Gestión Comunitaria de la Policía Nacional de Colombia

A continuación encontrará una revisión de los temas principales y puntos clave de la metodología de gestión comunitaria de la Policía Nacional de Colombia, incluyendo su propósito, fases, actores involucrados y consideraciones específicas para poblaciones étnicas.

1. Propósito y Contexto de la Gestión Comunitaria Policial:

Los documentos resumidos, "Cartilla de Metodología para la gestión comunitaria" y "Manual de la Gestión Comunitaria.", delinean la metodología de gestión comunitaria de la Policía Nacional de Colombia. El propósito principal de esta metodología es fortalecer la relación entre la institución policial y la sociedad, promoviendo la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia y los delitos a través de la participación activa de la comunidad. Se busca ir más allá del simple mantenimiento del orden y la seguridad pública para construir entornos seguros de manera integral.

• "La gestión comunitaria juega un papel fundamental en la Policía Nacional, ya que se constituye como un servicio para fortalecer la relación entre la institución policial y la sociedad a la que sirve." (Manual de la Gestión Comunitaria, Título II, Capítulo I)

• "Su objetivo final es fortalecer la capacidad de la Policía para trabajar de manera efectiva y colaborativa con la comunidad, promoviendo la seguridad, y la convivencia en el territorio." (Cartilla de Metodología, Introducción)

La metodología se centra en la atención de la delincuencia circunstancial, definida como la comisión de delitos por personas comunes envueltas en hechos delictivos determinados por el contexto y las circunstancias. Un aspecto fundamental es el fortalecimiento del capital social, que incluye la confianza mutua, la cooperación y las redes de apoyo dentro de una comunidad.

• "La construcción doctrinal y metodológica de la gestión comunitaria, como servicio del Modelo del Servicio de Policía, se centró en la atención de la delincuencia circunstancial..." (Manual de la Gestión Comunitaria, Título II, Capítulo I)

• "Un aspecto fundamental en este proceso es el fortalecimiento del capital social, que abarca los recursos y las relaciones sociales presentes en una comunidad." (Manual de la Gestión Comunitaria, Título II, Capítulo I)

2. Fases de la Metodología de Gestión Comunitaria:

La metodología se estructura en cuatro módulos o fases principales, con pasos específicos dentro de cada una:

Primera fase: Comprensión contextual del territorio: Esta fase se enfoca en el análisis integral del territorio, considerando no solo aspectos físicos y geográficos, sino también el contexto social, cultural, económico, político e histórico. Implica una comprensión profunda de cómo interactúan estos diversos factores y cómo influyen en la convivencia y seguridad.

• Paso 1: Definición del microterritorio.

• Paso 2: Coordinación interinstitucional.

• Paso 3: Identificación de los factores de riesgo y los factores protectores.

• Paso 4: Vinculación de factores protectores.

Segunda fase: Planeación y acción participativa: Esta fase es la columna vertebral de la gestión comunitaria, buscando promover el compromiso de la comunidad y las autoridades locales para gestionar asuntos relacionados con la convivencia y seguridad ciudadana de manera conjunta.

• Paso 5: Empoderamiento de la comunidad, formulación y acción participativa.

• Paso 6: Validación del plan de trabajo.

• Paso 7: Implementación del plan de trabajo.

Tercera fase: Seguimiento, evaluación y sostenibilidad: Esta fase se centra en el seguimiento y la evaluación de las acciones planeadas para asegurar su cumplimiento y sostenibilidad.

• Paso 8: Encuentro con comunidades y coordinación territorial.

• Paso 9: Verificación del resultado de las acciones realizadas.

Cuarta fase (Implícita en la estructura): Estrategia de género e inclusión social en la gestión comunitaria: Este módulo aborda la importancia de aplicar enfoques diferenciales para el reconocimiento, la vinculación y la participación de todos los actores de la comunidad, incluyendo mujeres, población LGBTIQ+, grupos étnicos y jóvenes.

3. Conceptos Clave:

• Comunidad: Definida como "Grupo de personas que comparten un territorio geográfico, una cultura común, intereses y necesidades, objetivos y valores compartidos, y un sentido de identidad colectiva". (Manual de la Gestión Comunitaria, Título I, Capítulo II)

• Microterritorios: Espacios delimitados dentro de una o varias jurisdicciones policiales o zonas de atención policial donde se implementan acciones concretas y focalizadas para responder a las exigencias de convivencia y seguridad. (Manual de la Gestión Comunitaria, Título I, Capítulo II)

• Prevención Policial: Intervención temprana o anticipada de las causas o factores de riesgo que inciden en las categorías de la convivencia (seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública), así como en la promoción de factores protectores. (Manual de la Gestión Comunitaria, Título I, Capítulo II)

• Factores de Riesgo: Eventos, situaciones, circunstancias o condiciones sociales o estructurales que determinan la aparición de causas que materializan un delito o comportamiento contrario a la convivencia, o que inciden en su impacto. Se clasifican en Sociales y Estructurales. (Manual de la Gestión Comunitaria, Título III, Capítulo I)

• Factores Protectores: Aspectos que contribuyen a fortalecer el tejido social y las capacidades de la comunidad para la prevención del delito y la promoción de la convivencia pacífica.

• Empoderamiento Comunitario: Proceso mediante el cual una comunidad adquiere habilidades, recursos y poder para tomar decisiones y resolver los problemas que la afectan. (Cartilla de Metodología, Glosario)

• Enfoque Diferencial: Reconocimiento de que, aunque todas las personas son iguales ante la ley, existen diferencias (culturales, étnicas, de género, etc.) que generan desigualdades y afectan a ciertos grupos. La Policía Nacional busca brindar un enfoque diferencial e inclusivo. (Manual de la Gestión Comunitaria, Título I, Capítulo II)

• Capital Social: Configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y reproducción de la vida social. (Manual de la Gestión Comunitaria, Título I, Capítulo II)

• Valor Público: Valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios, las regulaciones y las políticas públicas que buscan satisfacer las necesidades de la población. (Manual de la Gestión Comunitaria, Título III, Capítulo III)

4. Actores Involucrados:

La gestión comunitaria implica la articulación de múltiples actores, incluyendo:

• Policía Nacional: Despliega el servicio de gestión comunitaria a través de la Policía Comunitaria y otras capacidades, con roles específicos para comandantes operativos, jefes de policía comunitaria y comandantes de estación.

• Comunidad: Participa activamente en la identificación de problemas, la formulación de planes de trabajo y el seguimiento y evaluación de las acciones.

• Autoridades Político-Administrativas: Alcaldías y secretarías encargadas de liderar y tomar decisiones gubernamentales a nivel municipal, con un papel clave en la coordinación interinstitucional.

• Instituciones Públicas: Incluyen fiscalías, juzgados, defensorías, y otras entidades encargadas de administrar justicia y promover la participación cívica.

