Los antecedentes se remontan a el año 47´, el cual comenzó de la par de un proceso de denuncia por parte los obreros (más específicamente, los ferrocarrileros), hacia el STFRM (Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana) y la FNM (empresa de Ferrocarriles Nacionales de México); por esta razón, surgieron varios líderes con las intenciones de cambiar el panorama ferrocarrilero de ese entonces. Principalmente, se buscaba promover 2 estrategias: La depuración y la moralización, cuyos objetivos eran limpiar la corrupción y estructura anárquica del sindicato; además de mejorar las condiciones laborales, con aumento de salarios y mejor comunicación obrero-líder sindical.

Estas condiciones causaron descontento de los trabajadores, que buscaban exhaustivamente cambiar las políticas internas del STFRM. La solicitud de aumento salarial revivió la tradición de lucha política del gremio ferrocarrilero, y generó el despertar de los líderes locales y nacionales. Tal fue el caso de Demetrio Vallejo, que en el 47 manifestó públicamente su inconformidad por los bajos salarios obtenidos y las agresiones que recibían sus compañeros por parte de las autoridades.

El 13 de Octubre el Comité Ejecutivo General y el Comité de Vigilancia y Fiscalización del STFRM acordaron la suspensión temporal del secretario general Díaz, por “querer dividir al sindicato en complicidad con el gobierno”. Al día siguiente, Jesús Díaz de León, apoyado por el ejército y la policía, tomó por asalto las oficinas generales.

Para el 26 de octubre, Luis Gómez Z. y otros dirigentes del sindicato ferrocarrilero estaban ya en la cárcel, consumándose de esta manera, en trece días, el “charrazo” del gobierno alemanista.

Con estos acuerdos de la sección 13, la lucha por el aumento salarial se transformó en lucha por la democracia sindical. En el marco del corporativismo sindical imperante, la democracia sindical se cargó de significado político y produjo dos de los rasgos más significativos del movimiento ferroviario: la participación masiva de los trabajadores y su inclinación a construir y sostener sus propios órganos de poder y representación sindical, paralelos al poder y a la representación institucional usurpados por el “charrismo” y el Estado.

A las diez de la mañana del día 26 de junio de 1958 el sistema ferrocarrilero quedó paralizado, se suspendieron durante dos horas las actividades de oficinas, talleres y trenes en camino.

El segundo paro se produjo el 27 de junio, con una duración de cuatro horas. Al mismo tiempo, comenzó el desmantelamiento del poder de los charros. En varias secciones, los comités ejecutivos locales fueron desconocidos.

El 28 de junio el paro fue de seis horas.

El 29 de ocho horas.

El 30 de diez horas. En este punto, el presidente de la República decidió intervenir de manera directa.

El primero de julio el presidente de la República y la representación de los trabajadores insurgentes acordaron un aumento de 215 pesos mensuales a 58 mil 578 trabajadores de los FNM y cien pesos mensuales para ocho mil 647 trabajadores jubilados, a partir de ese mismo día.

Los paros de julio y agosto.

Debe subrayarse que, para el primero de julio, en 22 de las 29 secciones había nuevos comités ejecutivos locales. Sobre esa base, la Gran Comisión resolvió desconocer al Comité Ejecutivo Nacional.

El 8 de julio, Samuel Ortega Hernández renunció a su puesto y lo cedió a Salvador Quezada Cortés. La maniobra, sin embargo, no fructificó. No impidió que se instalaran dos convenciones ferrocarrileras y que el 14 de julio la Convención Democrática eligiera a Demetrio Vallejo Martínez como nuevo secretario general, y que con esta decisión diera remate al proceso constitutivo de un órgano central de poder sindical paralelo.

El 23 de julio, el ejecutivo vallejista le comunicó a la empresa que si para las diez horas del día 26 de julio no reconocía al comité ejecutivo general y a los comités ejecutivos locales los ferrocarrileros pararían sus labores en todo el sistema ferrocarrilero. El 26 de julio, en efecto, los ferroviarios suspendieron por dos horas sus labores. El gobierno ofreció discutir. Se suspendieron los paros y se abrió un periodo de negociación de 72 horas. No hubo acuerdo. Los paros se reanudaron el 31 de julio. El 1 de agosto el paro fue de tres horas. El 2 de agosto el paro fue de cinco horas. El gobierno desató la represión sobre los ferrocarrileros en todo el país. Pero estos no se rindieron. Estallaron la huelga general. El 3 de agosto la huelga nacional siguió inamovible. El 4 de agosto el gobierno cedió, se abrieron las negociaciones. La huelga general siguió el día 5 de agosto. Para el 6 de agosto la batalla estaba ganada. El gobierno aceptó que se convocara a elecciones en un plazo no mayor de quince días.

