltasar Garzón. Según El Mercurio: “Los anuncios de protestas y posibles acciones legales que podrían comprometer los intereses de Chile obligaron a la Armada y al Gobierno a cancelar la visita del buque-escuela Esmeralda a España, según informó ayer la Armada”.

Más tarde en 2011, cuando la Esmeralda iba a arribar al puerto de Victoria (Canadá), un colectivo de chilenos, canadienses y otros enviaron la siguiente carta a los que iban a bordo:

A Los Cadetes, Oficiales y Tropa del Buque-Tortura Esmeralda

Pesar causa en nuestros corazones tener que ser nosotros, los chilenos residentes en Canadá, los que tengamos que denunciar ante el público canadiense la actitud cobarde de la Armada de Chile, que en forma contumaz se niega a admitir la responsabilidad INSTITUCIONAL en las torturas, violaciones y hechos crueles que ocurrieron a bordo de La Esmeralda. Hechos dolorosos que por lo demás están escritos en el Informe Rettig y que es la verdad que la Armada de Chile, como INSTITUCIÓN quiere desconocer negándose a ver la realidad.

Son Uds., los futuros oficiales, los que tendrán el deber moral, ético y patriótico de lavar la afrenta que un grupo de traidores echaron sobre La Esmeralda, al usar este hermoso símbolo para cometer sus tropelías en contra de sus propios compatriotas; que sea esta una lección para que nunca más ninguno de Uds. levante un arma contra su propio pueblo, so pena de cargar con la culpa y transformarse en parias en cualquier puerto del mundo.

Llegará el día  en que la Armada de Chile reconozca sus crímenes contra nuestro pueblo, pida perdón, ofrezca reparación a las víctimas y comience así la reconciliación entre compatriotas. En ese día hermoso nos abrazaremos en cubierta, los de aquí y los de allá, cantaremos una tonada por la vida y brindaremos para que en nuestra patria nunca más las armas se vuelvan en contra de nuestro pueblo, pero hasta ese entonces el barco-tortura Esmeralda no es bienvenido en este Puerto.

Ni perdón ni olvido a la institución que asesinó y vejó a nuestro pueblo!!

No Torture Ship in BC

Victoria, British Columbia

En cuanto a Miguel, la confirmación de su muerte a bordo de la Esmeralda –según declaró a la justicia el segundo Comandante Eduardo Barison– puso fin a una sarta de mentiras sobre lo que habían hecho con él. Primero la Armada negó que Miguel hubiera pasado por el buque. Luego afirmó que fue llevado allí desde la ACANAV para ser atendido en la enfermería (aunque no había médico a bordo y el Hospital Naval estaba mucho más cerca). Luego afirmó que salió vivo del buque camino al Hospital Naval.

¿Y qué hay de las más de cien personas torturadas a bordo? Los primeros en querellarse fueron unos 20 socialistas, y los siguieron otras seis personas. Ninguna querella ha dado frutos.

Abundan testimonios sobre la tortura de los detenidos en la Esmeralda a manos de marinos formados para ello, supervisados por oficiales. Se ha hablado menos de las detenidas. Cuando el Almirante (R) Óscar Millar era Secretario General de la Armada se indignó públicamente ante un artículo en la prensa sobre abusos sexuales cometidos a bordo de la Esmeralda, de los que según él no había pruebas.

Tendría que leer las declaraciones judiciales de varios marinos de la época. Según estas, tras los primeros días se decidió la sustitución de los hombres que vigilaban a las detenidas por mujeres de Carabineros. Y poco después, al oírse gritos desde los baños, encontraron a una de las guardias proporcionando tocamientos sexuales a una detenida, de nacionalidad alemana.

Luis Vega, ex Asesor Jurídico del Ministerio del Interior, detenido en la Esmeralda, recordó en Anatomía de un Golpe de Estado [4] que: “El trato dado a las compañeras era infamante. Les manoseaban pechos, glúteos, muslos; les metían bajo el agua...”. Y en el documental El Lado Oscuro de la Dama Blanca, una víctima de la Esmeralda relata de forma sobrecogedora cómo fue violada de forma repetida. 

Cuando la Esmeralda recaló en Victoria en 2011, acababa de incorporar a su tripulación algunas mujeres. En el muelle la esperaban unos manifestantes, uno con un cartel que rezaba con fina ironía: “No son Uds. las primeras mujeres que la Esmeralda ha llevado a bordo”.