• Organizaciones de la Sociedad Civil: Juntas de Acción Comunal, fundaciones, ONGs, parroquias, asociaciones, gremios, comunidades indígenas, etc., que pueden ser aliados estratégicos.

• Instituciones Educativas: Escuelas que pueden contribuir a la prevención y la resolución de conflictos.

• Medios de Comunicación: Estaciones de radio que pueden difundir información relevante.

• Sector Empresarial: Asociaciones de azúcar, comercios locales.

• Organizaciones de Salud: Centros de salud.

5. Consideraciones para la Gestión Comunitaria con Poblaciones Étnicas:

Los documentos enfatizan la importancia de considerar las particularidades de las poblaciones étnicas en la gestión comunitaria. El reconocimiento de sus diversas visiones sobre la seguridad y la convivencia, sus formas propias de organización y la necesidad de articulación y coordinación con las entidades del Estado son elementos cruciales.

• "El reconocimiento de Colombia como un país pluriétnico y multicultural exige que el Estado, en todas sus instituciones, construya mecanismos, estrategias, entre otras acciones para el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos." (Cartilla de Metodología, ¿Qué se debe tener en cuenta en la Gestión comunitaria con poblaciones étnicas?)

• "En lo relacionado con la definición de problemáticas por las comunidades étnicas, es importante tener en cuenta que, desde la cosmovisión y cosmogonía de cada pueblo, hay comprensiones de la seguridad y la convivencia diferentes a las institucionales..." (Cartilla de Metodología, ¿Qué se debe tener en cuenta en la Gestión comunitaria con poblaciones étnicas?)

Se destaca la importancia de la consulta previa, libre e informada para las intervenciones en territorios donde habitan pueblos étnicos. Es fundamental crear espacios de diálogo y construcción conjunta, respetando los tiempos y ritmos propios de cada comunidad.

6. Policía Comunitaria:

La Policía Comunitaria es una capacidad técnica dentro del servicio de policía, con un perfil específico que requiere conocimientos, aptitudes y habilidades para aplicar la metodología de gestión comunitaria. Sus particularidades incluyen la proximidad, la continuidad y la coordinación interinstitucional.

• "La Policía Comunitaria es una capacidad técnica del servicio de policía, cuyo despliegue requiere conocimientos, aptitudes y habilidades específicas para la aplicación de la metodología de gestión comunitaria..." (Manual de la Gestión Comunitaria, Título V, Capítulo II)

El perfil del policía comunitario incluye formación básica y complementaria en caracterización social, intervención comunitaria, derechos humanos, mediación policial y gestión social, entre otros. Deben poseer competencias en investigación social, orientación al servicio de la comunidad, liderazgo, efectividad en el servicio, aprendizaje continuo y condición física.

7. Líneas de Participación Cívica:

La Policía Nacional cuenta con líneas de participación cívica, programas y procedimientos enfocados en asuntos institucionales que buscan facilitar la construcción de consensos y aunar esfuerzos entre instituciones, autoridades y la comunidad para la solución de problemas de convivencia y seguridad ciudadana. Si bien no se detallan todas en los extractos proporcionados, se mencionan ejemplos como:

• Campañas de sensibilización y promoción.

• Realización de operativos.

• Promoción de la oferta de participación cívica.

• Organización de actividades de sensibilización, educación y recreación.

• Organización de reuniones y espacios de diálogo.

• Programas para fortalecer habilidades de convivencia.

• Grupos de voluntarios comunitarios (Zonas Seguras).

• Encuentros comunitarios.

8. Herramientas y Métodos:

La metodología se apoya en diversas herramientas y métodos:

• Cartografía Social: Metodología participativa que utiliza técnicas de mapeo para involucrar a las comunidades en la representación visual de su realidad social y geográfica, promoviendo la comprensión colectiva y la toma de decisiones. Incluye mapas participativos, fotovoz y recorridos comunitarios. (Cartilla de Metodología, La cartografía social)

• Entrevistas y Encuestas: Herramientas fundamentales para la identificación de necesidades, la validación de información y el involucramiento de la comunidad. (Cartilla de Metodología, La cartografía social)

• Análisis Cuantitativo y Cualitativo: Utilización de datos estadísticos delictivos, encuestas de percepción, informes y estudios para comprender las dinámicas delictivas y comportamentales.

• Matriz de Validación de Criterios para la Selección de Microterritorios: Herramienta para evaluar las condiciones de seguridad, acceso, organización comunitaria y presencia institucional de un microterritorio. (Cartilla de Metodología, Matriz de validación de criterios para la selección de microterritorios)

• Plan de Trabajo: Documento donde se detallan las estrategias, responsabilidades y tiempos para la ejecución de acciones para abordar problemas de convivencia y seguridad ciudadana. (Cartilla de Metodología, ¿Cómo elaborar un plan de trabajo?)

• Método de Ruta Crítica: Herramienta para la gestión de proyectos que permite visualizar acciones, establecer interdependencias, definir tiempos y calcular holguras. (Manual de la Gestión Comunitaria, Paso 5)

• Evaluación Comparativa y Cualitativa: Métodos para evaluar el cumplimiento de objetivos y analizar ideologías o pensamientos.

9. Aspectos Clave para el Éxito:

• Confianza y Legitimidad Institucional: Un adecuado acercamiento a la comunidad es clave para generar confianza y legitimidad. (Cartilla de Metodología, Recomendaciones para llevar a cabo encuentros con comunidades)

• Diálogo y Empatía: La humanidad en el servicio implica empatía, reconocer diferencias e intereses comunes, y la capacidad de cambio. (Manual de la Gestión Comunitaria, Título I, Capítulo II)

• Transparencia y Corresponsabilidad: La participación debe ser transparente y corresponsable.

• Liderazgo Policial y Comunitario: El liderazgo en la implementación y seguimiento de los planes de trabajo es fundamental.

• Comunicación Permanente: Mantener activos los canales de comunicación con la comunidad.

• Reconocimiento: Reconocer los aportes de los actores involucrados fortalece el capital social.

En resumen, la metodología de gestión comunitaria de la Policía Nacional de Colombia es un enfoque integral y participativo que busca fortalecer la relación entre la policía y la comunidad para prevenir el delito y construir entornos seguros. Se basa en la comprensión profunda del territorio, la planificación colaborativa, la implementación de acciones y el seguimiento y evaluación para asegurar la sostenibilidad. La inclusión de enfoques diferenciales y la consideración de las particularidades de las poblaciones étnicas son elementos fundamentales en este proceso.

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Líneas de Participación Cívica de la Policía Nacional de Colombia Estructura Teórica y Metodológica

La Policía Nacional de Colombia desarrolla su modelo de Gestión Comunitaria a través de ocho líneas de participación cívica, cada una con un sustento teórico en la policía comunitaria y mecanismos metodológicos específicos para involucrar a la comunidad en la seguridad y convivencia. A continuación se presenta cada línea, con su marco conceptual, metodología de implementación, ejemplos prácticos en territorio colombiano, y –cuando es posible– buenas prácticas, innovaciones y comparaciones con modelos similares de participación ciudadana en seguridad.

