Unidad Uno

Santander Uno

Metodología para la gestión comunitaria.

Apuesta general de la metodología.

Marco teórico y conceptual

El análisis del territorio social exige integrar múltiples perspectivas contemporáneas. En la literatura latinoamericana destacan enfoques que subrayan la importancia de los saberes locales, las redes sociales y las dinámicas de poder. Por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos propone una “epistemología del Sur” para defender la diversidad epistémica y la horizontalidad de conocimientos entre comunidades. Manuel Castells, en tanto, llama “espacio de los flujos” al entramado de redes reales (humanas y tecnológicas) que conectan barrios y regiones más allá de distancias geográficas. Rita Segato analiza cómo los conflictos de género se territorializan en la violencia contra las mujeres, describiendo el cuerpo femenino como «territorio» de dominación social Néstor García Canclini examina las identidades culturales híbridas que surgen de estos flujos globales. Estos autores –sumados a perspectivas latinoamericanas sobre la ciudad y el campo– orientan la comprensión de un territorio visto como espacio socialmente construido y diverso.

En el contexto colombiano, el marco legal complementa estas ideas. La Constitución de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho que obliga a incluir a todos los ciudadanos en la vida política. La Ley 1801 de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2016) enfatiza cuatro categorías –seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública– como pilares de una convivencia armónica La definición estatal de convivencia es «la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente» De esta forma se enfatiza que la seguridad ciudadana debe articular a la Policía, la ciudadanía y otras instituciones en un esfuerzo compartido para prevenir el delito y preservar el orden, respetando derechos y culturas diversas.

1. Diversidad cultural, seguridad y convivencia ciudadana

La diversidad cultural refiere a la coexistencia de múltiples etnias, lenguas, religiones y formas de vida en un territorio. En Colombia conviven pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, migrantes y asentamientos urbanos con costumbres propias. Esta pluralidad exige un enfoque policial intercultural: conocer los valores, símbolos y prácticas locales para actuar con legitimidad. Santos señala que la desigualdad histórica («colonialismo» más «capitalismo») intentó homogeneizar el territorio, pero las comunidades han resistido reclamando su «raíz» cultural. El reconocimiento constitucional (art. 7) de Colombia como nación pluriétnica exige al policía capacitarse en respeto de diferencias y fomento de la convivencia.

Enfoque de derechos. La Constitución y leyes (como la Ley 1448/2011 de víctimas) subrayan la participación de los grupos vulnerables: «adaptar el enfoque permitirá que las voces de los más vulnerables sean parte integral» de la estrategia pública Esto implica adaptar protocolos policiales a contextos rurales, rurales y urbanos, e incluir mediadores culturales o traductores cuando sea necesario.
Epistemología del Sur (Santos). Se defiende la diversidad epistémica: todos los sectores tienen saberes valiosos. La policía debe dialogar con autoridades indígenas y líderes comunitarios, reconociendo sabiduría tradicional (por ejemplo, justicia comunal, consejos de comunidad). Formar policías en antropología social ayuda a entender el significado de símbolos locales (p. ej. vestimenta, rituales) y evita conflictos culturales.
Contexto latinoamericano. García Canclini destaca que las identidades hoy se mezclan en procesos interétnicos internacionales. La policía colombiana puede aprender de experiencias regionales (policía comunitaria en Brasil o Costa Rica) para promover la integración social. Un ejemplo es desarrollar policías bilingües o equipos mixtos que atiendan zonas indígenas, aplicando campañas de convivencia adaptadas a las realidades locales.
Seguridad ciudadana y cultura. La seguridad no es solo represión del delito sino construir clima de confianza. Un enfoque culturalmente sensible previene la alienación de grupos diversos. Así, se fomenta el respeto mutuo como factor clave para la convivencia.

Aplicación práctica: Entrenar a los policías en competencias interculturales, por ejemplo a través de talleres con antropólogos o líderes sociales. Diseñar campañas de convivencia que hablen el idioma cultural de la comunidad (literal y simbólicamente). Integrar líderes comunitarios (líderes étnicos, juveniles, religiosos) en mesas locales de seguridad para planear acciones preventivas. De este modo la policía fortalece la corresponsabilidad, acorde con el principio de participación ciudadana.