Índice

11. LA JERARQUÍA CATÓLICA

La jerarquía católica a nivel nacional se distinguió por su apoyo a las víctimas de la dictadura. Participó en el Comité de Cooperación por la Paz, formado por varias Iglesias, y luego, cuando este fue suprimido por la dictadura, creando la Vicaría de Solidaridad. 

Pero no fue esta la política de la jerarquía en Valparaíso, donde algunos dirigentes eclesiásticos difundieron las mentiras de la Armada sobre Miguel. El propio Arzobispo, Emilio Ruiz Tagle, supo de la detención de Miguel antes de su muerte pero no pareció esforzarse para salvarlo. Durante tres días negó su muerte, mientras la Armada hacía desaparecer su cuerpo.

El Vicario General de la época, Jorge Bosagna, quiso sembrar dudas sobre Miguel entre sus familiares cuando viajaron desde Santiago a los pocos días del golpe para informarse. Años más tarde calumnió a Miguel cruelmente ante su hermana, diciéndole que Miguel era un mal sacerdote y que tenía dos novias. 

Bosagna nos reconoció sin reparos que la Armada puso a su disposición una “oficina” en el buque Lebu (aunque luego lo negara ante el actual Obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte). Se trataba de una “atención” que le proporcionaron para que le fuera más fácil contactar con los sacerdotes detenidos. Cuando Bosagna visitó el Lebu se hacinaban en su bodega cientos de presos y yacían otros en el muelle, camino a la tortura. 

En sus memorias ¿Qué me ha pasado? [5] el sacerdote Francesc Puig, detenido en el Lebu, recuerda el trato que tuvo con Monseñor Bosagna: “Cuando ya llevaba diez o doce días en el Lebu, fui llamado a cubierta y estaba el vicario general del Obispado de Valparaíso, Jorge Bosagna, que venía a verme. Lo recuerdo con aquella sonrisa sardónica, habitual en él. No me preguntó si estaba bien o si estaba mal. Él sabía muy bien todo lo que me había pasado porque mantenía relaciones amistosas con los militares”.

Según se relata en Chile – La Memoria Prohibida [6], Bosagna presenció el interrogatorio de otro sacerdote detenido en la ACANAV. El interrogador, que se empleó con violencia, se refirió a una carta confidencial que tuvo que haber sido sacada del archivo personal del Obispo. Aún así, Bosagna sigue ocupando altos cargos en la diócesis, habiendo sustituido al Obispo en muchas ocasiones, y es Director General del Refugio de Cristo, encargado de acoger a niños sin amparo familiar.

El Obispo de Valparaíso, Emilio Ruiz Tagle, visitó tras el golpe a los presos de la ACANAV. Hugo Arellano, el ex preso citado arriba, escribe en sus Memorias que “el prelado conoció nuestra situación, dándole a conocer el castigo y confinamiento de nuestros compañeros en las inmundas celdas de incomunicación (...) Don Emilio se comprometió una vez más a preocuparse de todos nosotros”. Gracias a las gestiones del Obispo, cesaron los interrogatorios en la ACANAV. Pero la Armada simplemente los trasladó al colindante Cuartel Silva Palma. Los mandos de la Armada se sentían tan seguros de su poder que engañaron incluso al Obispo, colaborador suyo en el momento del golpe. 

Consta que después del golpe el Obispo Tagle visitó uno de los centros de detención de la Armada para dar consuelo a los presos, lo que agradecieron. Pero en esos mismos días, según lo publicado por uno de los presos [7], en ese mismo centro, torturaban a un padre y dos de sus hijos a base de maltratos sexuales para que develaran el paradero de un tercer hijo, lo que hizo enloquecer al padre. Así que en ningún momento los torturadores de la Armada se cohibían.

El Obispo probablemente no se enteró de aquel crimen que, además, pudo haber ocurrido después de su visita. Pero hablando con los presos, tuvo que darse cuenta del trato horrendo que recibían. Claramente le faltó coraje para intervenir por medio de sus contactos en la Armada.

Al iniciar su búsqueda de la verdad, Patricia encontró apoyo en la Conferencia Episcopal inglesa, que pidió información, sin obtener respuesta, a su homóloga chilena. Pero ya en democracia, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, al asumir el cargo de Cardenal Primado, anunció desde Roma que la jerarquía no se querellaría por los siete sacerdotes asesinados por el régimen militar. Más tarde, le recordaría el Obispo Camus que no estaba habilitado para comprometer así a sus pares.

Al regresar a Chile, el flamante Cardenal pasó por Madrid, donde pudimos encontrarnos con él. Nos comentó, arrogándose facultades judiciales, que la situación de los siete sacerdotes asesinados era complicada ya que se creía que uno pudo haber sido un “guerrillero”.