1. Redes de Apoyo   🗫 

Marco conceptual: Las Redes de Apoyo son programas que integran a la Policía Nacional y la comunidad en una cultura de participación cívica para la seguridad y la convivencia. Surgieron como respuesta a la necesidad de comunicación efectiva y cooperación mutua frente a emergencias y delitos. Conceptualmente, se basan en la corresponsabilidad y la solidaridad comunitaria: ciudadanos, gremios y empresas se articulan con la Policía para compartir información en tiempo real, prevenir delitos y fortalecer el tejido social ante las amenazas a la seguridad. Este enfoque se relaciona con modelos de vigilancia vecinal (neighborhood watch) en otros países, pero en Colombia se caracteriza por la vinculación institucionalizada de actores privados (p. ej. empresas de vigilancia) y el uso de tecnología en la comunicación, lo que lo distingue como un esquema más formal y coordinado.

Descripción metodológica: La metodología de las redes de apoyo se centra en crear canales permanentes de comunicación entre la comunidad y la Policía. Esto incluye la conformación de grupos de voluntarios (comerciantes, transportistas, vigilantes privados y ciudadanos en general) equipados con medios de comunicación (radios, aplicaciones móviles como “123APP”, etc.) conectados directamente con la Policía. La Policía lidera capacitaciones para que los miembros reporten hechos sospechosos, emergencias o información útil de forma ágil. No se trata de conformar “grupos de autodefensa”, sino de proveer información anticipativa para que la Policía actúe preventivamente. Las redes de apoyo se crean tras un análisis de viabilidad en el barrio o sector y requieren la inscripción voluntaria de los participantes, quienes se comprometen a participar activamente. La articulación con centrales de monitoreo y el acompañamiento policial permanente son parte esencial de la metodología.

Ejemplos prácticos: Un ejemplo exitoso es la Red de Apoyo y Comunicaciones (también llamada RASCI por “Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana”), establecida desde 1986. En el Eje Cafetero, por ejemplo, se crearon decenas de redes de apoyo integradas por miles de miembros dotados de radios (avanteles), logrando en un año la captura de 122 personas, recuperación de vehículos robados e incautación de armas gracias a los 7.764 reportes ciudadanos que alertaron a la Policía oportunamente. En 2024, solo en Cundinamarca se vincularon 273 nuevos integrantes a 33 redes de apoyo, lo que busca reducir los delitos mediante este esquema participativo. Estas cifras reflejan cómo la comunidad organizada y conectada es capaz de potenciar la capacidad de respuesta policial y mejorar la seguridad local.

Buenas prácticas e innovaciones: Una buena práctica es la integración de la seguridad privada a la red: el Gobierno nacional mediante decreto vinculó legalmente a empresas de vigilancia privada en estas redes, lo que ha incrementado la cobertura de vigilancia y generado resultados positivos en captura de delincuentes y prevención de atentados. La innovación tecnológica también es clave: aplicaciones móviles, grupos de WhatsApp y radio redes permiten que la información fluya de inmediato. En comparación con modelos internacionales, las redes de apoyo colombianas se asemejan a programas de “vecinos vigilantes” o “community watch”, pero con un mayor liderazgo institucional de la Policía y un componente tecnológico más desarrollado. Esto reduce la improvisación y asegura que la participación ciudadana esté alineada con estrategias oficiales de seguridad. Por último, la filosofía de corresponsabilidad que promueven –“la única forma de sentirse seguro es participando activamente”– coincide con principios de policía comunitaria a nivel mundial, reforzando valores de autoprotección, autorregulación y solidaridad en la ciudadanía.

2. Espacios Pedagógicos  🙋 

Infografía oficial de la Policía Nacional sobre los Espacios Pedagógicos para la Convivencia y Educación Ciudadana, que resume su definición, objetivos, resultados esperados e implementación.   

Marco conceptual: Los Espacios Pedagógicos son escenarios formativos creados para brindar a los ciudadanos educación informal en convivencia y legalidad, con el fin de prevenir delitos, conflictos y comportamientos contrarios a la convivencia. Teóricamente se sustentan en la idea de que la educación ciudadana y la promoción de valores cívicos pueden transformar el entorno social, formando liderazgos positivos. Su objetivo es contribuir a la formación de ciudadanos con competencias de participación activa e incluyente, que aprendan sobre prevención y se apropien de la seguridad como asunto colectivo. Esto refleja conceptos de pedagogía social y empoderamiento comunitario: al capacitar a los individuos, se generan cambios culturales que mejoran la convivencia. En la práctica, los espacios pedagógicos impulsan procesos de transformación social en barrios y comunidades, fortaleciendo valores éticos y morales que sustentan una cultura de legalidad.

Descripción metodológica: La implementación inicia con la identificación de necesidades educativas en seguridad y convivencia, ya sea a partir de diagnósticos de la Policía (p. ej. resultados del Diagnóstico de Convivencia y Seguridad Ciudadana en la zona) o por solicitud argumentada de la misma comunidad. Una vez identificada la necesidad (por ejemplo, alta tolerancia a comportamientos ilegales, desconocimiento de normas, etc.), la Policía convoca a un grupo de ciudadanos (se sugiere al menos 10 participantes) interesados en formarse como Promotores de Seguridad y Convivencia. Mediante charlas, talleres, salidas pedagógicas y conferencias, impartidas por policías gestores comunitarios o expertos aliados (docentes, profesionales de otras entidades), se capacita a los asistentes en temas como resolución pacífica de conflictos, prevención del delito, normas del Código de Policía, autoprotección y liderazgo comunitario. La metodología es participativa y práctica: incluye ejercicios en campo, discusiones grupales y proyectos comunitarios. Al finalizar, los participantes quedan certificados como promotores comunitarios, capaces de replicar el conocimiento en su entorno. Importante es que estos espacios se diseñan a la medida de la comunidad, incorporando contenidos adicionales (“capacitación complementaria”) según las necesidades identificadas en el contexto local (por ejemplo, si hay problemas de violencia intrafamiliar, se integra ese tema). La sostenibilidad se logra acompañando posteriormente a los graduados en la ejecución de iniciativas de convivencia.

Ejemplos prácticos: En Medellín (Antioquia), la Policía Metropolitana desarrolló en 2025 un espacio pedagógico específico para la comunidad indígena Emberá Dobidá: durante un mes se capacitó a 16 líderes indígenas del cabildo Ciatedma como Promotores de Convivencia y Seguridad Ciudadana, abordando temáticas de seguridad barrial respetuosas de su cultura. Esta iniciativa no solo fortaleció sus conocimientos en autoprotección, sino que también mejoró la integración de una población minoritaria en las estrategias de seguridad urbana. Otro ejemplo se dio en el Meta, donde 15 jóvenes con conductas contrarias a la convivencia del municipio de Cabuyaro fueron capacitados en un espacio pedagógico que incluyó un curso técnico de cocina y formación en el Código Nacional de Policía, en alianza con el SENA y la alcaldía local. Como resultado, estos jóvenes adquirieron habilidades laborales y conciencia ciudadana, reduciendo su vinculación a actividades delictivas. Estas experiencias demuestran la flexibilidad de la metodología: según la población objetivo, los espacios pedagógicos pueden enfocarse en distintos contenidos (oficios productivos, normas legales, resolución de conflictos), siempre apuntando a reconstruir el tejido social.

