A la opinión pública:

Fecha de publicación: 17-feb-2011 15:34:42

Asunción, 08 de febrero de 2011

Las organizaciones del audiovisual Paraguayo, Oprap y Campro, en representación de nuestros agremiados, nos manifestamos preocupados ante el planteamiento de la Secretaría Nacional de Cultura que los sectores culturales y artísticos se organicen para ejercer de contralores a fin de "garantizar" la buena ejecución de los proyectos derivados de la subasta a la baja electrónica para los “Servicios de organización integral de eventos en conmemoración del Bicentenario”, que ganó la productora Kamikaze Records por valor de más de 14.000 millones de guaraníes (tres millones de dólares aproximadamente), para organizar la agenda conmemorativa del Bicentenario de la Secretaría Nacional de Cultura, dependiente de la Presidencia de la República.

Es importante que nuestras organizaciones OPRAP, CAMPRO y la Coalición Paraguaya para la Diversidad Cultural asuman posición clara y directa a la opinión pública:

1. La SNC se reunió con algunos sectores culturales a fin de plantearles participar como contralores para la buena ejecución de los proyectos en sus respectivas áreas que están incluidos en la adjudicación y que deben ser ejecutados por la empresa adjudicada, incluso piden a las organizaciones que vean el perfil y la calidad de los consorcios, grupos o productoras que sean contratadas por la empresa beneficiada en la licitación para determinar si califican o no para la tarea deseada a los efectos del Bicentenario

2. La SNC, a través del ministro secretario Ticio Escobar, también se reunió inicialmente con nuestro sector en respuesta a las notas y comunicados realizados desde el 23 de diciembre de 2010 consultando, entre otros temas, sobre la poca transparencia en la información acerca de los preparativos del Bicentenario. En la oportunidad nos solicitó que el sector se constituya en contralor de las contrataciones que pudiera hacer la empresa adjudicada. Verbalmente se expresó en la mesa que estábamos en desacuerdo y ahora hacemos pública nuestra posición.

La Secretaría Nacional de Cultura realizó una licitación a la baja electrónica cumpliendo con todos los requisitos legales, según afirman, (pese a que de ninguna reunión participó algún idóneo representando a la Dirección General de Contrataciones Públicas)

Aunque en definitiva esto convierte al hecho en un acto legal, no significa desde ningún punto de vista que sea lo correcto para un sector tan sensible, con una inversión presupuestaria bajísima, con leyes escasas que no la fomentan en sus dimensiones reales, y ni mencionar el poco fomento por parte del Estado para incentivar a la sociedad a organizarse, aprender a peticionar a las autoridades, a formular en conjunto políticas públicas, a transparentar sus gestiones, como este caso, donde solo salen a hablar cuando el hecho está consumado y arrecian las críticas en contra.

Para finalizar recalcamos que para la tarea de controlador está el Estado que tiene sus correspondientes mecanismos e instancias. La sociedad no tiene por qué responsabilizarse de lo que le corresponde a cada ente público. Por el contrario debe exigir y recibir de sus autoridades la rendición de cuentas de su gestión.

Nosotros queremos crear y queremos controlar que nuestras peticiones sean escuchadas y ejecutadas por el Estado.

No estamos pidiendo nada al margen de la ley, queremos participar –con poder de decisión- y escuchar propuestas concretas e ideas creativas de acuerdo a lo que demanda el sector cultural desde el inicio de este gobierno y no olvidemos que nuestras propuestas fueron elaboradas en conjunto con toda la comunidad cultural y entregadas al propio Presidente de la República con copia al Ministro de Cultura. Ninguno de los planes propuestos en esa oportunidad se llevó a cabo.

Así que manifestamos nuestros interrogantes que alertan sobre lo que está ocurriendo y que no podemos ni debemos asumir un papel que no solicitamos y no nos corresponde. Paralelamente nos solidarizamos con los otros gremios artísticos y llamando a la reflexión sobre la necesidad de que el Estado cumpla las leyes que regulan al sector cultural, en particular y que las autoridades se sujeten en su accionar a principios elementales de honestidad, transparencia e idoneidad.

Miguel H. López Joel Cabrera

Presidente Presidente

Oprap Campro