Finalmente, conviene recordar la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en 1986. Aún no había cesado la represión, y poco antes habían sido torturados y degollados por Carabineros José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. La seguridad del Papa fue encargada al Almirante (R) Guillermo Aldoney, ex Jefe del Estado Mayor de la Región de Valparaíso, quien sería inculpado pero luego sobreseído en la causa de Miguel. 

Patricia escribió al Papa desde España denunciando la colaboración de la jerarquía de Valparaíso con el régimen militar. Le contestó el Nuncio Apostólico en España, diciendo simplemente: “Su carta ha llegado a manos de la persona a quien iba dirigida”.

En Chile el Papa fue fotografiado dando la Comunión al dictador Pinochet, por mucho que este estuviera excomulgado ipso facto desde que en 1983 la Conferencia Episcopal de Chile declaró que:

Aquellos que en cualquier forma realicen, promueven, o colaboren con la tortura cometen una ofensa grave contra Dios y la dignidad humana (…) Por tanto, mientras no se arrepientan sinceramente, los torturadores, sus cómplices y aquellos que, teniendo la oportunidad de detener la tortura, no lo hacen, no podrán recibir la Sagrada Comunión…

Más tarde, en los 90, unos religiosos quisieron presentar la biografía de Miguel, Sangre sobre la Esmeralda, en la Universidad Católica de Valparaíso, cuyo Gran Canciller es el Obispo de Valparaíso. No fue permitido, aunque Miguel fue docente allí. Se les acusó de querer “instrumentalizar” la institución. El libro se presentó finalmente en un lugar digno: la Biblioteca Severín, en una gran sala repleta de público. 

Hay que reconocer, sin embargo, que desde entonces el Obispo, Monseñor Gonzalo Duarte, ha cambiado de actitud. Ha dicho en público de Miguel que “Era un hombre bueno. Dejó sus funciones sacerdotales para vivir y trabajar entre los pobres y lo que le pasó no tiene justificación alguna”. 

En los últimos años, además, en sus pregones del Día del Sacerdote, el Obispo ha tenido a bien referirse a Miguel y al Padre Antoni Llidó (que fue de la misma diócesis) como “nuestros detenidos desaparecidos”. Y en el Día de Todos los Santos, tras celebrar misa en el Cementerio Playa Ancha, propone a los fieles acudir al memorial dedicado a Miguel y a todos los desaparecidos de la V Región para rezar un Responsorio. 

Y cuando los sacerdotes renuevan anualmente sus votos y desfilan alrededor de la Catedral, el Obispo y muchos presbíteros saludan con cariño a los asistentes que llevan carteles con los nombres de los siete sacerdotes asesinados: Juan Alsina, Antoni Llidó, Omar Venturelli, Etienne Pesle de Menil, André Jarlan, Gerardo Poblete y Miguel Woodward. 

En cuanto a la cúpula de la Universidad Católica, el Rector tuvo el detalle de colgar una foto enmarcada y un texto recordando a Miguel en un local universitario. Y dejó constancia en una carta oficial a Patricia de que el despido de Miguel tras el golpe fue político y debía considerarse nulo. 

Además, a la entrada de la Universidad rezan en una placa de mármol las siguientes palabras:

Placa erigida en memoria de aquellos miembros de la comunidad universitaria que sufrieron torturas, desapariciones o fueron odiosamente discriminados y que vieron conculcados sus derechos por el solo hecho de disentir. Rogamos a Dios para que no olvidemos la dignidad del hombre y su derecho inalienable a  expresar su opinión libremente y a vivir en una cultura de amor y fraternidad. Es un imperativo categórico de los académicos el formar hombres y mujeres solidarios y respetuosos de los derechos humanos.

Pero hoy a nivel nacional sigue siendo ambigua la actitud tanto de las autoridades como de la jerarquía eclesial hacia sus sacerdotes martirizados. Quedó manifiesto un 18 de septiembre, día en que se celebra la independencia de Chile con un Te Deum en Santiago, cuando el marido de Patricia quiso rescatar la memoria de los mártires ante la Catedral de Santiago. Al estar la Catedral cercada por fuerzas de seguridad impidiendo el paso, mostró un cartel conmemorativo en la calle por donde pasaría la Presidenta de la República camino a la Plaza de Armas. Fue reprobado por los Carabineros y tirado al suelo, sufriendo leves heridas. 

