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En 1970 y durante un consejo de ministros en el Palacio de El Pardo, en el que alguien se mofaba de los obreros por ser leales al régimen, el entonces dictador General Francisco Franco, con su característica voz atiplada y desde el extremo de la mesa que presidía, interrumpió al burlón:
-"Puede que los obreros de derechas sean unos imbéciles que piensan con el culo y cagan por la boca. Pero son NUESTROS imbéciles."
Anécdota de: General Francisco Franco Bahamonde, Dictador de España (1892-1975).
Carta abierta a Felipe VI
Estimado señor: en 1716, un antepasado suyo, Felipe V, abolió de un plumazo los derechos y libertades catalanas tras someter Barcelona mediante conquista militar. Trescientos años después quiere el destino que venga usted a impedir que los recuperen.
Acaba usted de espetar un discurso a un gobernante democrático, elegido por las urnas, como usted no lo ha sido, cuyo contenido esencial reside en recordar la necesidad de respeto al principio de supremacía de la ley, sin el cual, no es posible la sociedad civilizada.
¿Con qué autoridad dice usted eso a un presidente que, como él mismo señaló en una entrevista posterior, nunca se ha saltado la ley? Contestemos a esta fastidiosa pregunta.
Su autoridad personal en la materia que, a fuer de republicano, este blog no reconoce, es inexistente. Su poder viene directamente de la designación de un militar golpista, un delincuente perjuro que se alzó contra su gobierno y usted no ha tenido el coraje ni la gallardía de refrendarlo mediante una consulta a la ciudadanía, un referéndum en el que esta decida si quiere seguir con la monarquía o prefiere la República, el último régimen legítimo que hubo en España, pues el suyo no lo es.
Usted carece de autoridad pero se hace eco de la del gobierno español, ese sí, elegido por sufragio universal. Es este quien ha enviado a usted a Cataluña a recitar el catón elemental del Estado de derecho: el respeto a la ley, que a todos nos obliga, incluidos los gobernantes.
En términos abstractos esto es cierto. En términos concretos, aquí y ahora, en España, no solo no lo es, sino que es una burla. El gobierno que exige a Mas el cumplimiento de la ley, la cambia a su antojo, unilateralmente, sin consenso alguno, valiéndose de su rodillo parlamentario cuando le conviene, de forma que esa ley ya no es una norma de razón universal, general y abstracta que atienda al bien común, sino un dictado de los caprichos del gobierno del PP que, como sabe usted perfectamente, es el más corrupto, arbitrario e incompetente de la segunda restauración. Un solo ejemplo lo aclara: el mismo día que el presidente de ese gobierno, un hombre sin crédito ni autoridad algunos, sospechoso de haber estado cobrando sobresueldos de procedencia dudosa durante años, denuncia que los soberanistas catalanes intentan "cambiar las reglas del juego" al desobedecer la ley, sus acólitos presentaban un proyecto de ley de reforma del sistema electoral español para cambiar las reglas de juego a tres meses de unas elecciones. Y nadie en España, ni un medio de comunicación, ni un publicista ha denunciado esta arbitrariedad, esta ley del embudo.
Ciertamente, los gobernantes dicen que, si a los catalanistas no les gusta la ley, pueden cambiarla, pero legalmente, como han hecho ellos. No tengo a usted por una lumbrera, pero imagino que no se le escapará la impúdica hipocresía de este razonamiento pues los catalanes jamás serán mayoría en cuanto catalanes en España y, por tanto, no pueden materialmente cambiar la ley y están condenados a vivir bajo la que la mayoría les impone. Siempre. Por si no lo sabe usted, eso se llama "tiranía de la mayoría" y es tan odiosa como la de la minoría.
No, señor, el asunto ya no es de respeto a la ley. El asunto es de legitimidad, o sea mucho más profundo y antiguo. Pero, por no abusar de su paciencia, se lo expondré a usted en tres sencillos pasos a imitación de la triada dialéctica hegeliana que sirve para explicar la evolución de la realidad, pero también su involución.
