Imagen de portada. Hospital Licantén, Inundaciones en Chile, 2023. 

Por décadas, la aceptabilidad del riesgo ha tenido principalmente dos grandes ejes de atención. Por un lado, se han perfeccionado métodos de evaluación del riesgo mediante análisis numéricos, buscando sustentar categorías como riesgo aceptable, inaceptable, residual, mitigable, entre otras. Por otro lado, se han identificado predictores que permiten comprender y anticipar la aceptación y aversión, ya sea individual o colectiva, ante un riesgo específico, ello principalmente desde perspectivas psicológicas, antropológicas y sociológicas que vinculan la aceptabilidad con la percepción del riesgo. 

La aceptabilidad ha sido mayormente definida como la actitud o la disposición que expresa que un riesgo es juzgado aceptable por un individuo o grupo particular. De amplio uso en países del Norte Global, desde finales de los 60’ hasta hoy, la aceptabilidad ha sido instrumentalizada en diversos campos de aplicación, los que, desde análisis y evaluaciones de carácter predominantemente técnico-económico, persiguen establecer criterios de seguridad operacional y de regulación ante el funcionamiento de sistemas asociados principalmente a fuentes de peligro antrópico.

Existe vasta literatura que ha analizado controversias en relación a sus aproximaciones dominantes y sugerido a avanzar en atender la aceptabilidad del riesgo desde una mayor amplitud analítica, invitando a revisar dimensiones menos exploradas como ámbitos políticos, de justicia, democracia, moralidad, jurídicos, culturales, entre otros. Así también, un reciente estudio constata la escasez de contribuciones en el campo del riesgo de desastres, evidenciando que sólo una veintena de investigaciones a nivel mundial ha explorado esta interfaz, algunas de ellas en la línea de conocer la aceptación de comunidades expuestas a la introducción de soluciones basadas en la naturaleza diseñadas como medidas de mitigación del riesgo de desastres.

Sin mayores reparos, operan en Chile nociones de aceptabilidad del riesgo sin distingo para el riesgo de desastres, ámbito al que me dedico a problematizar en mi investigación doctoral, en la cual me posiciono desde un paradigma crítico que busca relevar algunas de las dimensiones sugeridas en investigaciones precedentes en la temática, buscando observar los potenciales vínculos de los juicios y criterios de aceptabilidad con los procesos de construcción social del riesgo de desastres. Algunas de las nociones existentes en el país, tienen relación con prescripciones en normativa técnica o en ciertas evaluaciones de riesgo corporativas asociadas a proyectos de inversión o a protección financiera sectorial, mas no en manos de los sistemas de gestión de riesgo de desastres.

De acuerdo con el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), iGOPP, del Banco Interamericano para el Desarrollo, el país presenta un “nivel incipiente” en cuanto a condiciones habilitantes para implementar política pública de GRD. Las aplicaciones de iGOPP en 2013 y 2020, constatan que Chile no cuenta con definiciones normativas de riesgo aceptable como tampoco con establecimientos de responsabilidad ante la evaluación de riesgo de desastres a nivel territorial.

Adicionalmente, Chile cuenta con un nuevo marco legal para la GRD desde el 2021. Este marco, asociado a la promulgación de la Ley N°21.364, configura el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) bajo la coordinación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED, sucesor legal de ONEMI). No obstante, este marco no proporciona definiciones de riesgo aceptable (ni tácitas ni explícitas), así como tampoco reglamenta respecto a las evaluaciones (y valoraciones) de riesgo de desastres.

Esta ley deroga el marco indicativo antecesor del 2002, en el cual se definía expresamente riesgo aceptable como “el valor específico de daños o pérdidas que la comunidad está dispuesta a asumir”, lo cual presenta coherencia con la concepción dominante de aceptabilidad de riesgo -genérico- que circula con fines de seguridad operacional en otras latitudes.

Cabe destacar que, durante el proceso legislativo que duró más una década, la máxima autoridad responsable de coordinar el SINAPRED declaró ante el Senado que “en Chile, la tendencia es a aceptar el riesgo y, por lo tanto, se educa a la población para que evacue”. En dicho proceso parlamentario, también una senadora señala que “se ha educado a la población para que sepa cómo asumir el riesgo, porque ya no es posible cambiar esa realidad”. Ello refleja el predominio de una gestión reactiva y que, por defecto parece asumir el riesgo de desastres construido.

Este panorama desfavorable en uno de los países con mayor riesgo de desastres – dada su alta exposición-, según el último reporte del Índice Global de Riesgo, es un llamado a interpelar a la institucionalidad mandatada a mitigar y reducir el riesgo de desastres, pues como señala San Martin (2023) “el primer actor en la gestión del riesgo de desastre es el Estado”, agregando que “la decisión respecto de cuál es el nivel de riesgo aceptable para una sociedad constituye una responsabilidad eminentemente política”, la cual parece ser eludida, perpetuando nuestra alta tolerancia al riesgo de desastres.