Presentó sendas denuncias al Obispo Goic, Presidente de la Conferencia Episcopal, que deploró la agresión, y a la Fiscalía, que remitió el asunto a la justicia militar sin que se supiera más del asunto. Desde entonces, la Conferencia Episcopal no ha tomado medida alguna para rescatar la memoria de sus siete mártires.

Índice

12. MIGUEL EN LA MEMORIA

No han olvidado a Miguel sus amigos, vecinos, familiares y compañeros de partido y sindicato. En la Iglesia de la que Miguel fue párroco son muchos los fieles (laicos, sacerdotes y religiosas) que lo tienen como ejemplo, como seguidor consecuente de la teología de la liberación –que hoy vuelve a ganar terreno en Chile–.

Se ha construido en el Cementerio Playa Ancha un anfiteatro con vistas al mar como memorial y lugar de reflexión para familiares de todas las víctimas. Abajo, en una piedra rugosa, rodeada de flores, aparecen unas palabras del Padre José Aldunate S.J.:

Este lugar de memoria lo construyó el Gobierno de Chile a instancia del Presidente Lagos para velar a todos los detenidos desaparecidos de la región. Así cumplió con una promesa que le había hecho a Patricia. El sitio se eligió al azar, pero después se supo, según testigos, que muy probablemente el cuerpo de Miguel sería sepultado a pocos metros de allí.

Su memoria se mantiene viva asimismo en el Comedor Popular Miguel Woodward y en proyectos de derechos humanos que llevan su nombre, al igual que un Centro Comunitario en Cerro Placeres. Concretando un antiguo anhelo de la familia Woodward, el Centro se sitúa en la calle donde Miguel levantó su casa, con amigos de la Población. Está a la disposición de todos los pobladores, de los que muchos aún tienen a Miguel en la memoria. Sirve como biblioteca popular, sala de cine para niños y adultos y aula de informática. Se organizan talleres de artesanía y formación, cursos de reforzamiento escolar, clases de gimnasia y otras actividades según van surgiendo necesidades. 

A la entrada del Centro rezan las siguientes palabras:

Miguel, te quedaste con nosotros…

Índice

13. LO QUE FALTA

Nuestra experiencia muestra que son imprescindibles unas profundas reformas de la Armada de Chile y del sistema judicial en lo que se refiere a violaciones de los derechos humanos. Demuestra, además, la negligencia de sucesivos gobiernos al no llevar a cabo tales reformas. Pasamos a concretar lo que falta por hacer. 

1. El caso de Miguel

Al cerrarse el sumario quedaron sin respuesta varias preguntas relacionadas con la muerte de Miguel: ¿Qué le pasó a bordo de la Esmeralda? ¿En qué momento fue fusilado y por quién? ¿Dónde fue enterrado? 

Varias órdenes de la Ministro Quezada para aclarar algunas de estas cuestiones fueron incumplidas por la Armada, afirmando su Secretario General que los datos no se encontraban en sus archivos. Son cuestiones que aún deben investigarse. 

Por lo demás, los objetivos sociales por los que luchó Miguel siguen sin cumplirse. Al cerrarse el Sumario Patricia presentó una demanda civil. Los fondos que puedan derivarse de ella se destinarán a apoyar a organizaciones de reconocido prestigio que persiguen esos objetivos.  

2. El antiguo sistema de justicia

En 2012, al iniciarse el año judicial, el Presidente de la Corte Suprema afirmó que aún quedan 1.268 causas por violaciones de derechos humanos de la dictadura. Afirmó, en contra de los hechos, que todos “los jueces encargados continuarán cumpliendo con especial dedicación”. Unos días después, el Presidente de la República se felicitaba en el programa Tolerancia Cero de la reforma del sistema penal antiguo, sin referirse a la gran excepción: los casos de derechos humanos. Ni un presidente ni otro reconocieron los fallos del antiguo sistema.

En otros ámbitos de la justicia, existe desde 2005 un nuevo sistema fruto de la Ley de Reforma Penal. Incorpora ciertas garantías del derecho a un proceso justo y favorece la transparencia y la publicidad de las actuaciones. Es evidente que estas garantías deben introducirse también en la instrucción de los casos de derechos humanos, y debe haber más ministros en visita dedicados a instruirlos de forma exclusiva. 

También debe cambiarse el sistema de evaluación de los ministros en visita, que mide su desempeño según casos sentenciados sin tener en cuenta el tiempo que llevan las causas de derechos humanos. Bajo el sistema actual, un Ministro que no cumpla con su meta puede ser sancionado y ver sus casos trasladados a otro.