2. Tejido social: actores, factores, riesgos y dinámicas sociales

El tejido social es la red de relaciones entre individuos, familias, organizaciones e instituciones que da cohesión a la comunidad. Incluye vínculos de confianza y colaboración. Según los estudios de desarrollo social, fortalecer el tejido equivale a invertir en capital humano (educación, salud) y capital social (redes comunitarias, participación). Estos esfuerzos abarcan ámbitos como la seguridad ciudadana, pues se basa en respeto mutuo y solidaridad entre vecinos. El tejido social sano reduce la pobreza y la desigualdad, mitigando riesgos colectivos.

Actores del tejido social: Familia, vecinos, asociaciones barriales, juntas de acción comunal, organizaciones religiosas, ONGs, instituciones educativas y empresariales. También participan líderes informales: jefes de pandillas juveniles o grupos de autodefensa. Cada actor cumple un rol: la familia socializa normas, las ONGs educan en prevención, etc. La Policía es uno más de estos actores: idealmente colabora con la comunidad en un rol integrador (policía comunitaria).
Factores que moldean el tejido: Variables económicas (desempleo, pobreza), demográficas (densidad urbana, migración), educativas y tecnológicas (acceso a información). Por ejemplo, barrios marginados con pocos servicios tienden a mayor fragmentación. La desigualdad urbana persistente se explica en buena parte por el «espacio de los flujos» de Castells: barrios conectados con redes de mayor poder socioeconómico mantienen ventajas, mientras los periféricos quedan aislados.. Otra dimensión es la violencia estructural: la ausencia de servicios básicos (salud, educación, inclusión) crea privaciones percibidas como injusticia.. Todo ello amenaza los lazos de convivencia.
Riesgos y amenazas sociales: La Policía identifica como riesgo social cualquier peligro que amenace las costumbres y prácticas culturales de la comunidad Esto incluye la violencia directa (criminalidad) y la violencia cultural (ideologías que justifican la agresión). La fragmentación social, la discriminación o la impunidad actúan como riesgos: reducen la confianza ciudadana y pueden alimentar conflictos. Por ejemplo, altas tasas de desempleo o exclusión escolar suelen correlacionarse con aumentos en violencia juvenil. Una comunidad sin redes solidarias también tiene menos capacidad de autorregulación (menor presión social contra la delincuencia).
Dinámicas sociales: El tejido social es dinámico y puede fortalecerse o debilitarse. Ejemplos de fortalecimiento: creación de clubes de barrio, brigadas de seguridad ciudadana, cooperación entre vecinos para mantenimiento del espacio público. Debilitamiento: crecimiento de pandillas sin vínculos con la comunidad, o desplazamientos forzados que rompen lazos vecinales. Estudios demuestran que existen distintos perfiles de organizaciones comunitarias (por ejemplo, Premium, Estables, Débiles, Desposeídas) que influyen en la seguridad local. Los grupos fuertes con alta conectividad ocupan posiciones centrales en la red social, conectando gobierno y ciudadanía. En La Pintana (Chile) se observó que los barrios con organizaciones comunitarias sólidas (redes Premium/Estables) concentraban menos delitos, salvo en casos de violencia intrafamiliar o droga. Esto sugiere que fortalecer el capital social puede inhibir la delincuencia general.

Aplicación práctica: La labor policial preventiva debería integrar estrategias de fortalecimiento del tejido social. Esto implica, por ejemplo, apoyar la creación de comités vecinales de convivencia, vincular a ONG y colegios en programas de vigilancia escolar, y realizar operativos conjuntos con líderes locales. Las estadísticas muestran que cuando la comunidad coopera (denuncia, patrulla voluntaria), la percepción de seguridad mejora. Por ello, la Policía debe actuar como facilitador de redes: compartir información con grupos de vecinos, motivar programas de mentoría juvenil, mediación de conflictos vecinales y promover jornadas de diálogo barrio-autoridades.

