La caracterización del territorio implica comprender sus dinámicas sociales, económicas y de seguridad para diseñar intervenciones efectivas. En este marco, el análisis de necesidades sociales sirve para identificar carencias y prioridades desde distintas ópticas La Policía Nacional y el Estado colombiano enfatizan la importancia de diagnósticos integrales de convivencia y seguridad basados en datos cuantitativos, evidencia local y participación ciudadana. A continuación se describen las principales herramientas conceptuales y metodológicas requeridas en esta labor.
El análisis de necesidades sociales parte de la pregunta “¿qué problemas padece la comunidad y qué recursos hacen falta?” (Bradshaw, 1972). La taxonomía clásica de Bradshaw distingue cuatro tipos de necesidades sociales
Necesidades percibidas: derivadas de la opinión y percepción de la propia comunidad. Se identifican mediante encuestas de opinión, grupos focales o entrevistas para sondear cuáles son los problemas que más preocupan a la población
Necesidades normativas: definidas según criterios de expertos o estándares profesionales. Técnicos y profesionales evalúan la situación basada en conocimientos científicos, políticas públicas o indicadores técnicos previos. Por ejemplo, los estándares de salud pública o educación pueden señalar carencias normativas.
Necesidades expresadas: inferidas a partir de las demandas reales o registros de servicios. Por ejemplo, un alto número de llamadas de auxilio psicológico, listas de espera en servicios de vivienda o atenciones a víctimas revelan problemas efectivos en la comunidad. Estos datos empíricos ayudan a priorizar recursos limitados.
Necesidades comparativas: obtenidas por comparación con otras regiones o poblaciones. Se infieren al comparar indicadores locales con promedios nacionales o de grupos similares; por ejemplo, una región muestra rezagos relativos si sus tasas de homicidio, desempleo o acceso a servicios superan la media.
Estos enfoques complementarios se combinan para lograr un diagnóstico robusto. Las herramientas metodológicas incluyen: estudios de opinión pública, encuestas de victimización o convivencia, análisis de registros administrativos (salud, justicia, servicios sociales), modelos estadísticos y sistemas de información geográfica (SIG) para georreferenciar datos. En la práctica policial y local, se articulan además técnicas participativas –mesas comunitarias, entrevistas a líderes, talleres de diagnóstico– para incorporar la voz de los ciudadanos. Por ejemplo, los planes municipales de seguridad y convivencia (PISCC) suelen incluir diagnósticos participativos realizados a través de entrevistas, encuestas y talleres con autoridades locales, líderes comunitarios y la ciudadanía en general. Así, se combinan datos técnicos y percepciones ciudadanas para establecer prioridades de intervención.
El diagnóstico de convivencia y seguridad ciudadana analiza las causas y patrones de la violencia y los conflictos en un territorio. Se basa en el reconocimiento de que el policía moderno dedica solo una parte del tiempo a delitos concretos; gran parte del trabajo implica acercamiento comunitario, mediación de conflictos y atención de hechos contrarios a la convivencia. En este sentido, las autoridades construyen un diagnóstico que “conoce, identifica y analiza las dinámicas delictivas y de comportamientos contrarios a la convivencia” en cada jurisdicción. Para ello se utilizan fuentes diversas:
Datos administrativos y estadísticos: se estudian los informes delictivos (policía, Fiscalía, Medicina Legal), tasas de victimización, índices de criminalidad (delitos violentos, hurtos, tráfico de drogas, etc.) y estadísticas sociales (pobreza, empleo, educación) para detectar espacios o grupos de riesgo.
Observación y monitoreo territorial: a través de patrullajes focalizados, georreferenciación de incidentes y uso de herramientas tecnológicas (CCTV, sistemas de alerta) se identifican puntos críticos. En Colombia, el modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) ha impulsado la segmentación del territorio en cuadrantes donde la policía realiza diagnósticos continuos basados en la información local.
Participación comunitaria: se organizan talleres ciudadanos, entrevistas a líderes barriales, reuniones de Consejo de Seguridad y comités de vigilancia local. Estos espacios recogen las percepciones sobre inseguridad, conflictos vecinales y causas sociales subyacentes. Por ejemplo, el análisis integral de seguridad y convivencia (AISEC) –utilizado en la elaboración del PISCC– combina los aportes de la comunidad con el diagnóstico policial territorial.
