Notificación de Demanda_ Traba de litis

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Agréguese sin foliar las copias para traslado.-

Hágase saber el Juez que va a conocer.

Proveyendo el escrito de inicio, téngase por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio legal.

Agréguese el bono de derecho fijo y la documental acompañada.

Ténganse presente la prueba ofrecida, el caso federal planteado y las autorizaciones conferidas.

Atento al estado de autos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de la ley 25.488 y en virtud de lo prescripto en el art. 319 del C.P.C.C.N., sustituido por dicha norma legal, imprímase al presente juicio las normas del proceso ordinario previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

De la demanda interpuesta, traslado a la A.N.Se.S. por el término de sesenta días (conf. art. 338 del C.P.C.C.N. y 9 de la ley 25.344).

Atento a lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa “C.P.A.C.F. c/E.N. –

P.E.N. – Ley 25.414 – Dto. 1204/01 s/amparo”, C. 270 LXL, del 04-11-08, en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 3º y 5º del decreto 1.204/01, hágasele saber a la parte demandada que deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en el art. 51, inc. d), de la ley 23.187, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ponerlo en conocimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Notifíquese a la demandada lo dispuesto en la presente por Secretaría en forma masiva, adjuntándose las copias respectivas al efecto.

PROMUEVE DEMANDA.

IMPUGNA JUDICIALMENTE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE ALCANCE PARTICULAR.

Señor Juez Federal:

OBJETO.

Que vengo a promover formal demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.e.S.), a tenor de la legitimación pasiva conferida por el artículo 15 de la Ley 24.463, con domicilio real en la calle Paseo Colón 329, piso 7º de esta Capital Federal, impugnando judicialmente por vía de acción ordinaria un acto administrativo de alcance particular que ha dictado (Arts. 14 y 15 de la Ley 24.463) y solicitando en consecuencia:

Corrección de remuneraciones históricas.

Solicito se rectifiquen las remuneraciones históricas consignadas en la resolución que otorgó el beneficio previsional, puesto que difieren de las informadas en las certificaciones de servicios, que es la fuente documental de la que deben extraerse, según se expondrá.

Reajuste de haber.

El reajuste del beneficio previsional de mi mandante, recalculándolo en su determinación original de conformidad a la ley del cese por la cual adquirió irrevocablemente sus derechos y adecuándolo en su justa movilidad, sin tope ni límite alguno; con más los retroactivos correspondientes a las diferencias que se verifiquen mes por mes, entre lo que se debió haber pagado y lo efectivamente abonado, debidamente actualizados con más los intereses que fije V.S. hasta el efectivo cobro y las costas de este proceso.

A tal fin, pido a V.S. se decrete la expresa inconstitucionalidad de todas las normas que se atacarán puntualmente en el curso de esta presentación, por afectar principalmente las garantías consagradas en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.

OPORTUNIDAD DE ESTA PRESENTACION.

Me notifico personal y espontáneamente en este acto de interposición de la demanda de la resolución administrativa que se impugna ante V.S. por lo cual, a tenor de la seriedad y jerarquía de los derechos defendidos, se torna innecesario recurrir a ningún otro medio de notificación y esta presentación queda interpuesta dentro del plazo de “caducidad” del artículo 25 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, en concordancia con el artículo 41 inciso b) del Decreto 1759/72 que la reglamenta.