3. Estructura y funcionamiento de grupos sociales

Un grupo social es un conjunto de individuos (al menos dos) que interactúan para cumplir fines comunes dentro de la sociedad. Según la sociología, los grupos tienen lazos duraderos, normas y valores compartidos, y objetivos acordados que buscan el bien común del grupo La pertenencia implica identidad compartida (por ejemplo, cultura, creencias o clase socioeconómica)

Componentes de estructura grupal: Roles y liderazgo. En todo grupo existen líderes formales o informales que coordinan las actividades internas: «Los líderes formales o informales son el punto fuerte de la trama de interacciones en un grupo social» También hay reglas (escritas o tácitas) que dictan la conducta de los miembros. Por ejemplo, en una pandilla juvenil puede haber un líder carismático (informal) y un código de silencio; en una organización comunitaria existe una junta directiva legalmente registrada.
Tipos de grupos: Pueden ser formales (ONG, empresas, partidos políticos) o informales (familias extensas, pandillas, redes de ayuda mutua). También se clasifican según su alcance: grupos primarios (alta intimidad, como la familia) y secundarios (más impersonales, como sindicatos o gremios). Independientemente del tipo, todo grupo influye en sus miembros (aportando apoyo o presionando para conformidad).
Redes y flujos: Castells sugiere ver los grupos como nodos en una red más amplia. Así, las relaciones de los miembros de un grupo (por ejemplo, conexiones familiares o profesionales) integran al grupo en el “espacio de flujos”Esto significa que las acciones de un grupo local están condicionadas por interacciones más amplias (políticas, económicas). En términos policiales, entender cómo un grupo local conecta con otras organizaciones (por ejemplo, federaciones de comunidades) ayuda a planear intervenciones coordinadas.
Cohesión y conflicto: La cohesión interna mide cuánto se apoyan los miembros entre sí. Un grupo altamente cohesionado (p. ej. una comunidad indígena unida) suele disuadir la disolución interna y facilitar la cooperación con la Policía. En cambio, un grupo fragmentado (dividido por intereses o rencores) puede ser inestable e impredecible. La interacción entre grupos puede ser cooperativa (alianzas, negociación) o conflictiva (disputas territoriales, competencia económica). La Policía debe mapear estas relaciones intergrupales para anticipar focos de tensión.

Aplicación práctica: Al patrullar o intervenir en un sector, el policía puede identificar rápidamente las estructuras clave: por ejemplo, quiénes son los líderes comunitarios o de pandilla, y cuáles son las normas locales. Conocer el organigrama informal (en medios de comunicación local o redes sociales) ayuda a encarar protestas o resolver disputas. En operativos, distinguir entre líderes formales (alcaldes, ediles, jueces de paz) e informales (cacicazgos, caciques) permite un diálogo adecuado. Asimismo, fomentar espacios de interacción (mesas de trabajo, consejos comunitarios) fortalece la cohesión grupal enfocada hacia la legalidad y el respeto mutuo.

4. Influencia de variables sociales en la convivencia

Diversas variables sociales configuran la convivencia. No actúan aisladamente sino en interrelación, definiendo contextos de paz o de conflicto. Entre las más importantes se encuentran:

Económicas: La pobreza y la desigualdad son raíces clásicas de la exclusión y la violencia. Sectores empobrecidos (falta de acceso al empleo, vivienda inadecuada) tienen mayor riesgo de generar economías ilegales (microtráfico, hurto) como medio de supervivencia. Las condiciones precarias también refuerzan la violencia estructural (según Galtung): «ausencia de mínimos vitales» como salud y educación Por eso, la Policía no sólo reprime delincuencia, sino que opera en contexto de desarrollo social: programas de prevención deben orientarse a reducir la brecha social que alimenta la criminalidad.
Culturales e identitarias: Las normas sociales y creencias influyen en la tolerancia al delito. Por ejemplo, en entornos con cultura de vigilancia (vigilantes de barrio) se promueve la denuncia y la solidaridad, mientras que subculturas delictivas las desincentivan. Rita Segato destaca el peso del patriarcado colonial: la violencia contra la mujer es un mecanismo de imposición de poder en el territorio social. En este sentido, el machismo se constituye en variable que distorsiona la convivencia al normalizar agresiones de género. Por ello, las campañas comunitarias de convivencia deben desafiar esos mitos culturales.
Educación y medios: El nivel educativo modera la convivencia: comunidades con mejor acceso a la educación generan capital social (ciudadanos informados dispuestos a dialogar). En cambio, la desinformación (por rumores o fake news en redes) puede aumentar temores infundados y tensiones. Por ejemplo, la “sociedad del miedo” actual es alimentada por amplificación mediática de crímenes aislados. La Policía debe comunicar hechos con transparencia y fomentar alfabetización mediática para evitar la espiral del miedo.
Demográficas: La concentración urbana rápida, el hacinamiento y el desplazamiento interno crean heterogeneidad demográfica que la convivencia debe gestionar. Un alto porcentaje de población juvenil (con pocas oportunidades laborales) incrementa la presión social. La movilidad (migración y desplazamientos forzados) genera nuevas composiciones vecinales, donde desconocidos comparten espacio público. La Policía debe adaptarse a estos cambios demográficos: p. ej. aumentando presencia preventiva en barrios con alta densidad juvenil para evitar pandillas.
Institucionales y legales: La eficacia del Estado y la confianza en las instituciones moldean la convivencia. Altos índices de corrupción o impunidad minan la legitimidad policial. El incremento de la no denuncia (hasta 69% de víctimas en Colombia) muestra desconfianza ciudadana. Variables como el cumplimiento de la ley o la claridad normativa impactan la convivencia; leyes con enfoque restaurativo (apoyo social) suelen dar mejores resultados que enfoques punitivos. La capacitación continua en derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza son variables clave para fortalecer la convivencia desde la labor policial.