Entrevistas a informantes clave: autoridades locales, organizaciones sociales y líderes comunitarios aportan información cualitativa sobre factores de riesgo (pandillas juveniles, consumo de sustancias) y redes de apoyo local. Los informes oficiales resaltan que este análisis de “contexto territorial” incluye características geográficas, demográficas y dinámicas delincuenciales específicas.
Estos elementos integrados permiten priorizar los fenómenos de mayor afectación en el territorio. Así se detectan, por ejemplo, zonas con alto rezago social donde prevalece la violencia intrafamiliar, corredores de tráfico o sectores con tensiones comunitarias. Un diagnóstico bien fundamentado sirve de base para el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, orientando recursos policiales y sociales. En resumen, el diagnóstico de convivencia identifica los problemas específicos de un territorio analizando datos objetivos y subjetivos.
🔍 1. Enfoque de la Cartilla: Territorio como construcción social
La cartilla parte de una concepción del territorio no solo como espacio físico, sino como un escenario vivo donde se entrelazan las relaciones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas. Este enfoque está alineado con los marcos contemporáneos de gestión territorial participativa.
Comprensión contextual del territorio aquí implica:
Identificar actores sociales relevantes.
Reconocer historiales de conflicto o cooperación.
Valorar las dinámicas culturales y productivas.
Entender cómo se organiza la comunidad y qué redes existen.
🧩 2. Componentes metodológicos que fortalecen la comprensión contextual
a) Lectura del territorio
Este es un eje central. Implica procesos de observación participativa y análisis colectivo del entorno. Se sugieren herramientas como:
Recorridos barriales.
Conversatorios comunitarios.
Mapeo colectivo y simbólico.
Identificación de actores e intereses.
Innovación: La lectura del territorio no es solo técnica, sino emocional y simbólica. Invita a reconocer la historia oral, los relatos barriales y las memorias del conflicto o resistencia.
b) Cartografía social
La cartografía no se presenta como un simple dibujo, sino como un instrumento político y pedagógico. Esta herramienta permite a la comunidad representar su propia visión del territorio, sus problemas y potencialidades.
💡 Clave para tus clases: Puedes vincular esta herramienta con el uso de TICs, como mapas colaborativos en línea (ej. Google My Maps o uMap).
c) Diagnóstico participativo
Este proceso articula lo anterior para producir conocimiento situado. Se recomienda analizar:
Necesidades y problemáticas sociales.
Capacidad de respuesta institucional y comunitaria.
Niveles de cohesión o fragmentación social.
📌 Comprensión contextual aquí se enriquece al incorporar la visión y experiencia de los actores locales, no como informantes, sino como productores de saber.
Reflexión crítica final
La cartilla propone un enfoque dialógico y situado que rompe con las miradas técnicas, lineales o jerárquicas de la gestión territorial. Su apuesta metodológica forma ciudadanía activa, y eso tiene un valor profundo para los procesos policiales de proximidad. Sin embargo, se puede enriquecer con:
Tecnologías georreferenciadas.
Datos abiertos del DANE y otras fuentes.
Estrategias de mediación y resolución de conflictos.
El mapeo comunitario o cartografía social es una técnica participativa que implica a los habitantes en la elaboración de mapas del territorio local. Su objetivo es visibilizar recursos, problemas y dinámicas sociales desde la perspectiva comunitaria. Las herramientas pueden incluir SIG participativos, mapas impresos donde los vecinos dibujan ubicaciones relevantes, o aplicaciones móviles de mapeo (por ejemplo, OpenStreetMap colaborativo). En el contexto de seguridad y desarrollo local, el mapeo comunitario se utiliza para: (a) Identificar zonas críticas: delincuencia recurrente, espacios públicos abandonados o rutas inseguras; (b) Detectar recursos locales: centros comunitarios, redes de apoyo, sistemas de alerta vecinal; (c) Empoderar a la comunidad: reconoce el conocimiento de los habitantes para plantear soluciones consensuadas.
En Colombia, este enfoque se ha usado en procesos de desarrollo comunitario y prevención. Por ejemplo, iniciativas de paz en barrios afectados por violencia utilizan cartografías sociales para promover la apropiación del territorio y diseñar proyectos de recuperación. Desde la perspectiva del desarrollo local, el mapeo contribuye a planificar intervenciones integrales: al combinarse con diagnósticos de seguridad, permite orientar políticas de mejoramiento barrial, iluminación pública o gestión de riesgo de desastres adaptadas a las características particulares de cada localidad. Asimismo, apoya la ejecución de planes de desarrollo con enfoque territorial (como los POT municipales) al incorporar datos comunitarios. En suma, el mapeo comunitario ofrece una visión geográfica de la convivencia y el desarrollo, promoviendo la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.