Buenas prácticas, innovaciones y comparaciones: Una buena práctica es la articulación interinstitucional en estos espacios –vinculando entidades educativas (SENA, colegios), autoridades locales y organizaciones civiles– para enriquecer la oferta pedagógica y legitimar los procesos. Innovaciones recientes incluyen llevar estos programas a plataformas virtuales (e-learning de cultura ciudadana) para mayor cobertura, y adaptar los contenidos a poblaciones específicas (niños, mujeres, población rural, etc.). Comparativamente, esquemas similares se observan en otros países como programas de educación comunitaria en seguridad (por ejemplo, academias ciudadanas de policía en EE.UU. o talleres de prevención en escuelas a cargo de policías de barrio). Sin embargo, el modelo colombiano destaca por su carácter preventivo-proactivo: no espera a que el ciudadano se acerque, sino que identifica activamente comunidades con problemáticas y les lleva la oferta formativa. Además, al finalizar el proceso, la Policía mantiene el vínculo con los promotores formados, un aspecto de acompañamiento continuo que ha sido reconocido como buena práctica para garantizar el impacto sostenido de la capacitación en la reducción efectiva de conflictos locales.

3. Cívica (Infantil, Juvenil y de Mayores) 💂 

Marco conceptual: La Policía Cívica es un programa de voluntariado ciudadano con raíces históricas en Colombia, orientado a promover lazos estrechos entre comunidad y Policía. Se compone de la Cívica Infantil y Juvenil (niños de 7 a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años) y la Policía Cívica de Mayores (adultos voluntarios). Conceptualmente, la cívica se basa en la pedagogía cívica y la construcción de capital social: se busca inculcar en los participantes valores como disciplina, respeto a la ley, solidaridad y sentido de pertenencia comunitaria, formándolos como líderes positivos en sus comunidades. En el caso de niños y jóvenes, el programa fortalece sus competencias ciudadanas y fomenta la apropiación de deberes y derechos, complementando la formación del hogar y la escuela. Para los adultos, la policía cívica canaliza el deseo de servicio cívico de la ciudadanía hacia misiones educativas y sociales de la Policía, generando apoyo a labores preventivas y comunitarias. La filosofía de la cívica está alineada con modelos internacionales de policías auxiliares o cadetes juveniles, con la particularidad de que en Colombia no portan armas ni ejercen autoridad, sino que actúan como promotores de convivencia y cultura de legalidad.

Descripción metodológica: La metodología varía según la sub-línea:

• Cívica Infantil y Juvenil: Se desarrollan grupos en colegios, barrios o comisarías, donde los participantes se vinculan voluntariamente (con autorización de padres en caso de menores). Siguiendo la Guía 003 del 19/04/2018, la Policía ofrece un pensum académico llamado “Cátedra del Buen Ciudadano I y II”, adaptado a las edades. Este pensum incluye instrucción en valores cívicos, normas de tránsito, primeros auxilios, prevención de drogas, medio ambiente, entre otros. Los encuentros suelen ser semanales, combinando formación teórica (charlas, cartillas) y práctica (servicios comunitarios, campañas lideradas por los cívicos). Los niños y jóvenes visten uniformes distintivos de Policía Cívica, fortaleciendo su identidad con el programa. Al culminar cada nivel, son reconocidos en ceremonias de graduación y pueden ascender a grados simbólicos (ej. brigadier cívico juvenil).

• Policía Cívica de Mayores: En este caso, los ciudadanos adultos interesados se inscriben en su estación de policía local, cumpliendo requisitos de idoneidad (antecedentes, tiempo disponible, etc.) verificados según la Resolución 03268 del 26 de junio de 2018. Tras ser aceptados, reciben una capacitación básica sobre la institución policial, normas y estrategias de participación. Posteriormente, apoyan a la Policía en actividades de gestión social y prevención: por ejemplo, acompañan campañas educativas, sirven de guía en eventos comunitarios, ayudan en planes de seguridad vial escolares, etc. Su servicio es ad honorem (no remunerado) y coordinado por el Gestor de Participación Ciudadana de la unidad policial. Tanto en infantil/juvenil como en mayores, la metodología enfatiza la formación en valores y el trabajo comunitario práctico (los cívicos mayores a menudo actúan como mentores de los jóvenes, creando un ciclo intergeneracional de apoyo).

Ejemplos prácticos: En 2024, en Cundinamarca, se crearon 6 nuevos grupos de cívica infantil (131 niños) y 2 grupos de cívica juvenil (44 adolescentes), lo que demuestra la expansión de este semillero de ciudadanos comprometidos. Un caso emblemático es el de la Cívica Juvenil de Bogotá, donde jóvenes voluntarios han liderado campañas como “Jóvenes contra el hurto” sensibilizando a la comunidad estudiantil sobre autoprotección. Asimismo, en ciudades como Medellín y Cali, grupos de Policía Cívica de Mayores han sido claves en jornadas de apoyo social – por ejemplo, entregando ayudas en zonas vulnerables o enseñando a niños sobre normatividad desde su rol civil. En cuanto a resultados tangibles, la Policía reporta que contar con voluntarios cívicos facilita la organización de eventos masivos de prevención (un mayor número de manos y entusiasmo) y mejora la percepción ciudadana de la institución, al ver a sus propios vecinos colaborando de la mano con los policías.

Buenas prácticas y comparaciones: La continuidad de la formación es una buena práctica en la línea de cívica. Por ejemplo, jóvenes que iniciaron a los 7 años en la cívica infantil pueden continuar en la juvenil y luego incluso incorporarse a la cívica de mayores o a la misma Policía como carrera, dando un sentido de trayectoria cívica. Innovaciones incluyen la implementación de plataformas virtuales para cívicos (aulas virtuales donde refuerzan conocimientos) y la realización de encuentros nacionales de policías cívicos, donde voluntarios de distintas regiones intercambian experiencias, elevando el nivel del programa. Comparado con otros países, este esquema recuerda a los Exploradores Policiales (Police Explorers) en Estados Unidos o a los Scouts policiales en algunos países, que también buscan inculcar disciplina y servicio en jóvenes; sin embargo, en Colombia la Policía Cívica tiene un alcance más amplio al involucrar también a adultos y al estar formalmente reglamentada dentro de la estructura policial. Esto garantiza un mayor respaldo institucional y continuidad. Como buena práctica internacional comparable está el voluntariado policial en el Reino Unido (Special Constables), aunque allá tienen facultades policiales limitadas; en cambio, la cívica colombiana mantiene la distinción: el voluntario no reemplaza la función policial sino que la complementa en tareas preventivas, reforzando la confianza mutua.

