TRIBUNALES SUPERIORES

Sentencia Rol N° 38.793-2025, caratulada Leyton/Sociedad Concesionaria Hospital de la Serena S.A., de fecha 10 de octubre de 2025, Corte Suprema.

La recurrente interpuso un recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, que había rechazado su reclamación deducida al amparo del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 

La Corte declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamante, en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, de fecha 1 de septiembre de 2025, que rechazó la reclamación deducida del art. 17 N°8 de la Ley N°20.600. La controversia se centró en la declaración de inadmisibilidad de la solicitud de invalidación presentada respecto de la resolución que determinó que el proyecto “Hospital de La Serena” no requería ingresar al SEIA, por haber sido interpuesta fuera del plazo de dos años contemplado en el art. 53 de la Ley N° 19.880. La Corte razonó que “la acción impugnatoria solo se concede en contra del acto invalidatorio y, contrario sensu, no resulta posible reclamar judicialmente en contra del acto a través del cual la Administración decidió no invalidar.” (Considerando Décimo).

Esta sentencia reafirma la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, que ha acogido la llamada teoría de la invalidación impropia. Sin embargo, en esta ocasión, la Corte utiliza una redacción aún más restrictiva respecto de la procedencia de la reclamación judicial del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600 en contra de la resolución que rechaza una solicitud de invalidación de un acto administrativo ambiental.

TRIBUNALES AMBIENTALES

Sentencia Rol R-482-2024, caratulada Bernard Samuel Keiser en contra de la Dirección Regional de Valparaíso de la Corporación Nacional Forestal-Conaf, de fecha 2 de octubre de 2025, del Segundo Tribunal Ambiental.

El Tribunal resolvió la reclamación interpuesta por Bernard Samuel Keiser, en contra de la Resolución N° 293/2024 dictada por la Dirección Regional de Valparaíso de CONAF, que le denegó el permiso de ingreso al Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández para ejecutar el proyecto “Sondaje de descarte en Puerto Inglés”. El Tribunal consideró que el acto impugnado carecía de la debida fundamentación legal, al no justificar de manera suficiente la incompatibilidad del proyecto con la categoría de Parque Nacional, su objeto de protección y el plan de manejo del área, exigidos por el artículo 94 de la Ley N° 21.600. En consecuencia, acogió la reclamación, dejando sin efecto la resolución impugnada y ordenando a la autoridad dictar un nuevo pronunciamiento debidamente fundado, con voto en contra del ministro Valdovinos, quien estuvo por rechazarla

La sentencia destaca por ser una de las primeras aplicaciones del artículo 94 de la Ley N° 21.600, delineando criterios sobre el otorgamiento de permisos en áreas protegidas y su relación con el SEIA. Asimismo, reconoce la procedencia de impugnar actos de CONAF ante los Tribunales Ambientales, en su rol transitorio como administrador del SNAP. Finalmente, el fallo centra su decisión en la falta de fundamentación del acto administrativo, sin pronunciarse sobre el fondo, por lo que una eventual nueva denegación podría reabrir la controversia ante la judicatura ambiental.

TRIBUNALES INTERNACIONALES

Sentencia Rol T-625/22, caratulada Austria/Comisión, de fecha 10 de septiembre de 2025, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Tribunal General. 

El Tribunal General desestima en su totalidad el recurso de anulación interpuesto por la República de Austria contra el Reglamento Delegado 2022/1214 de la Comisión Europea, por el que se completa el Reglamento 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles. La sentencia se pronuncia sobre la legalidad de la inclusión de actividades económicas en los sectores del gas fósil y la energía nuclear dentro de la clasificación de actividades económicas medioambientales sostenibles de la UE. Se discute si la Comisión Europea, al adoptar el reglamento impugnado, respetó los límites establecidos por el Reglamento de taxonomía (reglamento UE 2020/852) y el Derecho de la Unión.

Es la primera vez que este Tribunalse pronuncia sobre la aplicación de los criterios del Reglamento sobre la taxonomía a las actividades económicas vinculadas al gas fósil y a la energía nuclear. La importancia de este fallo recae en el reconocimiento de la energía nuclear como un método viable para satisfacer la demanda de energía de manera continua y fiable, contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático, desestimado los argumentos especulativos que vienen a cuestionar el uso de la energía nuclear como “peligroso” para la sociedad. Respecto del gas fósil, el fallo reconoce que en determinados sectores, aún no existen suficientes alternativas de bajas emisiones de carbono que permitan garantizar el suministro de energía necesario.

ADMIN/ LEGISLATIVO

Resolución Exenta N° 07095/2025, que somete a consulta el Anteproyecto de Reglamento Sobre Declaración de Zonas Latentes y Saturadas, Planes de Prevención y Descontaminación, y Medidas Provisionales, del 14 de octubre de 2025, del Ministerio del Medio Ambiente.

El Ministerio del Medio Ambiente sometió a consulta pública, mediante la Resolución Exenta N° 07095/2025 de fecha 14 de octubre de 2025, el Anteproyecto de Reglamento sobre Declaración de Zonas Latentes y Saturadas, Planes de Prevención y Descontaminación, y Medidas Provisionales, cuyo propósito es actualizar el Decreto Supremo N° 39/2012. Esta actualización se enmarca en la reciente Ley N° 21.562, que introdujo el concepto de impacto crítico y modificó los artículos 43 y 44 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El nuevo reglamento busca armonizar el procedimiento de declaración y gestión de zonas afectadas por contaminación, incorporando mayor transparencia, participación pública y coordinación institucional.

Se comenta como aspecto relevante la necesidad de actualizar el reglamento para adecuarlo a la nueva institucionalidad ambiental, y a la incorporación del concepto de “impacto crítico”, fortaleciendo además la coherencia entre evaluación ambiental y planes de gestión de calidad del aire. También se destaca positivamente la mayor estructuración del procedimiento, y la mejora en la publicidad y coordinación interinstitucional. No obstante, se advierte que la reforma mantiene una lógica centralizada y una participación ciudadana únicamente consultiva

El pasado 2 de octubre de 2025, la Dra. Pilar Moraga (directora del Centro de Derecho Ambiental) participó como expositora en el Seminario «Avances y desafíos de la gestión de riesgo de desastres en el sector silvoagropecuario chileno», organizado por la Unidad Gestión de Riesgo de Desastres Agrícolas del Ministerio de Agricultura de la República de Chile, en contexto del programa Chile Alimenta el Futuro.

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El 8 de octubre de 2025 se realizó el Seminario Permanente Colaborativo “Gobernanza digital y Sustentabilidad: una mirada hacia los datacenters”, organizado por la Red Transdisciplinaria en Energía, Agua y Sustentabilidad (ENEAS) de la Universidad de Chile, el Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinares y la Red de Pobreza Energética.

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