En el Manual de la Gestión Comunitaria, se identifican tres tipos de prevención en el marco del enfoque de seguridad y convivencia ciudadana. Estos son:
Prevención Social
Está orientada a abordar las causas estructurales y sociales que pueden generar comportamientos delictivos o violentos. Se enfoca en el fortalecimiento del tejido social, oportunidades de desarrollo, inclusión social, y mejora de condiciones de vida, especialmente en poblaciones vulnerables.
Prevención Situacional
Busca reducir las oportunidades para que ocurran delitos, mediante intervenciones en el entorno físico y urbano. Esto incluye medidas como mejoramiento del alumbrado, control del acceso a espacios públicos, vigilancia, y diseño ambiental orientado a la seguridad.
Prevención Comunitaria
Se centra en el empoderamiento de las comunidades para que participen activamente en la gestión de la seguridad y la convivencia. Involucra la organización comunitaria, la construcción de redes de confianza y la colaboración con instituciones públicas para identificar problemas y soluciones desde lo local.
La prevención del delito se organiza en niveles estratégicos que actúan en diferentes momentos del proceso delincuencial La Policía y la política pública colombiana reconocen tres formas principales de prevención:
Prevención primaria: busca incidir sobre las causas o factores iniciales del problema de manera general en toda la población. Se implementa antes de que surja el delito, por ejemplo mediante programas educativos, generación de empleo juvenil, intervenciones familiares o mejoramiento social en barrios vulnerables. La educación y la cultura ciudadana son consideradas formas de prevención primaria, ya que construyen entornos protectores que disuaden la irrupción del delito.
Prevención secundaria: actúa en el momento en que el conflicto o riesgo ya se ha manifestado, pero antes de que ocurra el delito mayor. Incluye tareas policiales orientadas a la contención de incidentes: patrullaje focalizado en zonas de riesgo, disuasión en grupos en situación de riesgo (por ejemplo, reinsertar a pandillas emergentes) y mediación de conflictos sociales. La policía nacional define esta prevención secundaria como la labor de evitar que conflictos detectados se conviertan en delitos concretos.
Prevención terciaria: interviene después de la comisión del delito con el fin de evitar la reincidencia. Su propósito es la reinserción social del infractor y la reparación o rehabilitación (por ejemplo, programas de justicia restaurativa, atención a exconvictos, supervisión judicial intensiva). La prevención terciaria actúa cuando el daño ya se produjo, buscando que el sujeto no vuelva a delinquir.
Estas categorías permiten planificar acciones según el estado del problema. En Colombia, la política nacional enfatiza que “los Estados deben apostar primero por la prevención del delito”, ya que las medidas preventivas implican beneficios sociales y económicos mayores a las represivaspolicia.gov.co. En consecuencia, se promueven programas dirigidos a poblaciones vulnerables (prevención primaria), protocolos policiales de atención temprana (prevención secundaria) y alianzas institucionales para la rehabilitación (prevención terciaria)policia.gov.co.
Alternativas de intervención en prevención: social, situacional y comunitaria
La tipología de prevención puede abordarse bajo diferentes enfoques operativospolicia.gov.co. La Policía Nacional identifica tres modalidades complementarias de intervención preventivapolicia.gov.co:
Prevención social (o comunitaria en sentido amplio): se centra en factores sociales y socioeconómicos. Consiste en desarrollar programas sociales, educativos y culturales que atiendan las raíces de la violencia. Ejemplos incluyen proyectos de integración ciudadana, ayudas a la familia, campañas de convivencia y salud mental. El enfoque social fortalece el tejido comunitario (familia, escuela, iglesia, organizaciones sociales) para disuadir la participación en conductas delictivas.
Prevención situacional: se focaliza en el entorno físico y en las oportunidades para delinquir. Busca modificar los escenarios para incrementar riesgos o dificultades al delincuente. Las tácticas situacionales incluyen mejorar la iluminación en zonas críticas, habilitar cámaras de vigilancia (CCTV), rediseñar la infraestructura urbana (cierres perimetrales, parques seguros), e implementar cierres u horarios en espacios de alta incidencia delictivapolicia.gov.co. La Policía promueve, bajo orientación de la política nacional, intervenciones de recuperación de vías públicas, mejoramiento de alumbrado y otros proyectos urbanos piloto como medidas de prevención situacionalpolicia.gov.co.
