GESTIÓN DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS

Un fideicomiso público es una figura contractual utilizada por las Instituciones con el propósito de lograr objetivos vinculados con sus fines -fideicomitente-, el cual debe ser creado mediante ley expresa cuando se trate de administración de recursos. En el caso de cualquier otro tipo de fideicomiso debe ser compatible con los fines públicos y enmarcarse dentro de los límites fijados en la Ley General de Contratación Pública N° 9986. 

La gestión de un fideicomiso público se refiere a los requisitos, funciones y responsabilidades, que deben cumplir tanto el fideicomitente como quienes lo administren -fiduciario-, quien podrá ser un banco del Sistema Bancario Nacional o un organismo público internacional, seleccionado mediante concurso -según Ley N° 9986-. Lo anterior, para generar resultados positivos para los sujetos beneficiarios -fideicomisarios-.

El estado de la gestión de fideicomisos públicos corresponde al nivel de aplicación de prácticas para su administración por parte de los fiduciarios y fideicomitentes, el cual se determina a partir de la información suministrada por éstos y utilizando índices vinculados con el cumplimiento de roles y actividades operativas, así como la solidez financiera del fideicomiso. 

Considerando el uso de la figura de fideicomisos para el cumplimiento de diversos objetivos, entre ellos, la administración de recursos, el desarrollo y adquisición de obra pública, resulta necesario brindar información a las instituciones sobre oportunidades de mejora determinadas en el estado de su gestión, que permita tomar decisiones que contribuyan al cumplimiento de sus propósitos, así como, la transparencia y la rendición de cuentas respecto al uso de los recursos públicos.

Lo anterior, ya que durante todas las etapas del ciclo de vida de un fideicomiso, debe asegurarse que sea el instrumento acorde para alcanzar esos propósitos y que promueva un servicio público eficiente y eficaz en la atención de necesidades ciudadanas.