Es previsible que surjan más casos ahora que se ha fortalecido el papel del PDH, ampliándolo para abarcar la investigación de casos de ejecutados, si bien no su persecución, y con la reapertura de las Comisiones Rettig y Valech. 

3. Transparencia

Hace poco apareció un nuevo obstáculo más allá de los conocidos problemas de acceso a la información, como el secreto de sumario por tiempo indefinido, cuadernos reservados, etc. Poco después de nombrarse en 2010 al Jefe de Gabinete del Subsecretario de Defensa, este fue acusado de ser uno de los que fusilaron a los presos de la Caravana de la Muerte en La Serena en 1973. Al margen del asunto particular, se descubrió que los testimonios sobre la masacre se habían repartido en varios expedientes, algunos sin relación con ella. Este desmadre muestra el desorden en los archivos de justicia y en las comunicaciones entre magistrados. 

En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pidió, sin respuesta que se sepa, que se le facilitara la base de datos correspondiente del PDH. Solo en esta base se han registrado y cotejado todos los nombres de militares y civiles sospechosos de haber participado en crímenes contra la humanidad. Hasta entonces su existencia era desconocida por jueces y abogados de derechos humanos.

Si no se permite el acceso a estos datos, no habrá justicia. Por ejemplo, en esta base están las declaraciones de dos militares que torturaron a un detenido en la Esmeralda. Ninguna medida al respecto se ha tomado de oficio. El marido de Patricia, al encontrarse con él en la calle en Valparaíso, le preguntó si le interesaría conocer esos datos. Contestó que, en efecto, lo único que le impedía querellarse era el no conocer los nombres de sus torturadores.

Con los antecedentes recogidos tan meticulosamente por la Ministro Quezada en la causa de Miguel, el Gobierno debe ahora presentar las querellas criminales correspondientes en nombre de la sociedad chilena para asegurar que los responsables de asesinatos y torturas salgan del anonimato y de la impunidad.  

Particularmente impactantes son los “organigramas” preparados por orden de la Ministro. Identifican al personal del SICAJSI (Inteligencia Naval), de la Armada, de la Policía de Investigaciones y del Ejército responsable de crímenes en la Esmeralda, la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma, el buque Lebu y las Universidades Federico Santa María y Católica de Valparaíso (ocupadas por la Armada).

El personal se clasifica en “Interrogadores”, “Aprehensores”, “Vigilantes” y “Custodios de Detenidos”, junto con un “Departamento de Análisis”, ya que muchos torturadores se otorgaban el título de “analista”. Se trata de una estructura de unas 100 personas, coordinada por los mandos operativos y dirigida por los altos mandos.

En otros expedientes hay información igualmente valiosa. Las causas de derechos humanos ya sentenciadas o cerradas son fácilmente accesibles y fotocopiables. Lo que hace falta son mecanismos para analizar, cotejar e intercambiar información. 

4. El Gobierno con respecto a la justicia 

Los altos mandos de la Armada durante la dictadura deben responder por sus delitos. El expediente de Miguel deja claro lo que la Armada siempre ha negado: la existencia de una estructura con la que se torturó y se asesinó sistemáticamente. 

Estas pruebas, ya validadas por la justicia, deben servir para que el Gobierno cumpla con su deber de amparo, reafirmando la justicia y reivindicando los derechos de quienes no tengan recursos para hacerlo. 

Aún se pueden poner querellas a los altos mandos, todos sobreseídos en la causa de Miguel. Patricia podría volver a querellarse, pero ya desconfía de la Justicia chilena. La misma Corte Suprema podría perseguir a los altos mandos de la Armada, de ayer y de hoy.

En cuanto a reparaciones, el Pleno de la Corte Suprema resolvió en 2012 que se puede aplicar la prescripción, contabilizándose a partir de la fecha del Informe Rettig.  En todo caso, para que las medidas sean efectivas es imprescindible ampliar el personal dedicado a investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, en cuanto a Ministros en Visita y a funcionarios del PDH. 

Hemos visto que el informe de la Comisión Rettig, símbolo de la transición de la dictadura a la democracia, contiene fallos, falsificaciones y lagunas importantes. No debe servir de base para esclarecer la suerte de las víctimas del régimen, lo que es competencia de los tribunales.

5. El Gobierno con respecto a la Armada

La Armada debe reformarse, y no solo por las actuaciones que hemos descrito. El Profesor Fernando Thauby, experto en cuestiones militares, ha hablado del “abandono de una tarea importante” en el intento del actual Gobierno de definir, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, al proponer el concepto de “seguridad ampliada”, “particularmente sensible para la izquierda chilena”. Pero hasta ahora este ha sido rechazado por el Parlamento.