Prevención comunitaria: enfatiza la participación activa de la comunidad. Incluye estrategias como vigilancia vecinal, redes de comunicación comunitaria, y patrullaje mixto (policías y líderes locales) para generar corresponsabilidad. En el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC), por ejemplo, se trabaja directamente con la comunidad local para definir problemas y soluciones, reconociendo que la policía “no puede resolver todas las causas del crimen, pero sí puede servir de vínculo a otros servicios”wola.org. La prevención comunitaria también abarca la mediación de conflictos vecinales y la promoción de la cultura ciudadana.
En síntesis, las políticas colombianas plantean que la prevención debe ser integral, combinando estos enfoquespolicia.gov.copolicia.gov.co. Las intervenciones preventivas buscan no solo evitar el delito, sino mejorar la convivencia comunitaria en general. Bajo esta lógica, la Policía Nacional establece como meta la realización de acciones coordinadas de prevención situacional y comunitaria, en articulación con programas sociales (prevención social) a nivel localpolicia.gov.copolicia.gov.co. De esta manera se procura reducir las causas del delito y elevar el costo social de delinquir, facilitando al mismo tiempo el autocontrol y la resiliencia de las comunidades.
La caracterización del territorio exige un enfoque multidimensional que integre análisis de necesidades sociales, diagnóstico de convivencia y estrategias preventivas. Desde la teoría académica, la taxonomía de Bradshaw (1972) aporta criterios para diagnosticar carencias comunitariaspersonal.us.es; Goldstein (1990) señala la evolución hacia un policía orientado a resolver problemas localeswola.org; y enfoques evaluativos como el de Pawson resaltan la importancia de adaptar las intervenciones al contexto específico. En el ámbito colombiano, las herramientas institucionales –la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el modelo de Vigilancia por Cuadrantes y las guías de prevención territorial– concretan estos conceptos en metodologías operativaspolicia.gov.copolicia.gov.co. Por ejemplo, los diagnósticos policiales combinen datos criminales con percepciones comunitarias (AISEC)policia.gov.copaipa-boyaca.gov.co; y las intervenciones preventivas se diseñan a partir del análisis de contextos locales. El uso articulado de encuestas, SIG, cartografía participativa y evaluaciones cualitativas asegura que las estrategias de seguridad y desarrollo local sean pertinentes y efectivas. En definitiva, el fundamento teórico expuesto debe servir de guía para que los cadetes de la Policía Nacional comprendan y apliquen herramientas de caracterización territorial sólidas, adaptadas a la realidad social de Colombia.
Bibliografía
Bradshaw, J. R. (1972). A taxonomy of social need. En G. McLachlan (Ed.), Problems and progress in medical care: Essays on current research (pp. 71-82). Wiley.
Goldstein, H. (1990). Problem-Oriented Policing. McGraw-Hill.
Pawson, R. & Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. SAGE.
Policía Nacional de Colombia. (s.f.). Sistema de Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana. Consultado de sitio web oficial.
Policía Nacional de Colombia. (2016). Tomo 2.2: Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Principios rectores.
República de Colombia. (2016). Ley 1801, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.
República de Colombia. (2017). Decreto 1284 por el cual se reglamenta la Ley 1801 de 2016.
Departamento Nacional de Planeación. (2018). Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Ministerio del Interior (República de Colombia). (2019). Guía metodológica para la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
Alcaldía Municipal de Paipa (Boyacá). (2024). Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024-2027. Paipa.
AISEC
El Análisis Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (AISEC) es una metodología clave utilizada por la Policía Nacional de Colombia para comprender y abordar las problemáticas de seguridad y convivencia. Se trata de diagnósticos locales que se realizan anualmente.
El objetivo principal de los AISEC es orientar a los funcionarios de la Policía Nacional en la construcción de diagnósticos locales. Estos diagnósticos integran información sobre delitos, riesgos sociales y comportamientos que afectan la convivencia. La finalidad es priorizar actores criminales, fenómenos y manifestaciones delictivas, lo que permite la formulación de acciones articuladas que generen impacto. Además, los AISEC soportan la planeación operacional y estratégica del servicio de policía en cada unidad.
Fundamentos y Enfoque del AISEC:
Los AISEC se basan en un enfoque territorial y una comprensión integral de las problemáticas que afectan la jurisdicción, permitiendo orientar, validar y dar seguimiento a la planeación operacional.
La metodología se sustenta en tres perspectivas teóricas: la Teoría General de los Sistemas, la Teoría de las Percepciones Sociales y la Teoría del Valor Público.
