Respuestas de las instituciones locales a las epidemias en las islas Canarias (siglos XVII y XVIII

Autora del podcast

Belinda Rodríguez Arrocha

Profesora de tiempo completo en la licenciatura de Derecho con Enfoque Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Puebla (México).

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Semblanza de la colaboradora

La doctora Belinda Rodríguez Arrocha es profesora de tiempo completo en la licenciatura de Derecho con Enfoque Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (México). Ha sido becaria postdoctoral en el Instituto Max-Planck de Historia del derecho europeo (Frankfurt) y posdoctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio "Agustín de Betancourt"; en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (2017).

Texto del podcast

Al menos desde el siglo XVI, el desconocimiento de los mecanismos de transmisión de las enfermedades o de los contagios no obstó a que en las islas Canarias tuviera lugar la adopción de medidas destinadas a salvaguardar la salud de la población −tales como el aislamiento de las personas afectadas o la prohibición de recibir a viajeros procedentes de los territorios infectados−. No obstante, fue en el siglo XVIII cuando se estableció un modelo preventivo centralizado, burocrático y laico. En esta línea, las Juntas Superiores de Sanidad desempeñaron un papel crucial en la aplicación de las estrategias de prevención de las epidemias, en el espacio de la Monarquía española de la época borbónica. Estas juntas dependían, a su vez, de la Junta Suprema. En un nivel inferior se situaban las juntas municipales, con un rol decisivo en la preservación de la salud colectiva en la esfera local. La actividad de la citada junta superior tendía a la sistematización de las actividades de vigilancia terrestre y marítima. No en vano, las embarcaciones que llegaban a Canarias serían inspeccionadas y, sus tripulantes, puestos en cuarentena en algunas coyunturas. Sin embargo, el control ejercido sobre el tráfico marítimo no impidió totalmente la propagación de las epidemias en las postrimerías del Antiguo Régimen. La profundización en el contexto social e ideológico de las medidas de prevención requiere necesariamente de la consulta de la literatura científica concerniente al archipiélago. Destacan, en esta línea temática, las contribuciones del doctor Manuel Hernández González (catedrático de Historia de América en la Universidad de La Laguna) y del doctor Juan Manuel Santana Pérez (catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Al mismo tiempo, las pesquisas sobre las respuestas de las instituciones locales conllevan el examen y análisis crítico de los libros de actas de los antiguos cuerpos de justicia y regimiento de las islas. Son esclarecedoras, en este sentido, las comunicaciones emitidas en el siglo XVIII por el comandante general del archipiélago –a la sazón, también presidente de la Real Audiencia de Canarias− a las autoridades insulares, en cuanto contienen información relevante acerca de las epidemias y los mecanismos de control que debían adoptar. Mencionemos, a modo de ejemplo, la correspondencia intercambiada entre el marqués de Branciforte, comandante general, y el antiguo cabildo de la isla de Lanzarote entre 1784 y 1787, con motivo de una nueva epidemia de peste que estaba azotando a varios enclaves mediterráneos. El máximo representante del poder real en el archipiélago atlántico informaba sobre las ciudades portuarias contagiadas y daba las órdenes e instrucciones destinadas a evitar la propagación de la enfermedad en el suelo insular.