Del 12 al 20 de agosto se celebraron las elecciones. El resultado de las mismas arrojó que el movimiento democratizador había triunfado. Las masas habían impuesto su voluntad al Estado y al capital. El 27 de agosto se llevó a cabo el cambio de dirección sindical. El nuevo Comité Ejecutivo del sindicato ferrocarrilero quedó conformado por Demetrio Vallejo, secretario general; Gilberto Rojo Robles, secretario de Organización y Educación; J. Antonio Meza Antúnez, tesorero; Lauro Bonilla Guzmán, secretario de Ajustes por Oficinas; J. Trinidad Estrada Castillo, secretario de Ajustes por Trenes; Jesús Rangel Maldonado, secretario general de Ajustes por Alambre; Antonio Sánchez R., secretario general de Ajustes por Talleres; José María Márquez, secretario general de Ajustes por Vía y Enrique Santos Gaona, apoderado general.

Ofensiva del Estado y derrota ferrocarrilera.

Para agosto, el Estado se dedicó a crear y organizar las condiciones necesarias para recuperar el control sobre el sindicato. Su política se orientó en tres direcciones:

a) Unificó a los “charros” en contra del ejecutivo vallejista.

b) Impulsó una intensa campaña de medios para crear una opinión pública adversa al sindicato ferrocarrilero .

c) Rompió el sistema de alianzas sindicales vertebradas por el movimiento ferrocarrilero.

Esta política del Estado tuvo éxito; para diciembre de 1958, entre sus logros estaban: organizar una oposición sindical “charrista” al interior del sindicato; crear la división en el comité ejecutivo nacional, romper el sistema de alianzas obreras de la insurgencia democrática y, mediante el sindicalismo oficial, controlar la eventual movilización de los trabajadores sometidos al sistema de dominación sindical.

En febrero de 1959 las revisiones contractuales fueron usadas por el Estado para aislar políticamente al sindicato. Apenas firmado el convenio el Estado, por medio de la empresa, inició una fuerte campaña de prensa en contra de la dirección y la organización sindical. Con la represión y la derrota ferrocarrilera de marzo de 1959 concluyeron, finalmente, siete meses de contrainsurgencia estatal.

Represión y consolidación del “charrismo”.

Después de tantas huelgas, el Estado despidió a los trabajadores más combativos, mantuvo encarcelados por años a los representantes sindicales fieles a su clase e hizo todos los esfuerzos necesarios para consolidar la reinstalación del “charrismo”.

El 28 de marzo se formó una comisión representativa, el “cuadrilátero”, que creó comisiones representativas análogas, es decir, “charras”, a fin de destituir a las representaciones sindicales foráneas y establecer su control. Para el 6 de abril, el “cuadrilátero” instaló la VII Convención General Extraordinaria del STFRM y el día 11 del mismo mes, la Secretaría del Trabajo reconoció oficialmente al nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

Al retomar los charros el poder, los mecanismos de control obrero abolidos por la insurgencia ferroviaria fueron puestos en vigor nuevamente. Se autorizó a la empresa para hacer uso de la cláusula 180, que ponía en manos de ésta la facultad de suprimir puestos, reducir salarios, cambiar residencias y demás, sin tomar en cuenta a los trabajadores.

El ejercicio práctico de la democracia obrera en el STFRM transitó entonces de la represión a la reinstalación de la dominación corporativa, pasando por una resistencia obrera vencida. Esta fue una fase de transición que empezó en abril de 1959 y terminó en 1961. Fue un periodo en el que el Ejecutivo General presidido por Alfredo A. Fabela dominó con base en terror y represión: “agentes especiales”, despidos y supresión de derechos sindicales.

Un periodo en el que la resistencia de los trabajadores cobró vida en el Consejo Nacional Ferrocarrilero (CNF).

Y una vez que Luis Gómez Z. tenía más experiencia política, se encargó de dividir al Consejo Nacional Ferrocarrilero y colocó a la oposición obrera en una situación de impotencia durante el resto de la década de los sesenta.