Los presos ante la emergencia sanitaria del Covid-19: un problema de protección del derecho a la salud y de políticas públicas

En la ciudad italiana de Verona un migrante positivo al Covid-19 fue excarcelado por solicitud del director del reclusorio a la Corte d’Apello di Venezia, argumentando que era imposible tomar las medidas idóneas ante el peligro de contagio para otros detenidos y el personal carcelario. Este migrante, acusado de violencia familiar, no podía regresar a su domicilio, ni salir de la ciudad por orden judicial, por lo que estuvo vagando por aquella ciudad durante un día posiblemente contagiando a otras personas. 

La actual emergencia mundial ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas sanitarios de muchos países que no contaban con las condiciones y medidas de prevención, contención y atención médica u hospitalaria de la población contagiada por el virus. Uno de los desafíos para los ordenamientos jurídicos ha sido garantizar la protección de la salud de las personas y grupos en situación especial de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes; adultos mayores en residencias de larga estancia; migrantes en centros de detención; personas privadas de la libertad, entre otros.

A diferencia de los otros grupos, los presos enfrentan una actitud estigmatizante que los reduce a ciudadanos parciales o limitados en sus derechos, producto de una percepción social discriminante que se manifiesta en una doble vulnerabilidad. La primera parte de la concepción de la prisión preventiva como mecanismo semiautomático de represión de la criminalidad. Una medida de uso común, aunque su naturaleza sea de carácter excepcional de acuerdo con los estándares en derechos humanos.

La segunda vulnerabilidad tiene como base el incumplimiento sistemático de una serie de obligaciones y responsabilidades de los Estados en materia de derechos a la protección de la salud, seguridad e intimidad de los presos. Millones de mujeres y hombres no tienen acceso a la atención médica y hospitalaria, servicios básicos de subsistencia, información u orientación social dentro de los reclusorios. En el Salvador, las imágenes de decenas de presos semidesnudos, esposados y afilados en el suelo, pegados uno tras el otro, dieron cuenta al mundo del tipo de medidas de prevención y salud públicas impulsadas por el gobierno.

Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su Recomendación 01/2020 ha puesto énfasis en la obligación transversal de los Estados miembros para respetar y garantizar el conjunto de los derechos sociales. La Recomendación pone especial atención en los grupos históricamente excluidos o vulnerables, destacando una noción de política pública participativa y cooperativa para la generación de las acciones de prevención, atención y contención de la pandemia, en donde confluyen las personas y grupos de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, y del sector privado.

En definitiva, un método de trabajo colectivo, abierto a las contrastaciones y verificaciones en el desarrollo y resultados para la atención de los grupos en condición de susceptibilidad, que por desgracia ha hecho falta en muchos países a nivel global.