4. Programas Escolarizados 👪 

Marco conceptual: Los Programas Escolarizados son actividades pedagógicas y formativas desarrolladas dentro de instituciones educativas (colegios, escuelas) con el fin de prevenir conductas que pongan en riesgo la integridad y vida de niños, niñas y adolescentes. Esta línea parte del reconocimiento de la escuela como escenario clave para la prevención temprana del delito y la violencia. Teóricamente se apoya en la educación preventiva: inculcar cultura de la legalidad, autoprotección y resolución de conflictos desde la edad escolar. Iniciativas clásicas de esta línea incluyen programas de resistencia a las drogas, contra el bullying, educación vial escolar, entre otros. El concepto es que la Policía, en alianza con el sector educativo, se adelanta a las problemáticas formando a los menores en comportamientos ciudadanos adecuados, evitando que en el futuro se conviertan en actores o víctimas de violencia.

Descripción metodológica: La implementación se hace principalmente a través de programas curriculares o extracurriculares en los colegios. La Policía designa Gestores Escolares (policías o auxiliares capacitados) que visitan periódicamente las instituciones para impartir módulos formativos. Un ejemplo es el programa de Educación para la Resistencia al Uso y Abuso de Drogas (antes D.A.R.E.), donde uniformados daban clases sobre efectos de las drogas y habilidades para decir “no”. Otros ejemplos son campañas en los colegios sobre convivencia escolar, o clubes juveniles de seguridad vial donde los estudiantes aprenden normas de tránsito. Estos programas suelen articularse con las materias de educación ética o ciencias sociales, y en algunos casos convalidarse como proyectos pedagógicos institucionales. La metodología combina charlas, material audiovisual, dramatizaciones y participación activa de los estudiantes (concursos, obras de teatro, patrullas escolares). Un aspecto fundamental es la coordinación con docentes y orientadores escolares para identificar problemáticas focalizadas (por ejemplo presencia de microtráfico en entornos escolares, riñas entre pandillas juveniles, uso inadecuado de redes sociales) y diseñar actividades específicas. En zonas rurales, los programas escolarizados pueden adoptar formatos de convivencias o colonias vacacionales con la Policía, aprovechando recesos escolares para intensificar mensajes preventivos.

Ejemplos prácticos: En varias ciudades se adelanta el programa “Abre tus Ojos”, enfocado en prevenir la explotación sexual y reclutamiento de menores, donde policías van aula por aula exponiendo casos y recomendaciones, integrando a los padres de familia en charlas. En Bucaramanga, por ejemplo, la Policía Metropolitana incorporó en 2023 un módulo de “Cultura de la Legalidad” en 20 colegios públicos, llegando a más de 5.000 estudiantes, lo que redujo incidentes de porte de armas blancas en entornos escolares según reportes. Otra iniciativa es “Jóvenes a lo Bien – versión escolar”, coordinada con el SENA: en Soledad (Atlántico) 26 jóvenes de grado 10º y 11º se beneficiaron de formación técnica en sistemas y administración dentro del colegio, manteniéndolos alejados de la deserción y la violencia. Adicionalmente, la Policía de Infancia y Adolescencia realiza jornadas pedagógicas móviles llevando a las escuelas inflables y juegos didácticos sobre autoprotección, que han recorrido municipios de Cundinamarca y Boyacá con gran aceptación. Estos ejemplos muestran el impacto: en la audiencia de rendición de cuentas de Manizales 2024 se destacó que esta línea contribuyó a reducir conductas de riesgo juvenil, integrando a cientos de estudiantes en actividades productivas y de liderazgo.

Buenas prácticas y comparaciones: Como buena práctica, los programas escolarizados aprovechan el entorno natural de los niños (la escuela) para sembrar cultura ciudadana sin necesidad de convocatorias adicionales, logrando un alcance masivo. Una innovación reciente es el programa “Policías Colegiantes”, donde policías recién egresados apadrinan a un curso durante todo el año lectivo, generando confianza y sirviendo de modelos positivos constantes para los alumnos. En términos comparativos, esto guarda semejanza con iniciativas como los School Resource Officers de EE.UU. (policías asignados a escuelas), pero con un matiz preventivo educativo más acentuado en lugar de solo vigilancia. Mientras en algunos países la presencia policial en escuelas es polémica, en Colombia se ha manejado desde la perspectiva pedagógica y de construcción de ciudadanía. Un desafío compartido con otras naciones es medir el impacto a largo plazo en indicadores como reducción de delincuencia juvenil; no obstante, el hecho de que la Policía colombiana reportó miles de campañas educativas en colegios (6.664 campañas en Cundinamarca solo en 2024, sensibilizando a ~108.000 personas), sugiere que esta línea se ha institucionalizado como pilar preventivo. La articulación con políticas públicas como la Cátedra de Paz y los manuales de convivencia escolar también ha sido crucial para alinear mensajes y asegurar sostenibilidad.

5. Programas Específicos

Marco conceptual: Los Programas Específicos son proyectos focalizados en poblaciones o problemáticas particulares, diseñados para proveer herramientas de decisión y resiliencia en contextos de riesgo. A diferencia de las otras líneas más amplias, aquí se trata de intervenciones especializadas, casi a modo de “trajes a la medida”, que abordan determinantes específicos de la inseguridad o la violencia. Su sustento teórico radica en la prevención situacional y social focalizada: identificar un fenómeno (ej. consumo de drogas, pandillismo, violencia intrafamiliar) o grupo vulnerable (ej. jóvenes en conflicto con la ley, mujeres cabezas de hogar en zonas conflictivas, habitante de calle) y desarrollar un programa integral con metodologías apropiadas para ese contexto. Estos programas combinan componentes educativos, psicosociales y a veces de inserción socio-económica, en coordinación con otras instituciones. En esencia, son la expresión de la flexibilidad del modelo de policía comunitaria: actúan donde se requiere una intervención intensiva y distinta a las líneas generales.

Descripción metodológica: La metodología inicia con un diagnóstico profundo de la situación o población objetivo. Por ejemplo, para un programa específico de reintegración de jóvenes pandilleros, la Policía realiza caracterizaciones de las pandillas, mapea su influencia y riesgos, y convoca aliados (ICBF, SENA, ONG locales, líderes comunitarios) para estructurar el plan. Suelen tener nombre propio (ejemplo hipotético: “Jóvenes con Futuro” en determinado barrio) y fases definidas. Generalmente incluyen: etapa de sensibilización (acercamiento y generación de confianza con la población objetivo), etapa de intervención (capacitaciones, talleres terapéuticos, actividades culturales/deportivas, etc.) y etapa de seguimiento (acompañamiento a los participantes en la inserción laboral, educativa o comunitaria). Un componente metodológico importante es la participación de expertos no policiales: psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, según la naturaleza del programa. La Policía aporta la logística, la convocatoria y la seguridad para ejecutar las actividades, además de su legitimidad institucional para gestionar recursos y apoyos. Algunos programas específicos se materializan en Centros de Atención (por ejemplo, casas juveniles, comisarías móviles) donde se concentran las acciones. Otros operan en modalidad itinerante, visitando comunidades semana a semana. La evaluación de estos programas es particular: se miden cambios en comportamientos (reducción de reincidencia delictiva, aumento de empleo, mejoras en convivencia barrial, etc.), lo cual requiere indicadores cualitativos y cuantitativos más detallados que los utilizados en campañas masivas.