Primero vino una guerra civil y cuarenta años de dictadura que forjaron una realidad española en la que se mezclaban los sueños de fanfarrias imperiales con los harapos de un país tercermundista, gobernado por los militares y los curas, como siempre. Fascismo, nacionalcatolicismo, centralismo, ignorancia, represión y robo sistemático. Fue la tesis.
Luego llegó la transición, la negación de la tesis, la antítesis. España se convertía en una democracia homologable con el resto de los europeas. Se negaba la dictadura. El Estado se descentralizaba y devolvía libertades a los territorios, se promulgaba una Constitución que consagraba la separación de la Iglesia y el Estado y propugnaba un Estado social y democrático de derecho. Y se acariciaba la ilusión de que era posible una continuidad normal del Estado, por encima de los avatares históricos.
Por último llegó la negación de la antítesis, la negación de la negación, la síntesis. Con el triunfo aplastante del PP en 2011, volvió el espíritu de la dictadura, el gobierno de los curas (o de sus sectarios del Opus Dei), el nacionalcatolicismo. Se conservó la cáscara de la Constitución, pero se la vació de contenido con la ayuda del principal partido de la oposición, cómplice en esta involución y se procedió a recentralizar el país, atacando el régimen autonómico y burlando las expectativas catalanas, de forma que su estatuto carece de contenido. De nuevo con la ayuda del PSOE y la diligente colaboración de todas las instituciones del Estado. La que más se ha usado ha sido un Tribunal Constitucional carente de todo prestigio y autoridad moral por estar plagado de magistrados al servicio del gobierno o sectarios del Opus Dei, con su presidente a la cabeza, militante y cotizante del PP.
Así están hoy las cosas en España, señor mío. Un gobierno de neofranquistas y nacionalcatólicos, empeñados en imponer sus convicciones como ley de la colectividad, corroído por la corrupción, basado en un partido al que algún juez considera una asociación de delincuentes. Un gobierno que ha provocado una involución sin precedentes, una quiebra social profunda (lea usted las estadísticas de pobreza, las de paro, las de productividad, las verdaderas, no las que fabrica esta manga de embusteros) y una quiebra territorial mucho más profunda, que él mismo reconoce de una gravedad extrema y de la que es el único responsable por su incompetencia, autoritarismo y corrupción.
¿Cree usted que ese gobierno tiene autoridad para hablar de la ley? ¿La tiene usted?
No le extrañe que los catalanes quieran liberarse de esta tiranía personificada en estúpidos provocadores como ese que quiere "españolizar a los niños catalanes". Muchos otros, si pudiéramos, haríamos lo mismo. No quieren, no queremos, vivir otra vez el franquismo.
Y usted, le guste o no, lo representa.
Ramón Cotarelo.
LA JUEZ ARGENTINA ORDENA DETENER A LOS EX MINISTROS MARTÍN VILLA Y UTRERA MOLINA POR CRÍMENES DEL FRANQUISMO
Artículo de Juan Ignacio Irigaray / in www.elmundo.es / 31-10-2014.
La juez argentina María Servini ha ordenado la detención a efectos de extradición del ex ministro -de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979-Rodolfo Martín Villa, y del ex ministro -secretario general del Movimiento- José Utrera Molina, en la única causa penal que existe en el mundo por los crímenes del franquismo.
El exhorto de la magistrada, según ha podido saber ELMUNDO de fuentes del juzgado, ha incluido a otros 18 acusados en el expediente y ha solicitado los arrestos preventivos de todos ellos con fines de sus respectivas extradiciones a Argentina para tomarles declaración como imputados.
A Utrera Molina, que es suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, le acusa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich y a Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores en una protesta.
LOS OTROS ACUSADOS
La lista de ex franquistas 'extraditables' se completa con Fernado Suárez González,Jesus Cejas Mohedano, Jesús González Reguero, Abelardo García Balaguer,Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ex ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera de Irimo, ex ministro de Hacienda (1973-1974) y ex vicepresidente segundo (1974) [fallecido el pasado 24 de septiembre].