En suma, el impacto de estas variables requiere un análisis integral: por ejemplo, la pobreza aumenta la delincuencia, pero sólo en contextos donde además falta capital social y cooperación. De igual manera, mejorar la convivencia implica simultáneamente políticas sociales (salud, educación, empleo) y policiales (presencia comunitaria, mediación de conflictos). El énfasis contemporáneo es entender la seguridad ciudadana como responsabilidad compartida Estado–ciudadanos.

Conclusión práctica para la formación policial

En el nuevo paradigma de seguridad ciudadana, la Policía debe desempeñarse no sólo como fuerza de control, sino como agente de gestión social y territorial. El estudio de la diversidad cultural, el tejido social y la estructura de los grupos aporta herramientas críticas:

Diagnóstico contextualizado. Antes de intervenir, es preciso analizar el entorno social: ¿qué etnias habitan la zona? ¿qué organizaciones existen? ¿qué variables (económicas, culturales) tienen mayor incidencia? Mapear actores claves y vulnerabilidades permite planificar acciones focalizadas.
Enfoque preventivo y comunitario. La formación policial debe promover la comunicación con la comunidad, uso de diplomacia y negociación, y apoyo a iniciativas locales (p.ej. comités de seguridad). Refleja la convicción de que la seguridad dura nace de la confianza mutua.
Políticas interculturales. Adaptar protocolos policiales a las realidades culturales. Esto implica, por ejemplo, respetar autoridades indígenas en consultas sobre usos del suelo, o prevenir violencia doméstica con criterios de género, conforme a lo planteado por Segato.
Articulación interinstitucional. Trabajar con otras dependencias (sociales, educativas, ONG) para atender las variables estructurales: seguridad y convivencia no se logran sólo con patrullaje. Facilitar espacios de diálogo multi-actores fortalece la capacidad preventiva.

En conclusión, integrar las perspectivas teóricas y conceptuales garantiza que la Policía actúe sobre el tejido social, no sólo sobre sus manifestaciones delictivas. Como reza la estrategia institucional, “inclusión, transparencia y colaboración” son principios rectores: aplicarlos significa reconocer el valor del ciudadano como “componente clave para enfrentar los desafíos de seguridad y construir una convivencia pacífica”

Fuentes: Principales teorías sociopolíticas latinoamericanas (Santos, Castells, Segato, García Canclini) y normativa colombiana sobre convivencia y seguridad

El territorio como categoría de análisis

El territorio es una categoría social compleja que integra dimensiones físicas, políticas y socioculturales. No se trata únicamente del espacio geográfico objetivo, sino de un espacio socialmente producido y disputado por distintos actores. Según Raffestin (1981), “el territorio se genera a partir del espacio” mediante la acción de agentes diversos (el Estado, colectivos locales, individuos) y su “territorialización” implica establecer límites (administrativos, patrimoniales, identitarios)