Ejemplos prácticos: “Jóvenes a lo Bien” es el ejemplo emblemático de programa específico a nivel nacional. Nacido de una alianza entre la Policía y el SENA, se enfoca en adolescentes y jóvenes en riesgo de vinculación a la delincuencia. En su ejecución, ofrece formación técnica laboral (cursos en cocina, sistemas, mecánica) durante varias semanas, junto con actividades deportivas y culturales, para ofrecerles alternativas de vida. En Cabuyaro (Meta), tras dos semanas de entrenamiento culinario y en normas de convivencia, 15 jóvenes transformaron su comportamiento y varios consiguieron oportunidades de empleo en restaurantes locales. Otro programa específico es “Desarme y Reconciliación” aplicado en barrios de Bogotá con altos índices de riñas: la Policía, junto a la alcaldía, organizó torneos deportivos nocturnos y jornadas de entrega voluntaria de armas blancas, logrando reducir las lesiones personales en un 30% en esos sectores. En Buenaventura, la Policía Comunitaria lideró el programa “Mujeres Valientes” dirigido a madres cabeza de familia afectadas por violencia de pandillas: se crearon redes de apoyo entre ellas, talleres de emprendimiento y círculos de diálogo con presencia policial, resultando en mayor denuncia de casos de violencia y proyectos productivos en marcha. Cada uno de estos casos demuestra cómo los programas específicos abordan problemas muy localizados con estrategias integrales, articulando prevención social y control formal.

Buenas prácticas e innovaciones: Una buena práctica en esta línea es evaluar constantemente y escalar los programas que muestran éxito. “Jóvenes a lo Bien”, por ejemplo, empezó como piloto en algunas ciudades y debido a sus resultados se replicó en todo el país, incluso adaptándolo a contextos rurales y a población carcelaria próxima a salir (Jóvenes a lo Bien pospenados). La innovación también radica en combinar la labor policial con la política pública social: estos programas frecuentemente se alinean con planes nacionales de empleo juvenil, de reconciliación o de lucha contra las drogas, lo que garantiza recursos y sostenibilidad. En comparación con otros modelos, estos programas recuerdan a las “unidades de policía orientada a problemas” que en otros países diseñan proyectos para problemas específicos (Problem-Oriented Policing). Sin embargo, la Policía colombiana, al tener un mandato amplio en convivencia, asume un rol activo no solo en la represión sino en la transformación social directa, rol que en otras latitudes recae más en agencias civiles. Esta dualidad tiene ventajas (proximidad a la comunidad, agilidad) y desafíos (no desbordar la función policial). Finalmente, las alianzas público-privadas (ej. empresas que contratan graduados de estos programas) son consideradas una buena práctica esencial: asegurar que la capacitación se traduzca en oportunidades reales para evitar la recaída en comportamientos ilícitos.

6. Jornadas de Prevención (Campañas Educativas)  🕵 

Marco conceptual: Las Jornadas de Prevención, también llamadas Campañas Educativas de prevención y educación ciudadana, son eventos masivos o periódicos cuyo fin es informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de corregir comportamientos inadecuados y fomentar una cultura de convivencia y seguridad. Su base teórica es la comunicación social para el cambio de comportamiento: mediante mensajes claros, repetitivos y cercanos a la realidad local, se busca influir en las actitudes del público objetivo, promoviendo el autocuidado y la autorregulación. Estas campañas se sustentan en el reconocimiento de que muchos problemas de seguridad (desde arrojar basura en la calle hasta conducir ebrio o tolerar violencia intrafamiliar) son en el fondo problemas culturales y de hábitos, por lo que requieren intervenciones educativas continuas. La línea sigue la tradición de campañas de salud pública o viales, aplicadas al ámbito de convivencia ciudadana.

Descripción metodológica: Las jornadas de prevención se desarrollan a partir de la identificación de un tema prioritario. ¿En qué se enfocan? En los delitos o comportamientos contrarios a la convivencia de mayor impacto en la comunidad, que por su frecuencia o gravedad requieren ser atendidos con urgencia. Por ejemplo, si en un sector hay alto índice de hurto a personas, se diseña una campaña sobre prevención del hurto (recomendaciones de no exhibir objetos de valor, uso adecuado del 123, etc.). Para cada campaña, la Policía elabora material pedagógico: volantes, afiches, cuñas radiales, actividades lúdicas. Luego, ¿cuándo se realiza una campaña? Cuando el problema ha sido priorizado, ya sea por análisis estadístico o a solicitud de la comunidad. Las campañas pueden ser únicas (una gran jornada un día específico, p. ej. “Día sin violencia”) o sostenidas en el tiempo (varias semanas con presencia continua). La metodología incluye pedagogía en calle: carpas informativas en parques, charlas puerta a puerta, demostraciones públicas (teatro callejero, simulacros). Un paso importante es la medición y mejora: cada campaña lleva un registro de actividades, participantes alcanzados, percepciones recolectadas, para luego analizar su efectividad y retroalimentar futuras acciones. Por último, la Policía involucra a aliados según el tema –por ejemplo, en una campaña ambiental se vincula a la autoridad ambiental local; en una de seguridad vial, a tránsito municipal; en una contra drogas, a salud y ONG– asegurando que el mensaje sea integral.

Ejemplos prácticos: A nivel nacional se realizan anualmente campañas como “Navidad Segura”, donde en diciembre la Policía intensifica mensajes contra el uso de pólvora, el consumo responsable de alcohol y la prevención de hurtos, con resultados medibles en reducción de incidentes. En Bogotá, la campaña “Yo no pago, yo denuncio” contra la extorsión ha implicado jornadas en plazas de mercado y estaciones de transporte donde policías explican a comerciantes y ciudadanos cómo actuar frente a intimidaciones, logrando un aumento significativo en denuncias de extorsión tras su implementación. En barrios de Cali con problemas de ruido y riñas, se efectuaron 72 campañas pedagógicas en 2023 bajo el lema “El Ruidazo”, en las cuales a través de conciertos didácticos se enseñó a la comunidad sobre la norma de decibeles y se entregaron reconocimientos a las cuadras más silenciosas, lo que contribuyó a disminuir en un 40% las quejas por ruido en la línea 123 local (reportes de la policía metropolitana). Como ejemplo cuantitativo global, la Policía de Cundinamarca reportó en 2024 la realización de 6.664 campañas preventivas y educativas que alcanzaron a 107.983 personas sensibilizadas en diversos temas, desde ciberseguridad hasta prevención del hurto de ganado. Esto evidencia la magnitud de las jornadas de prevención como herramienta de alcance masivo.