Como a Utrera Molina, a Licinio de la Fuente, Carro y Barrera les acusa de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
Al ex ministro de Presidencia, Antonio Carro, le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
También figuran José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia (1975-1977), Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía acusado de asaltar la Iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.
A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.
UNA CARRERA DE FONDO
La semana pasada el fiscal federal argentino Ramiro González había pedido a la jueza que solicitara las capturas de 15 de ellos y los había acusado de graves crímenes, tales como homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños. Este viernes Servini de Cubria hizo lugar a esa solicitud y amplió la lista de acusados.
El verano pasado, la juez y el fiscal pasaron dos semanas visitando a víctimas en sus casas del País Vasco, Andalucía y Madrid. Allí recogieron testimonios y pruebas de los crímenes del franquismo.
Esta causa arrancó el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella puesta por familiares de fusilados, el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, e Inés García Holgado.
A esas querellas se han ido sumando otras de distintos represaliados de la dictadura, como por ejemplo los ex presos políticos agrupados en La Comuna; las familias de etarras y miembros del FRAP fusilados en los 70, e incluso la Asociación de Niños Robados en España.
En el expediente que tramita la juez Servini de Cubría ya hay entre 150 y 200 querellantes que han viajado expresamente a Buenos Aires para declarar en el juzgado y constituirse como acusadores de funcionarios de Francisco Franco. O, si no, enviaron a apoderados.
Servini de Cubría ha pedido a España que extradite a dos policías franquistas imputados por el delito de torturas, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar, juzgado y condenado en su día por participar en el intento de golpe de Estado del 23-F. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado esas peticiones.
También la juez ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común del cementerio de Guadalajara. Quiere comprobar vía análisis de ADN si allí están los restos de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado por el franquismo. Su hija, Ascensión Mendieta Ibarra, de 88 años, viajó especialmente a Buenos Aires a rogarle a Servini que la ayudara a encontrar los restos de su padre antes de morir.
ARGENTINA ORDENA DETENER A MARTÍN VILLA Y AL SUEGRO DE GALLARDÓN POR LA CAUSA CONTRA EL FRANQUISMO.
Artículo de Alejandro Torrús / in www.publico.es / 31-10-2014.
La jueza María Servini ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores de la dictadura franquista. Entre ellos, los exministros Martín Villa y Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón
Se anunciaban nubes negras desde Argentina para los franquistas que continúan con vida y sus peores temores se han cumplido en la noche de este viernes. La jueza María Servini de Cubría, que instruye la causa contra la dictadura franquista abierta en Argentina, ha dictado una orden internacional de detención contra veinte dirigentes y presuntos torturadores del franquismo, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.
"Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo, que no han cesado de luchar nunca por sus derechos y con sus propios recursos, que son muy limitados. Ahora tenemos qué esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y ver cómo responde el Gobierno y el Estado español y si puede mantener la teoría de que estos crímenes ya están prescritos porque no estamos ante crímenes contra la humanidad", ha señalado a Público el abogado Carlos Slepoy nada más conocer la noticia.
Los veinte franquistas sobre los que han recaído órdenes de detención internacional pueden dividirse en cuatro grupos. Por una parte, los exministros que firmaron las penas de muerte de Salvador Puig Antich o de los cinco últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975. Es decir: José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo y José María Sánchez-Ventura Pascual.
Por otro lado, los acusados de ser corresponsables de la matanza de Vitoria en marzo del 76, Rodolfo Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso García, como ministro de Presidencia y Jesús Quintaba Saracibar. Otro apartado estaría dedicado a jueces y letrados donde estarían nombres conocidos como Carlos Rey (ex abogado de la política del PP Alicia Sánchez Camacho) y, por último, un nutrido grupo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado por presuntas torturas.
La relación completa de imputados es la siguiente: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintaba Saracibar, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés,Fernando Suárez González, Jesús Cejas Mohedano, Atilano del Valle Oter y Abelardo García Balaguer.
