La reforma laboral de 2021 ha reducido la temporalidad en el sector privado a mínimos históricos (12,1% en el primer trimestre de 2025), mientras en el sector público, se mantiene endémicamente alta, situándose en un 28% en el mismo período. Los datos más recientes del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) de julio de 2024 elevan la cifra de empleados públicos temporales a 1.077.716, lo que supone un 35,4% del total. El problema se concentra principalmente en las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que aglutinan a nueve de cada diez temporales y donde los sectores clave del Estado del Bienestar, como la sanidad y la educación, presentan tasas de temporalidad del 50% y 33% respectivamente. La causa raíz de esta situación es la incapacidad crónica de las administraciones para cubrir sus plazas vacantes de forma ágil, recurriendo sistemáticamente a la figura del interino para necesidades estructurales.

La respuesta legislativa, materializada en la Ley 20/2021, ha resultado ser un fracaso conceptual. Sus procesos de estabilización, como el concurso-oposición o el concurso de méritos, se centran en estabilizar plazas y no en sancionar el abuso sufrido por los trabajadores. Obligan al personal que ha padecido la temporalidad abusiva a competir por su propio puesto en un proceso de resultado incierto, lo cual ha sido considerado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como una medida no adecuada ni reparadora. De igual modo, la compensación económica de 20 días por año se considera insuficiente y no disuasoria. Esta visión choca frontalmente con la doctrina del TJUE, que ha señalado que, a falta de otras medidas efectivas en el ordenamiento español, la conversión de la relación temporal abusiva en una relación fija es la sanción que cumple con los objetivos de la Directiva 1999/70/CE, generando una colisión con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español y una profunda inseguridad jurídica.

Diferencia de Consecuencias entre Empleo Privado y Público por la No Transposición de la Directiva 99/70: 

La no transposición en 2002 de la Directiva 99/70/CE de la Unión Europea para el empleo público en España, en contraste con su aplicación en el sector privado, ha generado una profunda brecha en los derechos de los trabajadores y ha dejado al empleador público en una situación de impunidad frente al abuso de la contratación temporal que perdura hasta hoy. 

Mientras que en el ámbito privado se establecieron sanciones claras y disuasorias, el sector público se ha beneficiado de una laguna legal que ha permitido la precarización de cientos de miles de empleados.

La diferencia en la transposición de la Directiva 99/70 ha creado una inaceptable dualidad en el mercado laboral español: un sector privado con normas claras y sanciones disuasorias contra el abuso de la temporalidad, y un sector público donde la ausencia de estas medidas ha permitido una precariedad institucionalizada y la desprotección de sus trabajadores durante más de dos décadas. 

Este incumplimiento de la normativa europea ha tenido consecuencias económicas directas. El Hito 141 del Plan de Recuperación, que exigía una reforma para reducir la temporalidad, fue evaluado como no cumplido por la Comisión Europea al considerar que la ley española no era efectiva para sancionar el abuso. Como resultado, en julio de 2025, la Comisión procedió a un recorte del quinto desembolso de los fondos Next Generation EU, reteniendo aproximadamente 1.100 millones de euros , de los cuales 626,6 millones corresponden específicamente al fracaso en la estabilización del personal interino. 

Nuestro análisis concluye recomendando una reforma legislativa urgente que alinee la normativa española con la del TJUE, estableciendo la conversión a fijo como sanción, junto a una mejora de la gestión administrativa para agilizar los procesos selectivos.

Proponemos un Pacto Social por los Servicios y el Empleo Público. 

El objetivo es impulsar una "Ley de Punto Final" que resuelva de manera definitiva el problema histórico del abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas de España.

Hay un incumplimiento sistemático de la normativa europea que dura ya 25 años y que ha llevado a una situación límite, afectando gravemente a los trabajadores y a la calidad de los servicios que recibe toda la ciudadanía.

Se trata de un problema sistémico y urgente.

El pacto que proponemos se basa en un análisis crítico de la situación actual, destacando los siguientes puntos:

1. Incumplimiento de la Normativa Europea: España lleva 25 años sin trasponer adecuadamente la Directiva Europea 1999/70/CE, diseñada para impedir el abuso de la temporalidad en el empleo.

2. Una Cifra Inasumible: Esta situación ha provocado que en 2025 se alcance la cifra de 1.200.000 personas en situación de abuso de temporalidad en las administraciones públicas.

3. Fracaso de la Ley 20/2021: La legislación actual, especialmente la Ley 20/2021, se ha demostrado ineficaz. El número de empleados temporales, lejos de reducirse, ha aumentado desde su entrada en vigor.

4. Deterioro de los Servicios Públicos: La alta temporalidad y la inestabilidad del personal se traducen en un deterioro perceptible de servicios esenciales como la Sanidad, la Justicia y la Educación.

5. Sentencias Claras del TJUE: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado de forma reiterada que la normativa española no es adecuada ni para prevenir ni para sancionar el abuso en la contratación temporal pública.

Nuestra propuesta es una Solución Definitiva y acorde a Europa

Para poner fin a esta "lacra", proponemos medidas legislativas concretas basadas en las exigencias europeas:

1. Creación de una "Ley de Punto Final": El eje central es la aprobación de una ley que dé una solución definitiva al problema.

2. Fijeza como Sanción: La medida principal sería otorgar la condición de empleado/a público/a fijo/a a todas las personas que son víctimas del abuso de temporalidad.

3. Compensación para las Víctimas: Para aquellos que ya obtuvieron la fijeza antes de la ley, se plantean medidas compensatorias, ya sean económicas o alternativas como la jubilación anticipada.

4. Cumplir con Europa: Con estas acciones, España daría cumplimiento a sus obligaciones europeas, evitaría posibles multas, cumpliría con los requisitos de los Fondos de Recuperación y sentaría las bases para una administración pública eficiente.

El acuerdo busca una colaboración permanente entre todos los firmantes para impulsar esta reforma y ratificar un compromiso firme de trabajo hasta que la "Ley de punto final" sea una realidad aprobada por las Cortes Generales.

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