Buenas prácticas e innovaciones: Una buena práctica es la focalización inteligente de campañas: usar análisis de datos para saber dónde y sobre qué tema hacer la campaña. Por ejemplo, si en un cuadrante aumentan accidentes de motocicleta, enfocar allí una campaña de seguridad vial para motociclistas. En cuanto a innovaciones, la Policía ha empezado a utilizar redes sociales y medios digitales para sus campañas (ej. retos virales sobre buen comportamiento, cortos animados difundidos por WhatsApp), complementando las jornadas presenciales y llegando a públicos jóvenes. También se han incorporado embajadores comunitarios: líderes locales capacitados que, junto con la Policía, replican el mensaje en sus comunidades, generando confianza. Comparado con modelos externos, es similar a campañas de “community policing” de otros países, donde policías hacen ferias de seguridad o van a escuelas a dar charlas. La diferencia en Colombia es la institucionalización: las campañas no son eventuales, sino parte de un portafolio permanente de servicios de prevención. Además, la participación ciudadana es activa –los mismos habitantes aportan ideas y se involucran en la ejecución de las campañas– lo que corresponde a las mejores prácticas globales en prevención del delito, donde se busca empoderar a la comunidad más que solo entregar información. En resumen, las jornadas de prevención representan la cara visible y dinámica de la policía comunitaria, facilitando un contacto directo y pedagógico entre la institución y el ciudadano, con evidencia de que aumentan la percepción de seguridad y modifican conductas de riesgo.

7. Zonas Seguras  👮 

Marco conceptual: Las Zonas Seguras son grupos de personas voluntarias de la comunidad, liderados por la Policía Nacional, que deciden organizarse para proteger un territorio definido, creando entornos más seguros y libres de delitos. Esta línea es una evolución de los tradicionales Frentes de Seguridad Local adaptada a contextos urbanos y rurales específicos. En esencia, una “zona segura” es un fragmento de barrio (una cuadra, un conjunto residencial, un sector comercial) en el cual comunidad y autoridades trabajan de manera coordinada y permanente para prevenir y contrarrestar los problemas de inseguridad que les afectan. Teóricamente, conjuga principios de vigilancia natural (ojos en la calle, teoría de las ventanas rotas) con estrategias de cooperación público-privada. Su sustento conceptual es que la seguridad mejora cuando los vecinos se conocen, confían entre sí y cuentan con apoyo profesional (policía y/o seguridad privada) para disuadir a los delincuentes. Adicionalmente, la noción de “zona segura” incluye componentes de urbanismo táctico y apropiación del espacio: iluminar áreas oscuras, recuperar parques, señalizar rutas de vigilancia, etc., creando un ambiente hostil al delito.

Descripción metodológica: La implementación inicia generalmente por iniciativa de la comunidad (vecinos o comerciantes preocupados) o por diagnóstico policial. Se define geográficamente la zona a intervenir. Luego, la Policía convoca a los residentes y actores de ese sector para socializar el modelo y conformar un comité promotor. ¿Qué implica ser una zona segura? Por un lado, los vecinos adquieren compromisos como: mantener comunicación constante (chats comunitarios con el cuadrante policial), reportar personas sospechosas de inmediato, apoyar a vecinos en caso de emergencia (solidaridad activa) y cumplir medidas de autoprotección básicas (alarmas comunitarias, cámaras compartidas, etc.). Por otro lado, la Policía se compromete a incrementar la frecuencia de patrullaje, responder prioritariamente a los llamados de esa zona y brindar capacitación en seguridad a sus integrantes. En muchos casos, se integra una empresa de seguridad privada contratada por los mismos vecinos o por la alcaldía local, cuyos guardas realizan rondas en coordinación con la Policía. Se establecen rutinas: por ejemplo, guardas o policías acompañan la apertura y cierre de locales comerciales, se revisan vehículos estacionados, se disuade a merodeadores. Las zonas seguras suelen identificarse visiblemente con placas o letreros en la cuadra (p. ej. “Zona Segura protegida por su comunidad y Policía”); esto funciona también como elemento disuasorio. La metodología enfatiza la prevención situacional: controlar factores de oportunidad para el delito (vigilancia sobre puntos críticos, eliminar escondites, etc.). Regularmente, se realizan encuentros de evaluación donde comunidad y Policía revisan incidentes ocurridos, ajustan estrategias y mantienen la motivación del grupo. Cabe resaltar que, como están dentro de la órbita de participación cívica, no implican que los ciudadanos ejerzan justicia por mano propia ni patrullen armados, sino que actúan como multiplicadores de ojos y oídos de la Policía, en un marco legal.

Ejemplos prácticos: En la localidad de Rafael Uribe en Bogotá, la Policía reportó en 2025 la conformación de 8 zonas seguras nuevas, en las cuales gracias a las patrullas comunitarias se logró reducir en 35% los robos a transeúntes en esos barrios (dato difundido en redes sociales oficiales). Un ejemplo destacado se dio en Candelaria (Valle del Cauca), donde habitantes de un conjunto residencial y veredas aledañas, con apoyo de la estación de Policía y la alcaldía municipal, implementaron zonas seguras con participación de vigilantes motorizados en moto y bicicleta. En pocos meses, la comunidad evidenció cero hurtos a viviendas y una mejora en la percepción de seguridad – hasta el punto que nuevos negocios abrieron en el sector sabiendo que era vigilado constantemente. A nivel estadístico, la Policía informó que en 2024 se crearon y fortalecieron 238 Zonas Seguras con 3.019 participantes en Cundinamarca, sustituyendo la figura de frentes de seguridad local. Esto significa que muchas cuadras y barrios enteros ahora cuentan con comités organizados de seguridad. Un caso singular ocurrió en Villavicencio (Meta), donde una zona segura en un barrio comercial integró cámaras de los comercios al sistema de CCTV de la Policía, logrando frustrar múltiples robos en flagrancia al tener alertas en tiempo real. Estos ejemplos reflejan cómo las zonas seguras empoderan a las comunidades para blindar su entorno inmediato.