Pasos a seguir
La resolución dictada por la jueza argentina será cursada por la Cancillería argentina (el Ministerio de Asuntos Exteriores) y será enviada al Ministerio de Justicia español. Si el Ministerio no resuelve qué hacer con la resolución, será el Consejo de Ministros quien decida si permite que el caso llegue a la Audiencia Nacional o lo rechaza directamente. Si admite este trámite dará comienzo un proceso idéntico al que vivieron el Guardia Civil Jesús Muñecas y el presunto torturador Juan Antonio López Pacheco, alias 'Billy el Niño' hace apenas unos meses y donde el primer paso sería tomar medidas preventivas y después declarar ante la Justicia.
La Audiencia Nacional resolvió entonces negar la extradición de los dos franquistas al considerar que los delitos cometidos ya estarían prescritos al no apreciar indicios de crímenes de lesa humanidad. Ahora son veinte órdenes. Los hechos imputados son aún más graves si cabe. La pelota vuelve a estar en el tejado del Estado español.
"Balance de una dictadura"
El general golpista y dictador Francisco Franco Bahamonde , que gobernó con mano de hierro a España durante casi 40 años (1938-1975), después de sumirla en una sangrienta guerra civil, dejó tras de si una impresionante lista de víctimas:
-180.000 víctimas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura.
-280.000 presos en las cárceles españolas.
-200.000 presos esclavizados.
-50.000 muertos por enfermedades y desnutrición.
-30.000 niñas y niños separados forzosamente de sus familias.
-6.000 casos de bebés robados durante el franquismo.
-500.000 exiliados.
-entre 6.000 y 7.000 exiliados españoles murieron en el campo de concentración de Mauthausen.
-2.500 fosas comunes.
-Más de 180 campos de concentración.
-200.000 personas desaparecidas.
Documental en versión catalana sobre el 'reciclaje' de los nueve ex ministros de la dictadura franquista que han sobrevivido a Manuel Fraga y siguen manejando el cotarro en España treinta y nueve años después de la muerte del dictador.
"Por capricho de un dictador"
Si España, pese a pertenecer a Europa y a figurar como miembro de la U.E., tiene esos característicos horarios por los que todo el país parece vivir y trabajar de manera "exótica" por no decir tercermundista se debe, no a la tradición, sino al capricho del dictador Francisco Franco Bahamonde (1892-1975).
Deseoso de que los Españoles trabajaran y vivieran haciendo las mismas cosas a la misma hora que los Alemanes, al general no se le ocurrió otra cosa que imponer en 1942, el horario alemán sin tener en cuenta que en España amanecía hora y media más tarde que en el país germano. Debido a la consabida diferencia de horario, cuando en Berlín eran las 12:00 del mediodía, en Madrid sonaban las 13:30, hora marcada para que todos dejaran el trabajo y se sentaran a la mesa para tomar el almuerzo a las 14:00. A ese capricho dictatorial, se sumó el hecho de que casi todos los Españoles de la posguerra tuvieron que encontrar dos trabajos para poder tirar adelante sus familias, lo que alargaba sensiblemente el horario laboral hasta bien entrada la tarde y principio de la noche. Y, desde entonces, España y sus trabajadores viven a destiempo en comparación con todos sus vecinos europeos, lo que se traduce en horarios laborales demasiado largos, amén de comidas demasiado pesadas y cenas tardías. Pese al empeño de la ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles), que dura desde hace una década, los sucesivos gobiernos jamás se han puesto manos a la obra para recuperar el horario europeo ni parece dispuesto a hacerlo, perpetuando de manera incomprensible un capricho franquista desde hace ya 71 años.
Antes de que se instaurase la dictadura franquista, España vivía desde hacía siglos como los demás países del Viejo Continente, siguiendo el horario solar: los españoles de cualquier condición abrían sus negocios, faenaban o entraban a trabajar al despuntar el sol, comían a las 12:00 del mediodía y cenaban entre las 19:00 o 20:00 de la tarde al terminar su jornada laboral.