Corresponde tener presente a todo evento que toda otra notificación distinta de esta personal es necesariamente inválida por no adecuarse a la normativa citada. Enseña Brito Peret, José I y Jaime, Raúl (Comentario al Régimen del Procedimiento Previsional, Buenos Aires, Astrea, 1989, pág. 43) que:"la presentación espontánea del interesado de la que resulte estar en conocimiento del acto respectivo es el medio de notificación que, como es sabido, han utilizado los organismos nacionales de previsión, que se han ajustado de hecho a este procedimiento, por notorias razones de economía; en efecto, dichos organismos notifican sus resoluciones por un medio inválido (por pieza postal certificada con aviso de recepción) en la inteligencia de que la posterior presentación del recurrente para impugnar el acto notificado, sanea la deficiencia apuntada.". Además debe estarse a sus principios de informalismo (Art. 1 inc. c) de la LPA) y considerar a las presentaciones hechas en término “en caso de duda” (Art 25 quinto párrafo de su Decreto Reglamentario). Y enseña Hutchinson (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Ley 19.549. Bs As, Astrea, 1987. Tomo II pag 141 y siguientes), que " ... la notificación por carta certificada con aviso de retorno no sirve como notificación fehaciente, porque prueba la recepción pero no su contenido." Por otra parte si la Anses considerara vencido el plazo del artículo 25 inciso a) de la Ley 19.549, la procedencia de una denuncia por ilegitimidad no puede impedirse y “prácticamente se impone” (Cf. Hutchinson, op.cit. Tomo 1, pág. 482).

HECHOS.

Corrección de remuneraciones históricas.

Solicito también se rectifiquen las remuneraciones históricas consignadas en la resolución que otorgó el beneficio previsional, puesto que difieren de las informadas en las certificaciones de servicios, que es la fuente documental de la que deben extraerse.

No obstante, y del estudio realizado, siendo que las remuneraciones consignadas en la certificación de servicios superan el tope de aportes fijado para la época, vengo a solicitar se decrete su inconstitucionalidad según fuera peticionado en el presente reclamo.

Reajuste de haber.

Solicito entonces, se rectifique su haber, declarándose la inconstitucionalidad de las normas que lo han atrofiado, en la especie el procedimiento de cálculo, movilidad y tope establecido por la Ley 24.241, incluso respecto de la proporción correspondiente a la ex AFJP, cuyo monto quedó incluido al SIPA por ley 26.425, debiendo atenderse a lo dispuesto por la ley 18.038 en sus lineamientos.

El haber originario fue calculado siguiéndose el procedimiento de la ley del cese, produciéndose una situación inicial lesiva y agravada por la ausencia de una adecuada movilidad y la aplicación de topes, sufriendo un deterioro constante, progresivo y confiscatorio de su haber, por lo cual inició un reclamo ante la demandada, tachando de inconstitucional e irrazonables la aplicación de sus mecanismos de cálculo inicial, movilidad y tope, que concluyó con la resolución administrativa negativa que dejó abierta la vía de la acción judicial por impugnación que hoy se desarrolla. Porque esta disminución produce una lesión actual grave, injusta, abusiva y confiscatoria a sus legítimos derechos constitucionales.

La petición administrativa incluyó entonces el reclamo por la disminución injusta del monto del beneficio originario, su injusta determinación original, y su inadecuada movilidad y tope.

Mi mandante trabajó y aportó toda su vida: no pide una gratuidad o una subsidiariedad propias de un régimen de seguro social, sino el reconocimiento de su derecho, a tenor del restablecimiento de los derechos adquiridos por la ley del cese, y de la necesaria naturaleza sustitutiva de su beneficio.

Su tercera edad se ve ensombrecida por este agravio moral que provoca la angustia, la incertidumbre, y la triste realidad de verse obligado a litigar contra un adversario cada vez más poderoso, el Estado Nacional, siendo que éste, precisamente una persona de bien para la filosofía, era el llamado a asegurar y proporcionar la paz y la seguridad que requiere esta contingencia y por el contrario aplica la potestad normativa como una vía de hecho, como una herramienta deleznable al servicio del incumplimiento de sus deberes, como fue el dictado de la Ley 24.463, transformando a estos procesos en una especie de tormento (Art. 18 de la CN), y la práctica de apelar todas las resoluciones de modo bochornoso, tratando de asegurar que el Estado no cumpla con sus obligaciones, y ello al margen de su prosperidad o insolvencia.

Se falle esta causa haciéndose lugar a esta impugnación judicial de la resolución administrativa de la Anses y se disponga que el haber de mi mandante que se fije, deberá guardar una diferencia que no resulte confiscatoria a tenor del haber de actividad.

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