Esta perspectiva coincide con Lefebvre (1974), para quien todo espacio social (incluido el territorial) es terreno de disputas constantes por su definición, uso y control. En el contexto de la Policía Nacional de Colombia, dicha noción se refleja en los diagnósticos de seguridad: la Guía PISCC subraya la elaboración de “radiografías de las realidades que se viven en cada territorio”, y el modelo de vigilancia comunitaria enfatiza la “comprensión contextual” de riesgos en los territorios, atendiendo sus dimensiones económicas, políticas y culturales. En síntesis, el territorio es entendido como el resultado dinámico de relaciones sociales, económicas y políticas en un espacio dado, construido históricamente y sujeto a conflictos de poder.

Elementos del territorio

Los estudios geográficos y sociales coinciden en que el territorio se compone de elementos físicos, político-administrativos y socioculturales. Estas dimensiones se articulan para definir qué y cómo es un territorio determinado:

Físico: Comprende el espacio natural (superficie terrestre, subsuelo, recursos naturales como agua, bosques, minerales, etc.) y sus componentes ambientales. Legalmente, el territorio nacional incluye “un espacio terrestre” (suelo y subsuelo) con todos los elementos naturales y artificiales, un espacio marítimo cercano a la costa y un espacio aéreo bajo soberanía estatal. Por ejemplo, el territorio colombiano comprende montañas, llanuras, ríos y costas, todos ellos base material de la región. La geografía clásica describía estos elementos como la base material de un Estado (Ratzel) o el “receptáculo” legítimo donde se ejerce el poder estatal.

Político-administrativo: Incluye las divisiones territoriales y la organización estatal. Se refiere a fronteras nacionales, límites departamentales y municipales, así como la distribución de competencias de gobierno. Cada jurisdicción (departamento, municipio) gestiona su territorio de acuerdo con la Constitución y leyes vigentes. El territorio así entendido es el ámbito del ejercicio de la soberanía; por ejemplo, según Weber (1919), el Estado es “la comunidad humana que, dentro de un determinado territorio […] reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”. En Colombia, desde la Constitución de 1991 las autoridades territoriales (gobernadores y alcaldes) cuentan con atribuciones en seguridad y convivencia ciudadana, reconociendo legalmente la dimensión política del territorio. En resumen, este elemento abarca todo lo que define el territorio como unidad del Estado: soberanía, fronteras, límites y marcos jurídicos (embajadas, consulados, etc.).

Sociocultural: Refiere a los aspectos simbólicos, identitarios y culturales que los grupos humanos atribuyen al territorio. Incluye las prácticas cotidianas, creencias, lenguas y memoria colectiva vinculadas a un lugar. En palabras de Navarro (2002) citada en la literatura, un territorio es el resultado de relaciones sociales en un espacio determinado y contiene “conjuntos de significado o complejos simbólicos” construidos por esas sociedades en el entorno natural. En este sentido, elementos como la identidad local, los patrimonios históricos o los usos consuetudinarios del territorio son esenciales. Por ejemplo, las comunidades étnicas reivindican el territorio como espacio de jurisdicción propio (reservas indígenas, territorios negros) y desarrollan luchas por el control de “elementos del territorio” como tierra y agua. Así, además de lo físico y administrativo, el territorio incluye la trama social que lo habita y lo resignifica culturalmente.

Enfoques de análisis del territorio

El territorio puede estudiarse desde diversas perspectivas analíticas, según el interés disciplinario:

Enfoque geográfico: Se centra en la configuración espacial y las características naturales del territorio. Analiza la distribución del relieve, los climas, la hidrografía y la infraestructura (mapas, sistemas de información geográfica). En este enfoque se identifican regiones físicas (montañas, llanuras, cuencas hidrográficas) y se describen procesos ambientales o geomorfológicos. Asimismo, la geografía política clásica estudiaba cómo se delinean fronteras y se organiza el espacio nacional (por ejemplo, la obra de Ratzel,). Un planteamiento geográfico define el territorio en términos de extensión y límites, como “base material de un Estado constituido”.