Por tanto el Gobierno debe exigir que la Armada:

- Revele el contenido del archivo secreto custodiado en la bodega de su Alto Estado Mayor. Como hemos visto, su existencia fue revelada tras la entrega tardía, sin explicaciones, de la bitácora de la Esmeralda, guardada en este archivo en que, según el ex Comandante en Jefe Arancibia, se depositaba material secreto durante el régimen militar. 

- Restablezca el control jerárquico sobre los Servicios de Inteligencia Naval, corrigiendo sus abusos y estableciendo un código ético similar a los que rigen en Armadas más avanzadas. El mismo Almirante Codina, entonces Comandante en Jefe, nos dijo en una reunión con asociaciones de víctimas que habría puesto su mano en el fuego por los miembros de todos los servicios de la Armada menos los de Inteligencia. 

- El peligro de este descontrol lo demuestra la condena al Estado chileno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2004 por la persecución de Humberto Palamara, ex oficial de la Armada, por su libro Ética y servicios de inteligencia [8], que trata de la inteligencia militar y la necesidad de introducir en ella la ética.

- Cambie los criterios de formación de Infantes de Marina, asegurando que conozcan y respeten los derechos humanos. Fue notoria su crueldad en el golpe de 1973, como ha vuelto a demostrar el expediente de Miguel. 

- Reforme el código de justicia militar, estableciendo el principio de la “desobediencia legítima”. El Coronel (R) español Prudencio García, consultor de la ONU, hablando de “órdenes que nunca deben ser dadas ni cumplidas”, recuerda que los códigos militares modernos establecen una “doble prohibición –la de dar y obedecer órdenes cuya ejecución conlleva cualquier tipo de delito o acción ilegal–” [9].  Esto supondrá modificar los artículos 334 y 335 del Código de Justicia Militar según los que “el derecho a reclamar de los actos de un superior que conceden las leyes o reglamentos, no dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio”.

- Ponga fin a la participación de las fuerzas armadas chilenas en la Escuela de las Américas (SOA) de Estados Unidos, donde tantos torturadores han sido formados. Así seguirían el ejemplo de varios países latinoamericanos ante las pruebas aportadas por SOA Watch y otras organizaciones sobre cursos de interrogación impartidos en la Escuela con manuales de tortura.   

Además, los gobiernos extranjeros que suministran armamento a Chile deben exigir la imposición de obligaciones éticas a la Armada chilena. En la mayoría de los países suministradores –Reino Unido, Francia, Holanda, Estados Unidos, España– las fuerzas armadas han abandonado la doctrina de “obediencia debida”. 

Por último, la Armada, la más conservadora de las fuerzas armadas, debe democratizarse. Según el ya citado Los Que Dijeron No, esto supondría un trato más igualitario entre oficiales y marinos y el reconocimiento de que la actual división entre castas, de oficiales y gente de mar, además de arcaica es ineficaz. Y todo marino debe tener derecho a asociarse y sindicalizarse.

Índice

AGRADECIMIENTOS

Al conocer en carne propia los estragos que causa buscar verdad y justicia en Chile, agradecemos en particular el apoyo y la amistad de otras víctimas y sus familiares. Sus vidas han sufrido enormes trastornos. Muchos tuvieron que abandonar su país y ver desde lejos cómo las conquistas sociales se deshacían. Al regresar, muchos han luchado a contracorriente para la única reconciliación verdadera: la que se forja con verdad y justicia.

Entre los que conocieron a Miguel y que nos han prestado cariño y apoyo, cabe destacar a las familias Rodríguez Calderón y Martínez-Mardones, el Padre Pepo, Myrta Crocco, el Padre Aldunate y Pepe Frías.

Amigos de Miguel

Mención especial merece el colectivo “Amigos de Miguel”. Han promovido actos, velatones, protestas y manifestaciones en lugares como las escalinatas de la Corte de Apelaciones, el Congreso, los muelles –cuando zarpa y recala la Esmeralda– y el Cementerio Playa Ancha, donde por el aniversario de la muerte de Miguel organizan una romería al memorial dedicado a él y a los demás desaparecidos.

Sus principales componentes son Myriam Villarroel, Presidenta, María Victoria Rodíguez y Javier Rodríguez, Vocero. Echamos de menos al tristemente fallecido Jaime Contreras. Myriam asimismo fundó el Comedor Popular Miguel Woodward en la Universidad de Valparaíso para estudiantes con pocos recursos, y recuperó un área al lado de la antigua casa de Miguel en Población Progreso para juegos infantiles.

