¿Qué tanto nos ha movilizado el Covid-19? ¿Por qué actuar hoy y no mañana?

Autora del Texto

Yordana Mehsen Rojas

Abogada de la Universidad de Concepción, dedicada al Derecho ambiental, con experiencia en judicialización y evaluación ambiental de proyectos alta complejidad. 

Además, es autora del libro “De la gestión de riesgos en el marco del desarrollo sostenible”, 2019, Thomson Reuters.

Texto

Las pandemias no son “novedosas”. Por el contrario, constituyen amenazas biológicas que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, de manera que, no es extraño el evento del COVID-19 y aunque su propagación a nivel mundial es única, aquello era esperable dada la actual conectividad entre los distintos continentes. 

No obstante lo anterior, el COVID-19 nos sorprendió en Chile. Pero ¿era posible adoptar otras medidas y más efectivas para la Reducción de Riesgos de Desastres (“RRD”)? ¿hemos avanzado desde una actitud reactiva hacia una preventiva? ¿estamos considerando este evento como modelo para hacernos cargo de otros tantos riesgos de desastres?

Hoy nos enfocamos en el COVID-19, sin embargo, también debemos ocuparnos de los demás riesgos y factores subyacentes, como el cambio climático. Al día 26 de abril, las pérdidas humanas a nivel mundial a causa del COVID-19 ascienden a 3.047.322[1], mientras que el cambio climático trae aparejada la muerte de alrededor de 7.000.000 de personas[2] por año a causa de intoxicaciones generadas por gases de efecto invernadero. Aunque nuestra regulación chilena nos ofrece la base para hacernos cargo de éste y los demás riesgos, las excusas siempre logran superponerse a un actuar preventivo.

Un evento que nos marcó durante bastante tiempo fue el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, sin embargo, éste no generó los cambios que necesitamos. A dicho evento se asocian 525 muertes y 23 desaparecidos[3]; ascendiendo las pérdidas materiales a USD 29.663 millones, lo cual triplica el monto del Plan Nacional de Inversión 2019-2022 presentado al inicio de este Gobierno, que destina 10.000 USD para el término de 25 proyectos hospitalarios[4]. Si bien el terremoto y tsunami del 27F fueron la base para incorporar una serie de mejoras, principalmente en lo relativo a los sistemas de alerta, no fue un móvil que hubiese generado cambios innovadores. 

Ahora bien, el impacto del COVID-19 permite pensar que es el impulso que necesitábamos para iniciar una gestión eficiente en la RRD. El Gobierno de Chile ha gastado por esta causa 1.998.315.094 USD[5], cifra extraordinariamente importante si, además, lo comparamos con el Plan Nacional de Inversión antes indicado. Sin embargo, después de transcurrido un año desde el inicio de la pandemia seguimos detenidos en una etapa de conocimiento de la RRD y de cómo debemos actuar tanto en el ámbito privado como público. Considerando lo anterior, ¿si el COVID-19 no nos mueve de forma rápida, entonces qué lo hará?

En nuestro país contábamos con información de los demás países que han sufrido esta pandemia de forma previa a nosotros y aún así esperamos tranquilamente su llegada, aplicando varias medidas en forma tardía. Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia como tal el 11 de marzo de 2020 (lo que se estaba esperando y por lo mismo, con anterioridad, el 15 de enero en Chile se inicia una primera reunión en relación con aquello[6]), pero sólo el 26 de marzo se fijó el precio máximo del examen PCR (en circunstancias de que cada día cuenta y su costo lo hacía inaccesible a cierto grupo de personas). Además, sólo en diciembre del mismo año se estableció que el PCR podía realizarse sin orden médica. El cierre de fronteras se ha declarado sólo cuando la cantidad de contagios sobrepasa ciertos límites bastante altos, durante la primera ola el 16 de marzo de 2020 y tras abrirse frente a la disminución de contagios, el 05 de abril pasado (cuando ya teníamos 7.443 casos diarios[7]). Tampoco se ha considerado la vulnerabilidad, disponiéndose las mismas medidas restrictivas[8] para actividades no esenciales, pero sin considerar entre éstas algunas excepciones en razón de la poca probabilidad de contagio durante la ejecución de las mismas dada la naturaleza del bien o servicio. Por el contrario, no se ha prohibido el trabajo en oficinas durante fases distintas de la 1, aún cuando dicha labor pueda llevarse a cabo mediante teletrabajo; todo sumado, además, a que sólo se incrementa la fiscalización para fase 1 en lugar de hacerlo en las fases siguientes de forma preventiva, para evitar una nueva fase 1[9]. Existe un aspecto importante en el cual Chile actuó de forma preventiva que se relaciona con la gestión de vacunas, aplicándose un número considerable de dosis, equiparable al de países desarrollados e incluso superando con creces a algunos como Australia y Japón[10] (aunque dicha comparación no resulta un parámetro ya que la baja cantidad de dosis de dichos países obedece a su falta de prioridad en la entrega de vacunas al tener escasos casos activos). De igual forma, pareciese que el COVID-19 nos ha movilizado desde el punto de vista del discurso, pero aún no se advierte una preocupación seria y con una visión a largo plazo respecto a la RRD. 

Ahora bien, recuperando el optimismo y olvidándonos por un minuto de que como particulares no debemos entregar todo al Estado, sino que también debemos hacernos cargo de lo que nos compete, existe una entidad pública que, a través de la Plataforma Nacional de Reducción de RRD[11] ha ido avanzando en torno a la materia con miras a realizar un trabajo colaborativo entre los diversos organismos públicos involucrados en la gestión de riesgos y que desconocían su implicancia al respecto; así como también ha enfatizado en la necesidad de educar a la sociedad civil. 

Por otro lado, recientemente, se dictó una nueva “Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030”[12], cuyos objetivos son alentadores. No obstante, se desprende que no fue pensada para todos los riesgos de desastres, por ej. el ciberataque, el cual resulta especialmente relevante cuando se relaciona a la infraestructura crítica de servicios básicos. Ahora bien, el principal desafío de la política es su implementación y que se considere la vulnerabilidad desde diferentes ámbitos, incluida la salud mental. Al respecto, es importante reiterar y enfatizar en que la regulación con la que contamos no es la óptima, pero si suficiente, sólo debemos superar el desconocimiento generalizado y el actuar segmentado, lo cual nos motive a la acción con sentido de urgencia y que los riesgos no continúen sorprendiéndonos, logrando avanzar hacia un desarrollo sostenible.

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[1] OMS, 2021. Disponible en: https://covid19.who.int/region/amro/country/cl

[2]OMS, 2018. Disponible en: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/

[3] IDOM, 2017. Disponible en: http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2018/04/Dimensionamiento-mercado-de-desastres-naturales-idom-2017.pdf

[4] Disponible en: https://plandeinversionesensalud.minsal.cl/

[5] Disponible en: https://www.consejotransparencia.cl/informacion/gastopublico/

[6] Disponible en: https://www.gob.cl/coronavirus/gestionpandemia/

[7] Disponible en: https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/

[8] Resolución Exenta Nº43 de 14 de enero de 2021, modificada mediante Resolución Exenta Nº 414 de 30 de abril de 2021.

[9] Disponible en: https://www.defensa.cl/noticias/ministro-prokurica-revela-que-se-han-realizado-124-millones-de-controles-por-covid-y-anuncia-intensi/

[10] Disponible en: https://covid19.who.int/region/amro/country/cl

[11] Disponible en: https://www.onemi.gov.cl/plataforma-de-reduccion-de-riesgos-de-desastres/

[12] Publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de marzo de 2021.

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