Enfoque social: Examina al territorio como espacio de relaciones humanas y prácticas sociales. Aquí se indaga cómo las personas construyen sentidos y usos del territorio. En esta perspectiva, el territorio es un producto de la acción colectiva: por ejemplo, Milton Santos entiende la naturaleza y la sociedad como un “sistema de configuraciones de objetos materiales y sociales” inseparable. Desde esta óptica se analizan dinámicas comunitarias (organización vecinal, usos de la tierra, rituales), la diferenciación social en el espacio y la forma en que diversos actores (género, grupos étnicos, gremios) se apropián del territorio. Como señalan estudios críticos, el territorio es un “campo de luchas por su control, apropiación [y] defensa” de grupos sociales, con múltiples lealtades (étnicas, comunales, regionales). Dicho de otro modo, el enfoque social reconoce la dimensión simbólica del espacio: el territorio vive en la cultura y la memoria de su población.

Enfoque político: Destaca el territorio como escenario de poder y gobernanza. Analiza la acción de instituciones estatales y grupos políticos en el espacio. Por ejemplo, define cómo el Estado ejerce el monopolio de la fuerza en el territorio (Weber) y cómo se establecen “regiones político-administrativas” y soberanías (Ratzel). También se estudian las disputas por el orden público (conflicto armado, control policivo) y la implementación de políticas públicas según la demarcación territorial. En seguridad, este enfoque evalúa cómo las fuerzas del orden patrullan y planifican por zonas específicas, y cómo las divisiones administrativas condicionan las estrategias (orden público municipal vs. departamental). Por ejemplo, la Policía Nacional define la prevención basándose en análisis “contextual y diferencial” de riesgos por territorio, integrando la arista política (autoridades), la jurídica (normas locales) y la organizativa (instituciones públicas y privadas).

Enfoque económico: Considera el territorio según sus recursos y redes productivas. Se enfoca en la explotación de tierras, la infraestructura (vías, puertos), mercados, inversión y flujos financieros. Analiza cómo la economía global y local transforma el espacio: industrias extractivas, agricultura comercial, urbanización. Desde esta visión, se mide el desarrollo económico regional, la división del trabajo espacial y la interdependencia entre centros urbanos y zonas rurales. Por ejemplo, Gottmann vincula territorio y economía al señalar que la relación de las personas con su territorio se manifiesta también de modo económico. Asimismo, en los diagnósticos de seguridad la Policía reconoce que los fenómenos delictuales en los territorios están ligados a “dinámicas económicas” locales (como mercado ilegal de recursos). En resumen, este enfoque revela cómo el valor económico del suelo y los recursos (minería, agroindustria, servicios) configura el territorio.

Cada uno de estos enfoques aporta una capa de análisis distinta (imagen del espacio, estructura social, poder estatal, potencial económico), pero todos son complementarios. La teoría crítica del territorio insiste en integrarlos, mostrando que el territorio es simultáneamente naturalizado y construido, local y global. Por ello, estudios actuales subrayan la necesidad de un enfoque multidimensional, tal como plantea la Guía PISCC al proponer acciones en diferentes dimensiones del territorio.

