La tercera sesión del Ciclo de Diálogos «Continuidad, Reforma y Transiciones del Derecho Ambiental» del Centro de Derecho Ambiental, se analizó en profundidad el contenido e implicancias de la Opinión Consultiva Nº 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), notificada el 3 de julio de 2025, en respuesta a la solicitud presentada por la República de Chile y por la República de Colombia. Contó con la participación de la Directora del Centro de Derecho Ambiental, Dra. Pilar Moraga; Mg. Ximena Insunza, investigadora del Centro de Derecho Ambiental; Dr. Salvador Millaleo, Investigador del Centro de Derechos Humanos (CDH); y la Dra. Lina Muñoz, Profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

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La cuarta sesión de su Ciclo de Diálogos “Continuidad, Reforma y Transiciones del Derecho Ambiental”, en esta oportunidad, con la colaboración del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, la Asociación de Derecho Internacional (ILA) y el Instituto de Gobernanza y Sustentabilidad (IGSD). La sesión abordó la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre obligaciones climáticas. La instancia inició con las palabras introductorias del profesor Jorge Ossandón, investigador del Centro de Derecho Ambiental y moderador de la sesión, quien presentó a los invitados: la profesora María Teresa Infante (profesora titular de la Universidad de Chile y presidenta de la rama chilena de la ILA), el Dr. Sebastián Luengo (becario de la IGSD), la Dra. Liliana Galdámez (profesora asistente del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile) y el Dr. Ezio Costa 

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El 5 de agosto, en el marco del ciclo “Jurisprudencia Interamericana al Día”, organizado por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se analizó en profundidad el contenido y las implicancias de la Opinión Consultiva N.º 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Dicha opinión fue notificada el 3 de julio de 2025, en respuesta a la solicitud presentada por la República de Chile y la República de Colombia. La sesión contó con la participación de los profesores Dr. Ezio Costa, Prof. Catalina Fernández, y Dra. Pilar Moraga. 

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Ley N° 21.744 que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, publicada el 23 de mayo de 2025.

La Ley N° 21.744 crea el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), servicio público y sucesor de CONAF, encargado de la protección, conservación y manejo sustentable de los bosques, incluyendo la prevención y combate de incendios. Asimismo, regula su organización, funciones y atribuciones, y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para incorporar criterios de riesgo y restricción territorial

Se comenta como aspecto relevante, la importancia de la ley como organizadora del sistema de conservación de bosques; la incorporación de principios de derecho internacional como "justicia climática" y "equidad intergeneracional"; la posibilidad de interponer querellas y denuncias por la infracción a la normativa forestal, y la supervigilancia del Ministerio de Agricultura, al que se encuentra sometido el nuevo Servicio. 

Finalmente, se identifica como posibles contiendas de competencia, en el funcionamiento del nuevo servicio: con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en materia de protección, y con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en materia de fiscalización. 

Boletín 16566-03, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, ingresado con fecha 15 de enero de 2024. 

Este proyecto de Ley tiene por objetivo principal entregar un marco general que vele por el cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias. De esta manera, se busca promover la productividad, el crecimiento y la inversión.

El proyecto propone: crear un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, para todo proyecto que requiera autorizaciones y que no corresponda someterse al SEIA de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300; el establecimiento de técnicas habilitantes (como la "declaración jurada"); nuevos procedimientos aplicables a las autorizaciones; entre otros.

Entre los aspectos del proyecto que han generado críticas, encontramos: por un lado, que las técnicas habilitantes alternativas propuestas por el texto para agilizar permisos no aseguran una adecuada conciliación entre crecimiento económico e intereses públicos, lo que puede deslegitimar proyectos y generar judicialización; y, por otro lado, tanto los proyectos que no ingresan al SEIA, como aquellos que dependen de permisos sectoriales específicos podrían recibir un control más laxo, lo que pone en riesgo la protección ambiental.

Opinión Consultiva 32/25, sobre emergencia climática y derechos humanos, Chile-Colombia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 3 de julio de 2025.

La Opinión Consultiva, que tiene por objetivo aclarar el alcance de la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, teniendo en consideración las responsabilidades diferenciadas de los Estados. La Opinión de la Corte, contempla: (1) el deber de garantía en el contexto de la emergencia climática; (2) la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y acción climática; (3) la prohibición de generar daño irreversible al clima y al ambiente; (4) destinación de máximos recursos disponibles a fin de proteger grupos más vulnerables; (5) la naturaleza como sujeto de derecho; y, (6) el derecho a un clima sano.

Se releva esta Opinión Consultiva como un hito en la protección ambiental interamericana al elevar los estándares climáticos y reconocer nuevos paradigmas (naturaleza como sujeto de derechos), sin embargo, su eficacia concreta es limitada al no ser vinculante: no genera obligaciones ejecutivas directas ni mecanismos de sanción, reduciéndose a un marco orientador. 

Este nuevo curso de actualización, que comienza el día miércoles 8 de octubre de 2025, tiene como objetivo general desarrollar los alcances de las reformas legales recientes en materia de diversidad biológica y de bosques, introducidas por la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y la ley 21.744 que crea el Servicio Nacional Forestal. El cuerpo docente está compuesto por Dr. Jaime Phillips, Dra. Scherson, Christian Paredes, Dra Pamela Martínez, y coordinado por el profesor Dr. Jorge Aranda. 

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