Tanto Bruselas como un grupo de diputados del Congreso pretenden que España deje de ser different del resto de sus compañeros, y vuelva a adoptar el horario de Greenwich, lo que servirá para que los Españoles trabajen mejor y rindan más, y puedan disfrutar de sus tardes en familia o en otros pasatiempos para que así sean más felices y satisfechos con su vida diaria. Por otro lado, los niños podrían tener más hora de sueño (duermen una media de 53 minutos menos que los demás niños europeos), menos televisión y rendir mucho mejor en sus estudios, lo que serviría para atajar el enorme fracaso escolar que se viene registrando desde hace décadas.
"Crímenes sin castigo"
Entre 1939 y 1975, la dictadura del General Francisco Franco Bahamonde asesinó a 344.921 víctimas. Aún quedan en España nada menos que 1.097 fosas comunes sin exhumar.
Ahora sabemos que los crímenes de la dictadura franquista han rebasado cualquier expectativa. Según la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura del actual Ministerio de Justicia aún quedan 1.097 fosas pendientes de exhumación. En el 2008, se calculó que la dictadura había hecho desaparecer a 152.237 personas. Si añadimos este dato a las ejecuciones dictadas por los tribunales franquistas, obtendremos una cifra de 344.921 víctimas. Negar que Franco perpetrara un genocidio es un acto de mala fe, que no soporta el contraste con datos verificables.
CRONOLOGÍA DE LA REPRESIÓN CASTELLANA CONTRA EL CATALÁN EN CATALUNYA
A raíz de la conclusión de la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), la nueva dinastía instalada en Madrid con Felipe V, se ensañó política y culturalmente contra el Principado de Catalunya, culpable a sus ojos de haber defendido la candidatura de su rival el archiduque Carlos de Austria. En represalia, y tras la toma de Barcelona, capital del Principado, se inició una época de terror y represión sin miramientos contra los catalanes olvidando, de pasada, el compromiso adquirido en las capitulaciones de la rendición de respetar y no represaliar a los vencidos: ejecuciones sumarias, asesinatos, saqueos, expolios, encarcelamientos y demoliciones fueron seguidos por el famoso Decreto de Nueva Planta que, de un plumazo, ponía fin a las históricas libertades, leyes, fueros y privilegios de todo un pueblo. No contento con ello, Felipe V se propuso aniquilar la molesta identidad catalana (que menoscababa su voluntad de crear una sola España unificada y centralizada) atacando incluso su lengua y su cultura prohibiéndola a golpe de decretos. Sus sucesores en el trono, e incluso la breve y caótica Iª República, arremetieron constantemente contra cualquier rebrote de la identidad nacional catalana con leyes y reales edictos, y la represión redobló bajo el régimen dictatorial del General Franco. Pese a ese sempiterno empeño castellano por imponerse a la fuerza, y que ha durado a lo largo de tres siglos, Castilla no ha conseguido su objetivo: aniquilar la lengua y la cultura catalanas.
Como muestra de la sistemática represión, he aqui una pequeña cronología de las medidas tomadas desde Madrid, tanto por parte de los monarcas Borbones como por otros jefes de Estado españolistas.
Felipe V
1715_Se prohibe hablar, escribir y tener libros en catalán.
Fernando VI
1755_Se ordena a las órdenes religiosas que solo pueden hablar en castellano.
Carlos III
1768_Imposición del castellano en la Justícia, en las Escuelas Públicas y en la Jurisdicción eclesiástica.
Carlos IV
1801_Godoy prohibe que se hable cualquier otro idioma que no sea el castellano en los teatros.
Fernando VII
1821_Pla Quintana obliga a usar el castellano en las escuelas.
Isabel II
1837_Un Edicto Real impone castigos a los niños que hablen catalán en la escuela.
1838_Se prohiben los epitafios en catalán en los cementerios.
1857_Se prohibe el catalán en la Enseñanza Pública.
1862_Se prohibe el catalán en las escrituras notariales.
Amadeo I
1870_Se prohibe el catalán en el Registro Civil.