Historia del pensamiento territorial en Colombia

El interés por el territorio en Colombia ha evolucionado con la historia del país. En época colonial la geografía era principalmente descriptiva. Viajeros y cronistas (como Lucas Fernández de Piedrahita) redactaron relatos sobre naturaleza y etnias locales, pero sin teoría sistemática. Fue en el siglo XIX cuando surgieron proyectos científicos significativos: la Expedición Botánica (1783–1816) liderada por José Celestino Mutis (y Francisco José de Caldas) catalogó la flora, suelos y clima del territorio nacional, y la Comisión Corográfica (1850–1859) del italiano Agustín Codazzi produjo mapas y textos clave (por ejemplo, la Geografía física y política de las provincias de la Nueva Granada). Estas obras definieron por primera vez el territorio colombiano en términos físicos y administrativos, sentando las bases de la geografía nacional. En el siglo XX la geografía como disciplina se institucionalizó en Colombia. A partir de 1950 se crearon programas universitarios de geografía y se diversificaron los temas de investigación. Geógrafos como Ernesto Guhl y Enrique Pérez Arbeláez impulsaron estudios físicos y ecológicos de la región. Paralelamente, desde la teoría social se cuestionaba la visión monolítica del territorio estatal. El pensamiento geopolítico moderno (inspirado en Ratzel, Vidal de la Blache, etc.) definió al territorio como el espacio legítimo del Estado, base material de la soberanía. Sin embargo, en Colombia las luchas sociales (levantamientos campesinos, movilizaciones de comunidades étnicas) y el prolongado conflicto armado comenzaron a problematizar ese planteamiento. Investigadores recientes resaltan la tensión constante entre la concepción estatal unitaria del territorio y la realidad de actores múltiples: el Estado busca normalizar y controlar el espacio según criterios de soberanía y orden público, mientras grupos guerrilleros, paramilitares y economías ilegales fragmentan y disputan el territorio. En las últimas décadas esta reflexión crítica se ha traducido en políticas concretas. La Constitución de 1991 profundizó la descentralización: otorgó a municipios y departamentos atribuciones en seguridad y convivencia, reconoció territorios indígenas (con consejos indígenas autónomos) y promovió planes de desarrollo regional. Así, se abrió la puerta a concebir el territorio más allá de su dimensión física, incorporando lo socio-cultural y comunitario. Por ejemplo, desde 2011 se implementa la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada a los Planes Integrales (PISCC), que conciben la seguridad en clave territorial: cada municipio diseña intervenciones basadas en un diagnóstico de su propia realidad local. En este enfoque contemporáneo se retoma la noción de territorio como producto social y político, donde las fuerzas de seguridad deben entender las dinámicas culturales e institucionales locales para ser efectivas. En resumen, el pensamiento territorial en Colombia ha transitado desde la descripción física y administrativa clásica hacia un enfoque holístico y crítico. Autores clave del análisis espacial han influido en esta evolución: además de los geógrafos nacionales, el debate internacional de autores como Lefebvre (1974) y Raffestin (1981) impulsó la idea de que el territorio es espacio socialmente producido. Milton Santos, por su parte, aportó la perspectiva de que los “objetos materiales y sociales” del territorio están mediados por relaciones sociales. Estas visiones críticas refuerzan la comprensión actual en la academia y en la Policía: el territorio es inseparable de las relaciones de poder y las prácticas comunitarias. En la formación de los cadetes de la Policía Nacional, este marco teórico les permite analizar los territorios de Colombia como entes históricos y sociales, no meramente como escenarios neutrales, integrando así los enfoques físico, político, económico y sociocultural en la planeación de la seguridad y la convivencia ciudadana.

Bibliografía:

Ciudad Colaboración para la Convivencia (2014). Guía metodológica para la elaboración de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Bogotá: DNP-MinInterio.

Departamento Nacional de Planeación – DNP (2014). Convivencia y Seguridad Ciudadana: Radiografías territoriales. Bogotá.

Gottmann, J. (1998). Geography and Politics. Princeton University Press.

Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. Barcelona: Ediciones Península.

Policía Nacional de Colombia (2014). Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Tomo 2.2, Principios rectores. Bogotá.

Raffestin, C. (1981). Per una geografía del potere. Milán: Unicopli.

Sack, R. D. (1986). Human Territoriality: A Theory. New York: Columbia University Press.

Santos, M. (1996). A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec.

Nuevas percepciones del territorio, Espacio social y el Tiempo. Un estudio desde los conceptos tradicionales (o clásicos) hasta su concepción en el siglo XXI" (Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

https://www.aacademica.org/000-093/199.pdf

SciELO Brazil - Henri Lefebvre y el espacio social: aportes para analizar procesos de institucionalización de movimientos sociales en América Latina - La organización Barrial Tupac Amaru (Jujuy-Argentina) Henri Lefebvre y el espacio social: aportes para analizar procesos de institucionalización de movimientos sociales en América Latina - La organización Barrial Tupac Amaru (Jujuy-Argentina)

https://www.scielo.br/j/soc/a/TzhQcPSSjT6HNWdftcJ4wkF/

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https://esdeglibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/7/4/212?inline=1

Territorio Nacional - Qué es, sus elementos y subdivisiones

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Historia de la geografía en Colombia - Enciclopedia | La Red Cultural del Banco de la República

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Historia_de_la_geograf%C3%ADa_en_Colombia

Historia de la geografía en Colombia - Enciclopedia | La Red Cultural del Banco de la República

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Historia_de_la_geograf%C3%ADa_en_Colombia

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