Buenas prácticas e innovaciones: Una buena práctica es la formalización mediante normativas locales: algunas ciudades han expedido reglamentaciones que reconocen oficialmente a las zonas seguras y definen incentivos (por ejemplo, reducción en impuestos a conjuntos residenciales que las implementen exitosamente). En cuanto a innovación, destaca la alianza con empresas tecnológicas: en Medellín, por ejemplo, zonas seguras utilizan aplicaciones donde los vecinos reportan incidentes y todos reciben la alerta, incluyendo a la Policía, creando una red de información eficiente. Comparativamente, el concepto de zona segura tiene paralelos con los “Barrios Seguros” en otros países latinoamericanos y con los Neighborhood Watch anglosajones, pero el modelo colombiano incorpora la figura de vigilancia privada y acciones colectivas coordinadas de manera más estructurada. Además, mientras los vecindarios vigilantes tradicionales a veces carecen de apoyo formal, acá la Policía brinda capacitación y seguimiento, lo que reduce riesgos como la justicia por mano propia o falsas alarmas. Como innovación social, estas zonas generan efectos colaterales positivos: aumentan la interacción vecinal (fortaleciendo la cohesión social) y elevan incluso el valor inmobiliario y comercial de los sectores beneficiados. En suma, Zonas Seguras es un modelo actualizado de participación que combina comunidad, autoridad y sector privado para lograr entornos más protegidos de manera sostenible.

8. Encuentros Comunitarios 💬 

Marco conceptual: Los Encuentros Comunitarios son espacios de diálogo entre la comunidad, la Policía y otras autoridades locales para identificar problemáticas de convivencia y seguridad, establecer compromisos conjuntos y evaluar soluciones. Representan la faceta deliberativa y de co-gobernanza de la participación cívica: se fundamentan en la teoría de que la seguridad ciudadana es un bien público que requiere concertación entre quienes la proveen (Policía, gobierno) y quienes la demandan (ciudadanos). Su base conceptual se encuentra en la policía orientada a la comunidad y la gestión participativa: al reunir a vecinos, líderes comunitarios, alcaldes o ediles, y mandos policiales en un mismo foro, se promueve la corresponsabilidad y la transparencia. El encuentro comunitario, en esencia, sirve para rendir cuentas, escuchar retroalimentación ciudadana y planificar colaborativamente estrategias de seguridad a nivel microterritorial (barrio, vereda, comuna). Es análogo a los “consejos de seguridad comunitarios” o “cabildos de seguridad” que en otros contextos se realizan, con la diferencia de que en el modelo colombiano está normado como parte integral de la gestión policial comunitaria.

Descripción metodológica: Por metodología, un encuentro comunitario suele convocarse periódicamente (mensual, bimestral) o ante una situación que lo amerite. La Policía, a través del Gestor de Participación Ciudadana, invita a la reunión a los habitantes de un sector, a líderes formales (presidente de Junta de Acción Comunal, por ejemplo) y a representantes de instituciones competentes (inspector de policía, funcionarios de la alcaldía en temas de espacio público, etc.). ¿Qué ocurre en el encuentro? Primero, la comunidad expone las problemáticas que les afectan: pueden ser desde delitos (robos, microtráfico) hasta desórdenes (ruidos, basuras) u otras inquietudes. Se utiliza metodología participativa, a veces con listas de intervenciones, mapas del barrio para señalar “puntos calientes”, o encuestas rápidas in situ para priorizar problemas. Luego, la Policía y autoridades responden, aclaran dudas y –lo más importante– se establecen compromisos de corresponsabilidad. Por ejemplo, la Policía se compromete a aumentar vigilancia en X parque, la comunidad se compromete a instalar una alarma comunitaria en ese lugar y la alcaldía a arreglar el alumbrado. Estos acuerdos se formalizan en actas que incluyen responsables y plazos. Un elemento metodológico esencial es el seguimiento: en el siguiente encuentro, se revisa el cumplimiento de lo pactado. Muchos encuentros comunitarios incorporan también ferias de servicios: la Policía lleva unidades móviles (para recibir denuncias, registrar bicicletas, etc.) y otras entidades ofrecen sus servicios (estrategias de empleo, salud, etc.), aprovechando la asistencia ciudadana. La flexibilidad es clave: se pueden realizar en salones comunales, parques, incluso virtualmente vía plataformas en tiempos recientes. Y algo destacado: cualquier comunidad puede solicitar a su Estación de Policía la realización de un encuentro en su sector si considera que hay problemas graves que discutir, lo que muestra el carácter abierto y demandado de esta herramienta.

Ejemplos prácticos: En 2024 se llevaron a cabo 203 encuentros comunitarios en Cundinamarca con la participación de 3.045 personas. Un ejemplo concreto: en la ciudad de Barrancabermeja, un encuentro comunitario en el barrio El Castillo permitió destapar las causas de una ola de robos – resultó ser que el alumbrado público dañado facilitaba los hurtos. La reunión logró que la empresa de energía arreglara las luces en dos semanas y la Policía implementara patrullajes nocturnos, reduciendo a cero los robos el mes siguiente (dato reportado en prensa local). En Bogotá, las autoridades locales realizan Encuentros de Seguridad Ciudadana por localidades; en uno de ellos (Ciudad Bolívar, 2025) los vecinos denunciaron la ubicación de expendios de drogas, tras lo cual la Policía Metropolitana efectuó 5 allanamientos exitosos gracias a la información recolectada. Otro caso notorio ocurrió en una vereda de Montería, donde el encuentro comunitario sirvió para conciliar un conflicto entre campesinos y jóvenes motociclistas que hacían piques ilegales: se acordó asignar una zona segura para recreación de los jóvenes fuera del casco urbano, restaurando la tranquilidad de la vereda. Estos ejemplos ilustran que los encuentros no solo identifican problemas, sino que sirven de catalizador para soluciones rápidas y concertadas.

Buenas prácticas y comparaciones: Una buena práctica es llevar un registro público de los compromisos adquiridos en los encuentros (por ejemplo, tableros de control o actas visibles en la alcaldía barrial), para asegurar la rendición de cuentas y la presión social de cumplimiento. También, involucrar en los encuentros a otros sectores de la sociedad –comercio, iglesias, ONG– enriquece la discusión y las soluciones propuestas. En cuanto a innovaciones, algunas regiones implementan la figura del “Encuentro Comunitario Temático”, enfocado en un asunto específico (por ej., encuentro comunitario sobre seguridad de mujeres, o sobre entorno escolar seguro), convocando expertos en el tema junto con la comunidad, lo que profundiza el tratamiento de la problemática. Comparativamente, estos encuentros guardan similitud con las juntas de vecinos con la policía que existen en países como Chile o las town hall meetings de seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, en Colombia se integran al Balance Integral del Desempeño Institucional de la Policía, lo que significa que son evaluados como indicador de gestión (cantidad y eficacia de los encuentros), formalizando su importancia. Esto es un aspecto innovador –hacer de la participación un indicador medible– que otros modelos podrían adoptar. En resumen, los encuentros comunitarios operan como un foro participativo de gestión de la seguridad donde la voz de la comunidad orienta la acción policial y administrativa, fortaleciendo la confianza y permitiendo ajustes finos en la estrategia de seguridad local conforme a las necesidades reales de la gente.

Bibliografía: Policía Nacional de Colombia – Manual de Gestión Comunitaria (Resolución 01138 de 2023); Portal web institucional de la Policía (sección Gestión Comunitaria y Programas Sociales); Informes de rendición de cuentas 2024; Noticias de prensa y comunicados oficiales relacionados.