La Teoría General de los Sistemas ayuda a entender los fenómenos como interrelacionados y no aislados, identificando la estructura, conexiones e interacción de sus componentes.
La Teoría de las Percepciones Sociales permite comprender la realidad social de un colectivo a partir de la información, imágenes, opiniones y actitudes de los ciudadanos, reconociendo que la conciencia colectiva influye en los comportamientos.
La Teoría del Valor Público se enfoca en cómo el Estado crea valor para la colectividad a través de servicios y acciones, respondiendo a las necesidades y expectativas de los ciudadanos para mantener la confianza y legitimidad.
Proceso Metodológico del AISEC: La realización de los AISEC se estructura en cuatro grandes etapas:
PRE-AISEC (Etapa de Planeación y Recolección de Información):
Propósito: Recopilar información necesaria y cualificada para la priorización y focalización de delitos, riesgos sociales y actores criminales.
Actividades:
Comprensión Contextual del Territorio (Estación de Policía): Se realiza mediante entrevistas grupales a funcionarios policiales y se consolida información diversa (estadísticas delictivas, riesgos sociales, encuestas, etc.).
Encuestas Externas e Internas: Se aplican encuestas a la comunidad, comercios, instituciones educativas, y a personal policial para medir la percepción de seguridad y recolectar información cualitativa. La tabulación de estas encuestas utiliza el principio de Pareto para extraer el 20% vital de los descriptores.
Consulta de Encuestas de Percepción y Victimización: Se revisan sondeos de opinión de firmas privadas, cámaras de comercio y entidades gubernamentales para complementar las cifras de criminalidad.
Insumos Operacionales: Se obtiene información consolidada de la "Mega Matriz" y los contextos criminales de la metodología DIORE (Direccionamiento Integral Operacional para la Reducción del Delito) para la identificación y priorización de actores criminales.
Elaboración de los AISEC (Etapa de Análisis):
Bajo el liderazgo del Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, se desarrollan tres fases principales:
Mesa Estratégica: Busca caracterizar y priorizar delitos y fenómenos criminales, comportamientos contrarios a la convivencia y riesgos sociales de mayor incidencia. También focaliza las capacidades institucionales e interinstitucionales y prioriza las estrategias operativas.
Mesa Operacional: Se enfoca en la identificación y priorización de actores criminales de mayor afectación, utilizando la metodología DIORE. Implica la presentación de insumos (Comprensión Contextual, Contexto Criminal, Mega Matriz), el contraste de información cualitativa para alinear panoramas delictivos, y la alineación de actores criminales con las problemáticas identificadas. Los resultados se consolidan en un documento que incluye zonas de mayor afectación y recuento de actores criminales.
Validación de Resultados del Análisis Operacional: Se verifica la correcta alineación en la identificación de actores criminales y problemáticas por parte de la Regional de Investigación Criminal y la DIJIN.
Consolidación de Resultados AISEC y Elaboración de Planes de Trabajo (Etapa de Líneas de Acción):
A partir de los resultados estratégicos y operacionales, se definen líneas de trabajo diferenciadas para abordar integralmente las problemáticas.
Estas líneas se clasifican en riesgos sociales y delitos.
Se establecen cuatro tipos de líneas de intervención: Vigilancia y control, Participación cívica, Investigación criminal y Corresponsabilidad.
Los planes de trabajo son aprobados por la Dirección de Seguridad Ciudadana y se despliegan en los comités de vigilancia táctico.
Seguimiento y Evaluación:
Se realiza un seguimiento trimestral a la ejecución e impacto de las actividades de los planes de trabajo, tanto para riesgos sociales como para delitos.
Los gerentes de estrategias operativas, las Regiones de Policía, Metropolitanas y Departamentos, y el CIEPS (Centro de Información Estratégica Policial Seccional) tienen responsabilidades específicas en este seguimiento.
Aplicación Internacional: El modelo AISEC ha sido objeto de validación internacional, como se evidenció en su aplicación en el cantón Belén en Costa Rica, en el marco de un eje de cooperación entre Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. Este ejercicio buscó comparar resultados institucionales con la percepción ciudadana para una comprensión diferencial de la seguridad.
En resumen, los AISEC son diagnósticos anuales y herramientas de gestión estratégica que permiten a la Policía Nacional comprender y priorizar fenómenos delictivos, riesgos sociales y actores criminales mediante la integración de diversas fuentes de información y metodologías, para así formular y ejecutar acciones policiales y interinstitucionales focalizadas que impacten positivamente la convivencia y seguridad ciudadana.