También han aportado antecedentes a la causa judicial por los que se ha ido trazando el vía crucis de Miguel, pasando por la Universidad Federico Santa María (centro de tortura de la Armada oculto hasta entonces) y la ACANAV, como se supo gracias a un acto de los Amigos de Miguel en la Plaza Bombal en Viña del Mar, donde otra víctima de la ACANAV reconoció a Miguel por su foto en un afiche.  

Libros y documentales

Además de la biografía de Miguel, Sangre sobre la Esmeralda (de Edward Crouzet, publicada por CESOC), hay extensas referencias a su vida en el Oxford Dictionary of National Biography, en el Diccionario Histórico-Cultural de Valparaíso y en Mártires de Ayer y de Hoy. 

Asimismo, su vida ha inspirado tres películas: 

The Dark Side of the White Lady (El Lado Oscuro de la Dama Blanca), documental de Patricio Henríquez (Film Board of Canada) (se puede ver en nfb.ca)

Una Vida Verdadera, documental de Andrés Brignardello (FONDART, Fundación del Gobierno de Chile), elegido mejor documental del Festival de Cine de Viña del Mar 2007 (se puede ver en vimeo.com)

Tras las Huellas de Miguel, documental de Manuel Rodríguez y Mauricio Elgueta (se puede ver en YouTube)

Patrocinadores de la causa 

Patricia pudo presentar su querella gracias al apoyo de amigos de la iglesia de base: el Padre José Aldunate S.J., el Padre Jesús Rodríguez, Jaime Escobar y Juan Subercaseaux. 

Consiguieron que el abogado Sergio Concha, destacado colaborador de la Fundación de Ayuda Social de la Iglesias Cristianas (FASIC), se encargara del caso gratuitamente. El impulso de don Sergio fue clave y siguió vinculado a la causa hasta que en 2010, al cerrar la FASIC su servicio jurídico, se incorporó al PDH.

Abogados 

Además de Sergio Concha han intervenido muchos letrados hábiles y desinteresados, destacándose: Juan Guillermo Matus, Cecilia Chinchón, Guillermo Aguirre, Boris Paredes, Karinna Fernández, Marco Martínez, Juan Pablo Delgado, Laura Matus y, como asesor, Juan Bustos. 

Mención aparte merece el español Joan Garcés. Antiguo asesor político del Presidente Allende, se quedó a su lado mientras el Palacio de la Moneda fue bombardeado. Finalmente Allende le hizo abandonar el Palacio para poder contar lo que había visto.

Programa de Derechos Humanos (PDH)

Tras las dificultades iniciales con el PDH, la aportación del PDH a la causa ha sido positiva, destacándose el trabajo de Karinna Fernández, Boris Paredes (actualmente abogado de Patricia), y últimamente Carla Leiva. 

Consejo del Estado (CDE)

El papel inicial del CDE fue cuestionable. Su entonces Presidente Clara Szczaranski incluso avaló en El Mercurio la tesis de la Ministro Gabriela Corti a favor de la prescripción de delitos imprescriptibles, en base a documentos falsificados. Pero en 2009 el CDE se personó en la causa con doña Inés Horvitz trabajando directamente desde Santiago (ya que el dirigente del CDE en Valparaíso, Enrique Vicente –ex Fiscal Naval– estaba imputado en la causa).

Parlamento de la Nación

Agradecemos en particular la ayuda de los Diputados Rodrigo González, Sergio Aguiló, Patricio Hales y Tucapel Jiménez, y de los Senadores Jaime Navarro, Soledad Alvear e Isabel Allende.

Policía de Investigación

Trabajaron de forma ejemplar, dentro de las limitaciones impuestas por el poder judicial, los policías asignados al caso, y en particular el Prefecto Nelson Jofré, la Comisario Palmira Mella y el Inspector Boris Gormaz. 

Kenneth Jensen y sus colegas se volcaron en los intentos de exhumar el cuerpo de Miguel. Agradecemos además el valioso asesoramiento de Cristián Orrego, forense del Departamento de Justicia de California.

Gobierno británico

Las autoridades británicas nos han apoyado mucho. El Foreign Office organizó sendas reuniones con el Presidente Lagos y el Almirante Codina en sus visitas a Londres, y Patricia ha tratado con sucesivos Subsecretarios de Estado. Y ha contado con valiosos aliados en el Parlamento británico: Lord Eric Avebury y el diputado Jeremy Corbyn. Jeremy llegó a promover un proyecto de ley (Private Member’s Bill) para impulsar la causa de Miguel.