Alfonso XII
1881_Se prohibe el catalán en los Juzgados.
Alfonso XIII
1896_Se prohibe el uso del catalán por teléfono.
1923_Obligatoriedad del castellano en la Enseñanza.
Dictadura Franquista
1939_Prohibición de hablar y escribir en catalán.
Franco y la masonería
En la España de los siglos XIX y XX la masonería tuvo momentos de gran poder hasta la Guerra Civil de 1936. Con la dictadura del general Francisco Franco, los masones se convirtieron en el símbolo por excelencia de los enemigos de la Patria, y fueron perseguidos sin tregua. ¿Qué tenía la masonería para que Franco la odiara tanto? ¿Era cierta la famosa confabulación judeo-masónica? ¿Es verdad que Franco fue masón en algún momento de su vida?
por Javier Navarrete
"Lo de Franco con la masonería era una verdadera fijación, una manía persecutoria, aunque la idea de la confabulación judeo-masónica no es suya, se acuña a finales del siglo XIX por autores antimasónicos, algunos pertenecientes a los jesuitas. Franco la toma de ellos, incorporándola a su particular discurso contra los masones." Así se expresa el masonólogo Alberto Valín, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, confirmando que, para Francisco Franco Bahamonde, la masonería se convirtió en una verdadera obsesión, algo así como un enemigo personal al que atribuía todos los males de la Patria.
De hecho, el flamante general dio tempranas muestras de su peculiar fobia, antes de iniciarse la Guerra Civil. Cuando fue nombrado director de la Academia Militar General de Zaragoza, los enemigos que más encarnizadamente persiguió, expurgándolos como cizaña de aquel ámbito sagrado, fueron el comunismo, los masones y la sífilis, para él verdaderos jinetes del Apocalipsis. Y al levantarse en armas contra el gobierno republicano en julio de 1936, ya proclamó que lo hacía para liberar a España del comunismo y la masonería. El diario El defensor de Córdoba lo dejaba claro el 24 de ese mes: "Luchamos para formar un solo frente nacional contra los judíos y las logias de masones, contra Moscú y las sociedades obreras de tipo marxista". El 15 de septiembre, Franco publicó el primer edicto antimasónico de la España sublevada, declarando a la francmasonería fuera de la ley y culpando a sus miembros de "crimen de rebelión".
Archivo General de la Guerra Civil
Cumpliendo con esta proclama, persiguió a la masonería con especial empeño. En las ciudades que iban cayendo al avance de sus tropas, los masones eran encarcelados, sus bienes confiscados y anotados los datos de parientes y amigos. Por citar dos entre innumerables ejemplos, el local de la Logia Turdetana de Córdoba fue incendiado, y el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, incautado y convertido en sede de Falange.
Su afán inquisidor fue tan exhaustivo que el fichero de miembros y simpatizantes engordaba de forma espectacular, por lo que, en 1937, nombró a Marcelino Ulibarridirector del Servicio de Recuperación de Documentos, con sede en Salamanca, para reunir allí todo lo incautado a las logias y centralizar la información sobre sus miembros. Y cumplió su misión mejor que bien. El profesor Valín, buen conocedor de la documentación elaborada en esa época, señala que "siendo alrededor de 4.500 los masones activos en la España de 1936, el Servicio llegó a confeccionar más de 80.000 expedientes personales de masones y simpatizantes, fichando incluso a quienes lo habían sido en el siglo XIX, tanto en la Península como en las colonias". Hoy es el Archivo General de la Guerra Civil, y cuenta con el más importante fondo documental sobre la masonería y su persecución en esos tiempos.
Perseguidos después de muertos
Entre los muchos datos que reflejan la peculiar obsesión de Franco por acabar con la masonería y borrar, incluso, el rastro de su memoria, resulta llamativo el que, el 21 de diciembre de 1938, diera un plazo de dos meses para eliminar de todos los cementerios cualquier símbolo masónico que existiera en sus tumbas y panteones.
Cuando, en 1939, dictó la Ley de Responsabilidades Políticas que declaraba fuera de la ley a las logias masónicas y a sus miembros, tuvo la cruel argucia de hacer retroactiva su aplicación hasta 1934, lo que le permitió perseguir impunemente a todos aquellos que eran masones cuando su actividad resultaba perfectamente legal en los años previos a la Guerra Civil.
Su inquina llegó a establecer que las sanciones económicas se cobrarían "aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento", haciéndolas efectivas con cargo a la herencia, e incluso responsabilizando de la deuda a los herederos. Ni la muerte, pues, limpiaba la mancha de ser masón.
La amenaza permanente
Terminada la contienda, en marzo de 1940 Franco promulgó la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creando el Tribunal Especial del mismo nombre para su aplicación. Esta ley castigaba a masones y simpatizantes con penas que alcanzaban los 30 años de cárcel para los grados más altos. La masonería, en definitiva, representaba tan grave pecado que nadie podía ser miembro de un Tribunal de Honor militar si tenía algún pariente, hasta segundo grado de consanguinidad, que hubiera sido masón.
Franco convirtió su monomanía antimasónica en uno de los pilares ideológicos del Régimen, y en sus discursos nunca faltaba la tradicional coletilla sobre la confabulación judeo-masónica unida al comunismo internacional. La masonería era la amenaza permanente del "enemigo que acecha en la sombra" y la causa de todos los desastres históricos de España, desde la pérdida de Gibraltar a la de los territorios de América, pasando por Cuba y Filipinas. Incluso hubo quien consideró a la IIª República Española, en bloque, como una "operación masónica", ya que seis de sus jefes de gobierno pertenecieron a la masonería y en las cortes constitucionales de 1931, de los 470 diputados existentes, se estima que 150 eran masones. Repartidos, eso sí, entre todos los partidos políticos, tanto de la izquierda como del centro y la derecha.
¿Perteneció Franco a la masonería?
Parece imposible que quien tanto empeño puso en acabar con la masonería, hubiera sido masón. Y, sin embargo, hay datos que apuntan en esta dirección y la posibilidad de que sea cierto, reconoce el profesor Valín, "todavía se discute en algunos foros".
Francisco Franco Bahamonde pertenecía a una familia de ideas liberales y marcada vocación militar, en la que no faltaron miembros de la masonería. Entre ellos, uno de los hermanos de Francisco: Ramón, quizás el más brillante de todos. Aviador militar, fue el héroe que realizó la travesía del Atlántico sur en el famoso hidroavión Plus Ultra. Claramente liberal y antimonárquico, cuando se produjo el levantamiento dirigido por su hermano se alineó, sin embargo, en sus filas. Otro hermano, Nicolás, no llegó a ser masón pero se quedó en puertas ya que se hizo rotario, antesala entonces de la masonería.
¿Y Francisco Franco? El conocido investigador de la masonería española Ferrer Benimeli apuntó la posibilidad de que, cuando menos, Franco intentara ingresar en la masonería siendo teniente coronel, en Larache, hacia 1926. Citó dos logias como probables objetivos del intento: la Lukus y la Lixus. Al parecer, fueron sus propios compañeros de armas los que le pusieron el veto por no reunir los méritos necesarios. Algunos afirman que volvió a intentar el ingreso en 1932, ya en Madrid, con el mismo resultado. No obstante, no se ha encontrado documentación que corrobore definitivamente esta sospecha, y el tema sigue siendo objeto de estudio.
En cualquier caso, si fuera cierto, es muy posible que Franco guardara profundos agravios contra la organización que lo rechazó. Una malquerencia a la que se sumaba su aversión a las ideas liberales y a los movimientos políticos en los que habían participado los masones durante la turbulenta IIª República. Quizá fuera esto lo que despertó su fobia, activa hasta tal punto que llegó a escribir personalmente artículos en la prensa y una novela que culminó en la película Raza, dando así rienda suelta a su obsesión antimasónica…
"Franco y la Masonería" in "Mas Alla" Nº194, Abril 2005.
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