Desde Chile, sucesivos embajadores británicos han apoyado la causa, aportando información que nos ayudó a esclarecer las irregularidades en la custodia de los archivos Rettig, facilitando contactos con el Ministerio de Justicia y enviando a observadores a vistas judiciales en Valparaíso. 

Cierto ministro del Gobierno británico responsable por la venta de armamentos a Chile no dudó en pedir la colaboración con la causa del entonces Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Vergara. También el Príncipe Carlos, de visita a Chile en 2009 e informado del caso de Miguel por una carta de Patricia, planteó el asunto con las autoridades. 

Medios de comunicación 

Ante todo, gracias a la revista Reflexión y Liberación, que desde hace años ha publicado artículos, comentarios e importantes notas sobre la vida y martirio de Miguel, además de difundir desde sus páginas la biografía Sangre sobre la Esmeralda y esta Memoria.

Asimismo en Chile, varias radios y televisiones han prestado atención a la causa. La cobertura de los grandes diarios ha sido escasa, y El Mercurio de Santiago incluso publicó un articulito hostil. Pero La Nación hasta 2009 (destacándose el trabajo de Jorge Escalante), los semanarios Punto Final, Ciudadano, El Mostrador y el diario digital El Clarín de Chile sí la han seguido.

Otros

Nos han apoyado organizaciones de derechos humanos y de forma destacada Amnistía Internacional desde que en su sede de Londres denunciamos la muerte de Miguel allá por los 70. También nos han apoyado desde Chile otras muchas organizaciones como las agrupaciones de víctimas y familiares y de ex presos políticos, y las comunidades cristianas de base. Y entre las expresiones de apoyo más cariñosas han sido las de transeúntes anónimos en las calles de Chile animando a Patricia a seguir adelante.

Desde Inglaterra los antiguos compañeros de Miguel de la Facultad de Ingeniería del King’s College enviaron a Valparaíso una placa de bronce en su recuerdo para colocar en la Iglesia de la Matriz.

De sus hermanos Jocelyn, John y Peter, Patricia ha recibido mucho apoyo afectivo. A su padre en vida le costaba hablar del calvario de su hijo mayor. Sin embargo, a su muerte hizo una generosa aportación a Amnistía Internacional. 

En Chile los primos de Patricia, además de darle apoyo moral, han aportado equipamiento informático al Centro Comunitario. El Centro cuenta asimismo con una biblioteca con aportaciones de Jeannette Cushman, Mauricio Bombín, la Librería Crisis y otros donantes anónimos. 

Patricia agradece asimismo las invitaciones que ha recibido para visitar algunos puertos donde ha recalado la Esmeralda, como las de Carlos y Kirsten Flores (Victoria y Vancouver), AI-Canada (Halifax) y AI-France (Rouen). 

Finalmente agradecemos a nuestro amigo Rod, que durante 10 años ha hecho posible nuestras estancias en Chile, cuidando de nuestros perros en España y animándonos a buscar justicia para Miguel. Además, ha ayudado con esta Memoria y creado la web “Memoria de Miguel”.

Autores 

PATRICIA WOODWARD

Nacida en Valparaíso (Chile) en 1938 de padres anglo-chilenos. Cursó estudios de francés en la Universidad de Friburgo (Suiza) y de español en la Complutense de Madrid. Trabajó como secretaria bilingüe en Río de Janeiro y Londres, y estuvo entre los fundadores de Amnistía Internacional de España.  

FRED BENNETTS

Nacido en Oporto (Portugal) en 1935 de padres hispano-ingleses. Se licenció en Historia Contemporánea en la Universidad de Oxford. Trabajó como gerente de empresa en el Reino Unido, Portugal y España, y como consultor ante las Naciones Unidas, la Comisión Europea y con otras organizaciones en Angola, Mozambique, Perú, Brasil y otros países en los ámbitos de gestión financiera y desarrollo social. 

Índice

Notas

1. Edward Crouzet, CESOC, 2000, 2005

2. Editorial Andrés Bello, 1998

3. Lom Ediciones, 2008

4. La Semana Publicaciones, 1983

5. Editorial La Cáfila, 2006

6. Pehuén, 1989

7. Simulacro de muerte: crónica de los centros de tortura del SIN, V región por H. Hugo Arellano (La Cáfila, 2005)

8. Editorial Catalonia

9. El Genocidio de Guatemala a la luz de la Sociología Militar, SEPHA, 2005

Imagen de portada: Estatua de Tetis como "diosa de la injusticia" en la Corte de Apelaciones de Valparaíso